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| Foro de debate | Núm. 25 - enero 2000 | ||
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Una entrevista de Lluís Reales
Marta
Lacambra
Directora de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
"La nueva ley supone una nueva manera de realizar y planificar la gestión del agua"
Marta Lacambra es economista de formación. Antes de incorporarse a la administración dio clases de macroeconomía en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y en Esade. Dentro del ámbito público ha acumulado una gran experiencia a partir de su paso por diversos departamentos de la Generalitat de Catalunya. En su etapa en el Departamento de Enseñanza participó en la elaboración del Mapa Escolar de Cataluña. Más adelante, ejerció como secretaria general en el Departamento de Cultura y desde 1996 ocupa el mismo puesto en el Departamento de Medio Ambiente. Comisionada para impulsar la Ley del Agua – los dos intentos anteriores habían fracasado-. Lacambra ha desempeñado un papel clave en la creación de la nueva legislación, en el diseño de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Un nuevo marco legal que resuelve el famoso conflicto del recibo del agua.
A la tercera va la vencida. ¿Qué ha posibilitado en esta ocasión lograr el consenso político necesario para aprobar una ley tan importante para el país?
Efectivamente, el primer intento para llevar a cabo una Ley de Agua surgió en la etapa de los ex consellers Cullell y Roma; más tarde lo intentó el actual conseller de Economía y Finanzas Artur Mas. A la tercera va la vencida, pero han sido decisivos tanto el contexto como la filosofía con que se ha elaborado el proyecto. Nos ha ayudado mucho el hecho de que en Europa ya circulase el anteproyecto de lo que podría ser la nueva directiva, que se ha planteado de tal manera que unifica la gestión del ciclo del agua. Esta orientación rompe la dicotomía tradicional que enfrentaba al bloque constructivista hidráulico con el planteamiento ambientalista y centrado en el saneamiento de las aguas.
Por lo tanto, el punto de partida común ha sido la nueva política de Bruselas.
El proyecto legislativo catalán ha partido de la directiva europea, decisión que ha sido un acierto. Se trataba de un nuevo enfoque que ofrecía muchas posibilidades de cambiar radicalmente el planteamiento a la hora de enfocar la política del agua. De hecho, tanto los representantes políticos como los grupos sociales y las organizaciones ciudadanas vinculadas al conflicto del recibo del agua entendieron que la directiva era novedosa y diferente respecto a planteamientos anteriores. Había un terreno común para trabajar conjuntamente.
¿Hasta qué punto ha sido decisiva la participación e implicación de todos los agentes sociales vinculados?
Ha sido un factor esencial y a la vez el elemento que explica el alto grado de satisfacción alcanzado por el grupo de trabajo. El éxito en la fórmula de desarrollo de la ley se explica porque íbamos consolidando espacios de confianza. Y esta metodología de trabajo ha hecho que sea posible cumplir los compromisos adquiridos con el Gobierno de la Generalitat.
¿Cuáles eran exactamente estos compromisos?
En primer lugar, establecer
un único interlocutor en el ámbito de la administración
del agua en Cataluña. La ciudadanía agradece, sea en el tema
que sea, un único interlocutor que le hable de la globalidad de
un determinado problema y que le proporcione una solución global.
Por lo tanto, el hecho de plantearse cómo unificar la administración
del agua en Cataluña era un objetivo prioritario, y se ha conseguido.
En segundo lugar, se quería
reformar la Ley de Aguas del año 1985. Una cuestión pendiente
era clarificar el rol que desempeñaban las diferentes administraciones
en la gestión de los recursos hídricos. Sin duda, el nuevo
marco legislativo tenía que abordar el ciclo del agua desde el punto
de vista del saneamiento y el abastecimiento, pero, por otra parte, había
que clarificar la competencia en la materia de cada una de las administraciones.
Se ha aplicado el principio de subsidiariedad, es decir, en la medida de
lo posible todo se hará en el nivel más cercano a los ciudadanos.
Por lo tanto, la Administración local tiene un protagonismo central en la nueva ley...
Efectivamente, la ley le otorga un gran protagonismo a nivel local y también establece mecanismos para que las entidades supramunicipales organicen su ciclo del agua. El tercer punto consistía en el hecho de que teníamos que resolver el conflicto del recibo del agua. Si hubiésemos unificado la administración hidráulica y clarificado las competencias entre la administración autonómica y la local sin desactivar este conflicto, la percepción habría sido de fracaso. Con la nueva ley, el ciudadano ve claramente cuáles son los costes vinculados a la gestión del agua dado que se unifica y se realiza de forma eficiente.
¿Cuáles han sido las instituciones y los grupos que han participado en el proceso de elaboración de la ley?
Han sido muchos. El Ayuntamiento
de Barcelona, la Entidad metropolitana, la Federación de Municipios,
la Asociación de Municipios, los Jóvenes Agricultores, las
Comunidades de Regantes de Urgell, del Ebro, Fomento de Trabajo, las Cámaras
de comercio, los sindicatos, la Federación de Asociaciones de Vecinos
de Barcelona, la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña,
Aguas de Barcelona (Agbar)...
Celebramos casi 350 reuniones
de trabajo, y puede afirmarse que todos los grupos vinculados directa o
indirectamente a la cuestión del agua han sido escuchados y pueden
sentirse partícipes de la ley. Creo que hemos conseguido un mínimo
común denominador que clarifica los ejes centrales de la ley.
¿Cuáles son?
Definir la administración hidráulica, establecer los ejes de planificación, planificar el estudio de las cuencas, establecer el nuevo canon del agua y definir el reglamento de saneamiento una vez construidas casi 300 depuradoras en el conjunto de Cataluña. Sin embargo, creo que todos hemos quedado muy satisfechos del diseño de las Entidades Locales del Agua (ELA). Repito, porque lo considero clave en el proceso de elaboración legislativa, que el establecimiento de un marco básico de acuerdo y unas reglas de juego basadas en la confianza entre todos los grupos implicados han hecho posible la nueva ley.
Pero hay sectores, como las comunidades de regantes, que tienen unos puntos de vista diferentes...
Es cierto que el punto de vista de las comunidades de regantes muchas veces se acaba limitando al hecho de si el agua se paga o no se paga. Las cosas son mucho más complejas: no se trata sólo de quién paga tributos, sino también de cómo se usa el agua, a partir de qué títulos y qué derechos. Las comunidades de regantes tienen una larga tradición y es muy importante que compartan y expliquen sus puntos de vista.
Los tiempos cambian y hay que adoptar las tradiciones a los nuevos tiempos...
Cierto, pero la situación de las comunidades de regantes en Cataluña es muy parecida a la del resto de España y de Europa. El primer paso para la modernización –que ya se ha dado- es identificar unos interlocutores y establecer un clima de confianza con el resto de los agentes sociales.
Volvamos a la ley, ¿cuáles son sus principales aportaciones respecto a la situación anterior?
La creación de las
ELA es fundamental, ya que mejorará mucho la coordinación
y la toma de decisiones. Los interlocutores y los órganos decisorios
están claramente identificados. Ya sea sobre el tema de las aguas
limpias, sobre las minicentrales o sobre cualquier otro, la ley establece
una nueva forma de trabajar que contempla cualquier problemática
a partir del ciclo del agua.
La política de planificación
es otro aspecto que mejorará notablemente con la ley. En los últimos
veinte años, la política de planificación ha estado
muy compartimentada. Se han puesto en marcha planes de abastecimiento,
de regadíos, de saneamiento, diversos estudios sobre el entorno
metropolitano, pero no se han impulsado estudios pormenorizados sobre concesiones,
derechos, autorizaciones, etc... En cambio, la ley introduce una nueva
manera de hacer y planificar, ya que se planifica cada cuenca, y a partir
de ésta se diseña el programa de medidas concretas.
¿Y posteriormente se realiza un análisis global?
En primer lugar se analizan todos los ríos: el Llobregat, el Fluvià, el Muga, el Francolí, etc... La ley establece que hay que conocer la suma de todos los caudales, los diferentes usos en los diferentes tramos y cuáles son los establecimientos de cada tramo, así como los agentes vinculados a cada uso. Sin embargo, hay que establecer los caudales disponibles. Finalmente se llega a una suma y a la reserva de caudales ecológicos. El siguiente paso es proponer cuáles son los índices de calidad que se quiere preservar para cada uno de los tramos.
La información integrada y de calidad se convierte en el eje central de la planificación...
Efectivamente. El sistema de información es la base para establecer los nuevos planes de saneamiento, los plantes de reutilización y los planes de caudales ecológicos.
Todo este trabajo requiere muchos recursos. ¿Cuál es la filosofía del canon del agua?
El ingreso que tiene que permitir todo este proceso está diseñado como un impuesto ambiental. Además, en el ámbito doméstico, regula el cobro a partir de un tramo que se considera vital. Por lo tanto, el canon incorpora una cierta sensibilidad para el ahorro, la racionalidad y la eficiencia. Quiere transmitir que resulta más fácil y menos costoso mantener que limpiar.
Nada que ver con la famosa máxima: "quien contamina, paga"; se trata de compensar a quien ahorre...
Exacto. La ley en su conjunto está enfocada a limitar la demanda. Se pretende que todos los sectores –industrial, agrícola, ganadero y doméstico- incorporen la filosofía del ahorro.
¿Podría haber sido la ley más atrevida en lo relativo al sector primario?
Posiblemente sí. En
cualquier caso, creo que la ley cambiará cosas en los estatutos
de las comunidades de regantes. Un ejemplo es el Canal del Urgell. Desde
el momento en que se plantean unos estatutos en los que la cooperación
entre los diferentes comuneros está en función de los metros
cúbicos consumidos y no de las hectáreas por regar, esto
implica que hay una cierta percepción de que lo importante es consumir
lo menos posible. No pueden cambiarse las cosas de la noche a la mañana,
pero estoy convencida de que la directiva europea, por una parte, y la
nueva legislación en Cataluña, por otra, dibujan un nuevo
panorama también para el sector primario. No olvidemos que la nueva
política agraria común definirá un nuevo escenario
en el que el campesinado europeo pagará por el agua que consuma.
La
ACA tiene mucho trabajo por delante. ¿Cómo se organiza estructuralmente?
Desde el primer momento nos planteamos que no queríamos que la nueva administración fuera la suma de la Junta de Aguas y de la Junta de Saneamiento. El diseño de la Agencia catalana del agua responde a su objetivo: ejecutar las competencias que establece la Ley de gestión y ordenación del agua. Se ha establecido un área de planificación, otra de dominio público hidráulico, también una de inspección y control, una de ingresos y finalmente un área técnica para poder dar la mejor respuesta a las necesidades de planificación, para la constitución de las ELA y, en definitiva, para aplicar la ley de la manera más eficiente.
¿Simplificación y criterios de calidad?
Y también un compromiso de la Administración con el usuario. Desde el primer momento, hemos querido que la ACA proporcione el servicio más ágil en el menor tiempo posible. En este sentido, nos planteamos la gestión de la información como un aspecto clave de la ACA. Los tres grandes retos son el establecimiento de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para cada cuenca; los aspectos de coordinación, y la gestión de un nuevo canon capaz de adaptar la cuota en función del número de usuarios que depende del contador.
Retos nada fáciles...
No, no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos casos la información la proporciona la entidad suministradora. Las entidades suministradoras también tendrán que adaptarse a la nueva realidad.
¿De qué recursos humanos y económicos dispondrá la ACA?
Incluirá el personal de la Junta de Aguas y el personal de la Junta de Saneamiento. Los recursos económicos provienen del canon de infraestructuras hidráulicas, de los fondos europeos y de las aportaciones del Estado. De hecho, la fuente de ingresos no cambia sustancialmente. La modificación radica en el hecho de que las dos figuras tributarias existentes pasan a ser una sola: el canon del agua.
¿Y la gestión más política?
Hay tres órganos.
El Consejo de Dirección, que es un órgano político
donde están representados los Departamentos de la Generalitat que
tienen una relación directa o indirecta con la gestión del
agua. Son Agricultura, en lo que respecta al tema de los riegos; Industria,
con el tema de las minas; Sanidad, en relación con la salubridad
de las aguas; y Gobernación, en cuanto a la ordenación del
territorio. Después hay un órgano de gestión y ejecución,
con responsabilidad mercantil. En el Consejo de Administración están
representados los diferentes usuarios del agua, desde los regantes a las
entidades industriales.
En relación con el
uso doméstico, la representación se establece localmente.
La novedad es el Consejo del Uso Sostenible.
¿Es una especie de consejo asesor?
Exacto, pero un consejo asesor que tendría que encontrar un punto en común para comenzar un proceso de trabajo. Hay una parte de información que todavía es muy importante compartir, porque los usuarios del agua siguen organizados en diversos grupos. Hay pocos entornos en los que se comparta esta información. La filosofía y el espíritu de la nueva ley exige trabajar en red.
¿Cómo se imagina la ACA dentro de unos años?
La evolución de nuestra
sociedad está determinada por dos vectores: Europa y el ciudadano.
Por lo tanto, el eje de la ACA será un servicio ágil y de
calidad para el ciudadano. Para conseguirlo, tendrá que disponer
de información sistematizada y de calidad. Europa no tardará
en establecer cuáles son los sistemas de información comunes
para determinar los usos hídricos, los requisitos de calidad y los
niveles de vertidos permitidos. De aquí a diez años me imagino
una sociedad de la información en la que el agua será una
cuestión absolutamente estratégica y, por lo tanto, las instituciones
públicas tendrán que estar muy al tanto de todo •
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