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| Foro de debate | Núm. 25 - enero 2000 | ||
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Fiscalidad ambiental y nueva cultura del agua
Enric Tello.
Profesor de Historia Económica,
Universidad de Barcelona
La insostenibilidad ambiental
de determinadas políticas puede derivar en conflictos socioecológicos,
tal como muestra la guerra del agua (insumisión fiscal de diversos
usuarios del área de Barcelona). Dicha guerra proporciona una base
sólida para la reflexión sobre los impuestos que gravan los
recursos hídricos y la necesidad de un cambio en este sentido. Un
cambio que debe darse en la línea de la revolución fiscal
verde y la potenciación de la democracia.
La nueva ley aprobada por
el Parlamento de Catalunya ha permitido finalizar la guerra del agua en
el área metropolitana de Barcelona. Durante ocho años un
número creciente de familias, que acabaron sumando más de
ochenta mil –es decir, doscientas cincuenta mil personas directamente implicadas-
rechazaron pagar una serie de tributos añadidos al recibo del agua
que consideraban abusivos. En algunas poblaciones el porcentaje de abonados
adheridos a la campaña superó el 20% del total, y en el conjunto
de los municipios de la entidad metropolitana la media era del 6% en 1997.
En la ciudad de Barcelona no superaba el 2%, pero en algunos barrios se
alcanzaron porcentajes tan elevados como los de Sant Feliu (23%) y Sant
Boi de Llobregat (20%), Badalona (17%), Santa Coloma de Gramanet (15%)
o Gavà (12%).1
Una protesta que fue tildada
de irresponsable y desconsiderada hacia los valores ambientales ha resultado,
al fin y al cabo, un factor más entre los que están propiciando
el progreso hacia una nueva cultura más sostenible del agua. Ahora
es un buen momento para mirar atrás y recapitular. ¿Cómo
se generó una protesta de este calibre? ¿Por qué se
tardó tanto en encontrar una solución? ¿Qué
lecciones podemos aprender para el desarrollo futuro de la nueva fiscalidad
ambiental? Merece la pena analizarla como un ejemplo de los tortuosos senderos,
a menudo inesperados y transgresores, en los que se produce la traducción
de inostenibilidad ambiental en conflictos socioecológicos.
¿Por qué se desencadenó la guerra del agua?
El gráfico y la Tabla
1 nos muestran el detonante: entre 1990 y 1992 la factura del agua doméstica
en el área metropolitana de Barcelona experimentó un aumento
próximo al 20% en términos reales, descontando la inflación.
Valorado en pesetas, el recibo se encareció cerca de un 40% para
los consumos más habituales.
Pero un detonante no es
todavía una causa. El origen socioecológico del problema
lo descubrimos cuando observamos las razones de dicho encarecimiento súbito.
Las personas que miraban la factura del agua con suspicacia pronto descubrieron
que no era la tarifa que la compañía suministradora percibe
–Agbar, en la mayoría de los casos- la que había subido,
sino los impuestos añadidos por todas las administraciones con competencias
fragmentadas en el ciclo hidrológico: la Generalitat de Catalunya,
la Entidad Metropolitana y el Ayuntamiento de Barcelona. Pero no se trataba
de un arranque incomprensible de voracidad recaudadora, ni se habían
puesto de acuerdo entre ellas para subir el precio final del agua. Si analizamos
sus motivos, chocamos con la superación de límites ambientales.
Exceptuando la tasa ambiental
de gestión de residuos (TAMGREM), y posiblemente también
la de alcantarillado que cobra el Ayuntamiento de Barcelona3, la mayor
parte de la nueva carga tributaria provenía de la traslación
a los usuarios domésticos del área metropolitana de los nuevos
gastos de captación, bombeo, canalización, potabilización
y saneamiento originados por una política de aumento constante de
la oferta, y por la necesidad de compensar el deterioro en cantidad y calidad
de los recursos hídricos disponibles en las cuencas internas de
Catalunya. 4 Entre 1992 y 1998 se ha pasado de 90 depuradoras y 53 en construcción
a 210 en servicio, 48 en marcha y 39 más previstas, hasta llegar
a 297 grandes depuradoras que en el 2001 darán servicio a 2,8 millones
de personas. Esto ha significado un gasto sostenido de unos cuarenta mil
millones de pesetas anuales, la mitad de los cuales provenían de
las tasas o cánones de saneamiento pagados por los usuarios y el
resto de subvenciones o del recurso al endeudamiento. 5 Dicho encarecimiento
de los costes económicos, típico de una economía madura
del agua, es el resultado de una internalización forzada e inevitable
de los costes ecológicos una vez superados los límites ambientales
recomendables.
La cara oculta de la guerra del agua
En las cuencas internas catalanas
ya se extrae para los usos humanos, como media, la mitad de toda el agua
que circula por ellas, y en la del Ebro el 59%. Muy por encima del 8% mundial,
del 15% europeo, incluso del 41% de media en todas las cuencas hidrográficas
españolas.6 Ramon Margalef recomienda como tope una regla
del tercio: un tercio para usos humanos, otro para la evapotranspiración
de la vegetación que mantiene la producción primaria continental,
y un tercero para devolver al mar a través de los ríos, la
escorrentía superficial y la profunda.7 Cuando la Generalitat de
Catalunya, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento
de Residuos, y algunos ayuntamientos empezaron a añadir impuestos
al recibo del agua como si fueran vagones en un tren, sólo hicieron
lo de costumbre: repartir costes. Si la diseminación de la población
hacia la periferia metropolitana y la construcción de nuevos polígonos
industriales, urbanizaciones, campos de golf, segundas viviendas, hoteles
y parques recreativos multiplicaban las demandas de agua, las administraciones
reaccionaban distribuyendo los gastos extra sobre los usuarios que ya poseían
gastos (en lugar de repercutir el coste marginal sobre las nuevas demandas,
tal y como recomienda la nueva orientación económica sostenibilista).
La Agencia Europea del Medio
Ambiente caracteriza cuatro etapas en la concepción y aplicación
de impuestos ambientales. En los años setenta predominaban las tasas
de cobertura de costes, que sólo pretendían repartir los
gastos de un servicio ambiental entre los usuarios. La necesidad de legitimar
nuevos tributos indirectos, ante la sed de ingresos de unas administraciones
angustiadas por los déficits públicos, condujo a la definición
más precisa de tasas finalistas (que sólo pueden destinarse
a una finalidad específica). En los años ochenta se empezó
a concebir una nueva generación de tasas incentivo, cuyo propósito
principal no es aumentar la recaudación sino cambiar los comportamientos
de las empresas y los consumidores mediante la penalización de los
que resultan más perjudiciales para el medio ambiente. En los años
noventa se está promoviendo una reforma fiscal verde, que no se
limite a añadir ciertos impuestos especiales para dedicar a la mejora
ambiental una parte extra de los presupuestos sino que cambie decisivamente
los criterios y sujetos impositivos que ya existen para que los efectos
incentivadores o penalizadores y la redistribución del conjunto
de los gastos orienten la actividad económica hacia una mayor sostenibilidad.
Hasta el momento las diferentes
administraciones catalanas no han sido capaces de avanzar más allá
de la primera fase por lo menos en lo que concierne a la fiscalidad ambiental
y la regulación tarifaria del agua doméstica. Sin replantear
la gestión fragmentada del ciclo hidrológico, sin informar
a los ciudadanos de los problemas ambientales emergentes, ni negociar previamente
las alternativas al alcance con los interlocutores sociales, trasladaron
a los recibos los costes económicos crecientes. No se dieron cuenta
de que sus acciones descoordinadas eran la gota que colmaba el vaso, violentando
una vieja economía moral que considera el agua un bien muy básico
que debe estar al alcance de todas las personas. El resultado fue la guerra
del agua, que demostraba la vigencia entre sectores populares de aquella
cultura ancestral de las fuentes que aún en la actualidad ofrece
agua gratis en la plaza pública.
Después de los fuertes
aumentos de 1991 y 1992 el conflicto se estancó. El goteo de insumisos
fiscales crecía día a día. No les podían cortar
el agua porque sólo objetaban unos impuestos que consideraban abusivos,
o cobrados por una vía improcedente. Cada trimestre depositaban
el importe de la tarifa con el IVA en una cuenta corriente abierta por
las asociaciones de vecinos, que pronto acumuló miles de millones
de pesetas. Aunque los contribuyentes pudieran aceptarlo voluntariamente
como un método de recaudación, no estaban legalmente obligados
a pagar sus tributos mediante una factura-recibo que deriva de un contacto
privado del usuario con la compañía suministradora de agua.
La protesta destruía el marco administrativo y tarifario vigente.
Sólo podía encontrarse la solución en otro marco.
Del bloqueo a la negociación
Dicho marco no llegaría
hasta al cabo de siete años, cuando después de varios intentos
fallidos de negociaciones entre la Generalitat de Catalunya y la Confederación
de Asociaciones de Vecinos (CONFAVC) partieron de tres principios proclamados
por la nueva Directiva de la Unión Europea de 1997, y los incorporaron
a los borradores de la nueva ley: integrar la gestión del ciclo
entero del agua, que los precios tiendan a reflejar todos los costes (full
cost pricing), y que los consumos básicos sean asequibles para todas
las personas. 10 La integración de la gestión del ciclo del
agua en una Agencia que se coordina con las entidades locales supera el
cúmulo de tributos añadidos sucesivamente sobre el usuario
final, incomprensible para cualquier ciudadano corriente. En la nueva factura
habrá un único canon percibido por la Agencia del Agua para
financiar todas las infraestructuras públicas de suministro y depuración,
además de la tarifa regulada percibida por la compañía
que la potabiliza y la distribuye (municipal, o privada como Agbar). La
suma de la tarifa y el canon debe incorporar todos los costes de la gestión
del ciclo del agua que democráticamente se decida repercutir sobre
el usuario doméstico. 11 Otros impuestos sin relación con
el agua, como el de tratamiento de residuos municipales (TAMGREM) deberán
tramitarse por separado.
Las asociaciones de vecinos
organizaron la protesta para que el agua tuviera un precio asequible. No
es casualidad que se desencadenara en una de las ciudades españolas
que ya poseía el agua más cara, y donde ninguna sequía
ha provocado aún restricciones perceptibles para los ciudadanos.12
Como siempre, la escasez o baratura depende de que con qué los comparemos
y para quién. Una familia que consumiera 144 m3 al año y
tuviera como único ingreso el salario bruto medio de Catalunya,
en 1990 debería dedicar al agua un 0,96% de su renta, y el 1% en
1999. Un jubilado que viviera solo, consumiera 48 m3 y cobrara la pensión
media en 1990 debería destinar el 1,56% de su ingreso y el 1,31%
en 1999. 13 A primera vista parecen porcentajes minúsculos. Pero
son los habituales en todas partes, y sus variaciones esconden sensibles
diferencias.14 En valores absolutos significan pagar unas treinta o cuarenta
mil pesetas al año por los consumos familiares de agua más
corrientes.
¿Esto es mucho o
es poco? Depende del bolsillo, obviamente. Pero también de las actitudes.
La economía moral del agua se vive de formas muy diferentes según
la situación y la cultura de cada persona. En la encuesta de presupuestos
familiares de 1991, cuando se produjo el gran aumento, el gasto medio anual
por unidad de consumo en la provincia de Barcelona era de un millón
de pesetas. Suponiendo que en estos asuntos las medias tengan algún
valor, la parte destinada a vehículos de transporte personal era
de 116.632 pesetas anuales: tres veces la factura del agua, y ocho veces
más que el dinero destinado al transporte público (13.979
pesetas). Pero los gastos en enseñanza eran muy parecidos a los
del agua (29.796 pesetas), mientras que la compra de libros, periódicos
y revistas tenía una asignación parecida a la de los transportes
colectivos (13.411 pesetas anuales).15 Cada septiembre la compra de material
escolar es motivo de polémica. No parece demasiado sensato menospreciar
un gasto de agua que representa una proporción parecida o superior
del presupuesto familiar.16
El gráfico 1 demuestra
que durante los seis o siete años de bloqueo, y mientras las voces
de las manifestaciones contra los abusos en el recibo del agua resonaban
de vez en cuando por las calles de Barcelona, las asociaciones de vecinos
se fueron acercando silenciosamente a su objetivo: volver al precio de
1990 más el IPC acumulado. Ante la agitación, las administraciones
aprobaban cada año aumentos de la tarifa y tributos inferiores al
IPC. Sin duda alguna, esto contribuyó finalmente a acercar posiciones.
Pero el acuerdo sólo se conseguiría cuando las dos partes
empezaron a considerar un aspecto decisivo para la nueva cultura de la
sostenibilidad: que el agua no tiene un único precio, sino muchos.
De hecho tiene tantos como consumos diferentes. Aquí se esconde
la llave para el futuro.
La relación cada
vez más íntima de las asociaciones de vecinos con los grupos
ecologistas en varias plataformas comunes facilitó que la campaña
modificara su tabla reivindicativa introduciendo un punto esencial: los
precios asequibles debían ser para consumos básicos inferiores
a cien litros por persona y día. Por encima de dicho umbral el precio
debería aumentar más que proporcionalmente, incentivando
la eficiencia en los usos intermedios y penalizando los sobreconsumos suntuarios.
La progresividad del precio en función del consumo, que relaciona
la equidad social del acceso al agua con la sostenibilidad ambiental del
recurso, pasaba al centro de la discusión. Esto coincidió
con la llegada de la nueva directiva comunitaria que, junto al full cost
pricing, también proclamaba que los consumos básicos debían
ser asequibles. Los dos conceptos resultarían contradictorios a
menos que la tarifa fuera realmente progresiva.
La llave del futuro: de los precios regresivos a la progresividad
El gráfico 2 demuestra
que hasta ahora la situación ha sido la contraria. A pesar de la
existencia de tres bloques de consumo con tarifas crecientes, de hecho
cada metro cúbico de agua resulta más caro para quien más
consume.
Esto es consecuencia de
una cuota fija de suministro que en los casos más habituales representa
casi la mitad del importe del suministro de agua, y que en la forma de
cobro de los diferentes tributos aumenta aún más la regresividad
del conjunto de la factura trimestral.
Dicha regresividad desincentiva
el ahorro. Cualquier inversión en sistemas más eficientes
(por ejemplo, el sobrecoste de una lavadora que gasta menos agua, un sistema
de reutilización del agua de la bañera o la lavadora para
el lavabo, cisternas de recogida de aguas pluviales, etc.) choca
con unos términos de regreso muy largos. Los metros cúbicos
de agua que dichos aparatos pueden ahorrar a lo largo de su vida útil
son considerables, pero la valoración económica del ahorro
es muy pequeña. Cuanto más bajo es el consumo, menos sale
a cuenta invertir en nuevos aparatos eficientes o sistemas de reutilización
del agua.
La existencia de una cuota
fija tan alta independiente del consumo no presenta ninguna justificación
económica seria, y es totalmente contraria a la incentivación
del ahorro que debería propiciar la nueva regulación ambiental
fiscal y tarifaria. Se acostumbra a defender por la existencia de costes
fijos de suministro y saneamiento. Si el argumento se refiere a la
necesidad de amortizarlos por la parte de los ingresos, debe recordarse
que los costes fijos existen en cualquier actividad económica. La
única diferencia entre una compañía de aguas y el
resto de empresas que no gozan de un monopolio natural es que siempre podrá
estar segura de conseguir unos ingresos suficientes para cubrir todos sus
costes, fijos o variables, presentando el correspondiente reconocimiento
de la autoridad reguladora que fija las tarifas (la Entidad Metropolitana
y la Comisión de Precios de la Generalitat de Catalunya).
El argumento es más
verosímil por la parte de la equidad entre usuarios: los contadores
dados de alta que registran consumos muy bajos (viviendas desocupadas,
segundas o terceras viviendas) deberían contribuir en una proporción
más elevada a que la facturación de dicho consumo para el
mantenimiento de unas infraestructuras dimensionadas contara con ellos.
Pero esto se resuelve absorbiendo la cuota de servicio en los primeros
metros cúbicos facturados, hasta una cantidad que sea inferior al
consumo básico de una persona. Entonces la cuota da derecho a consumir
dicha cantidad, y sólo la pagan los que registran consumos inferiores.
La misma noción de
una cuota relacionada con el número de grifos de una vivienda responde
a la concepción ya obsoleta de la mera repercusión de costes,
e ignora dos variables fundamentales para la nueva gestión sostenible
de la demanda: el número de personas que viven en una vivienda,
y cada uno de los aparatos conectados a dichos puntos de consumo pueden
efectuar su servicio consumiendo mucha o poca agua según su eficiencia.
Con la estructura tarifaria vigente en 1990 una persona que viviera sola,
y consumiera en Barcelona una media de 133,3 litros por persona y día,
pagaba el agua un 74% más cara que cuatro personas que gastaran
lo mismo compartiendo la vivienda y el contador. En 1999, la diferencia
se había reducido porque durante el decenio los aumentos de la cuota
habían sido inferiores que el precio de cada bloque de consumo (y
la estructura de los impuestos también se había modificado).
Pero las personas que vivían solas todavía pagaban el agua
un 56% más cara que una familia de cuatro miembros.
Las culturas del agua y la lectura del recibo
Una estructura tarifaria
incentivadora de la eficiencia debería relacionarse con el número
de personas que consumen y que pueden tomar decisiones (por ejemplo, comprar
electrodomésticos ahorradores), en lugar del número de grifos
(que no obstante cambia con las reformas de cocinas y baños). De
hecho el número de habitantes por vivienda ha sido una de las cuestiones
añadidas a la guerra del agua que ha suscitado más alboroto.
No obstante, curiosamente, casi nadie ha salido en defensa de las viviendas
con pocos miembros y de las personas que viven solas, aunque cada vez hay
más (solteros y solteras, jubilados, hogares monoparentales). La
discusión se centró en las familias numerosas que se sentían
discriminadas porque se les aplicaban el segundo y tercer bloque de consumo,
más caros, cuando sus consumos per cápita podían ser
tan o más bajos que los de una persona sola.
A primera vista parece contradictorio
que una misma regresividad tarifaria y fiscal pueda perjudicar a las personas
que viven solas, y provocar el enfado de las familias numerosas.
Pero no lo es tanto si consideramos que unos y otros salen perjudicados
por conceptos distintos. Dividiendo el importe trimestral de la factura
por los metros cúbicos consumidos, es evidente que cada litro de
agua sale más caro a las personas que viven solas y más barato
–a pesar de aplicar el segundo y tercer bloque- a las familias numerosas.
Pero también es cierto que el impuesto de la factura es más
alta para la familia numerosa de lo quehubiera sido si sólo se hubiera
contado un bloque –tal y como ha establecido la Sentencia 14/1997 del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya-, o si los límites de cada bloque
se establecieron teniendo en cuenta el número de consumidores reales
por vivienda.
En definitiva, teníamos
un sistema tarifario objetivamente regresivo en el que prevalecía
el derroche de recursos y a la vez conseguía que casi todas las
personas se sintieran perjudicadas. Después del pacto del agua,
y la nueva ley aprobada en el Parlamento de Catalunya, parece que ha llegado
la hora de elaborar uno nuevo que garantice un mayor consenso primando
la equidad en los consumos básicos, la eficiencia en los intermedios,
y la suficiencia global. Pero difícilmente se podrá conseguir
todo a la vez si el nuevo canon y la tarifa no se relacionan de algún
modo ágil y económico con el número de personas que
consumen agua de un mismo contador.
En su exposición
de motivos la nueva ley dice claramente que «en lo que concierne
a los usuarios domésticos se protege un nivel básico de consumo
teniendo en cuenta el número de usuarios de agua de la vivienda".
Pero cuando concreta la base imponible, el artículo 40 establece
un mínimo de facturación de 6 m3 por usuario y más
sin especificar si se trata de una cuota fija absorbible o no. Para los
usos domésticos, el artículo 42 únicamente establece
dos tramos de consumo, inferiores o superiores a 10 m3 mensuales.
Finalmente, sólo si el número total de personas que conviven
en una misma vivienda es superior a cuatro se prevé incrementar
el límite entre bloques en 2,5 m3 al mes para cada miembro adicional.
Esto quiere decir que el número de usuarios de un mismo contador
sólo se tendrá presente en los casos de viviendas con más
de cuatro personas, que a lo sumo representan el 15% de los hogares y un
27% de la población.
Si además de aplicarse
al canon de la Agencia del Agua, dichos criterios se interpretan restrictivamente
a la hora de establecer la nueva tarifa doméstica del agua, podría
continuar existiendo una parte importante de los problemas socioambientales
de la situación anterior: la desincentivación del ahorro
y la penalización de las personas que viven solas. Si además
se lleva a cabo el proyecto de transvase del agua del Ródano tal
y como está previsto en la propuesta de la empresa Aigües Ter-Llobregat
(ATLL), la repercusión de los 200.000 millones que costaría
la obra se realizaría, nuevamente, sobre las tarifas de todos los
usuarios de la región metropolitana que ya tienen agua. Para
abastecer unas demandas futuras latentes, que el transvase haría
emerger –y que van desde el aumento de las dotaciones per cápita,
o la sustitución de recursos locales considerados de calidad inferior,
hasta la mejora de los caudales mínimos de los ríos-, los
recibos del agua doméstica podrían volverse a encarecer de
pronto entre treinta y setenta ptas./m3. Para rematarlo, la intención
de ATLL es repercutir dicho encarecimiento en forma de cuota fija, independiente
del agua realmente consumida. Las condiciones para una nueva guerra del
agua podrían volverse a presentar. Esperamos que las lecciones aprendidas
eviten este escenario, y que ayuden a abrir camino hacia la nueva cultura
del agua.
Hacia una nueva política:
la gestión de la demanda
El establecimiento de tarifas
y cánones realmente progresivos según el número de
usuarios es un primer paso esencial para cambiar la filosofía básica
que ha regido hasta ahora la relación entre las estructuras públicas
y privadas que suministran agua, por una parte, y los usuarios domésticos
que la utiliza, por otra parte: se trata de comprar o vender servicios
eficientes, no metros cúbicos. Para las personas que no estén
familiarizadas con la nueva filosofía económica de la gestión
de la demanda de agua o electricidad y con los avances ya realizados en
su aplicación en diversos países, dicha propuesta les puede
parecer una especie de inducción al suicidio de las empresas suministradoras.
Si su negocio es vender agua, ¿cómo se les puede pedir que
la facturen de un modo que incentive el ahorro?
Efectivamente, si las empresas
suministradoras se aferran a la idea de que su negocio consiste en facturar
agua, serán hostiles a cualquier propuesta que ayude a sus clientes
a ahorrar agua. Pero dicha idea es errónea. Una compañía
suministradora de agua no es como una planta embotelladora. No vende agua
para el consumo. Suministra agua para proporcionar una amplia y variada
gama de servicios a los hogares y a las empresas. Sus clientes tampoco
piden realmente metros cúbicos de agua. Lo que quieren es poder
utilizar dichos servicios: lavarse, ducharse, lavar la ropa y la vajilla,
fregar el suelo, cocinar, regar plantas, tirar de la cadena del lavabo,
etc. Hasta el momento la forma de calcular las diferentes cuotas de servicio,
en función del número de aparatos domésticos que consumen
agua, pone de manifiesto la demanda final de los usuarios del agua suministrada.
Pero todos estos aparatos pueden hacer el mismo servicio consumiendo más
o menos agua (y de calidades distintas), lo que es totalmente contradictorio
con el hecho de convertir la suma en una cuota fija.
La propia guerra del agua
en la región metropolitana de Barcelona ha sido una prueba contundente
del modo en cómo se lee habitualmente el recibo: las familias numerosas
se han movilizado por el encarecimiento relativo de su factura, mientras
que las personas que viven solas aún no se han quejado públicamente
por el hecho de pagar más caro el metro cúbico de agua. Es
evidente que la percepción social mayoritaria relaciona el importe
total del recibo del agua con los servicios domésticos que el agua
proporciona, y no con la mayor o menor cantidad de agua consumida para
realizarlos. Cuando las compañías suministradoras tienden
a garantizar ingresos con las cuotas fijas, que reducen significativamente
el impacto del consumo total de agua sobre la facturación de sus
clientes, ponen igualmente en evidencia que su objetivo es recuperar con
beneficios las inversiones y gastos corrientes. El agua que corre por los
contadores tampoco es su objetivo principal.
La gestión de la
demanda parte de este hecho elemental: ni los clientes ni la compañía
suministradora centran su interés en la cantidad del agua. Su relación
contractual es un intercambio de servicios por facturas. En dicho intercambio
el agua interviene sólo como medio para efectuar el servicio. La
cantidad de agua consumida puede ser muy elevada, si los sistemas de utilizarla
son muy ineficientes, y puede reducirse con aparatos más eficientes
y sistemas de reutilización. El método de facturación
vigente hasta el momento ha primado el despilfarro, y ha penalizado el
ahorro en el uso del recurso para obtener los servicios. Partiendo de la
base de que los clientes quieren servicios y las compañías
quieren recuperar con beneficios sus inversiones, es posible alterar los
términos del juego con un sistema tarifario que penalice el derroche,
e incentive el ahorro y la reutilización. Se trata simplemente de
cambiar los criterios del pacto entre la administración, la compañía
y los clientes, garantizando a los usuarios que por los mismos servicios
la factura no se encarecerá en términos reales dentro de
la cesta de la compra, y garantizando a los inversores que la facturación
cubrirá con creces (democráticamente vigilado por el organismo
regulador) las inversiones realizadas (y decididas democráticamente).
¿Quién gana
con el cambio? Todos un poco, y especialmente el medio ambiente. Del mismo
modo que las políticas de gestión de la demanda eléctrica
obtienen negawatts (es decir, potencia eléctrica ahorrada gracias
a la mejora de la eficiencia global) que pueden destinarse a cubrir otros
servicios, una gestión de la demanda de agua puede hacer emerger
negahectómetros cúbicos disponibles para otros usos. Si existen
demandas crecientes para proveer, ésta es una de las principales
ganancias de la operación que beneficia a las compañías
suministradoras. Ganan porque el coste de obtención de dichos negahectómetros
cúbicos de agua llegará a ser progresivamente inferior al
de conducir la misma cantidad de agua de puntos cada vez más alejados
con transvases y sistemas de bombeo cada vez más faraónicos
y costosos. Invertir en eficiencia puede ser más barato y rentable,
ayudando a sanear las finanzas de las empresas suministradoras y a abaratar
tendencialmente la factura del agua en el presupuesto de los consumidores
en términos reales. Siempre y cuando, obviamente, el marco regulador
tenga en cuenta todos los costes, tome la opción de la eficiencia,
y desincentive la explotación irracional de los recursos.
Para el medio ambiente todo
esto supone evitar que las nuevas demandas presionen sobre los sistemas
naturales. Si el agua ahorrada llega a ser superior en las nuevas demandas,
también puede ayudar a reducir la presión absoluta sobre
el recurso natural en beneficio de las funciones ecosistémicas del
agua. En definitiva, la política de gestión de la demanda
tiende a contener primero, y a reducir después la actividad de captación,
canalización y potabilización de agua para el suministro.
Ofrece nuevas oportunidades de beneficios razonables a las empresas suministradoras.
Ciertamente, a medio o largo plazo limita su campo de expansión
futura. Sin embargo, sólo representa una limitación para
sus actividades tradicionales. El ahorro y la reutilización abren
nuevos campos de inversión en los que pueden entrar y diversificar
su actividad, y reorientarla hacia el suministro eficiente de los servicios
que necesitan agua. Ambas opciones requieren inversiones en infraestructuras,
pero de un modo muy distinto: obras faraónicas en la política
de oferta, y una diseminación de sistemas a pequeña escala
en la política alternativa orientada a planificar desde la demanda
.21 La gestión de la demanda es un reto empresarial y social que
los invita a pasar de sólo vender agua a ofrecer los servicios eficientes
que requieren.
Para que sea socialmente
aceptada, la gestión de la demanda deberá garantizar que
la factura que pagan los usuarios del servicio no se encarecerá.
Pero si el consumo de metros cúbicos tiende a reducirse, el precio
tarifado del agua podrá incrementarse. Ambas posibilidades son factibles
simultáneamente: el importe de la factura es el resultado de multiplicar
el precio por el agua consumida. Si el consumo baja el precio puede subir
sin aumentar el importe del recibo. Todo esto implica, evidentemente, un
pacto a tres bandas: entre las asociaciones de usuarios y vecinos, las
empresas suministradoras y las administraciones con competencias reguladoras.
Dicho pacto no puede ser sólo un acuerdo circunstancial. Debe ser
un proceso global de concertación democrática continuada.
En Catalunya, sin ir más lejos
En las comarcas alrededor
de Barcelona la necesidad de dar un giro hacia esta nueva política
de gestión de la demanda está a la orden del día.
El abastecimiento y el consumo de agua están en el centro de un
cruce. Tal y como puede observarse en el cuadro 4, si a las actuales tendencias
hacia una mayor dispersión metropolitana –que trasladan partes crecientes
de la población hacia la periferia, segregándola socialmente
y alejándola de las actividades y los servicios- se les añade
la inercia de una planificación del suministro de agua exclusivamente
contemplada desde la oferta, las demandas futuras superan con creces los
recursos disponibles. La aceptación pasiva de dicha situación
está en la base de las proyecciones actuales de la compañía
Aigües Ter-Llobregat (ATTLL) y de su opción oblicua hacia el
transvase de 375 hm3 al año procedentes del Ródano.
Pero las tendencias no son
un destino. La sostenibilidad socioambiental de Catalunya depende justamente
de la capacidad para contravenir democráticamente dichas tendencias
segregadoras e insostenibles de la región metropolitana. 22 Si en
lugar de incitar al aumento del consumo de territorio y recursos a favor
de un modelo urbano de peor calidad ambiental, y más injusto socialmente,
la concertación democrática entre las administraciones y
los ciudadanos actúa con decisión para reorientar las tendencias,
es perfectamente viable garantizar un suministro de agua de calidad asequible
para todos los usos, reduciendo simultáneamente las presiones insostenibles
sobre nuestros ríos y acuíferos. Basta con que una política
activa de gestión y racionalización de la demanda favoreciera
una convergencia de los consumos y dotaciones de la periferia metropolitana
con las actuales en Barcelona, para que se disipara la necesidad de conducir
agua de fuera (incluso aceptando un aumento de la población muy
improbable y el avance de una dispersión metropolitana completamente
indeseable: véase el cuadro 4).
La fiscalidad ambiental
y las tarifas progresivas son instrumentos importantes de esta nueva política
hidrológica de gestión de la demanda, que debería
intentar acercarnos al valor guía de 250 litros por persona y día
–150 para usos domésticos y 100 más para las actividades
industriales, comerciales y de servicios- sugerido por Narcís Prat
en su propuesta alternativa de planificación hidrológica
en las cuencas internas catalanas. 23 Combinada con una recuperación
inteligente de los acuíferos locales, el fomento de la reutilización
de aguas depuradas –en 1998 se depuraron 555 hm3, y una vez finalizado
el Programa de Saneamiento habrá unos 700 hm3 anuales24–, la aportación
puntual de la desalinización, y las transferencias intersectoriales
con los usos agrícolas, la nueva gestión del agua también
puede garantizar la recuperación de los caudales mínimos
ecológicos de los ríos y de su calidad biológica.
La ecoeficiencia industrial
En las cuencas internas de
Catalunya el consumo urbano representa cerca del 45% del total, y el 69%
dentro del ámbito servido en alta por el sistema Aigües-Ter-Llobregat.
Los usos industriales representan un 21%, y el 31% de la red ATLL.25 A
diferencia de los tributos domésticos vigentes hasta la nueva ley
del agua, la tasa de saneamiento aplicada sobre los consumos industriales
empezó a tener una capacidad estimuladora del ahorro del recurso,
y de la reducción de los vertidos, cuando a partir de 1992 se introdujo
la obligación de declarar la carga contaminante vertida. Esto ha
permitido generalizar el tipo de gravamen individualizado para cada empresa,
en función de la concentración de parámetros de contaminación:
materias en suspensión, materias oxidables, sales solubles y materias
inhibidoras, sobre las que se ha añadido después los nutrientes
N y P, y los incrementos de temperatura superiores a 3 ºC. Esta estructura
de la tasa de saneamiento industrial ha tendido a generar una doble respuesta,
con el objetivo común de minimizar el pago del tributo: reducir
el consumo de agua, y/o reducir la carga contaminante vertida.
De hecho esto es lo que
ha ocurrido en los últimos años. A pesar que entre 1994 y
1998 han aumentado un 58% las declaraciones individualizadas de vertido,
la recaptación fiscal global del ITS industrial ha tendido a reducirse
a consecuencia de las mejoras introducidas por las empresas, tanto en sus
procesos como en los sistemas de depuración y reutilización.
Esto ha permitido a la Junta de Saneamiento aumentar la cobertura de la
tasa introduciendo nuevos parámetros para reforzar la tendencia
a la mejora ambiental, y estabilizar la contribución de las empresas
industriales en los gastos públicos en saneamiento. Estos resultados
parecen indicar la existencia previa de una capacidad tecnológica
para mejorar la eficiencia en el uso industrial del agua en muchos sectores.
En lugar de ser un obstáculo para su competitividad, la aplicación
de un impuesto mínimamente incentivador combinado con la oferta
de subvenciones en la reducción de la carga contaminante ha incitado
la difusión de mejoras técnicas ya disponibles en el mercado.
Los propios estudios de
la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), principal impulsora
del proyecto de transvase del Ródano, reconocen la tendencia general
a la disminución de los consumos industriales de agua28 . Sin embargo,
el Plan Hidrológico de las cuencas internas aprobado en 1998 por
el Consejo Nacional del Agua todavía mantiene una previsión
de crecimiento del suministro industrial desde los 305 actuales hasta 414
hm3/año para el 2012. ATLL se limita a proyectar para el 2025 un
escenario de práctica de estabilización – de los 156 actuales
a 159 hm3/año– que considera compatible con el crecimiento de la
propia industria. Según otro estudio del Institut Català
de l’Energia (ICAEN), basado en 415 auditorías del uso del agua
entre 1992 y 1997, los diferentes sectores industriales todavía
podrían reducir un 30% o un 40% su demanda conjunta de agua con
inversiones rentables a su alcance (que según Narcís Prat
equivaldrían a un ahorro de 46 hm3/año).29
Un estudio de Cristina de
Gispert ha evaluado las respuestas a la aplicación de la tasa de
saneamiento de una muestra de industrias conectadas a la red de Aigües
Ter-Llobregat en la región metropolitana de Barcelona, que en 1997
pagaban el agua a 188 ptas./m3 como media (el precio variaba realmente
desde un mínimo de 63 a un máximo de 530 ptas./m3, según
los casos). Sus resultados muestran una respuesta más sensible de
los sectores textil y químico, y una capacidad menor de reacción
en industrias como la alimentaria o el papel en el que el agua se convierte
en un input que se incorpora al producto. Esto corrobora que la aplicación
de una política fiscal y tarifaria incentivadora puede obtener respuestas
a corto plazo que mejoren la ecoeficiencia hídrica en bastantes
sectores industriales30. La misma autora señala que este carácter
incentivador se vería reforzado si el tributo industrial de saneamiento
fuera todavía más progresivo, aplicando tipos impositivos
crecientes según el nivel de las emisiones contaminantes. También
observa el peligro de que las respuestas se limiten a un mero desplazamiento
desde la conexión a la red de ATLL hacia la obtención directa
de aguas de pozos, que acostumbra a ser más barata. En el ámbito
territorial de ATLL las empresas que obtienen agua exclusivamente de esta
compañía representan un 73% del total. Pero sólo representan
un 33% de los caudales empleados por la industria porque las más
consumidoras tienen sistemas propios de suministro.
Este comienzo esperanzador
de las políticas incentivadoras de la eficiencia hídrica
en la industria contrasta con el enfoque meramente inercial del incremento
de la oferta para el resto de usos. La difusión de tecnologías
de ahorro y reutilización para el ámbito doméstico
topa de entrada con barreras mayores que en el sector industrial. Pero
no hay ninguna razón de fondo para que las herramientas de la fiscalidad
ambiental y la nueva cultura del agua no se apliquen también a los
entornos urbanos. Sin embargo, es en el sector agrario donde se hace más
patente la grave hidroesquizofrenia que sufre nuestro país.
El agua de riego y las dos Catalunyas
Como si se tratara de dos
mundos separados que no tuviesen nada que ver uno con otro, la planificación
hidrológica divide Catalunya en dos dominios: las cuencas internas
que están cara al Mediterráneo, y las tierras del interior
que desembocan en el Ebro. En el dominio hidráulico de las cuencas
internas hay algunas de las zonas agrícolas más fértiles,
rentables y dinámicas. Pero el regadío sólo representa
alrededor de un 29% de los usos consuntivos del agua. En la parte de Catalunya
hidrológicamente integrada en las cuencas del Ebro el regadío
representa un 86% de toda el agua consumida. Este contraste en los usos
del agua es un calco de la distribución territorial de la población
y las actividades económicas. El litoral concentra habitantes, industrias
y servicios. En la Catalunya interior, las actividades agrarias y ganaderas
afrontan graves dificultades socioeconómicas, en un proceso de envejecimiento
y retroceso relativo.
Además de reflejar
los contrastes territoriales de Catalunya, la partición de la gestión
hidrológica en dos compartimentos se convierte en un factor añadido
que mantiene y refuerza nuestra hidroesquizofrenia. Se trata de un desdoblamiento
de la personalidad hídrica que genera muchos comportamientos irracionales.
Por ejemplo éste: a pesar de la sequía de mercados con la
que topan los excedentes agrarios de toda la Unión Europea, y las
previsiones establecidas por la Agenda 2000, con el agua del embalse de
Rialb sólo se quiere ampliar la superficie de riego a 70.000 nuevas
hectáreas de olivares y cultivos herbáceos, sin preguntarse
antes si no existiría la posibilidad de usos compartidos más
sensatos y rentables para todos.
Mientras se firman protocolos
para subvencionar con caudales públicos dos terceras partes del
coste del canal Segarra-Garrigues, el artículo 37 de la nueva Ley
de agua exonera al agua de uso agrícola del pago del tributo «salvo
que haya contaminación de carácter especial en naturaleza
o cantidad para abonos, pesticidas o materia orgánica comprobada
por los servicios de inspección de la Administración competente."
El artículo 44 aplica el coeficiente cero al tipo de gravamen de
los usos agrícolas que no queden exentos por el criterio anterior
(igual que en el uso del agua para la producción hidroeléctrica,
la refrigeración industrial en circuitos abiertos o mixtos, y la
acuicultura). Todo esto no congenia con los planteamientos de las directrices
de la UE, tanto en la planificación hidrológica como en la
política agraria. Significa seguir manteniendo un muro de separación
entre la economía del agua practicada en la agricultura y el resto
de sectores.
Antes o después es
inevitable que muchos ciudadanos y contribuyentes se pregunten qué
sentido tiene seguir subvencionando el abastecimiento de agua para regar
unos cultivos que también están subvencionados, y a menudo
son excendentarios. Las tarifas que se pagan por el agua de riego, y la
rentabilidad real de cada metro cúbico utilizado en la agricultura,
varían enormemente según el tipo de cultivo, las zonas agrarias
y las explotaciones. Pero el análisis global de las cuentas del
agua en toda España en 1991, presentadas a la OCDE, muestra que
los regantes pagaron de media unas 7 ptas./m3 mientras el coste medio del
transporte de aguas rondaba las 18 ptas./m3. Esto quiere decir que el sector
agrario a duras penas pagaba el 40% del agua que consumía, y recibía
por este sistema una subvención anual de 330.000 millones de pesetas.31
Detrás de estas ingentes
subvenciones se esconde toda una serie de ineficiencias. En los regadíos
valencianos el coste medio del agua se sitúa en torno a las 19 ptas./m3,
y todavía predomina la facturación por unidad de superficie.32
En los regadíos de la Mancha el margen bruto obtenido con el riego
es de 48 ptas./m3 por el trigo y la cebada, 23 ptas./m3 por el girasol
y 20 para el maíz (contando las subvenciones como ingresos, y restando
sólo los costes directos de maquinaria, inputs y mano de obra no
familiar).33En los regadíos del valle del Ebro los mismos cultivos
obtienen un margen neto entre 7 y 10 ptas./m3 (deduciendo también
las amortizaciones, cargas sociales, gastos financieros, etc.). Si al margen
neto le quitamos el coste de la mano de obra familiar y la renta de la
tierra, los beneficios reales a duras penas llegan a dos pesetas por metro
cúbico. Si descontamos la subvención al producto, muchos
de estos cultivos herbáceos se riegan con pérdidas. Pedro
Arrojo y Estella Bernal estiman que si los regadíos aragoneses analizados
tuviesen que pagar el agua a 16 ptas./m3, y desapareciesen las subvenciones
al cultivo, un 45% entraría en números rojos y el 90% obtendría
una rentabilidad insuficiente para mantener la actividad.
Los contrastes son muy grandes
entre diversas zonas y estructuras de riego, y generalizar demasiado puede
resultar muy injusto. Para el conjunto de Andalucía, Joan Corominas
estima que la productividad del agua es inferior a 65 ptas./m3 en una cuarta
parte de la superficie regada, pero un 45% del valor de toda la producción
agraria de regadío proviene del 10% más rentable de la superficie
regada (generalmente hortalizas y frutas en invernaderos o cultivos hidropónicos)
en los que se obtienen rentabilidades del agua superiores a las 250 ptas./m3.
También son los regadíos más eficientes, y los que
generan más ocupación por hectárea cultivada contribuyendo
al equilibrio territorial y social.34
Todos estos ejemplos presentan
un denominador común: la eficiencia del agua utilizada en la agricultura
es bastante diversa, pero muy baja en una franja demasiado amplia de las
superficies regadas. Las grandes áreas de riego de las comarcas
de poniente de Catalunya no son una excepción. Un estudio en detalle
del aprovechamiento del agua en los riegos del Canal de Urgell realizado
en el municipio de Arbeca muestra que la eficiencia media no supera el
30%, y que la mayoría se pierde por percolacíón y
un 23% de las balsas y acequias. En cambio, la mayor adecuación
del sistema de riego al tipo de suelo permite que en Linyola los mismos
cultivos consigan aprovechar el agua en el 86%, y sólo se pierda
un 6% por percolación.35
La mejora de los sistemas
de riego y la modernización ambiental de los regadíos esconden
un gran potencial de agua que podría estar disponible para otros
usos. Tal como señala José Manuel Naredo, la baja eficiencia
de los usos agrarios del agua está relacionada con las barreras
institucionales y económicas que aíslan las dotaciones hídricas
de estos sectores en un compartimento estanco:
«El principal escollo
institucional a remover es el que congela las disponibilidades de agua
en tres compartimentos estancos: el de agua para riego, el de agua para
abastecimiento urbano e industrial y el del agua envasada o de mesa. La
disparidad de precios a los que se facturan las cantidades de agua utilizada
en cada uno de estos tres mundos aislados es tan grande, que parecería
indicar que no proceden del mismo ciclo hidrológico o que las separan
diferencias de calidad mucho más generales y marcadas de las que
de hecho se observan: en el primero de estos mundos es corriente que se
esté pagando cerca de una peseta por metro cúbico, mientras
que en el segundo se pagan del orden de cien pesetas por metro cúbico
y en el tercero muchos miles de pesetas por metro cúbico, multiplicándose
por más de cien los precios del agua al pasar de un nivel al otro.
Estas disparidades de precios o tarifas se prolongan en el interior de
cada uno de los colectivos de usuarios, sin razones económicas que
las justifiquen».36
El congreso Hacia una nueva
cultura del agua, celebrado en Zaragoza en setiembre de 1998, lanzó
esta recomendación: mejoremos el regadío en lugar de aumentarlo.
El embalse de Rialb y el canal Segarra-Garrigues tendrían que ser
la ocasión para proponer el mismo en Catalunya. Desde el punto de
vista de la nueva cultura del agua, la presa de Rialb ya ha sido un gran
error. Que sea el último. El problema de los campesinos y el mundo
rural existe, y es más urgente en las tierras de secano. Pero la
solución no pasa por seguir subvencionando el agua de una manera
económicamente distorsionadora y ambientalmente insostenible.
La solución es ir
a la raíz del problema para garantizar la viabilidad de la agricultura
catalana, y del mundo rural en su conjunto. Por su papel en el suministro
cercano y la seguridad alimentaria, y por los trabajos que desarrollo en
el cuidado del territorio, el campesinado tiene derecho a reclamar a la
sociedad una compensación económica digna. En el marco de
un nuevo pacto para la sostenibilidad entre el campo y la ciudad, hay que
establecer nuevas reglas para una subvención directa que remunere
las funciones vitales para el equilibrio territorial y socioambiental que
desarrolla el mundo rural. Pero son las explotaciones las que hay que subvencionar.
No el agua, ni el combustible ni los agroquímicos.
Hay que empezar a abrir
compuertas en el muro que separa el agua de la agricultura de la del resto
de sectores. Poco a poco los campesinos tendrán que admitir pagar
más por el agua y usarla de manera más eficaz. El desequilibrio
económico que esto comportará en sus cuentas de explotación
se tiene que compensar simultáneamente con subvenciones directas
para otros conceptos. Al fin y al cabo, pagar más por el agua, y
depender menos de ella, se convertirá en una garantía de
estabilidad para el campesinado. Si el mundo rural y el mundo urbano tuviesen
que acabar compitiendo encarecidamente por el agua como recurso escaso
en un mercado sin intermediaciones públicas ni criterios democráticos,
y con los precios tan dispares que ya tenemos ahora está claro quién
saldría vencedor.37
El ejemplo del Banco del
Agua de California demuestra que una buena regulación de las transferencias
económicas de agua entre sectores económicos puede ser una
buena alternativa, mucho más barata y ambientalmente saludable,
a los transvases de cemento entre territorios y cuencas. Este mercado del
agua californiano, públicamente regulado, autoriza a los agricultores
a vender una parte de sus concesiones de riego sin miedo a perder dicha
concesión. Como los compradores urbanos siempre la pagarán
más cara, con lo que ingresan de estas ventas los agricultores pueden
compensar la reducción de las cosechas y además financiar
inversiones en sistemas de riego más eficientes que permitan regar
las mismas superficies con menos agua. Todos ganan un poco, y el medio
ambiente el que más.39 No se trata de transferir grandes caudales,
cambiándolos de destino económico. La aportación principal
de las transferencias intersectoriales de un banco de aguas como el californiano
es ofrecer una garantía de suministro para hacer frente a las situaciones
puntuales pero reiteradas de sequía.39
Tampoco se trata de substituir
la planificación de un bien común como el agua por un libre
mercado sin restricciones. Se trata de planificar de otra forma, con otros
instrumentos, entendiendo que los usos se pueden compartir mejor y con
más eficacia. Sin discutir que el uso preferente del agua de Rialb
tiene que ser el agrícola, este enfoque podría empezar a
aplicarse en la puesta en marcha de la que tiene que ser la última
gran presa de Catalunya. Según el tipo de cultivo y las formas de
riego que se apliquen en Urgell, la Noguera, el Segrià, la Segarra
y las Garrigues, los consumos de agua serán muy diferentes. Así
como la posibilidad de compartirla. Desde el punto de vista de la nueva
cultura sostenible, garantizar el suministro de agua no es una función
independiente de regular las actividades agrarias o planificar el territorio
en su conjunto. No parece muy sensato ir a buscar al Ródano una
reserva estratégica de agua cuando está a punto de inaugurarse
el mayor embalse del territorio catalán. Antes de comprometernos
con la firma de un tratado internacional entre dos estados para transferir
agua por un tubo, vale más resolver nuestra propia hidroesquizofrenia.40
Democracia ambiental y cisternas del WC
Tal como ha escrito el economista
ecológico, José Manuel Naredo, para evitar nuevas guerras
del agua nos hace falta un nuevo enfoque económico y ambiental que
parta de la aceptación de que el ciclo hidrológico es un
recurso limitado que compartimos con la Naturaleza:
«El problema del agua
en nuestro país no se resuelve con soluciones meramente técnicas,
sino que exige, por una parte, asociaciones de usuarios que se ocupen activa
y responsablemente de la gestión del agua y, por otra, un marco
de información solvente y generalmente admitido sobre el que se
pueda apoyar la negociación y la toma de decisiones en un marco
que le sea propicio. Las carencias observadas en estos requisitos nos han
llevado por la pendiente del enfrentamiento y la crispación social,
haciendo que el problema del agua fuera cada vez más problemático
para los políticos con competencias sobre el tema: sin mercados
de agua ni foros de negociación adecuados, sin asociaciones de usuarios
responsables de la gestión con las que se pueda convenir las bases
del necesario reajuste entre exigencias y disponibilidades, y sin un marco
de información (físico y monetario) generalmente admitido
para ello, el problema del agua está llamado a transformarse en
guerras del agua».41
En 1991 se firmó
en California un verdadero pacto social entre las principales empresas
suministradoras y los grupos ecologistas para aplicar las mejores prácticas
de gestión (best management practices, BMP). La firma del memorando
dio paso a la creación de un consejo urbano para el ahorro de agua
(California Urban Water Conservation Council) que realiza un seguimiento
de la aplicación de las mejores prácticas en las agencias
locales y las compañías suministradoras. La composición
del Consejo es paritaria – la mitad son miembros de las agencias, la otra
de los grupos ecologistas – y sus decisiones se tienen que tomar por consenso.
Envía sus informes al organismo regulador del Estado (California
Water Resources Control Board), y dispone de un presupuesto propio. Uno
de sus objetivos es reducir el consumo doméstico hasta 169 litros
por persona y día, desde los 245 actuales, y una de sus actuaciones
iniciales ha sido estimular la substitución de un millón
y medio de cisternas de lavabo por otras de consumo reducido42. Aquí
y allí la lección está bastante clara. Antes que nada,
la solución al problema del agua es más y mejor democracia.
Referencias
1 Según un estudio
elaborado por el PSC, citado en El País, edición de Catalunya,
14/4/1998.
2 Para la caracterización
de esta interficie socioecológica, véanse los trabajos recientes
de Ramon Folch: Ambiente, emoción y ética. Actitudes ante
la cultura de la sostenibilidad. Barcelona: Ariel, 1998; y Diccionario
de socioecología. Barcelona: Planeta, 1999.
3 Los límites de
dónde acaba la biosfera y empieza la tecnosfera son tan borrosos
y convencionales como otras cuestiones socioecológicas. En lo relativo
a la parte del ciclo del agua derivado hacia los usos domésticos,
la red de suministro empieza en las captaciones (embalses, pozos) y acaba
en el contador de cada casa. Pero por la parte de las salidas la cuestión
es menos clara: el enlace de retorno a los sistemas naturales tenemos que
situarlo en las infraestructuras de depuración, ¿o tenemos
que incluir también el alcantarillado? De hecho, ahora que el urbanismo
de las redes y la visión socioecológica de la ciudad recuperan
las galerías de servicios que ya proponía Ildefons Cerdà
a mediados del s. XIX quizá sería más adecuado considerar
el alcantarillado como una prolongación en el subsuelo de los edificios
de la ciudad. Un argumento a favor de considerarlo así, y cargar
el coste en el IBI y el IAE correspondiente, es la posibilidad de modularlo
en función de los metros lineales de alcantarillado en el subsuelo
divididos por la altura del edificio que sirve. De esta manera, la fiscalidad
ambiental penalizaría como es debido las construcciones de muy baja
densidad, premiando el ahorro de territorio. El mismo criterio podría
aplicarse a las otras redes de servicios a los edificios.
4 La repercusión
desigual en el territorio de estos gastos acostumbra a esconder subvenciones
horizontales, tal como señala el estudio comparativo del proyecto
Eurowater (Massarutto, A. La situació tarifària dels serveis
hídrics a Europa. En: Esquerrà, J.; Oltra, E.; Roca, J. y
Tello, E. [coords.]. La fiscalitat ambiental a l'àmbit urbà.
Aigua i residus a la regió metropolitana de Barcelona. Barcelona:
Publicaciones de la Universidad de Barcelona, 1999, pág. 133-150).
Sería conveniente conocer con una cierta precisión la existencia
y la evolución de estos transvases intercomarcales o intersectoriales
de los costes del suministro y el saneamiento del agua en Catalunya.
5 Según datos de
la Junta de Saneamiento citados por Prat, N. El sanejament a Catalunya
(1996-1998), Depana (inédito). Los ingresos de los tributos de saneamiento
pasaron de 18.593 millones de pesetas en 1993 a 23.181 en 1998, con un
80% de ellos procedentes del ITS de origen doméstico o industrial
y el resto de canon pagado por extracciones de pozos privados (Junta de
Saneamiento. Memòria d'activitats 1998. Barcelona: Generalitat de
Catalunya, 1999, pág. 54). Según J. Gasull, representante
de la CONFAVC, hasta 1993 los usuarios domésticos pagaban el 78%
de los ingresos de saneamiento, mientras que en 1994 las proporciones cambiaron:
la industria contribuyó con unos 10.400 millones y los usuarios
domésticos con 9.600 (en Samper, J. y Llamas, M. R. [coords.]. Las
aguas subterráneas en el Libro Blanco del Agua en España.
Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 1999, pág. 213-24).
6 La media mundial y europea,
en el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Población y medio ambiente.
La guía global del medio ambiente. Madrid; Editorial Ecoespaña,
1995, pág. 384-385. Los datos de las cuencas hidrográficas
españolas proceden de la evaluación de MOPT de 1993 citadas
por Fernández Mejuto, M.; y Llamas Madurga, M. R. Infraestructuras
hidráulicas. Tópicos y manipulaciones en torno a la política
del agua. Ecosistemas, nº 16, 1996, pág. 48.
7 Citado por Ros, J. El
agua: perspectiva ecológica. Barcelona: Programa de Formación
Ambiental de AGBAR, AGBAR/ERF, 1997, nº 15.
8 Agencia Europea del Medio
Ambiente. La Aplicación y la Efectividad de los Impuestos Ambientales.
Barcelona: Institut Català de Tecnologia/Centre d'Estudis d'Informació
Ambiental, 1997, pág. 21-22. Para los criterios generales, véase
Roca, J. «Fiscalitat ecològica: introducció i aspectes
generals». En: Esquerrà, J.; Oltra, E.; Roca, J.; Tello, E.
[coords.]. La fiscalitat ambiental a l'àmbit urbà..., op.
cit., pág. 13-27; y también, Fiscalidad ambiental y «reforma
fiscal ecológica". Bilbao: Cuadernos Bakeaz nº 27, 1998.
9 Para los aspectos jurídicos
y normativos véase Perdigó, J. «La tarifa del servicio
de suministro domiciliario de agua en el área metropolitana de Barcelona».
En: Esquerrà, J.; Oltra, E.; Roca, J.; Tello, E. [coords.]. La
fiscalitat ambiental a l'àmbit urbà..., op. cit., pág.
159-192.
10 Propuesta de Directiva
del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas, presentada a la Comisión
el 15/4/1997 y publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
nº C184/20 el 17/6/1997.
11 Tal como afirma Bernard
Barraqué, en el conjunto del ámbito europeo la repercusión
completa de los costes sobre los precios tarifados es más un objetivo
al que tender que una realidad inmediata: «la experiencia histórica
muestra claramente la dificultad de aplicar este tipo de políticas
en las fases expansivas del ciclo de desarrollo de las redes, en las que
el servicio tiene que ser de alguna manera racional. La aplicación
rígida y literal del full cost pricing se ve moderada en todos los
países europeos por formas más o menos ocultas de subvención
que se producen en el interior del sistema hídrico." («Sostenibilitat
i gestió dels recursos hídrics: el projecte Eurowater».
En: La fiscalitat ambiental a l'àmbit urbà..., op. cit.,
pág. 126). Lo mismo constata A. Massarutto: «el problema que
vemos en todas las situaciones es el de encontrar algún tipo de
compromiso entre la aplicación rigurosa del principio «quien
usa paga» – según el cual la tarifa de cada usuario tendría
que calcularse sobre la base del coste marginal que él impone a
la infraestructura colectiva – y la necesidad de aplicar algún tipo
de solidaridad para suavizar las desigualdades que este principio produciría".
(«La situació tarifària dels serveis hídrics
a Europa», ídem, pág. 148).
12 Lo confirma hasta el
estudio de Agbar, El preu de l'aigua a diferents ciutats europees. Año
1997, Barcelona, 1998 (véase resumen en Tello, E. «Tarifes
i taxes en el cicle de l'aigua». En: La fiscalitat ambiental a l'àmbit
urbà..., op. cit., pág. 107). Para la noticia de otros estudios,
donde Barcelona siempre figura como el agua más cara, véase
El País de 8/2/1998 y 4/9/1999.
13 Roca, J.; Tello, E.
L'evolució dels preus de l'aigua domèstica a l'àrea
metropolitana de Barcelona del 1990 al 2000, Entitat Metropolitana de Barcelona,
1999, pág. 8.
14 Según un estudio
comparativo de las tarifas del agua referido al año 1993, sin contar
los costes de saneamiento, que pasan por los presupuestos públicos,
el porcentaje del presupuesto familiar destinado a la factura del agua
era del 0,4% en Italia y Bélgica, el 0,6% en Francia, el 0,7% en
Suecia, el 0,8% en Alemania y el 1% en Austria (citado en Arrojo, P.; Naredo,
J.M. La gestión del agua en España y California, Bilbao,
Bakeaz/MAB/Coagret, 1997, pág. 85-86). Se pueden tomar como indicación
general, pero no son estrictamente comparables a los citados en el texto.
Tal como argumenta el estudio de Agbar antes mencionado, hay tantos condicionantes
diversos en los precios del agua que éstos sólo son comparables
cuando se adoptan unos supuestos metodológicos coherentes y comunes
para todos los casos.
15 Anuari Estadístic
de la Ciutat de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona, 1996, pág.
414. El consumo doméstico de agua en la ciudad de Barcelona no es
comparativamente exagerado, a pesar de poder reducirse todavía con
medidas de ahorro y eficiencia. Fue de 49,3 m3 por habitante y año
en 1996. En 1991 había 576.640 viviendas principales –sin contar
segundas residencias-, que para una población actual de 1.508.805
habitantes representa unas 2,6 personas por vivienda. Si consideramos que
cada vivienda corresponde a una familia, el consumo familiar de agua fue
como media de 129 m3 en el año 1996. Toda el agua consumida en Barcelona,
contando los consumos de la industria y los servicios, era de 76,7 m3 por
habitante (Anuari Estadístic..., op, cit., pág. 50, 409 y
457). Esta última cifra, equivalente a 210 litros de agua facturada
por persona y día, es inferior al valor guía máximo
de 250 l/h/día que propone Narcís Prat en su propuesta alternativa
al actual Plan Hidrológico de las cuenca internas de Catalunya (Prat,
N. «Planificar l'aigua i oblidar-se de la vida». En:. Borràs,
A. [et al.]. Ecologia i territori a Catalunya. Bellaterra: Acció
Ecologista/UAB, 1996, pág. 15-30). Añadiendo las pérdidas
de la red de suministro –una parte son pérdidas físicas y
otra subcontaje-, Anna Prat estima en 1997 un suministro de 276 l/h/día
y un consumo real de 225 l/h/día, de los que 135,3 son para consumo
doméstico, 14,3 para riego, y 60,3 para usos comerciales e industriales
(Barracó, H.; Parés, M.; Prat. En.; Terradas, J. Barcelona
1985-1999. Ecologia d'una ciutat. Ayuntamiento de Barcelona, 1999, pág.
85). Sin llegar a plantearse reducir los consumos per cápita, el
esbozo en curso de aprobación de la futura Agenda 21 de Barcelona
prevé una reducción de las extracciones del Ter de 28 hm3/año
–cerca de un 20% del consumo, y un 14% del abastecimiento-, sólo
aumentando el aprovechamiento de las aguas subterráneas (23 hm3/año,
quince potabilizados y siete para usos no potables), la reutilización
de aguas depuradas (4 hm3/año) y el aprovechamiento de aguas pluviales
(1hm3/año): Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Agenda 21 de Barcelona. Documento preparatorio, Ayuntamiento de Barcelona,
junio de 1999, pág. 27.
16 La comparación
entre el gasto de agua y el escolar resulta muy pedagógica para
la nueva cultura de la sostenibilidad. Nadie tendrá más hijos
porque la enseñanza sea gratuita, pero la gratuidad o un excesivo
abaratamiento del agua son una clara inducción a despilfarrarla.
Véase Tello, E. «Por qué la escuela debe ser gratis
y el agua no». En: Pie de Paz, nº 50, 1999, pág. 84-88.
17 Roca, J.; Tello, E. L'evolució
dels preus de l'aigua doméstica a l'àrea metropolitana de
Barcelona del 1990 al 2000. op. cit., pág. 9.
18 Aproximadamente el 62%
de los hogares de la región metropolitana tenían en 1991
menos de cuatro miembros, un 23% tenía cuatro, y sólo un
15% más de cuatro. En lo relativo a la población, un 42%
vivía en viviendas de menos de cuatro miembros, un 31% las compartían
entre cuatro personas, y sólo el 27% convivía en hogares
de cinco o más personas. En la comarca del Barcelonès el
porcentaje de hogares numerosos todavía era más pequeño.
(Patronat Municipal de l'Habitatge. Les necessitats d'habitatge a la regió
metropolitana de Barcelona. Qüestions d'habitatge núm 4. Barcelona:
junio de 1999, pág. 9 y 25).
19 Según ATLL, «las
tarifas del sistema no tienen que depender únicamente de los volúmenes
de agua trasvasados. Como ya se ha indicado, no tenemos que aceptar la
calificación de la operación como una venta de agua sino,
por el contrario, proponer la constitución de un servicio público
de abastecimiento a poblaciones. Desde esta perspectiva, la infraestructura
proyectada tiene que cumplir, en cualquier caso, una función de
garantía del suministro al servicio público de abastecimiento
en alta, función que no precisa que se proceda en todo momento a
la presentación efectiva y al consumo de todo el volumen de agua
para el que se ha dimensionado la infraestructura. Por lo tanto, se trata
de fijar una cuota de tarifa que podríamos calificar de garantía,
cuya meritación sería independiente de la disposición
efectiva de los caudales consumidos en cada momento. Entonces es obvio
que una parte de la tarifa de la prestación del servicio público
tendrá que ser independiente del consumo efectivo y tendrá
que vincularse exclusivamente al hecho de que la entidad territorial destinataria
disfrute de la garantía y la seguridad que le ofrece el abastecimiento
transnacional (cuota fija o de servicio)"; ATLL L'abastament d'aigua a
les comarques de l'entorn de Barcelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya/ATLL,
1999, pág. 87. El citado informe de ATLL habla de unos gastos variables
de 31,2 ptas./m3 (pág. 77), mientras fuentes de la CONFAVC cifran
el encarecimiento en 70 ptas./m3 (Gasull, J., op. cit., pág. 214).
Hay que tener presente que el estudio de ATLL «parte de un nivel
de subvención de capital del 50% de la inversión en la parte
de Catalunya, dado que el carácter de interés general del
proyecto» (op. cit., pág. 66). Lo que quiere decir que al
coste repercutido sobre las tarifas de los usuarios habría que sumar
el soportado como contribuyentes.
20 Estevan, A. «Las
nuevas técnicas de gestión integral de la demanda eléctrica
y su aplicación a la economía del agua». En: Naredo,
J. M. [ed.]. La economía del agua en España, op. cit., pág.
103-120. Para una visión general referida a muchas más actividades:
von Weizsäcker, E. U.; Lovins, L. H.; Lovins, A B. Factor 4.
Duplicar el bienestar con la mitad de los recursos naturales. Informe al
Club de Roma. Barcelona: Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores,
1997 (Amory Lovins y sus colegas del Rocky Mountain Institute en Colorado
fueron los iniciadores de la nueva filosofía de la gestión
de la demanda en la planificación eléctrica, y los inventores
del concepto de negawatt).
21 El estudio de ATLL a
favor del transvase del Ródano considera económicamente inviable
una reducción de los consumos de agua por vivienda modificando los
dispositivos actuales (lavabo, grifos, duchas, etc.) que, supuestamente,
«podría costar un mínimo de 100.000 pesetas por vivienda»
(L'abastament d'aigua a les comarques de l'entorn de Barcelona. Barcelona:
Generalitat de Catalunya/ATLL, abril de 1999, pág. 35). Sin embargo,
el coste del acueducto del Ródano se estima en el mismo estudio
a la baja en 150.000 millones de pesetas (y la experiencia demuestra reiteradamente
que en este tipo de obras siempre hay desviaciones presupuestarias). Sólo
el canal Segarra-Garrigues está presupuestado en 164.000 millones,
sin contar la presa de Rialb ya construida (El Periódico de Catalunya,
28/9/1999). En 1996 había en la región metropolitana de Barcelona
1.465.900 hogares familiares, donde vivían 4.228.948 personas. Según
esto, invertir 100.000 pesetas en cada hogar para ahorrar agua costaría
una cifra equiparable al transvase del Ródano o el canal Segarra-Garrigues.
¿Por qué una opción se considera viable económicamente
y la otra no?
22 Para el debate urbanístico
entre la dispersión metropolitana y la apuesta alternativa para
un sistema de ciudades plurifuncionales que mantengan internamente su diversidad,
compactividad, accesibilidad y calidad socioambiental, véase el
nº 22 de Medio Ambiente. Tecnología y Cultura; el catálogo
de la exposición La ciutat sostenible (Centre de Cultura Contemporània/Diputació
de Barcelona, 1998); y el libro de Rueda, S. Ecologia urbana. Barcelona
i la seva regió metropolitana com a referents. Barcelona: Beta Editorial,
1995.
23 Prat, N. «Planificar
l'aigua, oblidar-se de la vida», op. cit.; y también «Retos
para la conservación de los ríos». Ecosistemas, nº
20/21, pág. 42-47. Hay que recordar que las asociaciones de vecinos
vanguardistas de la guerra del agua proponen cien litros por persona y
día como lindar básico de consumo doméstico. El propio
estudio de ATLL subraya que las nuevas demandas latentes se originan particularmente
en «las comarcas del Alt Penedès, de la Anoia, del Garraf,
del Maresme Nord y de la zona costera de la Selva, actualmente no conectada
a la red nacional, así como los incrementos fuertes del Maresme
Sud y el Vallès Oriental", mientras «la comarca del Barcelonès
no generaría ninguna demanda latente en la red regional". (L'abastament
d'aigua..., op. cit., pág. 17). También señala que
«el incremento de la demanda del mes de julio es casi el triple que
la media mensual de este incremento» (pág. 16). Éstos
tendrían que ser, justamente, los objetivos prioritarios de una
gestión de la demanda que combinase unas tarifas progresivas con
la oferta de ayudas y bonificaciones a la inversión en ahorro y
reutilización. Las tarifas y los tributos también podrían
ser variables según la escasez relativa de los meses del año,
y según la pluviosidad o sequía de cada año. Se da
la paradoja de que los consumos por habitante son más altos donde
las viviendas tienen más capacidad de aprovechar las aguas pluviales,
o espacio para instalar sistemas domésticos de reutilización.
24 Junta de Saneamiento.
Memòria d'activitats 1998. doc. cit., pág. 43 y 47. Actualmente
sólo se reaprovecha el 3,75%, pero la propia Junta de Saneamiento
considera que las demandas existentes permitirían reciclar hasta
un 41% de los 693 hm3/año de caudales depurados (pág.
47): es decir, 283 hm3/año. De éstos, 95 hm3/año se
quieren utilizar por caudal ecológico –especialmente en el Llobregat-,
y hasta 63 hm3/año servirían para el riego agrícola
de suelo ya regado, substituyendo a otros recursos. También se prevé
dedicar hasta 14 hm3/año a campos de golf, que podrían tener
un destino más sensato.
25 Prat, N. «Planificar
l'aigua...», op. cit., pág. 16-17,yATLL. L'abastament d'aigua
a les comarques de l'entorn de Barcelona, op. cit., pág. 12. En
las cuencas internas los usos agrícolas representan el 29%, y el
turismo el 5% restante.
26 de Gispert, C.
«El tributo de saneamiento sobre las aguas residuales en Catalunya».
En: Esquerrà, J.; Oltra, E. ; Roca, J.; Tello, E. [coords.]. La
fiscalitat ambiental a l'àmbit urbà..., op. cit., pág.
205.
27 Junta de Sanejament.
Memòria d'activitats 1998, op. cit., pág. 51-58.
28 ATLL. L'abastament d'aigua...,
op. cit., pág. 12-17.
29 Prat, N. «Planificar
l'aigua i oblidar-se de la vida», op. cit., y La gestió de
l'aigua a Catalunya a la ratlla del 2000 (ponencia presentada en la IV
Mostra de Cultura Ecològica en Altafulla en julio de 1999, en curso
de publicación). ATLL cita el mismo estudio, pero reduce el potencial
de ahorro industrial dentro de su sistema de abastecimiento a 20 hm3/año
(L'abastament d'aigua a les comarques de l'entorn de Barcelona, op. cit.,
pág. 34-35).
30 de Gispert, C. Tarificació
i tributs sobre l'aigua: aproximació a la demanda d'aigua d'ús
industrial. Junio de 1999 (trabajo inédito presentado al Departament
d'Hisenda Pública de la Universidad de Barcelona).
31 Naredo, J.M.; Gascó,
J.M. Spanish Water Accounts, OECD, Environmental Policy Commitee. París:
ENV/EPOC/SE/A(94)2, 1994 (citado por Sumpsi, J.M. «Efectos de las
políticas tarifarias sobre la demanda de agua, renta agraria y recuperación
de costes de la agricultura de regadío en España».
En: Arrojo, P. [et al.] [eds.]. Hacia una nueva cultura del agua. El agua
a debate desde la Universidad. Zaragoza, 1998, pág. 351-367).
32 Genovés, J.C.;
Avellà, L.; García, M. «Precios, costos y uso del agua
en el regadío mediterráneo». En: Arrojo, P. [et al]
[eds.]. Hacia una nueva cultura..., op. cit., pág. 245-247.
33 López-Sanz, G.
«El regadío en la Mancha occidental y el Campo de Montiel».
En: López-Gálvez, J.; Naredo, J.M. [eds.]. La gestión
del agua de riego. Madrid: Fundación Argentaria/Visor, 1997, pág.
84; Arrojo, P.; Bernal, E. «El regadío en el valle del Ebro».
En: López-Gálvez, J.; Naredo, J.M. [eds.]. La gestión...,
op. cit., pág. 172-174.
34 Corominas, J. «Los
regadíos de Andalucía después de la sequía
y ante la Agenda del 2000». En: Arrojo, P. [et al.] [eds.].
Hacia una nueva cultura..., op. cit., pág. 260-261.
35 Barragán, J.;
Cots, L.; Montserrat, J. «Evaluación de los regadíos
y mejora de su eficiencia». En: Arrojo, P. [et al.] [eds.].
Hacia una nueva cultura..., op. cit., pág. 213-216.
36 Naredo, J.M. «Problemática
de la gestión del agua en España». En: Naredo, J.M.
[ed.]. La economía del agua en España, op. cit., pág.
19
37 Una posibilidad sería
establecer un feebate o rebate, en lugar del canon hidráulico. Esta
nueva figura de la fiscalidad ecológica comporta que todo aquello
que pagasen las explotaciones agrarias se les retomaría en forma
de ayudas, subvenciones o bonificaciones a la mejora del regadío.
El impuesto sería completamente neutral, sin aumentar globalmente
la presión fiscal soportada por el sector agrario. Para el concepto
feebate o rebate, véase von Weizs_cker, E. U.; Lovins, L. H.; Lovins,
A B. Factor 4. Duplicar el bienestar con la mitad de los recursos naturales,
op. cit., pág. 260-263.
38 Arrojo, P. «El
Banco de Aguas de California». En: Arrojo, A P.; Naredo, J.M. La
gestión del agua en España y California, op. cit., pág.
129-135. Hay que insistir en que se trata de un mercado público
democráticamente regulado, no de la substitución pura y simple
de la planificación pública para las transacciones privadas
en un mercado como propone J.C. Vergés en su «marxa enrere
en el socialisme d'estat» (en Una política económica
para el agua. Madrid: Círculo de Empresarios, 1998).
39 El Banco de Aguas de
California se creó precisamente como respuesta a las sequías
de finales de los años ochenta. Puede parecer contradictorio que
los campesinos vendan una parte de sus dotaciones de agua –nunca la totalidad,
para evitar que se conviertan en aguatenientes que abandonan la actividad
agraria- justo los años que menos llueve. Pero sólo lo es
para el que no entienda la diversidad agraria y la adaptabilidad intrínseca
de un sistema de riego compensatorio, o de soporte. A la vista de los rendimientos
económicos obtenidos por metro cúbico, es evidente que las
compras de agua para usos urbanos pueden compensar con creces la reducción
en la producción de los cereales o los olivares que esos años
pasarían a secano. La metodología para escoger la mejor opción
para obtener una garantía de suministro es, como en la gestión
de la demanda eléctrica, la del least cost planning (Arrojo, P.;
Naredo, J.M. La gestión..., op. cit., pág. 103-106). Sin
embargo ATLL sigue enfocando el problema de la garantía de suministro
desde la vieja cultura de la oferta (L'abastament d'aigua a les comarques
de Barcelona, op. cit., pág. 22-32).
40 Para los aspectos jurídicos
del acueducto del Ródano, y la necesidad de firmar un tratado internacional
de cesión de aguas, véase ATLL. L'abastament d'aigua a les
comarques de Barcelona, op. cit., pág. 80-90.
41 Naredo, J.M. «Elección
económica versus «guerras del agua"». En: Problemática
de la gestión del agua en España, op. cit., pág. 19-25;
y también «Enfoques económicos y ecológicos
en la encrucijada actual de la gestión del agua en España».
En: Arrojo, P.; Naredo, J.M. La gestión del agua en España
y California, op. cit., pág. 151-185.
42 Dickinson, M.A. Water
Conservation in the United States: A Decade of Progress, ponencia presentada
en la Conferencia Internacional sobre Eficiencia del Agua en las Ciudades
celebrada en Zaragoza el 20 de enero de 1999.
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