Foro de debate	Dános tu opinión	Ver otras opiniones	Número 23 - abril 1999

Editorial
Celulosa, cemento y cable

El territorio, el paisaje de un país es dinámico, evoluciona constantemente. El clima, la geografía, los cambios sociales, culturales y económicos, todo influye en la constante renovación del entorno. Sabemos que en Cataluña llueve poco, la topografía es irregular y los suelos son escasos. También sabemos que la actividad productiva característica del sector primario ha perdido peso. Desaparecen campesinos, se modifica el paisaje y muchas comarcas envejecen o pierden población. Sin embargo, el abandono del mundo rural aumenta el peligro de incendios, como ya han experimentado muchas zonas de Cataluña.
Si el bosque no es rentable, no hay recursos para gestionarlo. El resultado es la expansión de la masa forestal por todo el territorio. La celulosa ha colonizado Cataluña, un hecho relevante en cuanto a los riesgos de incendios. Otro fenómeno, más complejo pero que ha dificultado aún más plantearse seriamente la gestión de los bosques y montañas del país, es la presión urbanística por ocupar áreas forestales. Como cuenta Martí Boada en la conversación-entrevista que ha mantenido con “Medi Ambient. Tecnologia i cultura”, ninguna cultura se había atrevido a poner tanto cemento y ladrillo dentro del bosque. Un fenómeno que quizás no es irreversible, pero que sí tiene y tendrá unos costes ecológicos millonarios para el conjunto del país.
Sabemos que la población de las tierras del interior envejece, que hay celulosa por todos lados, que hay una cultura de la urbanización que reparte el cemento y el mal gusto a diestro y siniestro y que, por si fuera poco, los espacios rurales, en proceso de transformación, tienen una rentabilidad ínfima desde el punto de vista del negocio forestal tradicional.
¿Pero el escenario es tan negro como se acostumbra a pintar o existen atisbos de esperanza?
Sin duda alguna la gran prioridad son unas políticas públicas imaginativas que vuelvan rentable la gestión del bosque. Ciertamente, no en sus usos tradicionales sino renovados. Se trata de convertir el bosque en referencia cultural para los ciudadanos y que al mismo tiempo sea rentable para sus propietarios. Es el fomento del ecoturismo, el agroturismo, el turismo cultural.
Complementariamente, el entorno rural, en la nueva sociedad del conocimiento, tiene muchos números para convertirse en espacio protagonista. Cableados y conectados, ya no es tan importante dónde se vive,  dónde se trabaja, dónde se genera el conocimiento. Algunas experiencias –como el Centre d’Art i Natura, que se explica detalladamente en esta publicación– son el embrión, creemos, del desembarco de algunos emprendedores sociales y digitales en las tierras del interior. En definitiva, ahora tenemos demasiada celulosa y demasiado cemento, y parte del futuro del interior del país pasa por la llegada del cable. Es una de las estrategias, tal vez la principal, para evitar la fractura territorial de Cataluña •

Lluís Reales
Director de  Medi Ambient. Tecnologia i cultura
 
 

El bosque mediterráneo en el siglo XXI
Eduardo Rojas
Dr. Ingeniero de Montes, profesor asociado de la Universidad de Lleida-Centro Tecnológico Forestal de Catalunya

La evolución de los bosques mediterráneos, condicionada por la transformación del marco socioeconómico, requiere un nuevo paradigma basado en la preeminencia de las externalidades y su regulación a través de instrumentos de simulación de mercado.  Complementar los indicadores económicos convencionales con nuevos criterios favorecería un comportamiento ambiental más ajustado de todos los agentes sociales y una valoración más realista de la aportación de los bosques al bienestar social. Para internalizar las externalidades de los bosques se proponen la reversión de ecotasas, y la creación de mercados a través de la redefinición de los derechos de propiedad.

A lo largo de la prolongada civilización que ha morado al amparo de las privilegiadas condiciones ambientales de las costas mediterráneas, los espacios forestales se han visto sometidos a profundos cambios que han supuesto su desaparición en unos casos (las mejores tierras), mientras que en otros su modificación ha consistido en la conducción de los procesos naturales hacia aquellos modelos más útiles a las condiciones socioeconómicas de cada momento.
Así, los espacios forestales han devenido la principal fuente de energía hasta la accesibilidad horizontal de las energías fósiles con la implantación del ferrocarril a finales del siglo XIX, pastizales extensivos y recurso de tierras marginales que de acuerdo con las necesidades se cultivaban o abandonaban. Las “artigues” o “shifting cultivation” son el ejemplo más palpable de este uso-reserva de los espacios forestales y su intensificación la principal causa inmediata de la actual desaparición de los bosques tropicales húmedos. Junto a estos usos básicos, ha habido múltiples más complementarios como la madera para la construcción –insustituible hasta principios del siglo XX–, resinas, corcho, plantas medicinales, miel, y un largo etcétera.
Hasta el hundimiento del modelo anterior, los bosques mediterráneos se caracterizaban por una multiplicidad de productos que se solapaban en el espacio y en el tiempo. Ello llevaba a unos derechos de la propiedad, frecuentemente comunales, solapados y a veces confusos.

Una introducción histórica

Este modelo, que fue común a todo el Continente y el norte de África, llevó al práctico exterminio de los bosques en algunas zonas (fachada occidental). En el Mediterráneo, sin embargo, las formaciones abiertas (dehesas y montados) en el extremo occidental y la extremada orografía que caracteriza los países ribereños, junto a la predominancia de la agricultura como forma de colonización del territorio frente a la ganadería característica de la fachada atlántica, permitió la conservación de suficientes retales de la vegetación original para que ésta pudiese recolonizar las tierras marginales abandonadas desde estos baluartes, en algunos casos de forma espectacular  una vez desaparecida la fuerte presión a que se veían sometidas y que tuvo su punto culminar entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX.
Una vez permeabilizadas las múltiples barreras internas naturales  que tan singularmente caracterizan la geografía ibérica , primero por el ferrocarril y luego por la red de carreteras, se produjo una radical transformación económica de la autarquía comarcal a la especialización económica, primero a escala de cada Estado y más recientemente continental y mundial. Como consecuencia de un proceso durísimo de adaptación, cuyos excedentes laborales conformaron el emergente proletariado industrial, va cristalizando la orientación productiva agrícola, ganadera o forestal más competitiva en cada momento y lugar. Ello obliga a clarificar los confusos derechos de propiedad de origen medieval, algo no exento de conflictividad .
La revolución industrial reduce la presión tradicional (leñas, cultivos efímeros, pastos) sobre los bosques demandándoles productos muy específicos pero en cantidades importantes. Apeas para minas, vigas para la construcción y posteriormente madera para pasta de papel son las nuevas demandas del mercado que provocan una revalorización de las coníferas hasta entonces menospreciadas – excepto por la Marina – para los usos locales.
Se produce en toda Europa el arranque de la ciencia forestal, cuyos ejes eran la recuperación de la masa forestal, preeminentemente mediante repoblación forestal, la creación de una administración forestal autónoma y con amplios poderes, y la defensa y ordenación de los montes públicos. La demanda de madera de coníferas y la necesidad de cubrir amplias zonas devastadas baldías obligaban al empleo generalizado de frugales coníferas, especialmente del género Pinus. Criticar frívolamente como se ha venido haciendo en las pasadas décadas procesos históricos es intrínsecamente estéril debiéndose recordar que durante siglos se había producido un proceso inverso debido a la preferencia de las frondosas  –y muy especialmente de la encina (carbón)– y las disfunciones que comportaba la apropiación por la Marina de los mejores árboles para construcción naval .
El desconocimiento en esta época de las más elementales herramientas de la economía ambiental, el modesto nivel de vida y las evidentes prioridades objetivas para los fondos públicos, impedían que fraguase un enfoque multifuncional en la gestión forestal tal y como hoy se concibe. Pese a ello, es en esta fase en la que se sientan las bases de las primeras medidas proteccionistas como son los parques nacionales instaurados en 1916, estando presente desde un principio la preeminencia protectora de muchos de los bosques y actuaciones de la Administración forestal como ponen en evidencia las importantes labores de restauración hidrológico-forestal en las cabeceras de cuencas y en el sudeste peninsular o la propia denominación de Divisiones Hidrológico Forestales a las unidades territoriales de la incipiente Administración forestal en 1901 .

El bosque contemporáneo
Hoy, la situación de nuestros bosques ha cambiado radicalmente si bien el marco económico y legal sigue en buena medida anclado en la fase anterior. La globalización económica deja a nuestros bosques en la cuneta de la competitividad por múltiples razones:
• Bajas calidades consustanciales de la mayoría de nuestros bosques
• Baja producción
• Montañosidad y falta de infraestructuras
• Falta de capitalización (bajos diámetros, elevado número de árboles)
• Elevados riesgos (incendios)
• Inseguridad jurídica
Aunque se pueda actuar puntualmente sobre algunos de estos factores, no es menos cierto que los principales obstáculos son consustanciales y que aquellos factores modificables podrían generar un rechazo social consecuencia de la creciente concienciación ambiental (construcción de pistas forestales, desregulación). No obstante, ninguna excusa es válida para no incidir en aquello que se pueda corregir (mejora de la eficacia en la lucha contra incendios forestales, potenciación de los planes técnicos de gestión forestal, etc.).
La falta de competitividad de nuestros bosques ha provocado su amplio y generalizado abandono del que no siempre somos suficientemente conscientes por el efecto inercia, la extremada extensidad en el tiempo y en el espacio consustancial a la gestión forestal y porque nunca mejor dicho, los árboles a veces no nos dejan ver el bosque. No hace falta más que recorrer las extensas zonas quemadas justo después del incendio para percatarse de la caótica estructura de aquellos ahora desnudos bosques cuando ha desaparecido el sugestivo verde que nos ocultaba un estado en absoluto satisfactorio.
La progresiva especialización e intensificación agropecuaria, cuya frontera con la industria queda cada vez más diluida a la vez que va perdiendo su histórico anclaje con los factores de producción consustanciales - tierra y clima –, es la causa de dos fenómenos significativos:
• La ampliación horizontal de las masas forestales (desmosaiquización) creando extensas continuidades horizontales.
• La aparición de una nueva interfaz antes desconocida entre el medio urbano y el forestal .
El tardío desarrollo industrial y de infraestructuras provocan la concentración del desarrollo en contados polos que generan importantes aglomeraciones, que succionan población de sus respectivas áreas de influencia. En Catalunya mientras el 65% de población reside en las 4 comarcas más densamente pobladas que suponen un 5% del territorio, el 4,5% de la población reside en las 16 comarcas menos pobladas que suponen el 46% de territorio (IEC, 1992). Este desequilibrio demográfico-territorial en el que prácticamente sin espacios intermedios se pasa de densidades demográficas más propias de ciertas aglomeraciones asiáticas que europeas (2.500 hab./m2) a densidades que únicamente se encuentran en Europa en la inhóspita Escandinavia (15-20 hab./km2) es la causa de numerosos problemas ambientales y sociales.
Ante la patente debilidad económica y vacío político de una proporción creciente del territorio que constituyen los espacios forestales (más del 60%), surge la tentación –comprensible visto el desequilibrio demográfico, y por lo tanto en términos electorales–de instrumentalizarlos para satisfacer las necesidades compensatorias propias de tan insana concentración demográfica. Los ejemplos van desde los originales planes de la Diputación de Barcelona de la Transición tendentes a compensar el déficit crónico de áreas verdes mediante una orla de parques naturales alrededor de la metrópoli, hasta la moderna política de espacios protegidos. Junto a la política de incendios, poco más allá ha ido la actuación pública en los espacios forestales en los pasados 25 años.

La imposibilidad de las “áreas salvajes”
Transformar los espacios forestales en “wilderness areas” (áreas salvajes) que compensen la extrema degradación ambiental donde vive el 80% de la población es una política condenada al fracaso por múltiples razones:
• Los espacios forestales están cubiertos de vegetación secundaria en diferentes fases de recuperación que requieren para su progresión de intervenciones que los estabilicen y favorezcan una mayor diversidad horizontal y vertical y no de áreas salvajes como las existentes en países de nueva colonización.
• Las prioridades de conservación se encuentran hoy sin duda en los hábitat propios de las zonas densamente pobladas (zonas húmedas) además de los corredores biológicos .
• La acumulación vertical y horizontal de combustibles es única variable sobre la que se puede actuar previamente para reducir la virulencia del incendio por lo que favorecer su expansión hasta el máximo de capacidad de carga del ecosistema es una absoluta irresponsabilidad.
• La dimensión de los espacios asilvestrados es insuficiente para su autorregulación y evolución. Por otro lado, no se pueden excluir factores distorsionadores desde la periferia, especialmente incendios.
• Políticamente es harto ingenuo pensar que las medidas a largo plazo necesarias para asegurar la preservación de estos espacios se fueran a conseguir de implantarse un uso difuso por la mayoría abrumadora de la población y careciéndose incluso de una minoría cuyo sustento esté relacionado directamente con la persistencia del recurso. Tensiones demográficas tan extremas en un territorio tan pequeño como Catalunya difícilmente acaban beneficiando al más débil (zonas poco pobladas).
• Los derechos de propiedad y uso de la población afectada no pueden ser atropellados en aras del interés general mediante el vaciado sistemático hasta límites testimoniales del derecho de propiedad actuando al filo de la legalidad y aprovechando la posición de privilegio que otorga el derecho administrativo a la Administración, la lentitud de la Justicia y la situación de hundimiento social de los espacios forestales, sino que en todo caso tienen que ser compensados.
En definitiva el principal error de esta opción es la equivocación en el signo, mínima pero crucial. El hecho de que fruto de la terciarización económica, la importancia de los bosques esté fundamentada hoy en sus externalidades no puede llevar a restar unas funciones contra las otras, concluyendo que el abandono es la opción más racional desde una perspectiva estrictamente contable, sino todo lo contrario, aboga por buscar nuevos caminos que permitan aflorar el valor de los bosques sumando todas sus funciones apoyados en los avances en economía ambiental.
Hacia una nueva contabilidad económica más holística

Si definimos economía como la ciencia de los bienes escasos, y no como un mero registro contable, la sacralización de determinados indicadores como el PIB y el valor añadido han relegado a un segundo plano aspectos importantísimos, cruciales para entender los procesos socio-económicos, pero que aparentemente no quedan reflejados en la contabilidad nacional .
 

Externalidades negativas
Todo proceso productivo conlleva inexorablemente efectos externos sobre la población y el medio ambiente circundante (consumo de espacio, agua, energías, producción de residuos, ruidos, etc.). Si bien un mercado eficiente asegura la óptima alocación de recursos, la falta de imputación a efectos empresariales y de contabilidad nacional de estos perjuicios sobrevalora sistemáticamente su aportación al bienestar general. Sería interesante desarrollar para cada sector un índice de externalidad negativa como elemento corrector.

 Ie-:  VAs · k    k < 1

Ie-: Externalidad negativa
VAs: Valor añadido sector x
k: factor corrector

Externalidades positivas
Excepcionalmente, existen también actividades con k muy elevados (más del 0,9) y a la vez producción paralela de externalidades positivas que bien benefician a otros sectores, bien al conjunto de la sociedad. Además del ejemplo clásico del apicultor respecto al fruticultor, podríamos señalar un parque público o privado junto a un bloque de edificios o un bosque junto a una zona turística o una urbanización. Cabrían tres opciones: olvidar las externalidades so pena de perjudicar la óptima alocación de recursos, obligar por principio al Estado a asegurar las externalidades positivas al carecer de mercado o bien establecer nuevos mecanismos de contabilización que deduzcan del valor añadido del sector receptor el valor añadido que corresponda en realidad a la externalidad positiva recibida a la vez que se implementan instrumentos compensatorios para trasladarlo también del nivel de contabilidad nacional al empresarial.

  VAsrc – Ve+ = VAsrr
  VAsoc + Ve+ = VAsor

VAsrc: Valor añadido contable del sector receptor  Ve+: Valor externalidad positiva
VAsrr: Valor añadido real del sector receptor  VAsoc: Valor añadido contable del sector ofertante
VAsor: Valor añadido real del sector ofertante

Durabilidad de la riqueza
Ni los modelos actuales de contabilidad económica ni la fiscalidad vigente consideran la durabilidad de la riqueza generada. Se considera igual un volátil servicio (pirotécnica económica), bienes de consumo, bienes de larga duración o inversiones duraderas. No nos ha de extrañar observar la paradoja que supone que, pese a ratificarnos diariamente las estadísticas económicas que vivimos en el momento de mayor bienestar de la humanidad, la proporción de la riqueza actual que quedará a un largo plazo sea ínfima. Por el contrario, aún hoy inversiones de hace siglos o milenios (patrimonio histórico-artístico) todavía nos deparan inevaluables réditos, especialmente en el sector turístico. Es indudable que las sociedades hoy consideradas primitivas in-vertían una parte importantísima de su riqueza en bienes de larga perdurabilidad. Debería por tanto desarrollarse un índice de perdurabilidad de la riqueza generada.

 Ip = VAs1 x D + VAs2 x D + ... VAsn

---

                     VA

Ip: Índice de Perdurabilidad
VAs1: Valor añadido del sector 1
D: Durabilidad (años)

Grado de sostenibilidad
Mientras que unas actividades antrópicas son o pueden ser sostenibles (agricultura, pesca, silvicultura, cultura, etc.), otras son por definición insostenibles ya que están ligadas al consumo de recursos no renovables. Sería necesario desarrollar grados de sostenibilidad en relación a un modelo óptimo. No obstante, la comparabilidad intersectorial de estos índices es muy limitada.

  GSaps = % Smas
  GSans =      1___
                       Ir/Io

GSaps: Grado de sostenibilidad en una actividad potencialmente sostenible
% Smas: Porcentaje de sostenibilidad en relación con un modelo óptimo de actividad sostenible
GSans:  Grado de sostenibilidad en una actividad no sostenible
Ir: Media ponderada de los indicadores no sostenibles (input de materias primas no renovables, output contaminantes) reales
Io: Media ponderada de los indicadores no sostenibles (input de materias primas no renovables, output contaminantes) óptimos

Interrelaciones con otros sectores
Si bien la teoría del valor añadido detrae de cada sector las aportaciones previas de otros sectores, no tiene en cuenta en qué momento  de la cadena productiva se produce el valor añadido. Así se considera igual una producción estratégica al comienzo de la cadena y en su mismo final. En cadenas complejas ligadas a la producción de materias primas, toda la riqueza generada, también en otros sectores, debería de alguna manera adscribirse al sector original, al menos para evaluar adecuadamente su importancia estratégica real como motor económico.

  FSE =  VAGS+
      VAS

FSE: Función sectorial estratégica   VAs: Valor añadido sectorial
VAGS+: Suma del valor añadido generado a partir de ese momento en toda la cadena productiva incluido el valor añadido de otros sectores

Grado de concentración económica
La actividad económica moderna tiende a la concentración en determinados polos de desarrollo que generan importantes tensiones demográficas interterritoriales. Sería conveniente analizar para cada sector económico su grado de contribución al proceso de concentración económica o por el contrario, resaltar las actividades que como la silvicultura más contribuyen al reequilibrio territorial.

 Gdt = % Tbd
 Grt1 = % VAs/VATbd
 Grt2 = % Tbd (VA s nº1)

Gdt: Grado de desequilibrio territorial
Tdb: Territorio de baja densidad de población
(p.e. < 50% densidad media)
Grt: Grado de reequilibrio territorial
VAs nº 1: Valor añadido sectorial del primer sector de actividad económica

Otras consideraciones
Finalmente, cabe recordar que existen otro tipo de consideraciones, no por normativas despreciables, aunque sí muy difícilmente evaluables, como por ejemplo, de seguridad, culturales, religiosas, morales, etc. que los modelos imperantes olvidan completamente. Cabe señalar que en este tipo de errores sistemáticos han caído tanto las economías de mercado, como hasta su derrumbe las economías planificadas, ambas caracterizadas precisamente por su enfoque sectorial.
 

Un nuevo paradigma para una nueva era

El bosque constituye el primer tipo de uso de nuestro territorio (43%), alcanzando el conjunto del espacio forestal más del 60%. Este territorio sustenta y asegura una larga serie de funciones, unas de índole productivo –equiparables a la agricultura excepto en lo referente a los larguísimos períodos de producción– y otras de tipo terciario constituidas de forma abrumadora por servicios no comercializables o externalidades positivas vitales para nuestra sociedad:
• Sustento ambiental (regulación del ciclo del agua, prevención de la erosión y aludes, regulación climática a escala global y local, amortiguación del efecto invernadero, etc.).
• Marco paisajístico y de ocio premisa del turismo de calidad tanto de costa, como de montaña.
• Refugio de biodiversidad.
La oferta adecuada en un país densamente poblado y desequilibrado demográficamente de estas externalidades carentes de mercado no se puede dejar al resultado imprevisible de su bajo grado de competitividad y especialmente a merced de la anarquía de los incendios. Los acelerados procesos internacionales  nos obligan en cualquier caso a dedicar una atención política preferente a los bosques desde el reconocimiento que las externalidades que emiten no pueden seguir siendo la cenicienta de su orientación productiva, pero tampoco el pretexto para su espolio ni convertirse en la puntilla de estos espacios y la precaria demografía que aún sustentan.
Es la hora de un cambio paradigmático en la relación de los bosques y la sociedad –que es precisamente la definición de política forestal– en el que por un lado se reconozca la preeminente importancia que tienen sus externalidades para la calidad de vida en la sociedad del siglo XXI pero por otro lado se establezcan los mecanismos compensatorios que aseguren su viabilidad y eficacia económica y social consistente en una distribución equitativa de cargas y beneficios entre los espacios donantes (forestales) y los receptores (urbanos) . Este cambio se enmarca en el nuevo pacto social promovido por el actual Gobierno Francés en el proceso de reforma del tan venerable como obsoleto Code Forestière de 1827 .
El hecho de que los bosques debido a rémoras legales formales no aprezcan nominalmente en el Documento Agenda 2000 (Comisión Europea, 1998) no debe llevar a conclusiones precipitadas. Al contrario, los ejes centrales de este importante documento son plenamente coincidentes con las principales funciones o externalidades de los bosques (calidad de vida, mejora del medio ambiente, fijación de dióxido de carbono (CO2), justificación de la política de desarrollo rural, yacimiento de empleo endógeno, entre otros).

Principios rectores

Sostenibilidad
La sostenibilidad se entiende, de acuerdo con la definición del Informe Bruntland (1987)  como el uso prudente de los recursos naturales renovables por la generación actual de tal forma que no condicionen las opciones de las futuras generaciones. Debe recordarse que el importante patrimonio natural y forestal de que dispone la generación actual no es un legado de la naturaleza virgen, sino del espíritu conservador – en el mejor sentido de la palabra – y del esfuerzo y sacrificio de generaciones ha, fundamentado consuetudinariamente en el Derecho Civil catalán.

Multifuncionalidad
Ha llegado la hora de reconocer plenamente y con todas sus consecuencias que la justificación para la priorización política de los espacios forestales son las externalidades positivas que aseguran los bosques, prioritariamente en el Mediterráneo, debido a la confluencia de una alta densidad de población, alto peso del turismo en la economía, un alto cociente externalidades/producción y finalmente, los incendios. Si se quiere asegurar a largo plazo la óptima oferta de externalidades - la opción de penalizar a sus garantes (silvicultores) es, además de injusta, económicamente disfuncional e ineficaz – habrá que simular lo mejor posible el inexistente mercado de las externalidades a la vez que los beneficiarios contribuyen a su financiación solidariamente . No es aceptable que los poderes públicos sean instrumentalizados por alguna de las partes, ni para promocionar un producto determinado (madera) respecto a otros (competencia desleal), ni para mantener indefinidamente el status quo de la gratuidad de los input básicos de la producción (paisaje para el turismo).
Equidad social y territorial
Asegurar las externalidades no puede estar en contradicción con los principios de equidad social y territorial. Los derechos de las minorías, especialmente si estas se concentran territorialmente en los extensos espacios forestales, no pueden ser atropellados en el altar de los intereses de la mayoría por desproporcionada que sea la relación numérica. Esta práctica política que ha constituido el hilo conductor de la política forestal en España desde la Mesta y la Marina  hasta la actual política de espacios protegidos  sólo es justificable en países pobres pero en ningún caso cuando se alcanza un nivel de vida como el actual en nuestro país. El desequilibrio demográfico-territorial es uno de los problemas de fondo más graves de Catalunya, y España en general – así como uno de los aspectos diferenciales más importantes respecto de los países de nuestro entorno –, por lo que toda política forestal que no incida positivamente en ello estará condenada de entrada al fracaso.

Eficacia socioeconómica
Las restricciones presupuestarias que nos comporta el Euro, la desaparición de cualquier tipo de proteccionismo a medio plazo, la globalización y los estrictos principios de la Organización Mundial del Comercio (WTO) contra las subvenciones a sectores productivos obligan a políticas presupuestarias restrictivas donde la única actuación admitida es la compensación de fallos de mercado (“market failures”), especialmente si se utilizan instrumentos de simulación de mercados. Frente a la táctica con toda probabilidad errónea de alargar la agonía que caracteriza las políticas agrarias, la política forestal, por su naturaleza a largo plazo, debe adelantarse al futuro y, desde el reconocimiento de las restricciones existentes, apostar firmemente por la creación de mercados artificiales ya sea creando nuevos derechos de propiedad  o, alternativamente, aplicando la reversión de ecotasas para optimar el output de externalidades de los bosques.

Corresponsabilización y participación
Las políticas forestales por su largo plazo requieren de una gran estabilidad y amplio apoyo social especialmente, aunque no de forma exclusiva, por parte de los agentes claves de la política forestal: los silvicultores privados y comunales. Este modelo pactista, de profundo arraigo en la idiosincrasia catalana y de los restantes territorios del antiguo Reino de Aragón  ha tenido un exponente privilegiado en el Centre de la Propietat Forestal cuya transformación en Agencia de Bosques aprobó en su día el Parlament de Catalunya. Debe recordarse que la Constitución Española (1978) es una de las más progresistas del mundo occidental en lo que a participación pública en los asuntos colectivos se refiere.

Transversalidad
Sin un pleno reconocimiento de la disolución de la anterior realidad sectorial (vertical) de los bosques hacia una nueva y aún indefinida realidad transversal (“cross-sectoriality”) caracterizada por múltiples solapamientos con los más variados campos de actuación política o económica será imposible abordar el adecuado encaje de los bosques en nuestra sociedad ni alcanzar el suficiente interés político que los retos planteados requieren.

Redefinir el contenido del derecho de propiedad

Históricamente a cada momento de cambio paradigmático le corresponde una modificación de los complejos equilibrios que caracterizan el derecho de propiedad. Cuando se definen los modernos derechos de propiedad en s. XIX muchos productos volátiles del bosque (setas, frutos, piñas, etc.) eran completamente marginales e incluso permitían el sustento de poblaciones campesinas que vivían en condiciones de extrema precariedad, o se desconocían completamente los usos terciarios que fuesen más allá de romerías locales, era absurdo que se alargase la definición de la propiedad hasta tales extremos. El caso más paradigmático es el de la caza, que ha pasado de ser un complemento proteínico indispensable en la dieta de la población campesina a convertirse en un servicio de lujo cuyo desarrollo se ve frenado con frecuencia por inercias legales basadas en su origen romano como res nullius.
Por otro lado, la definición decimonónica no establece obligación alguna hacia la gestión sostenible del recurso y las posteriores normas que pretenden acotar el derecho de la propiedad chocan con el Código Civil, generando una contradicción entre normas que en nada ayuda al loable objetivo perseguido . Debe reconocerse que es innegable la utilidad del derecho de propiedad, cuando conlleva unas mínimas dosis de responsabilidad, como elemento regulador del uso de recursos naturales renovables. En el caso de recursos naturales renovables donde coincide el capital con la renta (bosque, pesca), sólo es posible internalizar la sostenibilidad cuando se restringe su uso a un número tan reducido de usuarios que la autocontención del esquilme inmediato de los recursos se compense por la expectativa de una renta permanente  en el tiempo.
Muchas actividades más allá de este estricto ámbito no se hubieran desarrollado nunca de no establecerse artificialmente derechos de propiedad (el caso de las retransmisiones deportivas sería un ejemplo).
Dentro de la innegable complejidad de esta cuestión, es evidente que se hace necesaria una regulación holística del uso terciario de los espacios forestales que vaya mucho más allá de las meras medidas restrictivas puntuales destinadas a minimizar los impactos más ostensibles y que debería al menos:
• Diferenciar claramente entre disfrute económico de bienes o servicios, que requeriría en cualquier caso de la autorización patrimonial, del disfrute estrictamente social de tipo gratuito.
• Reglamentar de una forma ecuánime y completa el uso social tolerado que en ningún caso puede conllevar la transformación soslayada de la propiedad invirtiendo el concepto actual de restricción por el de permisión.
• Eximir la aplicación del principio de usucapión en los espacios forestales para evitar las disfunciones que el riesgo de volatización de la propiedad por el acceso por terceros conlleva tradicionalmente.
• Ampliar claramente los derechos de propiedad sobre cualquier bien o servicio - incluida la caza - que genere beneficios económicos y sobrepase el uso social.
• Ampliar el concepto de propiedad en el caso de embotelladoras de agua mineral a la cuenca hidrográfica.
• Incluir dentro de los derechos dominicales la obligación de una gestión sostenible y cuidadosa con los valores naturales (biodiversidad).

Hacia una nueva fiscalidad ambiental

Análisis de opciones
Descartadas las opciones tradicionales, consistentes bien en la minusvaloración del interés general frente al individual (“laisser faire”) bien en la fáctica confiscación de los derechos de los afectados, se hace necesario buscar nuevas alternativas. Descartadas, decíamos, en aras del interés general por extremas e inadecuadas a la realidad sinérgica que caracteriza nuestros recursos naturales (solapamiento de funciones y derechos) en cuya contraposición estéril ha venido transcurriendo la política forestal española desde su comienzo hasta hoy. Esta situación se debe, probablemente, a la falta de tradición y desarrollo de la función social de la propiedad –doctrina de origen germánico– y a la limitación de nuestro derecho de marcado origen romano a dos situaciones extremas: propiedad privada versus utilidad pública.
La referencia más próxima son las subvenciones, especialmente en el caso agrario. Los perseverantes problemas que se observan en su transposición a lo forestal deberían servir de aviso. Entre los “handicap” de las subvenciones como fórmula para incentivar externalidades se encuentran:
• Los problemas estructurales de financiación al no coincidir el beneficiario de la externalidad con quien la financia.
• La insuficiencia de las subvenciones para incentivar externalidades cuando divergen sustancialmente de los objetivos productivos (refuerza la función productora).
• Las amenazas de procesos por competencia desleal por parte de los países productores ante la UE y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
• El problema de la financiación para el silvicultor, especialmente en bosques escasamente productivos.
De hecho los economistas ambientales recomiendan para la incentivación de externalidades positivas abandonar el enfoque tradicional –“Producer Gets Principle” (PGP; principio de “el productor recibe”)– para pasar al “Beneficiaries Pays Principle” (BPP, principio de “el beneficiario paga”) . Entre las razones que abogan por este segundo principio, destacan:
• Se paga por el efecto generado y no por el coste originado contribuyendo así a mejorar la eficacia económica también en el “output” de externalidades y favoreciendo la competencia entre los ofertantes.
• El PGP se desliza con frecuencia hacia la política social, algo que de hecho está ocurriendo actualmente en la PAC , generando un debate ajeno que en nada beneficia al objetivo de potenciación del output de externalidades.
• El enfoque excesivamente orientado al productor lleva a confundir sus problemas con el interés general.
• La financiación del PGP suele estar vinculada a presupuestos ordinarios adoleciendo de importantes disfunciones propias de status quo generado por el clásico fenómeno de clientelismo haciendo difícil su reconducción por motivos de modificación de objetivos públicos o avances científicos.
• BPP es más flexible y adaptable dinámicamente a los verdaderos objetivos acercándose mucho más a la simulación de mercados deseada y mucho menos condicionable por lobbies que PGP.
• A diferencia de PGP, BPP se adapta perfectamente a las normas de libre competencia de la OMC y la UE.
En definitiva, si la demanda de madera se asegura a través de los instrumentos voluntarios del mercado, carece de sentido asegurar la demanda de externalidades positivas mediante instrumentos administrativos de naturaleza coactiva como tampoco lo tiene asumir una parte significativa de unos costes sin relación directa alguna con el output perseguido.

Desarrollo de propuestas
Mientras el PGP podría abogar por una única prima que compense las diferentes externalidades de los bosques , el BPP se ha de basar inexorablemente en un sistema específico para cada uno de los output sin mercado.

1. Bienes y productos con mercado
Es evidente que de aplicarse consecuentemente los principios expuestos anteriormente, muchos “output” que hoy son apropiados de una forma caótica, pasarían a convertirse en bienes o servicios con mercado, incorporándose al circuito económico . Entre éstos destacarían:
• Caza, especialmente en las zonas más parceladas (costa norte y mediterránea)
• Setas, especialmente trufas
• Plantas medicinales, frutos, espárragos, caracoles, etc.
• Piñas
• Ramaje decorativo
• Recorridos a pie, bicicleta, caballo, 4x4, etc.
• Rodaje comercial de películas, fotos, etc.
• Agua mineral (cuenca hidrográfica)

2. Agua, erosión y aludes
Sin lugar a dudas la más preeminente y vital de las funciones de los bosques mediterráneos y alpinos es una clásica externalidad cuya internalización de mercado no puede llevarse más allá del caso específico de agua embotellada siendo necesario recurrir a la reversión de ecotasas. Este caso es bastante fácil al existir en la cuenca interna catalana el precedente del canon hidráulico destinado al mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas. Si los bosques regulan de forma inigualable el ciclo hídrico reduciendo la erosión, alargando la vida de los embalses, mejorando la calidad de las aguas a la vez que en determinadas situaciones previenen la formación de aludes de nieve, parece justificado la ampliación del alcance de esta tasa para incluir las infraestructuras hidráulicas verdes. Los criterios de reversión deberían basarse en criterios hidráulicos objetivos como importancia de la cuenca, situación en la cuenca, pendiente, grado de cubierta, altura de la vegetación, tipo de suelo, etc. obtenidos de los planes técnicos de gestión. Partiendo de un consumo medio de 150 l/hab./día, y una tasa de 0.03 euros/m3 destinada a bosques, la recaudación previsible rondaría los 10-12 millones de euros . Cabe destacar que esta tasa contribuiría a incentivar un mayor ahorro en un país cuyos precios del agua están todavía muy por debajo de la media europea pese a ser un bien escaso en buena parte de la geografía ibérica.

3. Fijación de CO2
En el caso de las emisiones de CO2 la posibilidad de la creación de un mercado mundial de derechos de emisión en el que los excedentes de derechos de emisión o quienes demuestren la fijación de CO2 puedan vender a quienes necesiten más derechos de emisión choca por su necesario carácter planetario y la multiplicidad de actores con infranqueables dificultades técnico-jurídicas. Queda, pues, la opción de la reversión de ecotasas que se enmarca en el debate iniciado a principios de los 90 como consecuencia de una propuesta de impuesto sobre las emisiones de CO2 por parte de la Comisión Europea (Agenda 2000). Existe una considerable experiencia en la fiscalización de la energía, si bien desde una orientación más recaudatoria que ambiental.
La fijación de CO2 por los bosques es una cuestión compleja y no resuelta del todo por la ciencia. Existen dos tipos de fijación de CO2: a) la temporal o supletoria (ex situ) ligada al uso de la madera y su retención por un cierto período de tiempo o la substitución de energías fósiles en el caso de leñas o biomasa; b) la fijación in situ ligada al fenómeno de incremento de biomasa forestal (horizontal y vertical).
En el primer caso, al tratarse de una retención forzosamente temporal o un detrimento de externalidad negativa, se entiende suficiente la aplicación de ecotasas a los productos substitutivos de la madera en relación a sus emisiones de CO2. En el segundo, mediante la comparación de inventarios se puede obtener con una gran exactitud la evolución del CO2 fijado en cada bosque en forma de tronco, existiendo lagunas sobre la fijación en el resto del ecosistema (ramas, acículas, hojas, suelo, etc.) lo que llevaría a una infravaloración estructural. A nivel español, una tasa de 0,02 euros/l limitada a la gasolina –que supone sólo una fracción pequeña de las emisiones de CO2– sería suficiente para establecer un incentivo perceptible de 11 euros/m3 de incremento de existencias .

4. Paisaje
El paisaje es un caso evidente de externalidad no difusa como en el caso del agua, sino vinculada a beneficiarios determinados, en este caso el turismo en general y las residencias situadas estratégicamente. Salvo en casos muy excepcionales, especialmente islas poco extensas y con una sociedad civil muy estructurada, será imposible alcanzar soluciones de mercado satisfactorias. Se hace necesario buscar soluciones innovadoras como podría ser destinar una parte de los recursos fiscales generados (IVA, p.e.). Estos fondos serían administrados por consorcios públicos a escala de macizo turístico (Costa x, isla) con la participación activa de los agentes sociales afectados  que de mutuo acuerdo los destinarían a suplir los fallos de mercado más destacados y que permitan un output óptimo del recurso turístico como son:
• Paisaje
• Patrimonio histórico-artístico
• Rutas, senderos, etc.
• Difusión turística
Si se destinase el 10% del IVA recaudado en turismo –estimado en un 10% del IVA total recaudado– se dispondría para estos consorcios de un total de 260 millones de euros (‘El País’, 1998) a lo que habría que sumar las cantidades que pudieran cogenerar programas ya existentes . La reversión se aplicaría sobre la base de contratos a medio plazo (5 o 10 años) y de un sistema de puntos objetivos (ubicación, estado de conservación, medidas contra incendios, calidad paisajística, etc.).

5. Construcción
Si bien el derecho de construcción (ius edificandi) no puede entenderse como un derecho innato al de propiedad y su limitación no es estrictamente indemnizable, la realidad es que los predios agro-forestales se caracterizan por dos valores, uno estrictamente relacionado con su productividad primaria y otro de expectativa, única explicación posible a los relativamente altos precios de la tierra en nuestro país. El hecho de que por un acto normativo, en principio todo el territorio devenga urbanizable de acuerdo con la nueva ley del suelo, pero se excluya de entrada los espacios forestales y protegidos por su protección legal expresa genera un tratamiento discriminatorio, por mucho que no sea estrictamente recurrible ante los Tribunales.
Siguiendo el modelo próximo imperante en las ciudades americanas respecto al volumen edificable, se propone el establecimiento de un mercado de derecho edificables en el que los ofertantes serían los titulares de derechos de edificabilidad otorgados a los afectados por restricciones urbanísticas en proporción al grado de restricción  mientras que los compradores serían cualquier nueva construcción o ampliación en un lugar permitido si acaso con algún coeficiente de acuerdo con la utilidad social de la edificación. Con ello se respetaría el valor expectante de los predios rústicos regulándose mediante el más eficiente y limpio de los procedimientos – el libre mercado – minimizando la actuación administrativa.

6. Biodiversidad
La biodiversidad es una externalidad que no tiene beneficiario directo alguno por lo que se ha de financiar directamente de los impuestos. Otra cosa es que debido a la diferencia abismal de endemismos entre las diferentes regiones del Continente, la UE contribuya solidariamente a su financiación.
Además, las zonas con mayores valores naturales y áreas protegidas suelen ser las menos pobladas por lo que la renta susceptible a soportar la carga fiscal es desproporcionada entre las diferentes regiones de la UE lo que llevaría, de aplicarse sistemáticamente el principio de subsidiariedad también en la financiación, a una desgraciada disyuntiva entre incumplir los compromisos de preservación de sus recursos naturales o drenar de otros servicios públicos imprescindibles fondos para cumplir los niveles que exigen quienes se niegan a cofinanciar el patrimonio natural común de la UE .
La reversión de estos fondos se vehicularía de forma contractual (simulación de mercado) a medio plazo (5 a 10 años) basándose en criterios objetivos (indicadores) que requerirían en todo caso la disposición de planes técnicos de gestión . Esta solución sería mucho más acorde con las necesidades objetivas de la conservación de la naturaleza en un “old settle country” (país de colonización antigua) como indudablemente es nuestro caso.

Conclusión

Los principios de sostenibilidad y multifuncionalidad, pero también la objetiva vehiculación de la retribución de las externalidades, requieren la generalización de la panificación forestal como herramienta fundamental. La corresponsabilización de los afectados a través de fórmulas administrativas innovadoras, como los propuestos Consorcios paisajísticos o la Agencia de Bosques en discusión parlamentaria, constituyen el segundo pilar fundamental en el marco del desarrollo democrático de la sociedad y su mayor implicación en el diseño de un futuro colectivo. Finalmente, los instrumentos fiscales propuestos permitirían, además de un efecto positivo desincentivador sobre la emisión de externalidades negativas, incentivar el “output” de externalidades positivas tan anheladas por la sociedad. Para ello se requiere de una normativa fiscal flexible que armonice los intereses recaudatorios de Hacienda con los objetivos de la política ambiental facilitando la utilización de una parte de los recursos recaudados para políticas ambientales activas .
Es urgente superar la tradicional lejanía de las inquietudes ambientales respecto al mundo de la economía en aras de un enfoque holístico y pluridisciplinar de los retos planteados. La economía ambiental, una vez desarrolladas metodologías para la integración de las externalidades positivas y negativas, es una herramienta básica en la política ambiental. El reto se encuentra en acertar en el diseño y la modulación de los instrumentos económicos que compensen los fallos de mercado mucho más que en las binarias e inflexibles medidas administrativas convencionales . El valor de los bosques, relegados absurdamente en los modelos económicos imperantes, aflorará plenamente en cuanto se desarrollen nuevos modelos de contabilidad ambiental. Todo un reto multidisciplinar •
 

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Notas a pie de página
  1 V. Quezel (1988).
  2 Recuérdese aquí la extremada situación de aislamiento del Valle de Aran hasta la obertura del Túnel de Vielha hace tan sólo 50 años. V. López Gómez (1997).
  3 Si bien este hecho es común a las Penínsulas Mediterráneas (Italia, Grecia) su configuración alargada facilitaba su comunicación marítima.
  4 Es el punto de arranque de los olivares de Jaén, los naranjales de Valencia o las estepas cerealísticas de Castilla.
  5 Para profundizar en la importancia de las coníferas en los bosques ibéricos v. Blanco et al. (1997).
  6 V. de la Cruz (1995).
  7 V. Gómez Mendoza (1992).
  8 De las principales especies presentes en Catalunya sólo dos especies de pino (Pinus sylvestris y P. uncinata), junto al haya (Fagus sylvatica) pueden considerarse productoras de maderas de calidad, además del caso específico de los alcornocales (Quercus suber). En total sólo significan el 30% de los bosques.
  9 V. Vélez (1995)
 10 Debe recordarse la necesidad de diferenciar las políticas de conservación de la naturaleza entre “old settle countries” (países de colonización antigua) y “new settle countries” (países de nueva colonización). Mientras que en los segundos la propiedad suele ser del Estado facilitando junto a la baja densidad demográfica, la delimitación de extensas áreas salvajes prácticamente vírgenes, en los primeros la actuación histórica del hombre en todo el espacio y los derechos de propiedad obligan a estrategias de conservación completamente diferentes. De hecho, muchos problemas observados en la política de espacios protegidos en Europa provienen de una transposición acrítica de políticas y disposiciones de otros continentes (CTFS, 1997).
 11 V. Laguna (1997).
 12 V. también Kula (1992), Romero (1994) y Pearce  (1995).
 13 Gráfico 1.
 14 Cumbre Ambiental de Río de Janeiro (1992), Cumbre de Kyoto (1997), procesos paneuropeos de Estrasburgo (1990), Helsinki 1993) y Lisboa (1998).
 15 V. Gráfico 2.
 16 Bianco (1998).
 17 Cita de Parlamento Europeo (1998).
 18 V. artículo 45.2 de la Constitución Española (1978).
 19 V. de la Cruz (1995).
 20 V. CTFS (1997) y Boada (1993 y 1994).
 21 Las S. A. o los derechos de retransmisión no son más que fórmulas virtuales creadas por voluntad política para alcanzar una mayor eficiencia económica.
 22 V. Vicens Vices (1980).
 23 Gráfico 3.
 24 Un caso sintomático es el de las cercas cinegéticas, restringidas en la Ley 4/1989 de Espacios Naturales mientras que se entienden como un derecho domincal consustancial en el Código Civil (1889).
 25 Quizás no sea una casualidad que la silvicultura como ciencia naciese en el Continente que se caracteriza por la preeminencia de formas de propiedad privada (familiar) y comunal. Debe recordarse aquí la diferencia entre las zonas de pesca de bajura con aprovechamiento quasi-comunal de las zonas pesqueras situadas en aguas internacionales totalmente esquilmadas.
 26 V. Hanley (1995) y Haley et al. (1998),  Brown (1994) y Blochlinger (1994). V. en relación con las perspectivas a largo plazo de la PAC (Maxwell, 1998).
 27 Concatenar los criterios para ayudas o primas forestales a condiciones como origen y dimensión de las rentas, residencia, edad, etc.
 28 V. Ley de Fomento de la Cubierta Arbórea de Castilla y León (1994).
 29 V. Merlo (1998).
 30 Ello favorecería la corresponsabilización de todos los afectados cuenca arriba en beneficio de la calidad del agua.
 31 Actualmente el canon hidráulico es de 0,08 euros/m3.
 32 V. Rojas (1995). Cabe recordar que sin aliciente alguno y sólo considerando los troncos, los bosques españoles fijan actualmente un 17% de las emisiones de CO2. A título indicativo, de revertirse plenamente el importe de la tasa establecida en 1991 en Suecia de 0,03 euros/kg de CO2, el incentivo de incremento de existencias sería de unos 26 Euros (OCDE, 1994; BUM, 1994).
 33 Se ha propuesto recientemente el establecimiento de una tarjeta verde para Menorca como Patrimonio de la Humanidad quasi-obligatoria para todos los turistas que lleguen a la isla y que conllevaría descuentos en las principales ofertas (hoteles, restaurantes, coches de alquiler, entradas, etc.). Sus ingresos se destinarían junto a la promoción exterior, a incentivar el paisaje y el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico como recurso básico del turismo de calidad (Rojas, 1998).
  34 Fundamentalmente agricultores, silvicultores, sector turístico y administraciones locales.
 35 Medidas agro-ambientales de la PAC, subvenciones a la restauración del patrimonio histórico-artístico, Lider, etc.
 36 Desde el simple espacio forestal con autorización para una edificación por unidad mínima (en Catalunya, 25 ha) hasta parque nacional se modularían los coeficientes correctores.
 37 Cita de Parlamento Europeo (1998).
 38 V. Gráfico 4.
 39 V. Moog et al. (1992) y Bianco (1998).
 40 Todo ello aboga por la utilización preferente de la figura de tasas ambientales respecto a la de impuestos.
 41 V. Sejak (1997).
 
 

El bosque, ¿un negocio rentable?
Joan Ignasi Castelló i Vidal
Jefe de la Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales, Diputación de Barcelona

La superficie forestal ocupa gran parte del interior del país catalán, pero el tipo de bosque no permite un aprovechamiento económicamente rentable de la madera. Por lo tanto, es necesario buscar otras alternativas productivas que permitan una conservación del monte catalán, sobre todo si se tiene en cuenta que el 72% es propiedad privada. En definitiva, y a pesar de los avances en gestión forestal realizados a lo largo de las últimas décadas, es preciso encontrar nuevas vías para que en el bosque se pueda hacer negocio.
 

A medida que las actividades de la población europea se alejan de la agricultura y de las más antiguas tareas recolectoras o de caza, crece el interés de la sociedad por los paisajes y los bosques. Durante los últimos años de este siglo, se ha producido una explosión de entusiasmo popular hacia el monte, los grandes mamíferos y algunas aves. Incluso los antes relegados insectos y reptiles ahora tienen su lugar en nuestro corazón ecológico.
El bosque por su magnitud y extensión, por su misterio y por los diferentes papeles que ha representado y representa en la historia, ocupa un lugar preferente en esta corriente de exaltación. Los acercamientos al monte se han llevado a cabo desde la mayoría de ámbitos. La ciencia, por ejemplo, se ha preocupado de casi todo lo relacionado con los árboles y su entorno: ha contado desde las escamas de las yemas del haya hasta el aumento radial medio del tronco del pino negral, ha estudiado la estructura vertical del bosque en relación con la luz, ha calculado la actividad productora de las hojas, y ha mirado de arriba abajo mil cuestiones más. Hasta hoy, nunca se habían conocido tantas cosas sobre el funcionamiento de los bosques, ni se habían dispuesto de tantas herramientas y argumentos para dar con la gestión correcta. Algunos observadores atraídos por estas cuestiones han criticado parte de los nuevos conocimientos porque, según dicen,  a menudo desestiman  el ser humano (con sus virtudes, defectos, manías y necesidades) como factor determinante del funcionamiento pasado, presente y futuro de los bosques. Naturalmente, esto no disminuye el interés de la obra y de los descubrimientos realizados, y el reproche de que esta visión académica ha contribuido a difundir una imagen ideal e inaccesible de los bosques, es probablemente exagerado.
Dentro de otro ámbito muy distinto, las agencias de viajes han contribuido a este apasionamiento sumando las selvas tropicales y otros escenarios boscosos de gran atractivo, tales como los parques nacionales y otras reservas biológicas, a las legendarias ofertas alpinas, con sus abetos y tejados de pizarra, que ejercieron una gran influencia durante los inicios del desarrollo económico español en las edificaciones y jardinería de nuestras urbanizaciones boscosas, y que continúan animando muchos jardines actuales de nuestra Cerdaña, para citar un lugar concreto.
También debe destacarse la contribución de otro movimiento que ha ido ganando terreno a partir de la segunda mitad de este siglo, el ecologismo, que ha cerrado una brillante etapa introduciendo con gran éxito los conceptos de biodiversidad y sostenibilidad, muy ligados al bosque, los cuales con gran unanimidad han sido objeto de dos convenciones mundiales y que iluminan muchos de los debates que se celebran hoy en día. Aunque algunos han cuestionado la claridad de estos conceptos y los han calificado de banales, retóricos, publicitarios o inútiles, otros han respondido con firmeza creando innumerables centros para la biodiversidad y asociaciones, leyes, protocolos y normas para la sostenibilidad.
Basándose en los conceptos anteriores y en otros más o menos trascendentes, estos grupos han llevado a cabo una gran tarea, que merece el reconocimiento de todos, en defensa de los bosques en general y de los tropicales en particular, luchando con todas sus fuerzas contra la progresiva transformación de la selva en cultivos y pastos. Con sarcasmo no sin motivos, algunos mandatarios de países tropicales han considerado que, con estas campañas, se obligaba a pagar a los países en vías de desarrollo un tributo para redimir la dura transformación de los bosques europeos y norteamericanos, protagonizada por nuestros antepasados, y han sugerido, sin ningún rubor, que nos preocupemos de nuestra casa.
Con precedentes tan notables como estos y otros muchos que podríamos citar, resulta difícil hablar del bosque aportando alguna novedad descriptiva o alguna idea fresca que genere cierto entusiasmo. Si, como en este escrito, se pretende hacer algunos comentarios sobre la realidad económica del bosque catalán, la estructura de la propiedad o las políticas que se han probado en los últimos veinte años en Cataluña, materias arduas y poco agradecidas, el trabajo resulta algo costoso e ingrato. Sin embargo, presentando excusas al lector por el tema elegido, que a algunos puede parecer incluso descortés, a continuación se hablará de algunos aspectos del bosque catalán, que no serán, como ya hemos dicho, los de la botánica, la ecología, la fauna, el arte o la religión, sino aquellos relacionados con el bosque y los negocios, puesto que en una economía de mercado como la nuestra nos parece que se trata de un tema de cierta importancia.

La primera anilla de la cadena

En Cataluña tenemos la suerte de disponer de dos inventarios estadísticos forestales muy recientes. En efecto, por una parte el Estado y por otra parte la Generalitat de Catalunya, a través del Centro de Investigación y Aplicaciones Forestales (CREAF) reunieron hace unos años, de manera independiente, diversas informaciones sobre aspectos básicos de nuestros bosques, tales como la superficie que ocupan, las zonas forestales no arboladas, el número de árboles de cada especie, su distribución por diámetros, el crecimiento anual por hectáreas de las diferentes especies, entre otras cosas.
La comparación de datos entre inventarios nos permite conjeturar que cuando hay coincidencias aciertan, y nos asombramos al tropezar con una discrepancia. Afortunadamente,  al calcular la superficie forestal arbolada de Cataluña, es decir el bosque estricto, encontramos una gran concordancia entre los dos inventarios y otras fuentes de información, y parece incuestionable que en 1993 contábamos con superficie forestal arbolada que oscilaba entre los 13.321 km2 del estudio del CREAF y los 13.941 km2 del "II Inventario Forestal Nacional". Decimos teníamos porque después de los incendios forestales de 1994 y 1998 hay que restar sin que nos tiemble el pulso 1.000 km2 quemados en aquellos años. Sin embargo, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que esta área de bosque, que representa el 40% de la superficie total del país, nos convierte en un país totalmente forestal, situado por encima de los porcentajes de la Unión Europea (34,6%) y del conjunto de Estado español (32%).
Es más, si a esto le añadimos las tierras legalmente consideradas forestales pero que no son arboladas, ya sea porque están cubiertas de vegetaciones arbustivas o prados naturales, ya sea porque son áreas quemadas sin regenerar, el porcentaje aumenta hasta un 62% de las tierras de Cataluña.
Tenemos mucho bosque y esta realidad ha llegado incluso a inquietar alguna alta autoridad. Preocupa la manera incontrolada en que se extienden actualmente las arboledas ocupando los cultivos y pastos abandonados, recuperando, cabe decirlo, lo que era suyo antes de que el arado, los bovinos o los ovinos lo enviasen a vivir a las zonas más inhóspitas. Pero a favor del monte hay que decir, puesto que no puede defenderse solo de los excesos que se le imputan, que basta con dar una vuelta por las comarcas de Tarragona, el Garraf, la cuenca del Llobregat, el Ampurdán o las regiones quemadas en 1994 y 1998 para darse cuenta de que la sangre no llegará al río y que en extensas zonas del país existen pocas probabilidades de que el bosque llegue a colapsarnos.

Un árbol maldito

Realizada la aclaración anterior, y continuando con los inventarios, en Cataluña observamos un predominio de los bosques de coníferas, básicamente pinos, que representan alrededor de  las dos terceras partes de nuestros bosques. Los árboles de hoja ancha, encinas, robles y otros, tienen una menor presencia en la actualidad pero lo compensan con un prestigio más elevado. Estableciendo una comparación, podríamos decir, sin estar de acuerdo con ello, que para algunos naturalistas los árboles de hoja grande representan la aristocracia y la nobleza y los de hoja delgada y puntiaguda, los siervos de la gleba, satánicos y groseros.
De todas les especies de árboles, la más abundante, la que ocupa más superficie (346.500 ha) y la que tiene el nombre más puro, es un pino completamente mediterráneo: el pino blanco. Este modesto árbol crece en los lugares más hostiles y sin obligación alguna reverdece las tierras donde el fuego, las malas artes agrícolas, la sequía o algún derrumbe ha ahuyentado cualquier verdura. Aparentemente, por su carácter benéfico y vitalidad debería ser admirado pero, contrariamente, es un árbol ridiculizado y difamado constantemente. Unos ingratos, a saber cuando, lo bautizaron con el nombre de pino carrasco y en algunas cátedras universitarias lo presentan como un Lucifer. De nada han servido las palabras de M. Costa i Llobera que lo admiró en Formentor:

Mi corazón ama un árbol más viejo que el olivo,
Más poderoso que el roble, más verde que el naranjo,
Conserva sus hojas en una eterna primavera,
Y lucha con los vientos que sacuden la ribera,
Como un guerrero gigante
...
Árbol sublime! Viva imagen del genio:
domina las montañas y escrudriña el infinito;
más dura es la tierra, más besa su ramaje
el cielo que lo enamora, y tiene el rayo y la tormenta
por gloria y por delito

¡Oh! sí: que cuando caprichosos aúllan los vientos
Y parece entre la espuma que tumbe su peñasco,
Y entonces ríe y canta más fuerte que las olas,
Y, vencedor, lanza por encima de la nubes
su cabellera real

El odio ha podido con los buenos sentimientos y parte de los botánicos fitosociólogos consideran que sus arboledas no merecen el distinguido título de bosque de pino blanco y lo ha deportado, inquisidores, al campo de rehabilitación de las especies nocivas, denominado «broza arbolada».
En fin, tenemos muchos bosques y muchos pinos pero, como descubriremos más adelante, la tierra forestal que pisamos está adornada de muchas virtudes y una gran historia pero da sus frutos con cuentagotas.
Siempre según los inventarios, los árboles de los bosques catalanes cubican 85,5 millones de m3, equivalentes a una media por hectárea de 61,5 m3, un valor muy alejado del de los bosques septentrionales y de la media de la Unión Europea que es de 122,9 m3/ha. En el Mediterráneo, la luz, las formas y los colores son desmesurados, pero en contrapartida llueve poco en la mayor parte del país (menos de 600 mm al año), la topografía es irregular y los suelos son delgados. Por consiguiente, vistas las cifras anteriores, no cabe duda de que aunque el porcentaje de superficie arbolada en Cataluña es uno de los más elevados de Europa, las existencias de madera y leña son de las más pobres.

Recolección y plantación

Esta escasez resulta manifiesta, también, cuando echamos una mirada a los crecimientos de estos bosques. La media de este crecimiento, que suele medirse en metros cúbicos por hectáreas y año, es muy baja y se sitúa alrededor de los 2,27 m3/ha/año. En zonas con precipitaciones superiores a los 600 mm anuales este valor medio puede alcanzar los 3,56 m3/ha/año, pero en zonas secas la media se mueve alrededor de los 1,09 m3/ha/año. Si comparamos esta estimación con los crecimientos que se producen en las plantaciones forestales amazónicas o en Galicia y el País Vasco, la diferencia nos deja boquiabiertos. Con las experiencias realizadas en el controvertido proyecto del río Jari, en el estado de Pará en el  Amazonas brasileño, se han obtenido con eucaliptos crecimientos de 50 m3/ha/año y, lo que es más, con sólo 6 años las plantaciones han alcanzado este crecimiento. Es decir, en tan sólo siete años casi doblaron lo que produce una hectárea catalana en sesenta años.
En el País Vasco y Galicia los números no son tan espectaculares aunque superen con creces la docena de metros cúbicos anuales. No es necesario ser ningún experto para observar que estos datos no facilitan precisamente la competitividad del bosque catalán en el mercado internacional.
Hablamos de plantaciones pero con la boca pequeña, nadie debe asustarse porque, como ya sabemos, a algunos espíritus selectos e influyentes las palabras plantación o tala producen pánico vital en cualquier parte. Estos ciudadanos consideran que los únicos sistemas de gestión correctos pasan por la recolección de la madera, un árbol aquí otro allá, como si para llenar un saco de trigo nos dedicáramos a recolectar espigas de forma aleatoria, sin un orden establecido.
Como ya sabemos y así lo explican los antropólogos, a medida que las necesidades sociales incrementan se pasa de la caza y la recolección a la plantación y la ganadería. Asimismo, todos sabemos que las cepas de Chardonay substituyen a menudo las de garnacha o l’ull de llebre y todos beben su vino tan tranquilos. Ahora bien, cuando hablamos de una gestión más intensiva del bosque o, ¡vade retro!, de la introducción de alguna especie de crecimiento rápido, el estruendo que se produce es de tal magnitud que ni tan sólo gritando puede hablarse del tema.
Así están las cosas y conociendo el escaso entusiasmo por el martirio que nos caracteriza no parece que sea el momento oportuno para discutir sobre estas cuestiones. Sin embargo, no estaría de más preocuparse por el tema porque, tarde o temprano, la necesidad de negocio  acabará por sacarlo a la luz con toda su complejidad.
Aún así, y en honor a la verdad, debemos informar, según el magnífico estudio de Adriano Raddi, El mercat dels productes forestals a Catalunya (el primer trabajo de cierta profundidad sobre el sector, proporciona muchos de los datos que se utilizan aquí) que las especies de crecimiento rápido (chopo, pino insigne, eucalipto y abeto de Douglas) representan el 1,55% de la masa forestal catalana y que su producción es el 16% del total de madera aprovechada en el país.

Producción y consumo

Continuando con nuestra idea inicial sobre bosques y negocios ha llegado la hora de preguntarnos cuál es el aprovechamiento de madera de nuestras arboledas. Pues bien, en Cataluña se aprovechan anualmente casi un millón de metros cúbicos de madera que se distribuyen del siguiente modo: 40% para serrar, 31% para la industria de trituración, y el resto para quemar como leña.
Pero, atención, el consumo de troncos de madera supera los 2.800.00 m3, con un saldo negativo de aproximadamente 1.800.000 m3. Es decir, año tras año, se consume mucha más madera de la que se produce.
La industria de primera transformación que trata la parte principal de la producción autóctona está constituida: a) por la fabricación de tableros, con una empresa que concentra la mayor parte de la producción y b) por la serrería, básicamente para la producción de palets para el transporte, donde la necesidad de concentrar la producción en serrerías de gran envergadura ha reducido el panorama atomizado de hace poco y donde, también, destaca una empresa por su capacidad anual de tratamiento. Entre las industries que utilizan productos semi-elaborados, cabe destacar la industria del mueble, que en Cataluña representa el 17% de la de España. El papel fabricado a partir de madera, que había tenido una presencia importante, ha desaparecido totalmente (sin que, por cierto, hubiese causado alguna preocupación aparente en el sector, a juzgar por la ausencia de reacciones cuando, hace pocos años, cerraron las dos fábricas de papel más importantes). De este modo, los compradores de la "madera materia prima" son pocos y el mercado está fuertemente influenciado por las decisiones de dos importantes empresas.
El análisis de la serie histórica de precios de 8 especies de coníferas, 10 especies de árboles de hoja ancha y 11 productos forestales, realizado por Raddi, ha evidenciado un descenso generalizado de todos los precios reales. A partir de 1959, coincidiendo con el fin de la autarquía de la primera época de la última dictadura, los precios empezaron a disminuir hasta finales de los años sesenta cuando se produjo la regularización de los mismos. Actualmente, en Cataluña el precio pagado por la madera sigue considerándose demasiado elevado por parte de la industria y, por lo tanto, no se prevé en un futuro inmediato una subida de los precios reales de la madera.
El panorama no parece demasiado alentador para los productores de madera, pero podemos preguntarnos: ¿la madera es el único negocio que nos ofrece el bosque? No, contestamos rápidamente, porque el bosque nos proporciona otros beneficios directos como la caza, la recolección de setas o el ocio, nada menospreciables como veremos, y una serie de beneficios indirectos como el escenario turístico o defensor del sol y regulador de las aguas, que desde hace años algunos economistas y propietarios se afanan en determinar y en intentar cobrar.
Todos los beneficios directos comentados, ¿cuánto dinero mueven? Para averiguarlo debemos basarnos en las estadísticas oficiales que, aunque no son demasiado rutilantes, son lo único que tenemos. En los últimos años, la producción forestal catalana se sitúa alrededor de 8.797 millones de pesetas anuales, repartidos de una manera un tanto sorprendente. La madera representa el 30% de dicho valor, la caza y la pesca el 22%, la leña el 5%, el corcho el 2% y, finalmente, para sorpresa de todos, los demás productos del bosque (setas, trufas y frutos) el 40%. Probablemente este 40% se deba a la venta de setas en Mercabarna y otros mercados centrales y nos muestra como un símbolo iluminado en la oscuridad la orientación de posibles negocios en el bosque.
Si comparamos los casi 9.000 millones con los 4 billones que han supuesto solamente las exportaciones que ha generado la economía catalana en 1998, nos daremos cuenta de que nuestros bosques ocupan mucha superficie pero generan poco beneficio.
Comparando unas cifras con otras no es difícil averiguar lo que la madera y la leña proporcionan a sus productores: unos 2.700 millones de pesetas al año, lo que representa un valor medio por m3 de 2.663 ptas. Esto significa en números redondos que si usted posee una finca de 100 ha en la zona del país menos productiva, el rendimiento de su propiedad se situará en 270.000 pesetas anuales (muy inferior a lo que proporciona una sola hectárea de regadío) y que si está situada en una de las zonas más productivas, la renta puede alcanzar las 930.000 ptas./año por toda la finca. Todos estos beneficios están calculados antes de pagar impuestos y gastos generales

Los propietarios forestales

Una vez expuestas las primeras dificultades sobre el negocio forestal, entraremos lo más simplificadamente posible en otro aspecto básico del bosque y de los negocios relacionados con el mismo: la propiedad del bosque.
No disponemos de un trabajo definitivo sobre el modo de distribuir la propiedad entre las instituciones públicas y los particulares, ni tampoco de información catastral elaborada. Resulta difícil fiarse del inventario porque, por ejemplo, al contabilizar la propiedad pública no se tienen en cuenta los terrenos de muchos ayuntamientos u otras instituciones supramunicipales, entre las cuales figuran algunos de los propietarios públicos más importantes. Probablemente, el trabajo que realiza una aportación más interesante sea el estudio L’estructura de la propietat forestal a Catalunya de Ignasi Aldomà Buixadè, en el que se analizan diferentes aspectos de los predios a partir de los censos agrarios de 1989. Aunque es imposible sintetizar en pocas palabras la complejidad de la propiedad forestal catalana, a continuación expondremos, con mucho cuidado, algunos datos de dicho estudio que consideramos relevantes.
En Cataluña existen como mínimo 50.000 propietarios forestales. Un primer interrogante acerca de esta cifra: ¿son muchos o pocos? Si se compara con zonas de nuestro entorno cultural como el sur de Francia, son pocos, pero si se analiza desde el punto de vista de la gestión, que es el que queremos destacar, son muchos porque la diversidad de intereses, medida, rendimientos, capitalización o titularidad de todas estas fincas crea un grupo heterogéneo que tiene dificultades en agruparse para analizar el futuro de sus bosques y negocios y crear nuevas expectativas económicas.
A partir de los censos, Aldomà afirmó que las instituciones públicas son propietarias del 28% de la superficie forestal de Cataluña mientras que el 72% restante es propiedad privada. Un 60,5% de las explotaciones con bosque no alcanzan las 5 ha, un 36% se sitúan entre 5 ha y 150 ha, y únicamente un 3,5% de las explotaciones del monte tienen más de 150 ha. Estas últimas, entre las que debe contabilizarse la propiedad pública, ocupan el 60% del territorio forestal, siempre según los datos del censo, y están concentradas principalmente en las comarcas de los Pirineos, donde el dominio de este espacio es manifiesto. La unidad mínima forestal de 25 ha, vigente durante los últimos años en la política forestal del país y que sido modificada recientemente, ha excluido de muchas decisiones a un 84,6% de las explotaciones catalanas que no alcanzan esta superficie.
Otra particularidad de la propiedad, a nuestro parecer más importante que la variedad, consiste en la baja rentabilidad mencionada anteriormente, que las hace inviables desde el punto de vista del negocio forestal tradicional. Contamos con una estructura que responde a un largo proceso histórico, que tuvo su lógica económica pero que no corresponde ni a los mercados ni a las formas de gestión actuales.
La consecuencia de esta gestión es muy simple. Todos los propietarios que, ejerciendo sus derechos, desean valorizar los terrenos forestales con una rentabilidad baja o nula están esperando que en algún momento se produzca un cambio de uso que haga aumentar la capacidad productiva, las rentas o las plusvalías de sus tierras. Cuando las posibilidades de cambios de uso no existen y la capacidad económica del propietario no le permite invertir a fondo perdido en su propiedad, el bosque se abandona. En este sentido, los terrenos forestales de las áreas metropolitanas y de las zonas más turísticas, arbolados o no, son los que tienen más prisa por entrar en el mercado inmobiliario y, en consecuencia, son los que se incorporan a los grandes procesos de cambio de uso y de paisaje con mayor facilidad.

Conservacionismo

Estos fenómenos de transformación, cuando se realizan sin orden alguno, acaban por dibujar un panorama que para muchos ciudadanos resulta deprimente y para otros, como los compradores de parcelas en urbanizaciones dentro del bosque, gratificante o indiferente.
A finales de los años sesenta, los grupos sensibles a las transformaciones anárquicas de los bosques y paisajes ganaron cierta influencia y su discurso para mejorar la gestión del territorio poco a poco consiguió un apoyo social mayoritario.
Este interés por la protección del bosque no fue liderado ni por la administración forestal ni por los propietarios forestales. Profesores vinculados a facultades universitarias, urbanistas y entidades cívicas, como centros excursionistas y otros, fueron los que iniciaron campañas, movilizaciones públicas y debates. La administración forestal vigente, especialmente jacobina  y distante, no fue capaz de entender el cambio social del momento y su falta de protagonismo y, a veces, su actitud obstruccionista le ha pasado una elevada factura de la cual aún no se ha recuperado.
Siguiendo la tradición defensiva que iniciaron los creadores de los primeros parques nacionales americanos, muchos conservacionistas de esa época disminuyeron sus propuestas a la protección estricta de algunas singularidades del país, hay que reconocer que era la acción más plausible. Proteger significaba aislar la naturaleza del hombre. Los proyectos presentaban tres ejes principales:
• una definición idealizada de la naturaleza, únicamente concebida perfecta y en equilibrio sin el hombre;
• una sobrevaloración de algunos elementos: un conjunto de árboles, una comunidad de pájaros o un lepidóptero, y
• una desconfianza manifiesta hacia las personas comunes y sus instituciones, que había de conjurarse con la creación de órganos específicos gobernados por especialistas.
De hecho, este modelo representa el de la intervención pública pura y dura, el modelo que el Estado se inventó en Doñana por unos antiguos terrenos de caza que, por este preciso motivo, no se habían desecado. La aplicación de estas ideas en Sant Llorenç del Munt y en el Montseny hizo aparecer aceleradamente lo que podríamos denominar como la madre de todos los problemas que no era otra que el hecho que las fincas forestales sobre las cuales se pretendía actuar para evitar su transformación eran fincas privadas y, por lo tanto, era necesario respetar ante todo los derechos que las leyes otorgaban a sus propietarios.
Puesto que la legislación forestal, ciega ante estos problemas, no ofrecía ninguna solución práctica, fue necesario recorrer a la legislación del suelo que regulaba el uso de la propiedad en función de los intereses generales, especialmente cuando establecía que el derecho a la edificación no era inherente a la propiedad sino que era un derecho otorgado a la planificación. Aunque estos sistemas de protección, con una regulación estricta de la construcción, no presentaban obstáculos sobre los usos agrarios y forestales tradicionales, enseguida se observó que muchos propietarios forestales con fincas poco rentables, viendo como sus propiedades quedaban excluidas del mercado inmobiliario, sobre todo en las áreas metropolitanas en clara expansión, no aplaudían precisamente estas iniciativas sociales, y que las dificultades de obtener beneficios de muchas fincas, como hemos descrito anteriormente, persistían e incluso aumentaban.
Actualmente, todavía queda mucho camino por recorrer hasta solucionar esta situación. Sin embargo, hay tres aspectos que han quedado claros:
• mantener un determinado paisaje dentro de zonas con mucha presión inmobiliaria exige una intervención pública contundente,
• los problemas de la propiedad privada forestal reclama nuevas soluciones, y
• el esfuerzo sobre algunos elementos singulares es insuficiente para conseguir un territorio con cierta relación entre espacios urbanizados y no urbanizados que responda a patrones de calidad que deseemos establecer
Con todo esta experiencia parecía que el país poseía sobradas referencias para poder reflexionar y hallar soluciones originales, poniendo énfasis no en la inmovilización del territorio, lo cual sólo es posible en espacios reducidos y con un elevado coste de energía social, sino en la gestión de las transformaciones, que como todos sabemos se producen a diario y seguirán produciéndose mientras exista un soplo de vida.
No obstante, descuidamos las experiencias propias, guiados por reduccionistas dogmáticos de los problemas de la conservación, o fascinados por el lirismo de nuestros botánicos fitosociólogos (que, por cierto, habían clasificado la vegetación del país en categorías, tales como matojo de jazmín amarillo, herbazales de margen de camino, brozas de pierno azul y  retamas de tintes peludas, poblaciones de caos, majanos y cárcavas pedregosos o prados de líneas de cresta). El caso es que decidimos establecer una lista de 140 espacios singulares, denominada PEIN, como piedra angular de lo sería la organización y gestión de nuestros paisajes, abandonando con cierta cobardía, una actitud menos defensiva y más global, para la que, sin duda alguna, éramos suficientemente maduros.
El tiempo ha demostrado que la opción, muy poco ambiciosa, no fue la correcta. El plan prácticamente no ha evolucionado. No ha sido capaz de resolver la madre de todos los problemas: el negocio y la propiedad forestal. Y tampoco ha servido para gestionar las transformaciones de la mayor parte del territorio y, además, los instrumentos que se han inventado para aplicarlo, al margen de la ley del suelo, no han podido consolidar la lista de particularidades. Y todo este lío, comentan algunos analistas, sólo por un 20% de la superficie forestal.

La nueva política forestal

Hasta aquí hemos tratado, deprisa y corriendo, algunos de los factores que dificultan los negocios en el bosque y que condicionan su presente y su futuro. A continuación, repasaremos algunas de las soluciones que hemos aplicado para mejorar propiedades, empresas y comercio.
Al restablecerse la Generalitat y traspasar a Cataluña la mayoría de competencias políticas y administrativas relacionadas con el sector forestal, la administración catalana se encontró con una organización administrativa extraordinariamente centralizada, una orientación marcadamente dirigida al bosque de propiedad pública, una significativa falta de experiencia en las políticas orientadas al bosque particular, un ordenamiento jurídico concebido fundamentalmente para el bosque público y un sector que, además de las características que hemos descrito anteriormente, no destacaba precisamente por un elevado nivel tecnológico, una formación técnica y profesional vanguardista, ni por la existencia de instituciones relacionadas con la enseñanza, investigación o comercialización.
Uno de los primeros avances que se produjeron para evolucionar la situación fue establecer, a través de una Ley forestal, un nuevo marco normativo y unos instrumentos de planificación y gestión adaptados a la realidad catalana. La Ley catalana introdujo cinco novedades en relación con la legislación existente en aquellos momentos:
• El reconocimiento a todos los propietarios, tanto públicos como privados, del derecho a gestionar sus propiedades, lo cual ofrecía a los ayuntamientos la posibilidad  de hacerse cargo, independientemente, de la administración forestal de sus bosques declarados de utilidad pública, hasta entonces competencia exclusiva del Estado.
• La creación de nuevos instrumentos de planificación, tanto para la política general del sector como para la organización de las fincas forestales.
• El establecimiento de un procedimiento de coordinación con la planificación territorial, sobre todo con la Ley del Suelo.
• La creación de nuevos órganos y herramientas para la gestión del bosque particular como el Centro de la Propiedad Forestal o el Fondo Forestal de Cataluña.
• La creación de las Agrupaciones de Defensa Forestal para mejorar la prevención y extinción de los incendios forestales.
A esta tarea legislativa se añadió progresivamente la creación de nuevas instituciones vinculadas al bosque. El país ha pasado de no tener prácticamente nada a disponer en menos de veinte años de dos centros de investigación (el CREAF y el Centro Tecnológico del Solsonès), una escuela de formación profesional forestal en Santa Coloma de Farners, una Escuela Técnica Universitaria en Lérida, una empresa pública especializada (Forestal Catalana S.A.), diferentes unidades administrativas especializadas en la gestión de espacios protegidos y la prevención de incendios forestales, numerosos parques naturales y espacios protegidos, nuevas generaciones de expertos procedentes de las licenciaturas tradicionales y de las de nueva creación, una mesa sectorial y muchas otras cosas que nos dejamos en el tintero.
Visto todo esto, sólo podemos proclamar que en los últimos veinte años se han producido cambios espectaculares y que, aunque aún no han dado los frutos que se espera de ellos, lo cierto es que estamos en condiciones de que todas estas innovaciones fructifiquen y nos aporten soluciones a algunos inconvenientes que hemos visto y a otros que comentaremos a continuación.

Finca a finca

Volviendo a nuestra idea fija de bosque y negocios, cabe decir que, como hemos expuesto anteriormente, la ley establecía líneas de forma muy general y quedaba en manos del gobierno la tarea de dibujar el contenido de la mayor parte de estas ideas. Al empezar a llenar órganos e instrumentos, el gobierno tropezó con una ausencia de tradición y experiencia en lo que se refiere a la gestión del bosque particular, que como ya hemos demostrado en este escrito tiene una salud delicada en muchos aspectos.
Para afrontar estos vacíos se recurrió a la experiencia de los países vecinos más al norte, que nos llevaban varios años de ventaja en lo que se refiere a las políticas del bosque privado. En estos países el fomento, regulación, planificación, imposición fiscal, etc. se realizaba, mayoritariamente, finca a finca. La propiedad era la unidad productiva, como puede serlo la explotación familiar agraria, una tienda o los pisos de alquiler. En Cataluña, los escasos sindicatos de propietarios existentes y la mayoría de profesionales del sector pensaban del mismo modo. De acuerdo con estos criterios, se creó el Centro de la Propiedad Forestal (CPF), los planes técnicos de gestión, las ventajas fiscales a la propiedad y la mayoría de programas de ayuda al negocio tradicional del bosque (talar racionalmente y vender la madera o la leña). El órgano adoptó el modelo francés de entidad corporativa de carácter público, al estilo de las cámaras, fijando como objetivos la defensa y la promoción de los intereses de los propietarios forestales.
El proceso que hemos sintetizado tiene lógica y responde a nuestros referentes culturales. Han pasado casi diez años desde el inicio de esta experiencia tan importante para la gestión de nuestros bosques y podemos, y debemos, hacer un primer balance.
Desde su creación, hace ocho años, unos 1.200 propietarios de los 50.000 que hay en el país se han inscrito al CPF. Estos propietarios, según datos oficiales, agrupan un total de 250.000 ha, es decir, un 11,5% de la superficie forestal catalana. ¿Cómo se interpretan estos datos? A nuestro parecer, el CPF ha resultado interesante para aquellas fincas con cierta rentabilidad porque existe un beneficio forestal directo, pero no ha entusiasmado de ningún modo a la mayoría de propietarios catalanes que poseen tierras poco comerciales. La consecuencia de estas cifras tan contundentes parece indicar que el esfuerzo público, tanto técnico como sobre todo económico, se ha concentrado en las fincas más rentables y que la mayoría de los terrenos forestales han quedado fuera del conjunto de subvenciones y ayudas a las fincas privadas.
La potenciación de la gestión individual, que caracteriza al CPF, tampoco parece la más indicada para enfocar tanto los problemas económicos existentes, ya comentados, como la necesidad de planificación territorial para afrontar problemas como la conservación de los bosques y la prevención y la lucha contra los incendios forestales. En este sentido, hay un dato que puede ser ilustrativo: entre los 350 propietarios afectados por el incendio forestal de la Cataluña central del verano de 1998 sólo un 2% estaba afiliado al CPF. Podemos decir sin ninguna duda que en la estructura que hemos dado al CPF prima la visión singular sobre la visión territorial del bosque y este hecho es negativo para los bosques que no representan negocio.
Todo esto se ha aprendido durante estos últimos años y parece que las valoraciones que hemos indicado animan a complementar lo que se ha hecho hasta ahora con nuevos instrumentos y con algunos cambios de orientación. Ahora bien, no todo el mundo piensa igual. La redacción por parte del gobierno de un nuevo proyecto de organización del CPF, para satisfacer las peticiones de creación de una Agencia del bosque privado por parte de algunos grupos de presión, continúa el modelo original y, en nuestra opinión basada en los datos ya comentados, en caso de aprobarse no solucionaría los problemas aquí expuestos.

El dinero público

Les datos y valoraciones anteriores, que ponen de manifiesto lo costoso que resulta realizar una política forestal con visión territorial, dejan una cosa clara: sin dinero público, o mejor dicho, sin un incremento y una mejor racionalización del gasto público actual, la mayoría de los bosques catalanes no pueden ni podrán afrontar su problemática actual.
Lógicamente, esta necesidad de incrementar el gasto público la defienden unánimemente la mayoría de los propietarios forestales, tanto públicos como privados. El significado de lo que tendría que suponer el incremento de dinero de los ciudadanos por el bosque es muy diverso. Para algunos colectivos de propietarios y ecologistas, el tener un bosque significa prestar un servicio ecológico a la sociedad y sólo por este motivo debería estar remunerado; se trataría en este caso de que la sociedad pagara una tasa anual a cada finca forestal por la prestación de este servicio. Para otros, la inversión pública finca a finca no resuelve los problemas que presenta el bosque y opinan que las inversiones más importantes deben tener carácter territorial; para este grupo, la inversión pública debería centrarse en servicios más o menos directos al bosque como, por ejemplo, la red de caminos, líneas de parada, puntos de agua o programas de vigilancia necesarios para la prevención de incendios forestales, o, también, en el fomento de agrupaciones de fincas que favoreciera la racionalización de la gestión.
En cualquier caso, corresponderá a los contribuyentes decidir, a través de sus órganos de representación, como deberá distribuirse el dinero público. Ello exige una gran capacidad de convencimiento de todo el sector para demostrar que esta opción favorecerá al conjunto de la sociedad. Los caminos seguidos con el fin de mimar y convencer al contribuyente no parecen ser los más adecuados. La Ley de acceso al medio natural, para citar un caso, se preocupa más por vigilar y controlar al visitante, que paga impuestos, que por garantizar su derecho a circular y conocer el país. Un grupo de alcaldes de los Pirineos, citando otro caso, piensan cobrar directamente a los usuarios de los bosques públicos, abriendo de este modo la posibilidad de que todos los propietarios particulares hagan lo mismo. ¡Buenas estrategias del bosque para conseguir el dinero necesario del sector público!
Existe cierto confusionismo y ausencia de debate, pero parece ser que algo se resolverá y presidirá la evolución de nuestras decisiones sobres los bosques en relación con el dinero público. Todos debemos darnos cuenta de que la sociedad debe discutir y resolver cuál tiene que ser la relación entre los intereses particulares y los públicos, para que así todo el mundo tenga claro qué es lo que ofrecen los bosques catalanes al país, y éste  considere oportuno invertir más o menos dinero público en esta superficie.
Les mejoras y reformas que se introduzcan en las normas, instituciones e instrumentos actuales para resolver el problema del mal negocio que representa actualmente el bosque catalán, y la habilidad que demostremos para establecer compromisos entre el interés general y privado que puedan reflejarse en una aproximación territorial en los bosques, son las condiciones que, a nuestro parecer, determinarán en los próximos años el volumen de la aportación pública a nuestra superficie forestal y, por lo tanto, a su calidad y viabilidad •
 

La política forestal en la Comunidad Valenciana
Antoni Escarré
Departamento de Ecología, Universidad de Alicante

La superficie forestal ocupa algo más de la mitad del territorio de la Comunidad Valenciana. De su gestión adecuada dependen, por un lado, la conservación de este patrimonio natural y defender a los suelos contra la erosión y, por el otro, el desarrollo socioecónomico de las zonas rurales. El repaso histórico a las políticas forestales, y la consideración de las características climáticas y orográficas de la zona, perfilan los retos a los que debe hacer frente la gestión forestal contemporánea: tratar al bosque como algo más que un conjunto de árboles.
 

En el área mediterránea la gestión forestal resulta siempre más compleja que en las regiones del centro y norte de Europa, donde los bosques son más rentables y apreciados en su función más tradicional: la producción maderera. La especificidad del ambiente mediterráneo no es siempre reconocida, y  el intento de extender las prácticas de explotación de los bosques boreales más productivos a este área geográfica, no ha proporcionado casi nunca, buenos resultados.

El monte mediterráneo: una gestión problemática

La gestión del monte mediterráneo es problemática por varias causas. Ante todo están los condicionantes climáticos que limitan su capacidad de producción, sobre todo por la escasez de agua durante el período estival. Como consecuencia de esto las tasas de crecimiento de la mayoría de especies de los bosques y matorrales mediterráneos son bajas y por ello lo es también la rentabilidad económica del aprovechamiento directo de la madera. El escaso valor económico de muchos de los ecosistemas mediterráneos suele llevar emparejado un bajo nivel de aprecio social que, proyectado a través de generaciones, origina una notable degradación de la cubierta vegetal.
A lo largo de la historia, las áreas boscosas han sufrido numerosas presiones que han tenido efectos negativos para ellas. La primera ha sido la explotación excesiva e inadecuada de sus propios recursos. Además, tanto la agricultura como la ganadería, han competido fuertemente, desde muy antiguo, con el uso forestal del territorio. La quema de bosques o matorrales para la posterior roturación o la obtención de pastos son prácticas tradicionales en el área mediterránea, y como consecuencia se puede apreciar en sus paisajes la huella de la acción recurrente de los incendios. Mas recientemente, la considerable presión urbanística para ocupar áreas forestales, sobre todo en las zonas costeras, se ha convertido en un factor negativo más, en la ya difícil gestión de los montes.

La gestión forestal valenciana

El botánico Cavanilles, a finales del siglo XVIII advierte ya a los poderes públicos que el terreno forestal está sufriendo un grave proceso de deforestación en los montes de la Comunidad Valenciana. El intento de solucionar el problema con la desamortización, que hizo pasar la propiedad de los bosques a manos de particulares, no tuvo éxito ya que en numerosas ocasiones se produjeron talas indiscriminadas.
En la segunda mitad del siglo XIX, se publica la Ley de Montes (1863), y la Ley de Mejora y Repoblación de los Montes Públicos Exceptuados de la Desamortización (1877), lo que permite la consolidación de la propiedad forestal pública y la restauración de los bosques. Para la redacción de esta última se tuvieron en cuenta las consecuencias de la riada del Júcar de noviembre de 1864, en la Comunidad Valenciana que impulsó el proceso de repoblación. En 1888 se crearon las Comisiones de Repoblación que empezaban a considerar la función ecológica de montes no incluidos en el Catálogo y su beneficio indirecto. En la Comunidad Valenciana, la Comisión de Repoblación trabajó preferentemente en la vertiente del río Júcar y, tras el éxito obtenido en las dunas de Guardamar del Segura (Alicante), en otras cuencas especialmente degradadas.
En el primer cuarto del siglo XX, son dos normas estatales las que mayor repercusión tienen en este territorio. Por una parte, la ley que permite a la Administración declarar zonas protegidas a los terrenos forestales independientemente de su propiedad, y por otra, la creación del Patrimonio Forestal del Estado. Tras la Guerra Civil, en 1938, se elaboró el Plan General de Repoblación Forestal en España, que pretendía, con repoblaciones, tratamientos silvícolas y aumentando el interés particular, maximizar la producción e incrementar el área de montes altos. Estas pretensiones se consiguieron con las directrices de la Ley del Patrimonio Forestal del Estado de 1941.
Entre los años 1940 y 1949 se repoblaron en la Comunidad Valenciana un total de 15.865 hectáreas, y en el periodo de mayor impulso, 1950-1970, fueron 52.221 ha. En 1971 se reestructuró la Administración Forestal española y se creó el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) con competencias en la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, y que concentró los trabajos de forestación, consiguiendo repoblar 51.027 ha entre 1970 y 1980.

La ley forestal
La Ley Forestal valenciana fue aprobada por las Cortes Valencianas el 9 de diciembre de 1993 (nº 3/1993). En su preámbulo se diferencian claramente tres tipos de funciones de los recursos forestales, que son: las propiamente ecológicas, las recreativas y culturales, y la producción directa de bienes tangibles. Un somero repaso de los objetivos de esta ley pone de manifiesto una clara voluntad de conciliación para las diferentes  demandas sociales de usos del monte.
Entre otros aspectos destacables de esta norma legal, cabe mencionar la concepción positiva de la catalogación de montes o terrenos forestales, basada en la tipificación de las áreas territoriales. Se evita de esta forma el carácter residual que, muy a menudo, se le da a la calificación  forestal de una zona,  cuando se han descartado todos los demás posibles usos. Además, al tradicional concepto de monte contenido en la Ley del Estado, añade terrenos que cumplan o puedan cumplir funciones ecológicas, paisajísticas o recreativas. Dicho concepto mejora, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución, al considerar aspectos ambientales además de los relativos a la producción.
En esta norma se introduce también una idea de gran importancia para la gestión de los montes al reconocerlos como ecosistemas que deben ser tratados de forma integrada. Los factores del medio físico y las comunidades de organismos que lo habitan forman un todo, de manera que las acciones realizadas sobre cualquiera de los componentes puede repercutir en los demás. Se preconiza pues un respeto, no sólo hacia los organismos que componen un ecosistema, en el sentido de conservar su biodiversidad, sino también hacia los procesos que en él tienen lugar. Con estas bases se llega a incluir entre los objetivos de la ley de carácter ecológico más marcado, los siguientes:
• La valoración de los matorrales arbustivos como etapas del desarrollo del ecosistema que puede terminar con la formación de bosques.
• El mantenimiento, la protección y la ampliación de cubiertas vegetales, con el mayor número posible de estratos para poder contrarrestar los procesos erosivos y regular los flujos hidrológicos.
• La preservación de especies o individuos singulares, así como de formaciones vegetales o comunidades animales de alto valor ecológico.
• La creación de zonas periféricas de protección en las áreas naturales con mayor riesgo de degradación, dedicadas a aspectos recreativos.
Aunque en la ley se reconocen las limitaciones que el ambiente impone a la producción forestal en el territorio, se declaran los siguientes objetivos relacionados con ella:
• La delimitación de las áreas de mayor interés forestal para potenciar en ellas su capacidad productora, dentro de un modelo de explotación sostenible.
• La compatibilización entre la mejora de las explotaciones forestales y silvícolas, con la realización de distintos aprovechamientos como el cinegético y el ganadero, entre otros.
• La mejora de  los procesos de obtención y comercialización de productos del monte.
También,  las principales preocupaciones en el aspecto social quedan recogidas en esta norma legal con la que se pretende:
• La potenciación del bosque como referencia cultural de primer orden que permita favorecer su recuperación y el mantenimiento de las especies autóctonas.
• El fomento de la participación ciudadana, especialmente la rural en el mantenimiento y ampliación de los recursos forestales.
• El favorecimiento de los usos excursionista, recreativo y pedagógico  del monte, y la concienciación de los valores culturales, ecológicos y ambientales que comporta el patrimonio forestal.
• La planificación y coordinación de las administraciones para la prevención y extinción de incendios forestales.
• La promoción de la investigación y la formación en el ámbito de la ciencia y tecnología forestales.
 

Las funciones ecológicas del bosque

El agua y la regulación hidrológica
A principios de este siglo tuvo lugar en Estados Unidos una fuerte polémica entre ingenieros civiles y militares acerca del papel que jugaba el bosque en los balances hidrológicos y más concretamente en la producción de escorrentías. Los primeros mantenían que la existencia de una cubierta arbórea tendía a disminuir el caudal de avenamiento de las cuencas hidrográficas, mientras que los militares mantenían exactamente lo contrario. El nacimiento de la investigación experimental en hidrología forestal no fue ajeno a esta discusión. Experiencias de aforo en cuencas de decenas o, como mucho, centenas de hectáreas, dieron la razón a la ingeniería civil: la deforestación de una cuenca produce, en la inmensa mayoría de los casos, un incremento del caudal de avenamiento.
Es evidente, también, que las plantas consumen una parte importante de las reservas de agua del suelo; en la denominada evapotranspiración –cantidad total de agua que es devuelta a la atmósfera en forma de vapor por una determinada superficie de terreno– el componente transpiratorio es mayoritario cuando existe una cubierta vegetal normalmente desarrollada. Por otro lado, cuando se deforesta una cuenca experimental, los picos de caudal de las avenidas se magnifican. La presencia del bosque varía la cadencia y la distribución del flujo de lluvia que llega al suelo, amortigua la intensidad de la precipitación, la redistribuye, e intercepta por completo un pequeño porcentaje de la misma. Al hacer más lento el proceso de llegada del agua al suelo, se mejora sus posibilidades de infiltración. Además, los flujos de agua que a través de ramas convergentes se concentran en las bases de los troncos parecen penetrar con mayor facilidad en el suelo por sistemas de poros asociados a las estructuras radiculares.
No hay duda de que los bosques controlan en gran medida el ritmo de devolución de agua a la atmósfera y consiguen un flujo más regular y menos dependiente de los factores físicos del ambiente. El saber popular siempre ha destacado la capacidad de los bosques para atraer la lluvia. A gran escala resulta clara la capacidad de los bosques de generar incrementos de humedad que pueden desencadenar la condensación en forma de lluvia. Así, en extensiones de miles de kilómetros cuadrados los argumentos de los ingenieros militares americanos no iban tan desencaminados. En el Amazonia, por ejemplo, un gran porcentaje del agua de las lluvias proviene de la propia transpiración de las selvas.

Protección contra la erosión
La  presencia de una cubierta vegetal permite la protección del suelo contra los arrastres originados por flujos de agua o aire. Las lluvias de gran intensidad son las que provocan las mayores tasas de erosión porque su impacto sobre el suelo desnudo y húmedo dispersa las partículas de la capa superficial del mismo y además, al superar la capacidad de infiltración, son las que originan mayores flujos de escorrentía. Las experiencias realizadas en Estados Unidos que desembocaron en la llamada Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, pusieron de relieve la importancia que tenían  las plantaciones para minimizar la erosión. De todas formas, la protección del suelo no parece ser exclusiva de los bosques sino que también los matorrales e incluso las praderas son capaces de evitar la producción y el transporte de sedimentos.
 

Depuración de la atmósfera
La capacidad de los bosques de oxigenar la atmósfera es conocida desde hace tiempo, como también los beneficios que les reporta a los enfermos del aparato respiratorio una estancia en zonas cubiertas por arbolado. Más reciente es el interés que han despertado los bosques, y otros tipos de vegetación, como posibles sumideros del exceso de dióxido de carbono que las sociedades industrializadas producen por el consumo de combustibles fósiles. Las posibilidades de que acciones masivas de forestación puedan repercutir realmente en la depuración de la atmósfera constituyen un tema actual de discusión. El tipo de gestión que habría que realizar en los bosques para conseguir el máximo secuestro de dióxido de carbono está aún muy poco definida. En este sentido, uno de los aspectos de mayor importancia es valorar la capacidad de los suelos de incorporar carbono en forma de materia orgánica difícil de metabolizar.

La explotación de los recursos forestales

El desarrollo económico y cultural de la sociedad ha provocado un cambio en la utilización de los recursos forestales y necesita una política encaminada a conciliar las demandas planteadas con la capacidad de los recursos para su producción sostenible. En la Comunidad Valenciana, que presenta un nivel de desarrollo postindustrial, la sociedad demanda un aprovechamiento de los recursos forestales mediatizado por factores ecológicos y sociales.
Según la Ley Forestal, la Generalitat Valenciana es quien gestiona, independientemente de su titularidad, todos los terrenos forestales y sus recursos naturales, garantizando con ello un aprovechamiento sostenible. La Administración debe enumerar y describir los recursos forestales en un Inventario Forestal y posteriormente someterlos a un Plan General de Ordenación, cuyas directrices de actuación contendrán  acciones para el fomento de la investigación, el uso social y recreativo, y la implantación de industrias de primera transformación. También está capacitada para realizar demarcaciones forestales que limiten áreas de actuación en superficies homogéneas, con la previa autorización del propietario. Asimismo, en determinados terrenos especialmente degradados o en peligro de ello, pueden declarar Zonas de Actuación Urgente (ZAU) por Decreto del Gobierno Valenciano, sobre las que implantar actuaciones para la conservación, utilización y protección que subsanen las deficiencias y prohiban aprovechamientos incompatibles. Los propietarios de los montes que no tengan Programa de Gestión y Mejora Forestal, podrán también elaborar Proyectos de Ejecución, pero antes de llevarlos a cabo requerirán de una previa autorización. Se exceptúan de la inclusión en el proyecto, la extracción de leña de coníferas y la residual de limpias y podas para uso doméstico, así como la recogida de frutos, plantas y setas autorizadas por el propietario, que únicamente requieren de simple comunicación.
Los aprovechamientos de montes con proyectos de Ejecución se efectuarán según sus directrices. La Administración otorgará su autorización para las cortas sólo si son arboles muertos por causa natural, o si son necesarias para la mejora de ecosistemas, protección fitosanitaria, construcción o conservación de obras autorizadas, y establecimiento de cortafuegos o bandas de protección. Las roturaciones de terrenos requieren de autorización y cualquier actividad extractiva o de cantera a cielo abierto, necesita además de un compromiso previo de reconstrucción y repoblación forestal. El aprovechamiento de pastos sólo se autoriza cuando no daña el suelo ni pone en peligro el ecosistema. Por otra parte, es obligación de las entidades públicas propietarias, invertir en la ordenación y mejora de las masas forestales el 15% del importe de los aprovechamientos, porcentaje que puede incrementarse, tras acuerdo con el Gobierno Valenciano, en zonas que necesitan mejoras extraordinarias.

Paisaje y recreación

Cabe recordar que una de las demandas sociales de los recursos forestales es de tipo recreativo y paisajístico. La Ley Forestal trata de compatibilizar el derecho al disfrute lúdico con el económico, garantizando que no se dé ni una explotación irracional, ni un proteccionismo excesivo de los recursos forestales.
Además de los aspectos de productividad, la ley tiene en cuenta los ambientales, por lo que incluye en su catalogación montes y terrenos con funciones de paisaje o de recreo. Pretende fomentar el uso recreativo y lúdico de los espacios forestales y para ello prevé la participación de los propios ciudadanos en su mantenimiento y ampliación. La Administración regula estas actividades recreativas y paisajísticas, tratando de armonizar diferentes usos. Para ello en determinadas zonas podrá limitar el tránsito de vehículos y personas, y en las acampadas se requiere contar con la autorización del propietario del monte y del órgano competente. Por otra parte, quedan prohibidas actividades motorizadas, salvo en circuitos autorizados, y otras productoras de ruido que puedan alterar los hábitos de la fauna.

Mundo rural versus mundo urbano

El respeto de la población rural mediterránea por los bosques ha estado tradicionalmente en función de los beneficios que le reportaban. Algunos montes comunales de la provincia de Soria se citan como ejemplo de interés y buena gestión por parte de todos los habitantes de la zona, dadas las ganancias que les proporcionan. Lo general, no obstante, es que los bosques sólo se han mantenido en aquellos lugares donde no eran posibles usos más rentables del suelo.
Es curioso que el acelerado despoblamiento que ha sufrido el mundo rural mediterráneo en las últimas décadas, se invoque como una de las causas de la degradación de sus ecosistemas. Es cierto que nuestros antepasados han legado un paisaje muy antropizado que requiere de cierta gestión para su persistencia, como bien han tenido que aceptar los primeros responsables de la protección de espacios que pretendían prohibir todo tipo de explotación en las áreas protegidas sin caer en la cuenta de que ello iba a producir cambios importantes en las comunidades de organismos.
La emigración hacia las ciudades de gran parte de la población rural ha tenido realmente un efecto negativo en los paisajes agrícolas. Los cultivos y pastizales abandonados son invadidos por el matorral, al igual que ocurre en los bosques naturales y de repoblación cuando dejan de ser explotados. Sin embargo, en una valoración ecológica estricta, el abandono de las áreas rurales debe considerarse positivo ya que se reconstruye una vegetación natural más compleja y diversa que la explotada. El fuerte poder de atracción de las ciudades sobre las poblaciones rurales fue muy patente en la Comunidad Valenciana, como en el resto de España, sobre todo en la década de los sesenta. Actualmente la vida urbana sigue teniendo un mayor atractivo que la rural, pero la distribución de la población entre ambas áreas es más equilibrada. Aún así, se calcula que en Europa en el año 2020 cerca del 77% de sus habitantes vivirán en ciudades. El despoblamiento del mundo rural es un problema que preocupa en la UE, que pretende buscar medios que garanticen en él  mayores niveles de calidad de vida.
En la Comunidad Valenciana, la mayor parte de la población se acumula en ciudades o áreas metropolitanas de las llanuras costeras. En cualquiera de los valles perpendiculares a la costa que existen se puede distinguir una población de planicie litoral, predominantemente urbana y otra interior de montaña básicamente rural. Con la actual concepción del patrimonio forestal, que figura en la Ley, puede parecer que la población rural sea la responsable de su salvaguarda mientras que la urbana sea la que tiene el derecho al disfrute. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en líneas generales es claro que el cumplimiento de las funciones ecológicas del bosque se hace a costa de la renuncia a ciertas explotaciones de mayor rentabilidad. El mantenimiento de la calidad ambiental de las cabeceras de cuenca debería tener algún coste para los habitantes de las zonas bajas que compensase ese esfuerzo por la conservación de los recursos que de otra forma pesaría exclusivamente sobre la economía rural, menos próspera.

Los incendios forestales

Resulta curioso que uno de los momentos de mayor protagonismo de los bosques sea precisamente cuando el fuego los destruye. Hay que reconocer que la capacidad del fuego para arrasar cuanto encuentra a su paso no se puede controlar, con absoluta garantía, por ninguno de los procedimientos de lucha desarrollados hasta hoy. En los grandes incendios se pierde gran parte del control, y la sociedad se tiene que enfrentar a la dura realidad de no poder dominar un proceso natural a causa de su magnitud. Hay que asumir que en los incendios, como en los terremotos o en las erupciones volcánicas, la intensidad de las fuerzas en acción, supera las posibilidades de la tecnología actual, que puede desviar ríos y mover montañas pero a un ritmo más acorde con la desproporción entre nuestro tamaño corporal y la escala de la transformación.
A mi juicio ese cierto carácter indómito de los incendios forestales debe tenerse presente a la hora de diseñar una política de prevención y extinción. Desde que el ICONA transfirió a las Comunidades Autónomas sus competencias en política forestal, los respectivos gobiernos han realizado grandes esfuerzos en mejorar los datos anuales de superficies calcinadas por el fuego. En ocasiones, el éxito de ciertas medidas tomadas en la lucha contra el fuego ha hecho creer a los responsables que la solución definitiva del problema de los incendios estaba al alcance de la mano. Se han dado años buenos y muy buenos, períodos exitosos pero, por desgracia, las situaciones críticas vuelven a aparecer, antes o después, en todas partes.

El componente social y climático
Creo que a la mayoría de los ciudadanos les gusta pensar que los incendios forestales son, ante todo, un problema político, que tiene solución por esa vía. En este sentido cabe destacar el gran interés que despierta la vertiente social de los incendios. Basta ver, por ejemplo, la gran cantidad de motivos, que según la vox populi han podido tener ciertos ciudadanos para provocar un fuego en el monte.
Entre las muchas causas citadas, algunas como la obtención de pastos,  los intereses urbanísticos y  el abaratamiento de la madera se repiten con mayor frecuencia. Descontento ante la distribución de la herencia, miedo a la pérdida de empleo en la extinción de incendios y despecho sentimental son otras de las razones que han originado incendios en alguna ocasión. E, incluso, en una investigación realizada en el territorio valenciano se puso de manifiesto que en los períodos postelectorales se producían de manera significativa más incendios que en otras épocas. Según esto último algo de razón tendrá la ciudadanía en su calificación política del problema.
Sin embargo, esa búsqueda continua de pirómanos y de intereses que justifican la provocación de fuegos se puede incluir dentro de ese ambiente catastrofista, tan del gusto de muchos medios de comunicación, que compiten por mostrar las imágenes más desoladas que aparecen tras el paso del fuego pero que rara vez muestran esas mismas zonas un tiempo después, cuando la vegetación ya se ha regenerado e incluso resulta difícil saber cuál es el área que sufrió el incendio.
En el análisis que se puede hacer de lo sucedido con los incendios del monte en la Comunidad Valenciana, hay que aceptar un componente social ligado a todas las prácticas de gestión o recreativas que son potenciales orígenes de fuegos, pero se debe reconocer que factores climáticos como la sequía, las altas temperaturas estivales y los fuertes vientos de poniente son los realmente determinantes, en especial en la producción de los grandes fuegos que son los que vienen  a representar el mayor porcentaje de superficie quemada.

Métodos de prevención y extinción
Es evidente que el monte mediterráneo requiere de una cierta gestión preventiva que elimine el exceso de combustible acumulado durante años, pero el escaso rendimiento económico que produce hace difícil que se pueda disponer de un nivel suficiente de inversiones en prevención. Además, las presiones sociales por el problema de los incendios suelen primar el uso de fondos públicos en las tareas de  vigilancia y extinción.
La posibilidad de detección de incendios incipientes, muy pocos minutos después de su inicio es de la mayor importancia. Sistemas de detección con sensores de infrarrojos, vigilancia aérea que permita detectar la más mínima columna de humo, o las torres de vigía tradicionales, constituyen elementos de gran valor para la detección precoz. Si además se produce la intervención rápida de brigadas transportadas por helicóptero se puede garantizar la extinción de un alto porcentaje de incendios. Sin embargo, aunque las distintas tecnologías de extinción y coordinación mejoran continuamente, y se elaboran planes territoriales muy detallados para prevenir y luchar contra el fuego, hay que aceptar que siempre habrá un porcentaje de incendios cuyo control no resulta posible. Por ejemplo, una tormenta seca con fuerte viento de poniente y abundante aparato eléctrico que prenda una docena de focos dispersos en un terreno de orografía complicada y a medianoche, en pleno verano, tiene muchísimas probabilidades de convertirse en un incendio que se extienda por miles de hectáreas.

Las acciones después del incendio
Uno de los resultados más interesantes de una investigación iniciada por la Generalitat Valenciana tras los incendios producidos en 1991 sobre las necesidades de restauración de la cubierta vegetal es que en los terrenos calizos la regeneración de la vegetación se realiza mucho más rápidamente que en los margosos. Contrariamente, las plantaciones que van muy bien sobre margas resultan ineficaces sobre calizas. La explicación hay que buscarla probablemente en los diferentes usos que han tenido ambos tipos de suelos. En las blandas margas la roturación y el laboreo resultan fáciles y durante siglos se han eliminado las raíces de los árboles y matorrales que las cubrirían originalmente. Los suelos calizos, con grandes piedras aflorando, hacían muy difícil la explotación agrícola en épocas pasadas pero en ellos se han podido conservar las raíces y rizomas que permiten la formación de rebrotes de gran vigor.
La pérdida de nutrientes en la combustión de la materia orgánica tiende a empobrecer el suelo que además queda desprotegido ante la acción erosiva. La rápida regeneración de la vegetación es la mejor solución pero hay que pensar también, en casos de fuertes pendientes, en proteger el suelo con algún tipo de material biodegradable (astillas de madera o lodos de depuradora). La extracción o no de la madera quemada es otro problema que se plantea después del fuego y al que resulta difícil dar una solución de validez general.

El Plan de Reforestación

En cumplimiento de la ley forestal, la Generalitat Valenciana aprobó un Plan de Reforestación para el periodo 1994-1999, que tiene como objetivos frenar los procesos erosivos y la desertificación, restaurar la cubierta vegetal degradada, potenciar la biodiversidad, incrementar la extensión del arbolado, proteger los recursos hidrológicos, proteger frente al riesgo de incendios y estimular el desarrollo económico en las zonas rurales. El plan consta de cuatro programas:
1. restauración de la cubierta vegetal;
2. forestación de tierras agrícolas;
3. ayudas para acciones de desarrollo en los bosques
4. I+D sobre la restauración de la vegetación.
El primero de estos programas establece una serie de criterios para fijar las prioridades de reforestación, que consideran los riesgos erosivos, el peligro de colmatación de embalses, la prevención de daños por avenidas y la situación socioeconómica del área de actuación. El análisis detallado de las áreas disponibles de inmediato permitió realizar unos mapas de prioridades de reforestación en los montes de las tres provincias valencianas. Aunque inicialmente en el programa se da preferencia a las actuaciones en suelo gestionado por la Generalitat Valenciana se declara la intención de extenderlas a suelos de cualquier titularidad. La superficie prevista para reforestar durante el periodo es de un total de 100.000 hectáreas.
El desarrollo completo del plan debería tener una repercusión en el empleo medio mensual de alrededor de los 2.000 puestos de trabajo y un efecto positivo en las zonas de economía más deprimida.
El programa de forestación de tierras agrícolas tiene su origen en el reglamento CEE 2080/92 que forma parte de la Política Agraria Común (PAC). La respuesta a esta iniciativa europea fue muy desigual entre los piases mediterráneos. Mientras España la incorporaba en un ambicioso plan de forestación muy respetuoso con el medio, en el que se preveía la inversión de 1.751 millones de ecus, Italia, Francia y Grecia salían del paso con las modestas inversiones de 300, 83 y 58 millones de ecus, respectivamente. En la Comunidad Valenciana en el año 1994, por ejemplo, se destinaron a este programa 1.284 millones de pesetas, se forestaron 4.500 ha y se hicieron tratamientos silvícolas en otras 1.100 ha. El programa, ya en el reglamento original de  la UE y también en las transposiciones a las legislaciones española y valenciana, ha recibido algunas críticas porque existen dudas sobre el futuro de muchas de estas plantaciones, tanto por las especies elegidas, sobre todo en función de del valor de su subvención, como también por el uso de técnicas agrícolas de preparación del terreno que son muy poco apropiadas. Los excesos de la política de subvención desde Bruselas para medidas de inacción no favorecen precisamente la gestión de este programa, en el que los resultados finales de las plantaciones parecen contar muchos menos que los estímulos económicos al cambio de uso agrícola a forestal.
El tercero de los programas permite las ayudas a propietarios de bosques para planes de ordenación y aprovechamiento forestal, mejoras y reforestación, entre otros.
Finalmente, el último programa, el de I+D para la restauración de la cubierta vegetal, lo considero de una especial relevancia ya que son escasas las iniciativas de investigación en la problemática forestal. El responsable del programa es el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), una institución creada por la Generalitat Valenciana como instrumento de investigación al servicio de los técnicos de la Administración. El CEAM, que se ocupa también de problemas relativos a la contaminación atmosférica, ha conseguido en los últimos siete años una estructura de conexión entre técnicos e investigadores que está muy  en la línea preconizada por el V Programa de I+D de la Comisión Europea, que ha constatado la escasa transmisión de resultados, generados por investigadores europeos, a los centros de producción y gestión.
Este Plan de Reforestación, con el que se pretendía iniciar una nueva política forestal de la Comunidad Valenciana, concluirá este año. Entonces será el momento de valorar el nivel de cumplimiento de los diferentes programas y cuáles han sido sus aportaciones al desarrollo socioeconómico. Las nuevas generaciones necesitarán el legado de un importante patrimonio forestal pero sobre todo precisarán de una nueva visión del bosque menos utilitaria y más capacitada para percibir el latido diario de los procesos que constituyen su vida •
 

El territorio forestal valenciano

La Comunidad Valenciana presenta una orografía intrincada muy característica, con llanuras costeras y sierras o mesetas interiores, que pertenecen al sistema Ibérico las septentrionales y a las cordilleras Béticas las meridionales.
La precipitación media de la mayor parte de este territorio oscila entre 300 y 600 mm. Como en toda el área mediterránea, la lluvia está desigualmente distribuida a lo largo del año. Así, mientras la primavera, y sobre todo el otoño, son las estaciones más lluviosas, el verano suele ser una estación muy seca. Las temperaturas medias anuales vienen a situarse entre 15 y 18 ºC, y son algo más bajas en las zonas montañosas del interior.
Entre estos márgenes de aportes anuales de agua y de condiciones térmicas, la producción primaria neta de la vegetación viene a oscilar entre 0.5 y 5 toneladas de materia seca por hectárea y año. Estos valores son bastante inferiores a los 9 t/ha/año de un bosque de coníferas boreal o a los 13 t/ha/año de un bosque caducifolio templado.
La vegetación predominante la constituyen diversos tipos de matorrales en los que abundan coscoja, lentisco, espino negro, romero, brezo y aliaga. En ellos es frecuente el pino carrasco, que forma masas más o menos densas y continuas. Encinares, quejigales y otros tipos de pinares representan una escasa extensión del territorio.
El área forestal total de la Comunidad Valenciana es de, aproximadamente, 1.200.000 ha, un poco más de la mitad de su superficie. De ellas sólo unas 540.000 son arboladas.
El 60 % de la superficie forestal es de titularidad privada. Del 40% restante, más del 80% es patrimonio de entidades locales y el resto pertenece a la Generalitat Valenciana.

Los problemas de todo este patrimonio forestal derivan de una larga historia de mala explotación de sus recursos y de invasiones agrícola y ganadera, todo ello con unas difíciles condiciones climáticas y orográficas en el territorio que lo alberga. En general se tiene la impresión de que este proceso de degradación se ha acelerado de forma considerable durante el  presente siglo. Esto, sin embargo, no es tan evidente según los datos proporcionados por una interesante investigación en la que, por un lado, se recopilaron fotografías de una serie de parajes de la Comunidad Valenciana, tomadas desde principios de siglo hasta mediados de los años cuarenta, y por otro lado, se realizaron unas nuevas tomas del estado actual con enmarques lo más similares posible a los anteriores. Las comparaciones permiten no ser tan pesimistas sobre el estado de los montes hoy en día.
Lo que sin duda sí se han acelerado son los cambios en nuestra sociedad durante las últimas décadas. El crecimiento de las ciudades ha contribuido a despoblar el mundo rural. El sector agrario ha ido perdiendo relevancia económica. Ha aparecido una conciencia de la problemática del medio ambiente. Éstos y otros muchos cambios ocurridos han hecho necesaria una reflexión sobre el actual significado del patrimonio forestal que se ha podido plasmar en una norma legal más actualizada •
 

Población autóctona y protección de espacios naturales
Josep Manuel Rueda Torres
Director del Museo Etnológico del Montseny (La Gabella d’Arbúcies)*.

El significado de ”espacio natural” es confuso (el ser humano otorga en función de su propia acción el calificativo de “natural” o “salvaje”). De este modo, al reivindicar la protección de la naturaleza se ha caído en la trampa de construir paisajes de lo más artificiales: reservas de indios visitadas por ecociudadanos y habitadas por urbanitas de pueblo. La tradicional falta de participación por parte de las poblaciones locales en la planificación y definición de las áreas protegidas ha tenido mucho que ver con el desarrollo de un fenómeno que los nuevos ecomuseos intentan corregir.
 

Los franceses distinguen dos corrientes –dos líneas conceptuales– dentro del mundo de la protección de la naturaleza y del paisaje: la ambientalista y la culturalista. El presente artículo, dada la formación y ocupación del autor, se inscribe en la segunda línea. Así pues, se trata de la visión de un museólogo que trabaja en un territorio, el Montseny, declarado Parque Natural.
Las actuaciones en el campo de la protección del patrimonio natural y las consiguientes acciones en el territorio, para ordenarlo y hacer posible dicha intervención, siempre y en cualquier parte, se han llevado a cabo sin la participación directa de las comunidades afectadas. En todo momento ha predominado una actitud de despotismo ilustrado, de actuación en beneficio de la comunidad, pero sin su implicación. Esto es así de contundente, y más todavía si se toma la decisión de aislar un espacio de la artificialización imperante en el resto del territorio mediante la creación de la figura de un Parque u otro tipo de declaración de protección. Esta situación probablemente se suaviza a partir del momento en que dicha protección funciona. Entonces se empieza a tener en cuenta a la población del entorno protegido.
De hecho, el ambientalismo, o la preocupación por la buena conservación del entorno, es un concepto antiguo. Martí Boada lo sitúa en la época del padre de la medicina, el griego Hipócrates, aunque como afirma el mismo autor, el ambientalismo tal y como lo entendemos hoy en día tiene su punto de partida en la obra de Rachel Carson, Silent Spring, editada a finales de los años 60 del siglo XX (Boada, 1997). Más adelante, en el año 1970, la UNESCO hace público en una conferencia general el programa MAB (Man and Biosphere) a raíz del que nacerá el concepto de Reserva de la Biosfera. Las primeras reservas se plantearán a partir de 1976. El MAB supondrá un nuevo enfoque del viejo conservadurismo. En la definición de protección de un territorio se pasa a tener en cuenta el papel del ser humano y, en consecuencia, el de la cultura. En esta conferencia ya se habla de la participación de las poblaciones locales en las decisiones sobre ambiente. El MAB intentará compaginar el proteccionismo del entorno natural con el respeto a las fuentes de riqueza del territorio. Sin embargo, en esta conferencia todavía no se hizo mención al patrimonio cultural. No será hasta poco después, en 1972, año en que se celebra la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural en Santiago de Chile, organizada también por la UNESCO, cuando se empezará a hablar del patrimonio de forma integral. Este cambio constituirá un avance de la tendencia a tener en cuenta el entorno social de los espacios protegidos (Collin, 1992) .
Posteriores conferencias profundizarán más en este sentido: la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo (1972) y, principalmente, la Conferencia de Naciones Unidas a favor del Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro (1992). La consolidación de esta corriente se debe en gran parte el gobierno canadiense. El 25 de junio de 1993, tomando una valiente decisión pionera en su ámbito, dicho gobierno crea el Ministerio de Patrimonio, responsable de todo lo relacionado con la identidad canadiense y el patrimonio cultural y natural (Viel, 1997).
Al mismo tiempo, en Francia se inicia una corriente de protección del patrimonio cultural estrechamente vinculada con los espacios naturales, cuyo máximo ideólogo es el museólogo George Henri Rivière. Estamos hablando de los denostados ecomuseos, que representarán un grado más en la aproximación a las comunidades que viven en los espacios protegidos, pero de ello ya hablaremos más adelante.

La posibilidad de integración del patrimonio

No cabe duda de que la preocupación por el papel del ser humano y de la comunidad en las zonas naturales protegidas se empieza a plantear a partir de la generalización del concepto de patrimonio integral. Dicho concepto nace al reconocer que el paisaje es hasta cierto punto un factor cultural, ya que es, en gran medida, fruto de la acción y la voluntad de los humanos. Y es, en definitiva, la huella de la acción humana lo que conocemos como cultura. Esto implica asumir el hecho de que existe una interacción entre cultura y naturaleza y que en nuestro mundo no es posible una sin otra. De hecho, en Europa podemos hablar de la sustitución del paisaje natural por el cultural producida paulatinamente a lo largo de miles de años. Recogiendo las palabras de J. Soler: “la naturaleza es la interacción entre el hombre y el medio natural; la naturaleza es la materia prima y el paisaje es el producto manufacturado” (Soler, 1993).
El reconocimiento de esta interacción, de esta interdependencia, deriva en el tratamiento conjunto o integral del patrimonio, tanto natural como cultural. Llegados a este punto es cuando los ecomuseos suponen un paso hacia adelante en la atención a la comunidad, ya que entenderán la protección del territorio de forma integral: teniendo en cuenta el paisaje configurado por la mano humana y el propio ser humano que ha actuado sobre este entorno a diferentes niveles. Hoy resultaría difícil disociar este concepto: el patrimonio rural es y debe ser al mismo tiempo natural y cultural.

Patrimonio, territorio y comunidad: los ecomuseos

La palabra ecomuseo fue inventada por el museólogo Hugues de Varine, antiguo presidente del Consejo Internacional de Museos (ICOM), órgano dependiente de la UNESCO. Fue pronunciada por primera vez por el ministro francés de Medio Ambiente, Robert Poujade, el 3 de setiembre de 1971, en una conferencia general de la ICOM. Acababa de acuñar una palabra para expresar una nueva imagen y nuevos contenidos. Sin embargo, la formulación del concepto ya existía en el año 1966.
La comparación cronológica entre discurso ambientalista y culturalista, en la línea de convergencia, nos demuestra una curiosa coincidencia en el período de gestación de sus formulaciones. Más adelante explicaremos lo que creemos que impulsa todo este movimiento.
En el mundo francófono los ecomuseos pasarán a formar parte de la estrategia ambientalista de la administración. Serán la herramienta que facilitará un giro del ambientalismo hacia la comunidad. Pero a pesar del importante cambio, la protección del entorno continuará siendo una decisión tomada por una elite intelectual y política para actuar de forma más equilibrada en el territorio.
Para entender mejor lo que representaron los ecomuseos, veamos algunas definiciones que el fundador de esta corriente, George Henri Rivière, dio el mes de enero de 1980: “Un ecomuseo es un instrumento concebido, construido y explotado conjuntamente por un gobierno y una población... Un espejo en el que dicha población reconoce su propio reflejo, en el que busca la historia del territorio al que se halla vinculada, junto con la población que le ha precedido... Una expresión del hombre y de la naturaleza. El hombre interpretado en su medio natural. La naturaleza en su salvajismo, pero de tal forma que la sociedad tradicional y la sociedad industrial la han adaptado a su imagen” (La museologie, 1989).
Estos ecomuseos, denominados de primera generación, el más paradigmático de los cuales es el de La Marquèze, en Landes (1969), nacen vinculados a los parques regionales franceses. Al principio se trataba de estructuras muy reglamentadas, incluso en su esquema de funcionamiento orgánico. De hecho, se convirtió en un diseño de política de ordenamiento del territorio que planteaba una cierta descentralización. No obstante, este diseño se realizó sin consultar a las comunidades, que eran las destinatarias de la aplicación. Es a partir de entonces que en los parques regionales donde se inicia esta tendencia empiezan a surgir los primeros detractores.
Los “grafitis” que califican la experiencia de los ecomuseos como una reserva de indios empiezan a proliferar. Para algunos existía el riesgo, como reconoció el propio G.H. Rivière, de tratar a una población igual que un animal en un zoo, es decir, existía un elevado riesgo de manipulación de la población autóctona. Esta sensación nos resulta familiar y de actualidad en nuestro entorno, incluso muchos de nosotros hemos oído alguna expresión idéntica a la de reserva de indios.
A partir de esta primera generación, los ecomuseos avanzarán más en la cuestión de participación social y comunitaria, y los de la denominada tercera generación (ecomuseo urbano de Fresnes) se ubicarán en paisajes urbanos. En los últimos años se está avanzando hacia la concepción de entorno urbano y se está ensayando una filosofía de participación social. Los ecomuseos de segunda generación serán el paso intermedio, cuyo ejemplo es el de Creusot, creado entre 1971 y 1974. En este caso se presenta un conjunto de 16 comunidades marcadas por una fuerte actividad industrial, pero cuya tradición rural se mantiene viva.
Actualmente podemos afirmar que los museos de primera generación, tal y como dice Hubert, se movían entre la utopía y la nostalgia (Hubert, 1997). Sin embargo, su filosofía, con las modificaciones necesarias e imprescindibles, continúa viva y vigente.

Antecedentes y base social de los nuevos planteamientos

Todo este proceso de reflexión ideológica y metodológica en el campo del ambientalismo, que cristaliza en la aplicación de unos determinados modelos de gestión territorial, tiene un fundamento y una base social que lo impulsan. Una vez superadas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, se produce un movimiento paulatino que aboga por un compromiso social en todos los ámbitos. Se habla de arte y sociedad, de historia social, de museología social, etc., y por primera vez se toma conciencia de la capacidad de los humanos para destruir el planeta. La sociedad y el ser humano se convierten en el eje de las ciencias sociales y naturales. En el campo humanista la sociedad subsiste a las elites y en el campo de la protección natural el conservadurismo cederá paso al ambientalismo.
Nos hallamos en la década de los sesenta, en plena crisis del modelo de sociedad consumista, entre la población joven estudiantil e intelectual. El movimiento "hippy" y el movimiento estudiantil de mayo del 68 en París son las dos máximas expresiones de esta situación. Entre la población nace un deseo de retorno al mundo rural para recuperar un pretendido equilibrio con la naturaleza. Se producen las primeras oleadas de neorurales, que en raras ocasiones conectarán con la comunidad autóctona. Sus modelos de organización comunales chocarán con el conservadurismo de las formas de vida de los autóctonos que los consideran cuerpos ajenos y extraños. Es posible que este choque se deba a que, a diferencia del proteccionismo del entorno natural, la idea de diálogo entre cultura y naturaleza no había penetrado en la sociedad.

Sensibilización, sensibilidad, sensiblería ciudadana

De todo este movimiento ha quedado una cierta filosofía de retorno a la naturaleza, explotada hábilmente por la sociedad de consumo. Así pues, se hablaría más de contacto con la naturaleza que de retorno. Se trata de disponer de todas las comodidades de la vida contemporánea, manteniendo una idea de invariabilidad, permanencia e inmovilismo del entorno natural inmediato, del paisaje que rodea la casa de campo donde residen los fines de semana. Se busca la paz, el equilibrio, el restablecimiento del estrés cotidiano. Nace el ecociudadano, preocupado por la preservación del medio e ignorante de las necesidades de los indígenas que han vivido desde hace siglos en el entorno que quieren preservar. El ecociudadano adepto a mitos y fetiches, que cree que el entorno es inmutable e ignora que está sometido a un cambio constante y que lo que ahora defiende a lo mejor mañana no existirá porque habrá sido sustituido por otro medio que quizás sea, o no, tan natural como el anterior.
La sociedad de consumo se encargará de crear una noción utópica de naturaleza idílica, de un pasado armonioso entre el hombre y el medio, una especie de mundo feliz. La realidad social y económica de esta época desmonta rápidamente esta utopía infantil. Efectivamente existía cierto equilibrio entre actividad humana y naturaleza, pero era debido a que entonces el ser humano no tenía la capacidad actual de transformación del entorno. Por otra parte, la vida de las personas, su lucha diaria por la subsistencia, era extraordinariamente dura. Ningún viejo jornalero, bracero o leñador regresaría voluntariamente a aquellas condiciones de vida, ni al sistema de relaciones sociales existente. La armonía social que a veces se nos plantea se tambalea al girar la mirada científicamente hacia la historia de este mundo. En esta mirada observaremos lucha social, como la que sostuvieron errantes y carboneros en las Guilleries y una parte del Montseny, por mencionar fenómenos que hemos estudiado. Estas luchas tuvieron la misma intensidad que las producidas en entornos urbanos, aunque nunca han merecido, por parte de la historia social, la atención que recibieron estas últimas.
El ecologismo fácil de una parte de la ciudadanía se hace evidente con reacciones radicales y poco reflexivas, ante actuaciones que de modo alguno pueden constituir un atentado ecológico, como el caso de los abetos de Navidad. Tirar al contenedor un producto cultivado, como podría ser una col o un abeto de Navidad, puede constituir un derroche, pero de modo alguno constituye un atentado contra la ecología, a no ser que sea la propia de un campo de cultivo. Si así fuera, con cada cosecha se produciría una agresión contra el entorno.
Esta situación demuestra la dificultad de penetración que tiene entre la gran población la idea de equilibrio entre conservación natural y explotación humana, la idea de entender el patrimonio como un todo que abarque elementos naturales y culturales. De cualquier modo es necesario que esta filosofía vaya calando como la lluvia fina. En este sentido es importante el papel de la educación ambiental, que cada vez tiene más en cuenta los parámetros culturales. La valorización del patrimonio integral tiene día tras día más adeptos. Actualmente la mayor parte de asociaciones ecologistas o de salvaguarda del entorno tienen en consideración el patrimonio cultural. Un buen ejemplo de esta tendencia lo hallamos en el artículo de Pierre Beaudoin, presidente de la federación Rhône-Alpes de protección de la naturaleza, en el que se afirma: “Un estudio asociativo permitirá entender y admitir que estos dos tipos de patrimonios son inseparablemente importantes” (Beaudoin, 1995).
Actualmente tanto las asociaciones de salvaguarda del patrimonio cultural como del natural son conscientes, al menos las más sólidas, de que ningún patrimonio prevalece sobre otro y que su compromiso afecta a ambos.
El paisaje, ¿una cuestión de la sociedad?

El paisaje pasa a ser una cuestión de la sociedad a mediados del s. XX, cuando la acción humana lo somete a una serie de cambios que lo pueden transformar profundamente hasta el límite de su desaparición. Pero también pasa a ser un problema social cuando la gente que hasta ahora lo había explotado y trabajado deja de tener un papel prioritario, e incluso va desapareciendo en un éxodo rural inexorable porque su actividad productiva deja de ser esencial para la sociedad. Cuando un colectivo, los campesinos o los trabajadores del bosque, pasan a tener un papel secundario por razones de excedentes de mercados que ni conocemos o por directrices comunitarias que les obligan a cultivar según el dictamen de organismos ajenos al territorio, con ello se afecta a la formación del paisaje que está vivo y en constante evolución. La desaparición de buena parte de los trabajadores agrícolas ha significado una modificación del paisaje. En muchas ocasiones ha supuesto la expansión de la masa forestal. El abandono del mundo rural también facilita, sin lugar a dudas, la acción de elementos que alteran el paisaje, como son los incendios.
El espacio rural tradicional era un sistema con un cierto equilibrio. El hombre había creado un entorno favorable que le facilitaba la existencia. Pero este equilibrio también podía ser frágil: una tala extensiva para facilitar pastos al ganado o un abandono de los cultivos podían significar modificaciones importantes en el paisaje. Las zonas boscosas de montaña mediana de la Cataluña húmeda, por ejemplo, sufrieron un extraordinario impacto debido al carboneo y otras actividades forestales. En consecuencia, esta montaña estaba muy pelada y sobreexplotada. El área de Sant Hilari Sacalm, que podemos considerar como la capital de las Guilleries y núcleo principal de la antigua explotación de aros de madera, presenta un paisaje dominado por los bastones de castaño. Evidentemente, la búsqueda de recursos hizo cambiar el paisaje originario de la zona que debería estar dominado por encinares montañosos o robledos, y fue sustituido, por mor de intereses del hombre, por bastones de castaño. Estos son unos pocos casos, pero los podríamos contar miles.
Por otra parte, el mantenimiento de la presencia de actividad humana en entornos naturales también contribuye a preservar una mayor biodiversidad de ambientes. Es evidente que la presencia de los ya que han sido denominados como jardineros del paisaje (campesinos, pastores, montañeses) es un elemento positivo. Esta denominación también merece un comentario, ya que supongo que parte de una visión esteticista y/o muy humanizada de la naturaleza y no se trata de una denominación irónica, como podría parecer a los destinatarios del calificativo o a los que vivimos cerca de ellos. En esta sentido me gustaría citar una afirmación de Jacques Cloarec que dice: “Nos encontramos ante una desestabilización de los aspectos sociales que hasta ahora enlazaban los diversos personajes afectados por el paisaje rural” (Cloarec, 1995).
El paisaje también tiene otro valor social para la comunidad: el identificador. Al igual que el patrimonio cultural, el paisaje es un elemento de referencia para los miembros de un colectivo que les permite reconocerse como una comunidad. Así pues, podemos afirmar que el entorno ha sido para las comunidades rurales un espacio vital alrededor del que han girado todas sus actividades. En consecuencia, si queremos conservar estos valores naturales tenemos que conservar los agentes que los han modelado. De esta forma, por ejemplo, será difícil conservar el paisaje del Pla de la Calma en el Montseny tal y como ahora lo conocemos si desaparece totalmente la actividad ganadera que lo creó.
Con estas afirmaciones no quiero entrar en un maniqueísmo simplista y reduccionista, ni propongo un retorno a ninguna parte, ni una defensa acérrima de nada. Simplemente quiero mostrar, por una parte, como cada cambio social puede suponer un cambio en el paisaje y, por otra parte, hasta qué punto la cultura y la naturaleza están implicadas e interrelacionadas. La más simple de las acciones tiene una consecuencia en ambas.
Sin embargo, si creemos que es conveniente mantener la presencia humana en ciertos entornos naturales –protegidos o no– que han sufrido un largo e intenso abandono, deberemos proporcionar a sus habitantes algunos recursos nuevos, que puedan llegar por vía de la terciarización. Precisamente gracias a los nuevos usos del patrimonio, tanto natural como cultural, puede producirse un cambio de actitud o de tendencia de los autóctonos de los espacios rurales.

¿Qué entendemos por comunidad autóctona?

Esta es una cuestión interesante porque la población autóctona no es la misma en todos los espacios naturales ni en todos los territorios rurales. Esto es importante en el momento de decidir qué actuaciones deben llevarse a cabo, puesto que deberán ser distintas según el territorio en que se apliquen. Por ejemplo, los parques de Collserola, Garraf o Corredor-Montnegre no tienen nada que ver, respecto a composición social, con el del Montseny o el de La Garrotxa, y mucho menos con los Pirineos. Los dos primeros están inmersos en entornos muy humanizados, de los más humanizados de Cataluña. El Montseny, en cambio, está compuesto por poblaciones de pequeño tamaño, y las más grandes, como son Sant Celoni, La Garriga, Arbúcies y Santa Maria de Palautordera, oscilan tan sólo entre los 5.000 y los 15.000 habitantes. La Garrotxa, al contrario, está formada por pequeñas aldeas que gravitan alrededor de un centro de carácter medio, la ciudad de Olot, formada por unos 30.000 habitantes. Ninguna de estas zonas presenta problemas graves de despoblación, sino todo lo contrario. Si hablamos de los primeros parques mencionados, la situación es totalmente la inversa: se hallan integrados en zonas de alta densidad demográfica. Se trata entonces de salvaguardar algunos territorios residuales de un deterioro irreversible.
Entre el Montseny y La Garrotxa existen coincidencias y también diferencias. Respecto a las coincidencias, nos encontramos que en ambos territorios las zonas altas y centrales se van despoblando, pero la gente no se va del propio territorio. Y aquí aparecen las diferencias. Si en el caso del Montseny la población que abandona estas áreas es absorbida por un conjunto de pequeños pueblos de las características antes mencionadas y situados en la periferia del macizo, en el caso de La Garrotxa, esta población es absorbida por una sola ciudad, Olot. Finalmente los Pirineos, con comarcas como los Pallars que no llegan ni mucho menos a los 10.000 habitantes, responden mejor a los arquetipos de zona rural económicamente deprimida, con un gran envejecimiento y un éxodo inexorable de su población. Este último caso responde al prototipo tradicional de sociedad rural.
En comunidades socialmente diversificadas, tan autóctonas son las personas que trabajan en una fábrica o en una tienda como las que practican las actividades primarias y tradicionales vinculadas al territorio. Las segundas tendrán más necesidad y urgencia de adaptación a los nuevos usos del territorio, mientras que las primeras sólo lo aceptarán si quedan garantizadas las ganancias. Es evidente que la sensibilidad frente al entorno de ambos colectivos, que de hecho pertenecen a la misma comunidad, será muy diferente. Las personas vinculadas directamente al territorio estarán más sensibilizadas ante las políticas de gestión y ordenación del mismo, mientras que las que viven al margen tendrán una actitud un poco más distante.
Otro elemento a tener en cuenta es la pérdida de poder e influencia política de los sectores vinculados a las tareas tradicionales a consecuencia de la disminución demográfica y económica. Esta pérdida de influencia local debe suplirse mediante actuaciones de tipo corporativo. Esta situación puede convertirse en un drama si en alguna ocasión el interés general no está en sintonía con los intereses particulares de este segmento de población de la comunidad autóctona.
A esta heterogeneidad de los componentes de la comunidad, marcada por la especificidad de cada territorio rural, debemos añadir al residente. Éste puede llegar a ser un elemento de distorsión cuando, a pesar de trabajar fuera y no tener vínculos directos con la comunidad originaria, se empadrona, interviene en la vida municipal y defiende sus intereses de residente, lo que es totalmente lícito. Aquí nos hallamos ante un nuevo elemento que se ha producido en zonas de montaña mediana y que puede que sea más habitual en zonas de alta montaña, como por ejemplo los Pirineos: la sustitución del nativo por el residente. Esto ha sido propiciado por el éxodo masivo de los habitantes tradicionales de estas áreas. Los residentes serán por definición inmovilistas porque han invertido en calidad de vida y no querrán que nada modifique lo que han adquirido. De lo contrario, también se han producido casos en los que han aportado proyectos de explotación masiva que no contribuyen en nada al mantenimiento del equilibrio natural. En este sentido cabe recordar que durante cierto tiempo algunas personas plantearon la instalación de pistas de esquí en el Montseny.
Otro elemento que diferencia los espacios naturales es su frecuentación y su proximidad a grandes núcleos urbanos. En esta sentido es paradigmático el caso del Montseny, con 1.600.000 visitantes al año a causa de la proximidad, contacto casi carnal, con la conurbación barcelonina. Pero el usuario, a pesar de no formar parte de la comunidad, juega un papel primordial.
La administración de un espacio natural debería conocer bien la sensibilidad de sus habitantes respecto a la conservación de los valores naturales. Desafortunadamente esto no es así. Se conoce la composición social, cultural, económica y demográfica de las comunidades, pero se desconoce lo que piensan, como colectivo, de los elementos de protección de la naturaleza. En este sentido creo que es interesante el estudio de valoración del paisaje, hecho en parte de las poblaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, referente a la planificación del territorio (Ormaetxea, 199). También creo que habría sido un importante dato sociológico, relativo a la actitud de la población sobre ciertos temas que pueden afectar el equilibrio natural, la realización de un referéndum sobre la explotación de los recursos hídricos en la riera de Arbúcies.

La revalorización del patrimonio por parte de la comunidad

La permanencia humana en entornos rurales demográficamente en retroceso, no sólo vendrá propiciada por el efecto identificador, por muy importante que éste sea, sino que procederá de la valorización del patrimonio como recurso económico, como elemento de dinamismo comunitario.
Actualmente, ante la necesidad de naturaleza, en ocasiones de tipo fetichista, y ante la revalorización del patrimonio cultural por parte de algunos sectores, básicamente urbanitas, se ha creado un efecto de recuperación del patrimonio comunitario que había permanecido olvidado y marginado. En esta línea se expresa Jordi Abella, director del ecomuseo en Valls d’Àneu, cuando afirma: “La revalorización de este patrimonio, o por lo menos de una parte del mismo, ha sido un proceso relativamente reciente y muy condicionado por los cambios en la forma de vida y por las nuevas percepciones que estos comportan” (Abella, 1997).
Esta revalorización del patrimonio por parte de la comunidad será la que garantizará su preservación. La comunidad no verá su patrimonio con indiferencia, sino que lo verá como recurso, lo que reforzará al mismo tiempo su papel identificador, que había caído en el olvido o el desprestigio. Cuando este patrimonio mostraba aspectos identificadores pero ni era útil ni a nadie interesaba cayó en desuso. En consecuencia, el interés de la propia comunidad decayó. Se trata de la marginación de lo que se conoce y siempre se ha visto, generación tras generación, pero no sirve ni tiene interés para nadie. Cuando la comunidad ve que desde el exterior se muestra interés, el que sea, por este patrimonio, entonces se inicia un proceso de revalorización.
Cuando hablamos de sensibilidad de la comunidad rural respecto a los elementos del territorio, tenemos que diferenciar entre los distintos segmentos sociales y económicos que la integran. La implicación de los grupos directamente vinculados al sector primario (campesinos, montañeses, propietarios forestales, pastores) es tradicionalmente mayor que la del resto de componentes de la comunidad dado que su vínculo con el territorio es directo. Para ellos, el territorio no es tan sólo el lugar donde han crecido y vivido, sino que también es su medio de subsistencia. Por otra parte, los segmentos de estas comunidades residentes en el núcleo urbano, y que dependen económicamente de otros sectores económicos no vinculados a la riqueza del territorio, viven de espaldas a la realidad del territorio. Incluso se ha llegado al punto de que miembros de las generaciones más jóvenes desconocen su entorno natural a pesar de tenerlo ante sus ojos. Creo que actualmente podríamos hablar de urbanitas de pueblo. Entonces la implicación de este segmento, mayoritario y, en consecuencia, con mayor peso político en la comunidad, sólo puede conseguirse con la terciarización del patrimonio, integralmente entendido.
En una comunidad rural tiene que lograrse la implicación de ambos sectores para garantizar la conservación de los valores patrimoniales del territorio. Por valores patrimoniales entendemos no tan sólo los árboles, plantas y animales salvajes, sino las personas y el propio territorio, que es el contenedor de todos estos elementos.
Como en todo en esta vida, es necesario ser realista y no idealizar a los autóctonos de estos espacios rurales. Probablemente si los intereses del conjunto de la sociedad hubiesen pasado por una artificialización o humanización feroz del entorno, y esto hubiera supuesto importantes beneficios económicos para la comunidad, seguramente ésta se hubiera convertido en cómplice del proceso, como ha sucedido en otros sitios. El hombre en la sociedad tradicional utilizaba el territorio y lo modelaba según sus intereses sin tener la capacidad actual de transformación radical. La idea que impregnaba la sociedad es que el entorno, la naturaleza en conjunto, había sido creado para que el hombre se aprovechara de él. Era el precepto judeocristiano de creced y multiplicaos. Por consiguiente, no existía una filosofía ancestral de equilibrio con la naturaleza, que se esfuma con los avances tecnológicos de la sociedad moderna.
Este tipo de providencia o de compenetración entre las leyes de la naturaleza y los pueblos primitivos (y según esta tendencia nuestros antepasados serían los campesinos, pastores y montañeses) es muy discutible y poco fundamentada. Creo, además, que es un mito más de la sociedad consumista poco contrastado. Si vamos por zonas rurales donde recientemente hayan talado el bosque hallaremos fácilmente latas de aceite de las sierras mecánicas, abandonadas por los propios taladores. Estas actitudes rompen el mito antes expuesto, aunque tampoco son ningún atentado contra algo. Es, como todo, cuestión de moderación. Cuando el entorno rural sólo lo utilizan las comunidades que allí viven, existe un equilibrio entre ambos; cuando dicho entorno es altamente frecuentado por miles y miles de personas, se degrada y el equilibrio se rompe. La protección del entorno debe basarse, no en fundamentalismos que satanizan cualquier actitud que podría ser lasciva contra el medio, sino en el control y en la aplicación de medidas correctoras contra los fenómenos de considerable capacidad destructiva.
No cabe duda de que mantener la población en los espacios rurales es una garantía de preservación, pero para hacerlo posible hace falta que dispongan de recursos compatibles con la protección del entorno. Estos recursos están estrechamente vinculados a la valorización del patrimonio, y su validación implicará a su vez el interés de la comunidad por conservarlo.

Los nuevos usos del territorio. El desarrollo sostenible

Los recursos de que disponen los espacios rurales –protegidos o no– que no tienen actividad industrial son actualmente diversos y en ocasiones importantes. El mantenimiento de las actividades tradicionales (agricultura, ganadería y explotación forestal), el crecimiento urbanístico debido al aumento de segundas residencias, la explotación de recursos naturales (hidroeléctricas, embotelladoras, esquí, minería...) y la explotación turística del patrimonio natural y cultural son un buen ejemplo del potencial económico al que pueden acceder.
Todas estas actividades tienen una gran capacidad de transformación del medio. De entre ellas, probablemente las más controladas sean las actividades tradicionales. En cuanto al crecimiento urbanístico, a pesar de las fuertes presiones existentes, está bastante controlado en las áreas protegidas (no siendo así en el resto del territorio rural). Respecto a la explotación de los recursos naturales, el grado de agresividad respecto al entorno dependerá del tipo de actividad. Las hidroeléctricas, por ejemplo, son una actividad de interés público que prácticamente ya hemos asumido como un componente más del paisaje; por otra parte, su actuación puede llegar a ser reversible. En relación con el tema de las embotelladoras, que también pueden ser consideradas como de utilidad pública porque todo el mundo tiene derecho a beber agua de calidad, sólo se pueden prever dentro de la existencia de planes de explotación de los recursos hídricos de una cuenca. En estos planes deberían regularse los caudales autorizados para la comercialización y dedicar los esfuerzos necesarios a llevar a cabo rigurosos controles periódicos. Sin embargo, hay otros elementos a considerar, como el consumo humano y urbano, el consumo agrícola y el consumo industrial, que sin duda son muy cuantiosos y probablemente superiores a los de extracción de agua para envasar. Respecto al tema de las estaciones de esquí, mientras no proliferen pueden ser controlables. En cuanto al tema de la minería, y en especial el de las extracciones de áridos y de pedreras, son las actividades más irreversibles a pesar de las políticas de restauración existentes. Afortunadamente sus actuaciones, aunque muy agresivas, suelen ser más puntuales. Finalmente, el turismo masivo y extendido per todo el territorio también representa una importante agresión contra el medio.
Debemos preguntarnos cuáles, de entre estas actividades, revierten en la comunidad. Evidentemente las actividades tradicionales lo hacen totalmente y el crecimiento urbanístico también, pero respecto a las restantes actividades, el grado de implicación de la comunidad es menor, lo que no significa que no se obtengan beneficios. Habitualmente los grandes beneficiarios de las industrias que explotan los recursos del medio (hidroeléctricas, embotelladoras, estaciones de esquí, minería) suelen ser grandes empresas que vienen de fuera, hacen la inversión y se quedan la mayor parte de los beneficios, aunque siempre generan algunos puestos de trabajo. Las grandes inversiones en estaciones de esquí sólo revierten en una pequeña parte en la comunidad, principalmente en cuanto a restauración y alojamiento. La ventaja que comporta el esquí es la presencia de una gran multitud de personas que pueden ser captadas para otros comercios del territorio, aunque las estaciones tienden cada día más a retener al esquiador en sus instalaciones.
Las ganancias del turismo no masivo, al contrario del caso anterior, revierten totalmente en la comunidad y contribuyen a diversificar su economía. Este tipo de actividad, al ser gestionada por los propios miembros de la comunidad, procurará mantener un equilibrio entre la explotación y la conservación del patrimonio que ha generado la demanda. La destrucción del patrimonio, natural o cultural, representará para ellos el fin del recurso.
Si queremos preservar los territorios rurales de una feroz artificialización, y si creemos que esta preservación pasa por el mantenimiento de las comunidades en su entorno, debemos avanzar hacia la generación de recursos que diversifiquen la economía de las comunidades, en la línea de la sostenibilidad, lo que significa una terciarización de estos espacios. No creemos que este tipo de actividades sean moneda de cambio de nada. Las administraciones que deciden aislar un territorio de la humanización imperante tienen que posibilitar la generación de estos recursos.
Sin embargo, puede que antes de continuar hablando de desarrollo sostenible debamos precisar lo que nosotros entendemos por sostenibilidad. Recogemos al respecto los principios del turismo sostenible, elaborados per el English Tourist Board (1994). De este documento se extraen siete principios:
• El entorno tiene un valor intrínseco superior al que representa como activo turístico. Su disfrute por parte de futuras generaciones no puede ser vulnerado.
• El turismo puede ser una actividad positiva, en tanto que es un beneficio potencial tanto para la comunidad y el territorio como para los visitantes.
• Las relaciones entre turismo y entorno se pueden practicarse mientras el entorno se sostenga a lo largo del tiempo. El turismo no puede ser la causa del perjuicio de su propio recurso, ni perjudicar futuros disfrutes, ni ocasionar impactos inaceptables.
• Las actividades turísticas y el desarrollo tienen que respetar el equilibrio entre la naturaleza y el carácter del lugar donde se encuentra.
• En alguna situación se puede buscar la armonía entre las necesidades del visitante, el territorio y su comunidad.
• En un mundo dinámico cierto cambio es inevitable y a menudo beneficioso. Sin embargo, algunas adaptaciones al cambio pueden no adaptarse a estos principios.
• La industria del turismo, las autoridades locales y las agencias ambientales tienen la obligación de respetar los principios mencionados y de trabajar conjuntamente para su puesta en práctica.
Estos principios definen bien lo que significa turismo sostenible y se pueden extrapolar fácilmente a crecimiento o desarrollo sostenible. Pero todavía podríamos añadir un octavo principio: este tipo de turismo tiene que ser una actividad más de la comunidad que contribuya a diversificar su economía.
A continuación enumeraremos algunas actividades que van en este sentido, si bien es cierto que son por todos conocidas. Dentro de esta apartado se incluyen:
• Algunos deportes de montaña como rafting, escalada, descensos en canoa o piragua, rappel, circuitos de BTT, paseos a caballo...
• En cuanto a hospedaje, potenciar la creación y mejora de pequeños hoteles o fondas, campings o, más recientemente, las casas de payés-residencia.
• La potenciación de la elaboración de productos artesanales propios, a través del merchandising; productos como la alfarería, la carpintería, e incluso la pastelería o la fabricación de embutidos. Si a esta producción se añade una comercialización en términos de creación de marcas de origen, tendremos una importante inyección para un buen sector de la comunidad.
• También debemos tener en cuenta el apartado de itinerarios o rutas a pie o en coche.
• A raíz de esto renace con fuerza el turismo de la salud: el de balnearios.
• Otra práctica interesante es utilizar los recursos patrimoniales (paisaje, monumentos, fiestas, tradiciones...) como reclamo para incentivar las visitas autoguiadas.

El territorio, pieza estrella y no museo

Partiendo de esta perspectiva me gustaría explicar cuál sería la función del museo y cómo encaja dentro del ambientalismo. Hemos visto cómo una corriente de la museología, que tiene como máximo exponente los ecomuseos, entra de lleno en la dinámica ambientalista bajo el prisma del patrimonio integral.
Para entender el porqué de este hecho, cabe decir que esta corriente tiene en el territorio su objetivo básico de conservación y estudio; el territorio entendido como marco donde se desarrolla la vida de la comunidad. Por consiguiente, su tendencia es hacer del territorio un museo: este es el patrimonio que se debe conservar (paisajes, monumentos, personas). En este sentido, el museo es un concepto revolucionario y cambiante. No se propone una parada en el espacio y en el tiempo, sino evolucionar al mismo ritmo que el territorio y la sociedad, preservando los elementos que conforman la identidad básica de la comunidad. La realidad bajo esta óptica es sistémica, es decir, está compuesta de unidades espaciales y cronológicas en las que se desarrolla toda una serie de actividades culturales y procesos naturales. La correspondencia en el mundo natural de las realidades sistémicas culturales son los ecosistemas. En consecuencia, el edificio donde reside el museo, y donde se depositan las colecciones, es sencillamente el centro de interpretación del territorio.
El error de algunos ecomuseos fue que en el momento de crear satélites relacionados con la sede central, se optó siempre por actividades en desuso. Esto creó la impresión de paro en el tiempo. El museo debe mirar y recuperar el pasado, pero trabajando en el presente y mirando hacia el futuro. Por esto los museos que trabajan en esta línea, como el Museo Etnológico del Montseny, han creado una serie de itinerarios que muestran la realidad actual. Estos itinerarios son el complemento de la visita al museo, ya que proporcionan una visión completa de la evolución de las formas de vida en un entorno concreto. Muestran actividades tan actuales como las carrocerías, las embotelladoras, la explotación de árboles decorativos y abetos de Navidad, etc. El museo se ha implicado en reivindicaciones ciudadanas, liderando la campaña de protección del castillo de Montsoriu y promoviendo la creación de la Asociación de Amigos del Castillo de Montsoriu. El museo también incide en la formación ambiental y en la defensa del equilibrio entre naturaleza y cultura. En definitiva, es una buena herramienta para que la Administración lleve a cabo políticas de aproximación a la comunidad e inicie políticas de protección del patrimonio desde una óptica integral. Esto se ha probado en otros lugares, pero aún es incipiente en Cataluña. Más aún, la iniciativa en este sentido siempre ha procedido en mayor parte de los museos que de las administraciones gestoras de espacios naturales.
Todas estas fórmulas de explotación del patrimonio se recogen bajo distintas denominaciones como agroturismo, ecoturismo, turismo rural, etc. Distintas palabras para expresar una misma idea. En el fondo, el usuario de este tipo de turismo entronca con la tradición excursionista y la filosofía de veraneo de la pequeña y mediana burguesía de principios de siglo. El veraneo consistía en ir a lugares frescos que suavizasen los rigores estivales y que permitieran reposo y disfrutar del entorno. Un concepto totalmente diferente al de las vacaciones que nos autoimponemos actualmente, de las que regresamos más agotados que cuando las empezamos.
La creación de una protección sobre un territorio no puede ser nunca una pérdida de oportunidades para los ciudadanos afectados por las limitaciones que ésta impone, porque se relegaría a una segunda categoría, y esto, por definición, no encaja en un sistema democrático. Por esta razón, del mismo modo que las administraciones ponen a disposición de los habitantes de las áreas de parques una serie de subvenciones –que nunca llegan a ser suficientes– para adaptar sus explotaciones o para construir de acuerdo con unas normativas, la Administración tiene que facilitar las herramientas para diversificar su economía. Y esto sólo es posible a través de la explotación de los recursos patrimoniales de forma sostenible. Para garantizar la conservación del medio es necesario que el autóctono lo considere, no como un elemento altamente limitador de su autonomía, sino como generador de cierto tipo de recursos. El ciudadano de estas regiones, bajo estas condiciones, participará y se implicará en la conservación del patrimonio rural, lo que comportará un importante salto adelante que permitirá garantizar la solidaridad de los autóctonos y evitar un escisión entre el interés general de la sociedad y el de los habitantes de la zona. Una escisión de este tipo no sería en ningún momento beneficiosa para el entorno.
Superada esta etapa deberíamos hablar superficialmente de la participación de la comunidad en los órganos gestores de un espacio natural protegido.

Participación de la comunidad en la gestión

En esta exposición no podía faltar una breve referencia al papel de la comunidad en los órganos gestores de los parques naturales. En Cataluña existen trece espacios protegidos:
• 1 parque nacional (Aigües Tortes, gestionado por la Generalidad y el Estado)
• 7 parques naturales (zona volcánica de La Garrotxa, pantanos del Empordà, Cadí-Moixeró, delta del Ebro y montaña de Montserrat, pertenecientes a la Generalidad de Cataluña; macizo de Sant Llorenç del Munt y sierra del Obac, de la Diputación de Barcelona; macizo del Montseny, de la Diputación de Barcelona y la de Girona)
• 5 espacios protegidos, que pueden ser asimilables a los otros parques (Garraf, Montnegre-Corredor, Parque Comarcal de Montesquiu y Parque Comarcal de Olèrdola, de la Diputación de Barcelona; parque metropolitano de Collserola, gestionado por la Entidad Metropolitana de Barcelona y la Diputación de Barcelona).
• Además, existen las zonas declaradas PEIN (Plan de Espacios de Interés Naturalístico) y una nueva figura que ha creado la Diputación de Barcelona: los Consorcios que nacen de un pacto entre los ayuntamientos y dicha administración.
Evidentemente, ante esta diversidad no existe una fórmula homologada de participación de la comunidad en la gestión del área protegida. En el caso de la Diputación de Barcelona, se crean dos consejos distintos: el coordinador, en el que sólo están representadas las administraciones (ayuntamientos, consejos comarcales), y el consultivo, en el que están representadas las entidades y asociaciones (culturales, científicas, ecologistas, deportivas, cazadores, pescadores, propietarios forestales, etc.). Los parques de la Diputación son fruto del Plan Especial de la Comisión de Urbanismo, por esta razón, las administraciones con competencias urbanísticas, como ayuntamientos y consejos comarcales, tienen un peso importante. La Generalidad, por otra parte, generaliza otro tipo de participación a través de patronatos u órganos gestores en los que están representadas las administraciones y colectivos con una especial incidencia en la gestión del parque (propietarios, personalidades científicas de prestigio reconocido, etc.). En ciertos casos, como el de la zona volcánica de La Garrotxa, también existe un Consejo de Cooperación en el que participan abiertamente entidades y asociaciones, sin tener que ir en representación de nadie. De hecho, se trata de un tema complejo porque cada espacio protegido tiene sus peculiaridades y merece un amplio estudio. De todos modos, lo que aquí nos interesa no son tanto las modalidades orgánicas de participación como su grado.
En este sentido podemos afirmar que las prerrogativas de gestión del territorio protegido están en manos de la administración gestora, que crea unos canales de participación y/o consulta del resto de administraciones y colectivos que tienen intereses en esta gestión. Por consiguiente, el grado de participación en la gestión está limitado, lo que por otra parte es lógico. De hecho, la decisión de proteger un territorio es una decisión tomada en función del interés común del conjunto de la sociedad, en consecuencia, las instituciones supramunicipales tienen toda la legitimidad democrática y legal para llevar a cabo esta iniciativa y para continuar gestionando estos espacios según sus criterios, avalados por las urnas. Esto, pero, no puede implicar la relativización del papel de la comunidad o de sectores con intereses en el espacio, por inteligencia y por supervivencia del proyecto. Ahora bien, lo que una administración tampoco puede tolerar es que los intereses de unos determinados colectivos pasen por encima de los generales.
Otro problema diferente lo tiene la administración de un espacio protegido en el momento de incentivar la implicación del tejido social de la comunidad o comunidades insertadas en el territorio. Esta incentivación no sólo tiene que implicar a los colectivos con intereses obvios en el espacio, sino que debe afectar al conjunto de la comunidad.

Conclusión

A lo largo de este artículo se ha intentado hacer patente cómo el concepto de protección del entorno ha pasado de ideales puramente conservacionistas a otros que abogan por un equilibrio entre naturaleza y actividad humana. En este proceso se han ido imponiendo las filosofías que defendían un tratamiento integral del patrimonio. Esta filosofía ha supuesto una mayor atención hacia la comunidad o comunidades autóctonas, sobre cuáles son sus necesidades y cuál debe ser su grado de implicación. También hemos visto como el cuerpo teórico de esta tendencia evolucionaba paralelamente a una mayor atención de la sociedad en general por las cuestiones ecológicas, no exenta de mitificaciones y sensiblerías poco fundamentadas. Todo esto nos ha llevado a considerar el paisaje como una cuestión social. Y como tal, el primer afectado es la comunidad autóctona.
Ante este hecho nos vemos obligados a analizar lo que entendemos por comunidad autóctona. Después hemos explicado como sus miembros se hallan en un proceso de revalorización de su patrimonio y cómo esta revalorización tiene que ser propiciada por los elementos itinerarios y por la presencia de mecanismos de desarrollo comunitario sostenible, dejando al margen o evitando la generalización de otros nuevos usos del territorio rural más agresivos. Finalmente, se ha analizado muy superficialmente el tipo de participación de la comunidad en los órganos gestores de los parques naturales.
Como conclusión insistiremos en la creencia de que la implicación de la comunidad en la protección del entorno está condicionada por los elementos expuestos, pero que en Cataluña la explotación sostenida de los recursos está empezando y debe ir a más. También cabe decir que se debería avanzar en la cuestión de aumentar la presencia de la imagen del parque entre la población. En este sentido creo que las administraciones de los espacios naturales deberían llevar a cabo actuaciones sólo destinadas a la comunidad, de tipo cultural, deportivo o lúdico en general, además de facilitar la generación de recursos. Una comunidad identificada con su entorno y convencida de la necesidad de su conservación, porque le interesa, es la mejor garantía para su protección.
Respecto a la participación formal de la comunidad en los órganos de gestión, creo que es correcta. Realmente las personas que deben tomar las decisiones finales deben ser los candidatos electos, ya que ellos representan, según la administración, al conjunto de la sociedad o al conjunto de la comunidad y no a sectores concretos. Otra cuestión es la necesidad de tener siempre en cuenta a la población para que las relaciones sean más armónicas y las políticas de actuación más efectivas. De hecho, más importante que la modalidad del mecanismo de participación es la sensibilidad de la Administración ante los problemas de sus administrados •
 
 
 
 

Bibliografía
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Desarrollo local en alta montaña
Lluís Llobet i Martí
Geógrafo, director-gerente del Centre d’Art i Natura

La actividad artística puede ser un estímulo para revitalizar las pequeñas localidades de montaña. Estos pueblos ofrecen la tranquilidad y el espacio idóneos para el trabajo y el intercambio de experiencias entre creadores de distintas disciplinas. El éxito de esta combinación –arte y naturaleza– está contrastado por varios casos en los Estados Unidos y en Europa. En Cataluña, los pioneros han sido un irlandés y los habitantes de Farrera, en el Pallars Sobirà.
 

Hecha la radiografía introductoria de dos momentos históricos de Farrera, distanciados en el tiempo por sólo 15 años (ver el cuadro adjunto), será mucho más sencillo para los lectores de este artículo entender los extraordinarios vínculos que tiene la iniciativa del Centre d’Art i Natura con el pasado reciente, y no tan reciente, del pueblo que la acoge. Este proyecto se ha caracterizado desde el principio por la síntesis entre varios legados culturales recibidos de la tradicional civilización de montaña y las realidades urbanas contemporáneas. Es de justicia afirmar que sin el movimiento llamado neorural  el Centre d’Art i Natura no habría sido posible. Proyectos como el de Farrera, que con pocos recursos y condiciones a priori adversas van prosperando día a día, no responden a un modelo artificial de gestación arbitrariamente diseñado desde un despacho, sino a un proceso de maduración estrechamente vinculado a un territorio y a una realidad social que lo acepta y lo hace suyo. Una semilla sólo germina si se encuentra con unas condiciones favorables de humedad y temperatura.
Si bien la descripción de la realidad de Farrera del año 1970 es paradigmática para el conjunto de la alta montaña, no puede establecerse lo mismo para la segunda descripción igualmente realista. Ciertamente, lo que sucede durante la década de los ochenta en Farrera es un caso particular, no generalizable, pero estaríamos completamente equivocados si pensáramos que es un caso único. Nunca se ha hecho un trabajo riguroso sobre el alcance del movimiento neorural en Cataluña, a pesar de que seguramente movilizó a miles de jóvenes que, en su inmensa mayoría, acabaron estableciéndose nuevamente en el lugar de origen. En cualquier caso, el pequeño porcentaje que resistió las dificultades iniciales ha sido la semilla de la renovación demográfica y económica. En las comarcas de montaña hoy es demostrable que la mayoría de iniciativas innovadoras de gran parte de los pueblos (alimentos artesanos de calidad, productos ecológicos, cultivos no tradicionales, servicios singulares...), hay que asociarlas a inmigraciones a contracorriente de los años setenta y ochenta. Esta evidencia no es sinónimo de la persistencia actual del neoruralismo. La simple observación de la realidad más bien demuestra que los crecimientos demográficos actuales –pequeños pero importantes en cifras relativas– que se evidencian en algunas comarcas como el Pallars Sobirà, son debidos a una activación económica provocada por el desarrollo de los deportes de aventura y del sector turístico en general. Lejos de idealismos, las inmigraciones actuales están claramente motivadas por razones laborales.
 

De la residencia de artistas al Centre d’Art i Natura

El proyecto de una residencia de artistas en Farrera nació de la idea original de Bernard Loughlin, un personaje irlandés que pasó por Farrera en el año 1976 y que se estableció allí durante un año. En ese momento ni él ni nadie de los que después han trabajado para el proyecto tenían ni la más remota idea de esta posibilidad. Años después, ya en su país de origen, un anuncio en el periódico le advirtió de una oferta atractiva para un hombre de retos: gestionar una finca anglo-irlandesa del norte de la república que el prestigioso y ya desaparecido director de teatro Sir Tyrone Guthrie había donado para un proyecto cultural vinculado con la creación artística. Hoy, diecinueve años más tarde, aquella vieja granja aristocrática se ha convertido en una de las más prestigiosas residencias de artistas de Europa: el Tyrone Guthrie Centre en Annaghmakerrig, en el condado de Monaghan, Irlanda.
Desde hace unas cuantas décadas, en el mundo occidental las residencias de artistas son instalaciones que ofrecen al colectivo internacional la posibilidad de realizar proyectos creativos en nuevos ambientes y en contacto con otros artistas. Habitualmente las residencias recuperan edificios monumentales que han quedado obsoletos con el objetivo pretendido de lograr una simbiosis entre continente y contenido: patrimonio arquitectónico al servicio de la creación artística. En Europa abundan los antiguos palacios aristocráticos y los viejos castillos nobles reconvertidos en residencia y muchas veces estrechamente ligados a escuelas de arte. Buenos ejemplos de ello son la Akademie Schloss Solitude y la Schloss Balmoral en Alemania, el Hospitalfield en Escocia o el Civitella Ranieri Center en Italia, por citar sólo algunos significativos. Sin embargo, cada vez son más numerosas las reconversiones de viejos edificios de los núcleos históricos de las ciudades que han quedado afectados por las crisis industriales y de crecimiento urbano. Éste es el caso del viejo cuartel de bomberos de Dublín, The Fire Station Artists’ Studios, el antiguo hospital de Berlín, Künstlerhaus Bethanien, la nave abandonada y posteriormente ocupada, en 1981, para forzar su reconversión en centro cultural en Viena, WUK (Werkstätten und Kulturhaus), o los casos más cercanos de Sabadell y Barcelona: La Nau y Hangar, respectivamente. En los Estados Unidos y Canadá este fenómeno es aún más viejo e importante en número que en Europa. Además de todas las modalidades europeas, un gran número de iniciativas norteamericanas han reconvertido granjas, cuarteles y villas, como es el caso de Headlands Center for the Arts y Villa Montalvo en California, o bien han diseñado directamente modernos establecimientos como el Atlantic Center for the Arts en Florida y el Banff Centre en Canadá.
En 1989 Bernard propuso a un reducido colectivo de farrerenses de adopción que residían –o habían residido– en el pueblo su idea de impulsar una residencia para artistas en Farrera. Por su experiencia al frente del Tyrone y como buen visionario, el irlandés creía que las características de la alta montaña y las de la historia particular de Farrera ofrecían óptimas condiciones para hacer prosperar un proyecto parecido al suyo. Fue de esta manera como Jordi Viñas, Claudi Cortés y Xavier Rodríguez se dejaron convencer y formaron junto con él el primer equipo de trabajo, embrión de lo que hoy es el Centre d’Art i Natura.

Las estrategias para el desarrollo urbano

Durante esta primera etapa, que podemos delimitar entre los años 1989 y 1994, se iniciaron los contactos para tantear el posible apoyo de las instituciones culturales y políticas del país, y se comenzó a explicar el proyecto al Ayuntamiento de Farrera con el objetivo de que el alcalde y el Consell Obert  aceptasen su titularidad pública, como sucedió finalmente. Paralelamente se encargó la redacción de un primer documento que fue especialmente útil como marco de reflexión interna y como carta de presentación externa. En este primer período de tiempo y al buscar una localización física adecuada al proyecto surgió uno de los debates de estrategia urbana más interesantes: ¿había que adquirir una sola finca urbana que pudiera contener todos los servicios y equipos juntos y de nueva planta, o era más conveniente hacer actuaciones dispersas por el núcleo urbano, preferentemente rehabilitaciones y reconversiones de viejos edificios?
Los pequeños núcleos de montaña, debido al largo período de despoblación, tienen un montón de solares urbanos en ruinas y edificios abandonados o inutilizados que dan mucho juego a la localización de nuevos equipos. El factor condicionante más importante es, evidentemente, el de la propiedad asociado a la consiguiente predisposición a vender. Demasiadas veces en la montaña esta predisposición está más subordinada a conflictos familiares y desacuerdos entre herederos que a desajustes entre el precio pedido y el que se está dispuesto a pagar. Farrera no es una excepción de ello, y la posibilidad aparente de adquirir una finca junto con la prisa por disponer de un anteproyecto arquitectónico hicieron decantar inicialmente el dilema de la localización hacia la opción aparentemente más fácil: la de contener todos los establecimientos del proyecto dentro de un mismo perímetro. Finalmente, sin embargo, la práctica cotidiana, la lógica de la financiación, la vocación pública y la necesidad de construir un proyecto de consenso se encargaron de reconducir la estrategia inicial.
A través del programa Leader I se canalizó una primera ayuda europea dirigida al proyecto que, con la colaboración de la Diputación de Lleida i del propio Ayuntamiento, se destinó a la rehabilitación integral de los viejos estudios (escuelas) de Farrera y de Burg , de propiedad municipal. Con esta actuación se iniciaba en Farrera una estrategia de implantación y localización del Centre que premiaba la gradualidad de la intervención frente a su unicidad, y su dispersión por el núcleo frente a la concentración. Como proyecto público de pequeño municipio de montaña con pocos recursos y distintas sensibilidades entre los actores, la gradualidad permitía, tanto desde el punto de vista de la gestión como de la aceptación social, ir asimilando los cambios y adaptarse a ellos.
La dispersión como criterio de localización del Centre daba mucho más juego a intervenciones posibles y permitía decidirlas, por ejemplo, en función de una singularidad arquitectónica o, simplemente, de unos mejores precios. Existe, sin embargo, una razón de concepto a la hora de aplicar el criterio de una intervención dispersa: la de facilitar la interrelación entre los usuarios y los vecinos del pueblo. La actividad del Centre d’Art i Natura en un núcleo tan poco poblado como Farrera contribuye mucho a diversificar y enriquecer las relaciones sociales. Una estructura concentrada habría provocado con toda probabilidad un gueto, y el proyecto no habría contribuido a fomentar la vertiente social del desarrollo.

Equipos y rehabilitación de arquitectura agraria

En la actualidad, además del Estudio, se está utilizando casa Ramon, la del teleclub, rehabilitada para la nueva función. Sin embargo, cuando se precisa, se puede disponer de tres casas más gracias a la afinidad de sus propietarios con el proyecto. Este sistema permite tener una capacidad flexible en función de las necesidades. Se dispone de forma permanente de 4-5 plazas, pero han llegado a alojarse 26 personas en buenas condiciones. Esta primavera, y después de un largo proceso, empezarán las obras de lo que ha de ser la intervención urbana más ambiciosa hecha hasta ahora. Se restaurará y reconvertirá en talleres un pajar abierto –la Bastida de Manresà– que había sido utilizado como secadero de hierba y paja. Este singular edificio, que cuenta con un monumental encabalgamiento de madera en la cara sur y fue construido a finales del s. XVIII o principios del s. XIX, es todo un símbolo del pueblo junto con la torre soportal de la iglesia de St. Roc. La estrategia urbana del Centre lo ha rescatado de la más que probable transformación futura en segunda residencia .
La intervención, además de restaurar el monumento representativo de la arquitectura popular de montaña, equipó el Centre con una cocina-comedor, sanitarios, almacén y alojamiento para residentes en un nuevo edificio construido sobre las ruinas de un pajar de la misma infraestructura agraria. La ampliación de la plaza o la apertura al paso de una antigua calle completarán la intervención y le darán una dimensión aún más pública. La fuente principal de financiación es europea en un 50% a través del programa Interreg II, y el resto llega de distintas instituciones catalanas, principalmente de la Generalitat de Cataluña.

Espacios para la creación artística

En las sociedades post-industriales como la nuestra aparecen nuevas necesidades vinculadas al sistema de vida que les es propio. El hecho de que la mayor parte de la población sea urbana y esté sometida a un ritmo de vida en muchos casos voraginoso, o el hecho de que los medios de información y de comunicación invadan con su omnipresencia la vida cotidiana, provocan en la sociedad el deseo compensatorio de disfrutar de la naturaleza, del silencio o de la tranquilidad. El conjunto de personas profesionales del trabajo creativo que utilizan como herramientas principales la sensibilidad, la reflexión, la imaginación, la habilidad o la intuición necesitan aquellas compensaciones probablemente en mayores dosis y en mayor intensidad. Sin embargo, los nuevos estímulos y experimentaciones, el contraste de ideas y proyectos, y el intercambio de técnicas y procesos creativos son requisitos indispensables para el trabajo de los artistas y de los investigadores. El Centre d’Art i Natura es fruto de su tiempo y ha nacido con la voluntad de ser un servicio útil para estos sectores de la sociedad contemporánea.
En el año 94 se realiza el primer programa piloto como residencia en Farrera. Se trata de ver si un grupo de artistas seleccionados para la ocasión encuentran sugerente para su trabajo creativo la experiencia de convivir unos días en Farrera. Con fondos europeos del programa Calidoscopi y en combinación con el Tyrone Guthrie Centre y los Ateliers des Arques del Languedoc, se organiza un intercambio a tres bandas: Un Pelegrinatge Calidoscòpic. Diez artistas de las tres nacionalidades viven un peregrinaje por las tres geografías rurales de las tres residencias con el objetivo final de producir una obra artística surgida del impacto de la experiencia. Un año más tarde la obra es expuesta en Derry, Dublín, Toulouse y Lleida, y se edita un catálogo en las tres lenguas . El resultado artístico es altamente satisfactorio y la etapa en Farrera del peregrinaje no ha podido ser más participativa: se ceden cuatro casas para la ocasión y se improvisa un comedor con la colaboración de los vecinos.
La exitosa experiencia piloto y la concesión de un nuevo premio Calidoscopi, en este caso solicitado directamente por el Centre d’Art i Natura, precipita su apertura provisional en el verano de 1995 y la definitiva el 1 de enero de 1996. Es a partir de esta fecha cuando se inicia una programación estable de residencia con el servicio regular de alojamiento, taller y cena diaria, para aquellos usuarios que previamente y con un proyecto claro de trabajo lo hayan solicitado de forma expresa. Como organización especial descentralizada del Ayuntamiento, el pleno aprueba el Reglamento de funcionamiento del servicio y se establecen las primeras tarifas. Se crea un Consejo de Administración, asesor del Centre, con representación territorial en el marco local, comarcal, regional, nacional e internacional formado por 10 personas relacionadas con el sector artístico y científico. Concretamente están representadas instituciones de la administración local como el Ayuntamiento de Farrera y el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, instituciones vinculadas al arte como la Escola Massana de Barcelona y l’Escola Municipal de Belles Arts de Lleida, instituciones vinculadas a la investigación y el estudio como la Universitat Autònoma de Barcelona i el Institut d’Estudis Ilerdencs, y finalmente, la asociación internacional de centros residenciales para artistas Res Artis.
Con el apoyo del consejo asesor y del centro hermano irlandés, en el verano de 1996 se organiza el intercambio internacional “El Paisatge en l’Art Modern”. Consta de tres meses de programación, de carácter eminentemente ambientalista, durante los cuales tres grupos de cinco artistas, procedentes de ocho países europeos y seleccionados por nueve instituciones internacionales, se impregnan del Paisaje Cultural (Devolver el nombre de cada lugar), del Paisaje Vertical (Astronomía y Territorio) y del Paisaje Horizontal (Senderos perdidos) de la alta montaña catalana. Al final de cada mes se hacen presentaciones públicas de los trabajos realizados, que atraen a un importante número de vecinos del valle: muchos de ellos ven y tocan por primera vez arte contemporáneo y artistas de carne y hueso. Meses más tarde se edita un catálogo demostrativo de la experiencia  del que se han distribuido unos 1.500 ejemplares.
La realización del intercambio “El Paisatge en l’Art Modern”, con la consiguiente edición del catálogo demostrativo y la participación activa en las asambleas anuales de la asociación internacional Res Artis, sitúan el Centre d’Art i Natura de Farrera en el año 1997 en las guías de residencias internacionales. A partir de ese momento empiezan a llegar solicitudes de información de todo el mundo, algunas de las cuales se concretan en estancias de trabajo. Desde el inicio de la actividad han pasado por Farrera 95 artistas, la mayoría de los cuales son europeos y pintores. Poco a poco van diversificándose tanto las procedencias como las disciplinas. La duración media de las estancias es de tres semanas y se concentran sobre todo entre los meses de mayo y octubre. Los artistas que así lo desean dejan obra en el Fons d’Art del Centre, que se expone periódicamente por el Pallars bajo el título “Art Contemporani de Muntanya” .
El último intercambio, realizado en el año 98, ha contado con la participación de la residencia irlandesa del Tyrone y con un proyecto de residencia de las islas Aland, en Finlandia, llamado Kökarskultur. En este caso, Aland-Pirineus-Irlanda, una exploración ambiental a través de islas y montañas, ha sido un programa en el que cada centro ha enviado a dos artistas de su país  a cada uno de los centros asociados con el compromiso de introducirlos en el entorno natural y cultural de cada región. La experiencia podría volverse a repetir este año.
Los intercambios son doblemente beneficiosos tanto para los artistas que ganan las becas como para los centros que los organizan. Para los artistas, salir es contactar con otros artistas y países de contextos culturales y realidades diversas que les abren a nuevos horizontes de investigación. Para los centros, los intercambios obligan a sus responsables a definir y llenar de contenido los programas, lo cual significa el mejor antídoto contra el riesgo de convertirse en hoteles para artistas. El Centre d’Art i Natura ha abierto un nuevo campo de exploración basado en la inmersión del artista en el potente medio natural de la alta montaña. El objetivo es familiarizarlo con la biodiversidad y sus ecosistemas. Del mismo modo, la experiencia con el entorno cultural de montaña y su patrimonio sensibilizan al artista en el respeto por la diversidad cultural. En un buen puñado de casos la obre refleja su compromiso adquirido y lo trasciende.
En 1996, en el marco del programa Bourses pour artistes, el Fons International pour la Promotion de la Culture d'Unesco propuso al Centre d’Art i Natura su participación. Desde entonces se ofrece anualmente una estancia de dos meses de duración a un artista visual originario del este de Croacia y Bosnia-Herzegovina. Hasta el momento ya se han beneficiado de la beca la fotógrafa de Dubrovnik Ana Opalic y la pintora también croata Tina Gverovic. Este año se celebrará la tercera edición y, desgraciadamente, ha habido que incluir Kosovo como nuevo territorio de origen de los candidatos. Con este programa el Centre se ha añadido a las campañas de solidaridad de la sociedad catalana con los afectados por el conflicto de los Balcanes.

Recuperación de patrimonio e investigación

En las zonas de montaña existe un desinterés autóctono por el patrimonio cultural propio que contrasta con su extraordinaria riqueza. Ya no hablamos únicamente del patrimonio arquitectónico o artístico, sino de aquél más intangible y etnológico. Desde el inicio de su actividad, el Centre impulsa su recuperación. La primera actuación ha sido sobre uno de los patrimonios más frágiles y en peligro de extinción: el toponímico. Tomando el relieve de la investigación iniciada por el pastor de Farrera Rafel Oppenheimer, el toponomista del Montseny Joan López la ha rescatado del mundo oral y ahora mismo espera la financiación adecuada para reproducirla en el lugar que le corresponde: un mapa.
También se ha publicado por iniciativa del Centre el libro Respostes de la Coma de Burg, Tírvia i la Vall Ferrera al Qüestionari de Francisco de Zamora (1789-1790) (Garsineu Edicions, 1997), que refleja con mucha precisión y detalle cómo viven y qué preocupaciones tenían los montañeses de hace 200 años. La edición ha ido a cargo del historiador medievalista Jaume Oliver, que las ha recuperado del Palacio Real de Madrid, transcribiéndolas e introduciéndolas con erudición. Los ayuntamientos implicados han financiado el proyecto junto con el Consell Comarcal y la Associació pel Patrimoni de la Vallferrera. La publicación se ha distribuido de forma gratuita entre los residentes de los tres municipios afectados.
En el momento presente se han iniciado dos líneas de investigación sobre la evolución del paisaje de alta montaña en el Mig Pallars. Una basa su investigación en el análisis polínico para determinar la influencia de las fraguas sobre las masas boscosas, desde la época romana hasta el siglo pasado, y es dirigida por el geógrafo Agustí Esteban. Este proyecto forma parte de un estudio más amplio sobre la actividad metalúrgica en la región. La otra se fija más en la evolución de los usos durante la segunda mitad del siglo que ahora termina, así como en sus consecuencias sobre el tradicional ordenamiento que había hecho de ellos la actividad antrópica. La dirección de este segundo estudio va a cargo del también geógrafo Joan Manel Soriano.
No es una coincidencia que la geografía sea una de las disciplinas que más conecten con el Centre d’Art i Natura. Un proyecto de desarrollo local como el nuestro, tanto por el concepto de desarrollo en sí como por su localización, tiene naturalmente un gran número de ingredientes geográficos. Ésta es la razón por la que las prácticas universitarias de la asignatura Geografía de Montaña del Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) se realizan en el Centre d’Art i Natura desde que se empezaron a impartir. Desde entonces han pasado por él unos 225 estudiantes.
Las relaciones con la citada universidad se consolidan en la primavera de 1997 con la realización de un curso intensivo Erasmus sobre urbanismo de montaña coordinado por el geógrafo Oriol Nel·lo. En el curso participan estudiantes de arquitectura de las universidades italianas de Turín y Venecia y estudiantes de geografía de la UAB. Los trabajos en forma de proyecto de los estudiantes de arquitectura se centran en la reconversión de la Bastida en equipos del Centre, y los estudiantes de geografía estudian el potencial demográfico de los núcleos urbanos del municipio. Más adelante, los resultados de este curso internacional se presentaron en el Arxiu Històric Comarcal de Sort bajo el título “Propostes per a Farrera”. Durante el acto de inauguración de la exposición se aprovechó para firmar un convenio de colaboración entre el rector de la UAB, Carles Solà, y el alcalde de Farrera y presidente del Consell d’Administració del Centre, Jordi Caselles. Según el convenio, la UAB proporciona el equipo para un taller de investigación y el Centre ofrece tarifas reducidas a los usuarios procedentes de dicha universidad.

Arte y naturaleza al servicio del desarrollo

Afortunadamente, en Farrera el Centre d’Art i Natura no lo es todo. En la actualidad, laboralmente sólo emplea a una persona a tiempo completo, y a dos a tiempo parcial. Hoy por hoy, las actividades económicas en el pueblo son muy diversas con empleados en todos los grandes sectores de producción. Las inversiones que se realizarán próximamente en la Bastida de Manresà deben servir para dar un salto cualitativo en el proyecto y doblar la actividad con la creación de al menos dos puestos más de trabajo estable. La consolidación del proyecto debería asegurar un desarrollo sostenible que permitiera mantener de forma estable un mínimo de población en Farrera para poder seguir siendo un pueblo. Los pueblos los hacen las personas que pueden vivir en ellos dignamente, y el Centre d’Art i Natura está contribuyendo a ello en el presente, pero su contribución será aún mayor en el futuro.
La vitalidad demográfica actual de Farrera queda explícitamente reflejada en su estructura por edades. En el año 1996 el municipio  tenía la población más joven de la comarca del Pallars Sobirà, y sin duda de toda la alta montaña catalana. El rango de edades entre 0 y 14 años constituía más del 18%, cuando la media comarcal era del 12%. Si observamos el rango de edades entre 15 y 29 años, veremos que sigue un punto por encima de la media comarcal (Farrera 19,3%, Pallars Sobirà 18,3%).
En una evaluación más dinámica de la demografía, si contamos la población/día al cabo del año, el Centre d’Art i Natura en el presente aporta dos personas. Con la ampliación y la consolidación del proyecto, su aportación de personas/día al cabo del año será de entre 8 y 12. En este sentido, un proyecto de desarrollo local en un pequeño núcleo como el nuestro debe adecuar la escala como primera regla de sostenibilidad.
 
 
 

Apuntes para el desarrollo sostenible de la alta montaña

Las recientes diagnosis que se hacen sobre las comarcas de montaña apuntan un cambio de tendencia hacia la recuperación demográfica y económica. Ni que no lo dijera ningún estudio, las personas que viven en estas comarcas pueden constatar cómo en pocos años se ha ganado en calidad de vida. La mejora de la red viaria, la normalización de las telecomunicaciones y, sobre todo, el progreso en la asistencia sanitaria y el servicio de la enseñanza, han sido factores fundamentales. En todos estos terrenos la administración pública ha desempeñado un papel protagonista, entendiendo que cuando una región está bajo mínimos –como estaba la montaña en la restauración de la democracia– sólo un poder público con voluntad política puede enderezar una situación tan deprimida como aquélla.
Constatado el enderezamiento y reconocidos los méritos, se impone una reflexión en clave de futuro: ¿hacia dónde se va? O aún mejor dicho, ¿hacia dónde se quiere ir? Cuando las transformaciones son rápidas, la exigencia de este debate se hace urgente y las conclusiones que de él se desprendan deberán tener una traducción práctica en forma de actuaciones políticas y partidas presupuestarias. En este sentido se ha abierto una dinámica positiva con la discusión de los planes estratégicos para las comarcas pirenaicas. Desde la alta montaña, los centenares de residentes que han participado ilusionados esperan ahora resultados para convencerse de que no han sido ilusos.
Desde mi punto de vista existen algunas cuestiones a tener muy en cuenta al hablar del desarrollo de la alta montaña. La primera es la cuestión madre de todas las demás y hace referencia a su especificidad geográfica. Los territorios de montaña, por su orografía, climatología, población, economía, identidad cultural, recursos naturales, fragilidad, biodiversidad, etc., necesitan un tratamiento especial más allá del legislativo ya recogido en la Ley de montaña. Su especificidad exige un ámbito de planeamiento territorial propio. Es preciso, pues, que el Plan territorial de Cataluña considere una séptima región pirenaica de planeamiento.
De las especificidades creo que es destacable la relación entre poblamiento y territorio. La alta montaña siempre ha sido un territorio de baja densidad. Históricamente, esta característica estaba compensada por un poblamiento importante distribuido en centenares de núcleos pequeños y difusos por el territorio sostenidos por una actividad primaria relativamente intensa. En la actualidad, la mayoría de estos núcleos de población o bien se han despoblado totalmente, o bien el poblamiento es tan frágil que muy pronto estarán despoblados. La tendencia a la concentración de la actividad en el fondo de los valles centrales y su crecimiento acentúan los desequilibrios territoriales internos. La fragilidad de los valles laterales y sus cabeceras exige una acción decidida de fomento de pequeños proyectos de singularización como el de Farrera. La dicotomía territorial representa un grave peligro ambiental para la alta montaña. La implantación de la red de comunicaciones por cable deberá ser prioritaria para compensar el agravio vergonzoso de la generalización del teléfono cien años más tarde de su descubrimiento (en Farrera, en el año 1997). Está en juego la implantación efectiva del teletrabajo como esperanza fundamentada de repoblación.
La actividad ganadera y agrícola desempeña un papel de vital importancia en el apaciguamiento de los peligros ambientales. Desde la óptica de la sostenibilidad, la agroganadería es el auténtico sector estratégico en el desarrollo de la alta montaña. Existen varias razones que justifican esta afirmación. Si se entiende el paisaje como un recurso constitutivo del principal atractivo turístico, no es posible desvincular la actividad tradicional de este recurso principal. Es obvio, pero conviene recordarlo, que la agroganadería es una actividad permanentemente constructora de paisaje. Este sector gestiona mucho territorio y su disminución en número de empleados y/o de hectáreas de cultivos y de pastos va en detrimento del paisaje humanizado. Esta actividad refuerza el mantenimiento de población precisamente allá donde más se requiere manteniendo abiertos, hasta el presente, unas cuantas docenas de pueblos. Es también estratégica la actividad agropecuaria, ya que proporciona biodiversidad de especies vegetales y animales y nos protege del peligro del fuego, incluso cuando lo provoca para mejorar la calidad de ciertos pastos, aunque parezca un contrasentido.
Más peligroso que el fuego en alta montaña es estar, a estas horas, sin planeamiento urbanístico municipal. En un momento de valorización creciente de los espacios de montaña, con multitud de proyectos urbanísticos para la especulación y una gran demanda de segundas residencias, los municipios no pueden permanecer con un planeamiento precario. Hay que forzar a los municipios a que aprueben normas subsidiarias que consideren las especificidades urbanas de la montaña. La mayor parte de pequeños núcleos están en una situación de abandono que exige medidas urbanísticas que tiendan a consolidar el espacio urbano tradicional con la rehabilitación como intervención más pertinente. Las morfologías urbanas son un patrimonio de montaña que caracteriza enormemente nuestro paisaje urbano que habría que preservar como un bien singular. No sería un disparate limitar el crecimiento urbanístico de los pequeños núcleos de montaña a su espacio urbano históricamente consolidado. Del mismo modo, día a día se hace más necesario limitar el acceso al medio natural de los vehículos a motor (4x4 y motos de nieve). Sólo el desarrollo de un plan sectorial con la participación y el consenso de los municipios de montaña puede aligerar el impacto creciente de esta actividad. También resulta conveniente estudiar el impacto de nuevas prácticas como el heliesquí o el barranquismo para poder regular su uso.
Finalmente, si el turismo va a ser la actividad principal de las economías futuras de montaña, desde ahora mismo hay que ganar la batalla de la diversificación. Cuántos más productos turísticos diferenciados se ofrezcan, más se reducirá la dependencia en el subsector principal (deportes de río y esquí). Para diversificar habría que hablar también de dispersión de las actividades turísticas. Nuestras comarcas de alta montaña tienen unas características físicas y culturales ideales para diversificar y dispersar la oferta ofreciendo calidad. Recordemos que ofrecer calidad, especificidad o singularidad es incrementar el valor añadido del producto y atraer a un público más selecto. Con unas estrategias que tendieran a dispersar y a diversificar la oferta se lograría romper la estacionalidad del turismo. La masificación actual durante la Semana Santa y agosto es un factor negativo para el conjunto del sector y para el desarrollo de la región.

Epílogo

El objetivo de este artículo es aportar elementos de reflexión y propuestas de actuación formuladas desde la experiencia de Farrera que contribuyan a llenar de contenido el concepto de desarrollo sostenible aplicado a los espacios de montaña. No puedo evitar el dedicarlo a los supervivientes según expresión del crítico de arte, guionista y escritor John Berger. Supervivientes de una civilización campesina dominante aún en el conjunto del planeta pero condenada a muerte en el mundo occidental. Supervivientes que en las cordilleras y montañas del mundo adquieren un carácter ganadero y que hoy, en Farrera, en el corazón de los Pirineos y al final del segundo milenio d.C., tienen dos nombres propios: Conxita de Poblador y Pepe de Marçal. Ellos han sobrevivido a la montaña y a la tristeza de la diáspora. Ellos han inspirado el proyecto del Centre d’Art i Natura y ahora esperan serenamente el fin de una civilización que cierran ellos mismos. •

1 Jóvenes de origen urbano residentes en entornos rurales con la voluntad de vivir de la tierra, influidos por ideologías llamadas alternativas, originarias de los Estados Unidos y desarrolladas en Europa a partir del Mayo Francés, que combinan dosis de ecologismo, pacifismo y naturismo con el objetivo de construir un modelo de vida más armónico con la naturaleza. El término es introducido en Cataluña por el geógrafo Santi Martínez en la década de los ochenta.
2 La ley electoral vigente concede a los municipios menores de 100 habitantes un Consell Obert formado por todos los vecinos mayores de edad que quieran participar en él en igualdad de derechos. En las elecciones sale elegido el alcalde, que es también presidente del Consell Obert, y que concentra más poder que en los ayuntamientos de representación convencional.
3 Los vecinos de Burg, una vez restaurado el estudio y haciendo uso de su autonomía, decidieron no participar en el proyecto.
4 La rehabilitación de la Bastida conlleva una tensión dialéctica entre restauración y funcionalidad. Los nuevos usos obligan a reconvertir el edificio, pero su imagen exterior tan particular exige el máximo respeto. Al conflicto se añade la apuesta por la energía solar como fuente de calentamiento de agua sanitaria y calefacción. Quien se las habrá de arreglar para hacerlo ligar todo es el arquitecto de la obra, Joan Albert Adell.
5 A Kaleidoscopic Pilgrimage. Un Pelegrinatge Calidoscòpic. Un Pélerinage Kaleidoscopique. 1995, Belfast. Con textos de Bernard Loughlin. Los artistas catalanes seleccionados fueron: Begoña Montalban y Montse Soto i Gabriel.
6 El Paisatge en l’Art Modern. Tres experiències per a un mateix paisatge. 1997, C. Viguera, Barcelona. Es una publicación del Centre d’Art i Natura con textos de Josep Borrell, Antoni Llevot, Joan López, Joan Duran y Lluís Llobet. Traducido al inglés por Matthew Clarke. Los artistas catalanes seleccionados para la ocasión fueron: Charo Gómez, Rafel Seguí i Serres y Francesc Miñarro.
7 El nuevo patrimonio de montaña que se crea día a día en el Centre de Farrera se ha expuesto ya por el Pallars en varias ocasiones: en el Racó de Tírvia, en el Ecomuseu de les Valls d’Àneu, en el Comú de Particulars de La Pobla de Segur, y próximamente se exhibirá en el Arxiu Històric Comarcal de Sort. Este Fons d’Art está compuesto principalmente por pinturas, pero también por esculturas, fotografías, música y poesía procedentes de cerca de cuarenta artistas de todo el mundo.
8 Previa convocatoria pública los beneficiarios de la beca fueron los artistas visuales Montse Soto y Nano Valdés. El intercambio recibió la ayuda del Consorci Català per la Promoció Exterior de la Cultura (COPEC).
9 Además del núcleo de Farrera (31), los núcleos de Burg (30), Montesclado (24), Mallolís (1), Alendo (1) y la Glorieta (1) constituyen el municipio de Farrera de Pallars. Entre paréntesis se indica el número de habitantes censados en el año 96 –población de derecho– según el Institut d’Estadística de Catalunya.
 
 

FARRERA 1970: 13 habitantes, media de edad 54 años

• Juanito. Como viene sucediendo últimamente muchas mañanas, los hermanos de casa Poblador se discuten. Juanito no quiere llevar las vacas a pastar con la excusa de que ahora su hermana está en casa. Conxita ya no baja casi nunca a Llavorsí a servir en los hostales, y eso que pasó allí los mejores años de su juventud. Cada vez la piden con menos frecuencia y se pasa la mayor parte del año en el pueblo. La madre lo agradece porque, pese a mantener el carácter y la voluntad de siempre, hace tiempo que ha empezado a perder las fuerzas: ya pasa de los ochenta. La anciana, que ya ha ordeñado por la mañana, pone un poco de orden y manda al chico al establo de Maciana.
Durante algunos años el establo de Maciana se llamó de Coté, cuando la familia de Alendo se trasladó a Farrera en un intento desesperado por mantener su vínculo centenario, quién sabe si milenario, con la alta montaña. Los de casa Maciana ya se habían despedido unos años antes y los de Coté llenaron el vacío que aquéllos dejaron durante un corto período de tiempo. Los ancianos, sin embargo, le siguen llamando por el nombre de toda la vida. Juanito se ha alejado soltando tacos y arrastrando las alpargatas. Un cuarto de hora más tarde, el ruido se ha desplazado hasta el abrevadero del lavadero, debajo del Castillo, donde Perla, Marquesa, Bruna y Roia, todas ellas preñadas, ascienden pesada y lentamente por el camino de les Feixes. A una distancia considerable, deambulante, Juanito se entretiene recogiendo cuatro achicorias que se guarda directamente en el bolsillo. La escasa paga que reciben por su deficiencia y lo que ingresan de la cooperativa por el bidón de leche que sirven día tras día es más que suficiente para sobrevivir. Como aquél que dice, los únicos gastos son el aceite, la sal, el pan y el vino. A final de mes no les llegan recibos de la luz ni les caduca seguro alguno. Los arrendamientos ya hace años que no suben. Podríamos decir que tienen el futuro resuelto porque viven prácticamente igual que como lo hacían sus antepasados. Para la anciana de Poblador, sin embargo, existe un único pensamiento que la despierta muchas noches: la casa de sus padres y padrinos dejará de existir para siempre; los hijos no tienen descendencia y a la muchacha se le ha pasado ya la edad de casarse.

• Pepe. Un poco más allá, como si de una hormiga se tratara, Pepe de Marçal no para de hacer viajes con la mula. A la ida lleva los cestos llenos a rebosar de estiércol que vacía ordenadamente en el terreno. De vuelta carga la leña que ha troceado durante los soleados días de invierno. La densidad de los oscuros montes indica que este año los de casa Marçal plantarán las patatas en el campo de Puio. El fin de semana lo labrarán con un par de vacas que tienen amaestrada para este fin. La labranza y los demás trabajos pesados los reserva para el domingo porque cuenta con la ayuda de su hijo, que sube cada semana expresamente de La Seu, donde trabaja en un taller mecánico. El chico de muy joven se fue de aprendiz al taller. La niña, con sólo diecisiete años, ya está en Barcelona estudiando para unas oposiciones que, dice una parienta, pueden darle una buena posición. Cuando piensa en los hijos, Marçal llega siempre a la misma conclusión: “La Seu aún está cerca, como aquél que dice detrás de Sant Joan, pero Barcelona...”. Con estos pensamientos aligera el paso y, cuando se da cuenta, acelera y la mula protesta con un tirón de cuello. Cuando coseche las patatas del terreno lo sembrará con centeno, que siempre se “porta bien” a pesar de los hielos tardíos, y hace muy buena la carne de los cerdos. Desde que la niña no está, Generosa dice que sembrar centeno acarrea demasiado trabajo. Pero Marçal es tozudo, cree que ella es aún lo suficientemente valiente y sabe que tiene mucha destreza para hacer gavillas y disponer los caballetes. Cuando subió de la Glorieta de Montesclado para casarse con la mayorazga de casa Marçal, aquélla era una de las casas más pobres del valle. Ahora se ha hecho un sitio incluso en el Ayuntamiento y dirige algunas de las mejores tierras de los que se han marchado. Está satisfecho por haber vuelto a Farrera después de probar durante dos años la agricultura del pla (llano), en la cuenca de Tremp. Ellos fueron la excepción porque de aquella tanda de gente no ha regresado nadie.

• Joan. Desde el patio de Manresà Joan vigila atentamente el giro de un ganado. Con la boina prieta controla los movimientos del perro pastor y el sitio dónde reposa el pastor. Cada vez que se produce un descuido, siempre sin quererlo, las ovejas pastan por su finca. ¡Y eso que tiene fama de malhumorado! Altiva, la casa se erige en el extremo oeste del pueblo y su patio, cual torre de vigilancia, es el mejor punto de observación de toda la Cultia. En plena primavera todo el mundo tiene que detenerse, y Joan es quien más tiene que perder. Los grupos más numerosos de guadañadores los había reunido aquella casa con su padre, que en paz descanse, al frente. Poco después de su defunción, Joan optó por las nuevas corrientes comarcales en materia de ganado y vendió las yeguas y los sementales al marchante de Mariola para poner vacas. Con los mejores prados de hierba de Farrera, los de casa Manresà producen la mayor cantidad de leche: sirven diariamente cinco bidones y cada mañana, en el giro donde se detiene el jeep de la leche, Joan es la envidia de todos los vecinos, ¡sobre todo ahora que está tan bien pagada! La adaptación de la cuadra de la Era Gran para una quincena de vacas resultó fácil. Sólo tuvieron que hormigonar la base tapando el viejo empedrado y dejando una acequia como desagüe justo en medio, tal y como recomendaban los vendedores de maquinaria agrícola en las ferias. Por lo demás no hay grandes cambios. La mayor parte de la hierba la siguen entrando por la Bastida, al pie de la carretera. Allí siempre se seca aunque se haya entrado un poco verde o un chaparrón de verano la haya mojado. ¡No hay mejor Bastida en toda la comarca! El problema es el trabajo, exige mucha dedicación, mañana y tarde hay que ordeñar, y cada vez es más difícil encontrar mozos. Las dos hijas de Joan y Angeleta están para casar, y la mayorazga se ha fijado en un muchacho de buena familia de Escaló... ¡Ninguna de ellas se va a quedar en Farrera! Joan, mucho mayor que Angeleta, ya no tiene la salud de hierro de otros tiempos, y ella, buena señora de Manresà, con aquel pedazo de casa, ya hace suficiente ocupándose de los conejos, las aves y los tocinos. ¡Suerte tienen de Maria! Pero desde que se cayó del patio a los dos años se quedó de aquella manera...

• Quima. Quima de casa Ramon llama a desayunar a Esteve. Nunca había podido leer el periódico con tanta comodidad como ahora que se ha jubilado. Sabido es que regresando a pie de Llavorsí con el correo de los pueblos de la Coma a cuestas, iba leyendo la prensa del día. Ha sido siempre la persona mejor informada del pueblo y todos la escuchan atentamente cuando da una opinión. Casa Correu, como también la llama mucha gente, se convirtió en el centro social de Farrera el día en que se instaló el primer televisor. Antes ya era una casa concurrida debido al pequeño colmado que dirigía Quima, pero el teleclub atrajo al pueblo entero movido por la curiosidad que despertó el artilugio, hasta en los más escépticos. Mientras desayunan, los ancianos de casa Ramon comentan la cantidad de casas que se han cerrado en los últimos años y hacen el recuento de memoria: casa Andreu, casa Cargol, casa Lluçàs, casa Caterina, casa Felip, casa Maciana, casa Bessolí, pese a que suben el ganado de cara al buen tiempo, casa Maria, casa Llucio... Pronostican que la próxima será la de Pubill d’Alendo, porque qué va a hacer ese chico solo, con cuatro ovejas, y el futuro por delante... Llegados aquí recuerdan el caso de los de Coté, que se fueron de Alendo por los hijos y que, pocos años después, concretamente en el 64, también se fueron de Farrera a raíz del cierre del Estudio. ¡Aquél fue un año desgraciado! Parecía que el pueblo estuviera maldito y que nadie quisiera saber nada de él nunca más. Alguna orden superior también hizo cerrar el cuartel de carabineros y de golpe 6 o 7 muchachos apuestos dejaron las fiestas desiertas de jóvenes bailarines. Incluso recuerdan que los de casa Marçal, en aquel año fatídico, se instalaron en Vilamitjana durante dos años, pero la aventura fracasó y decidieron regresar al pueblo. Hace pocos días, Esteve estuvo en el Ayuntamiento por un certificado de “fe de vida” y fisgoneó unos impresos rellenados a mano que había sobre la mesa del secretario. Eran del último censo y en la ficha del “resumen censal” figuraban 17 vecinos en Farrera. Mentalmente, mientras bebe de la taza de leche, deduce los 4 vecinos que todavía se han censado en Farrera sin vivir allí. Después repasa los 38 de Burg, los 7 de Mallolís y los 30 de Montesclado. Parece mentira que el pueblo más importante del valle, que dio nombre al municipio quién sabe cuándo, que recibía en su escuela a los niños y niñas de Mallolís, Alendo y Burg, que tenía un par de maestros para más de un centenar de críos, y una quincena de carabineros, y una cuarentena de casas abiertas y cerca de doscientas personas cuando le llamaron a “quintos”, esté ahora por cerrar. Inmediatamente le ha venido a la memoria una polémica reciente que fue titular de 'La Mañana' durante unos meses: “Comarcas a cerrar según el ilustre economista...”. Ya lo decía aquel sabio, pero cuesta creer con una montaña tan rica en bosques, pastos y caserones... Con la mirada perdida en el collet de Juberri, ahora Esteve recuerda los veranos de juventud en los caserones de Tressó... Qué tiempos aquéllos.

FARRERA 1985: 24 habitantes, media de edad 32 años

• La Fiesta Mayor. El primero en llegar ha sido Juanito de Poblador, haciendo sonar la armónica. No falta nunca a ninguno de los actos sociales de Farrera. Cuando le saludan le brillan los ojos y con una sonrisa cretina repite sus lamentos favoritos: ”Soplará viento, soplará viento”. En la reunión preparatoria de la Fiesta Mayor de este año está presente prácticamente todo el mundo. Se respira un cierto ambiente de excitación por la noticia de última hora: ¡los de Alendo también esperan un bebé! Ahora sí que puede hablarse de un auténtico “baby boom” en Farrera: con ésta ya son tres las mujeres embarazadas y aún no hace una semana que nació el segundo de casa Andreu. En total hay seis críos en Farrera. El mayor es un niño de 9 años, que llegó al pueblo cuando sólo tenía dos, y después viene su hermana, que ya nació en el hospital de Tremp.
Algunos piensan en la reapertura del Estudio, allí donde están precisamente. Si la cosa sigue a este ritmo muy pronto habrá más críos en Farrera que en la escuela unitaria de Tírvia. A la reunió también ha asistido Marçal, que trae un recado de alguien que ha llamado hablando en una lengua extraña que no era ni francés ni inglés, según le ha contado Generosa, y que volverá a llamar en 20 minutos. En su casa cuelga uno de aquellos carteles deslucidos y tronados con una inscripción sobre lata: “Teléfonos”. Algunas casas han ideado un complejo sistema de hilos y poleas que va a parar a la entrada de casa Marçal con una campana o un cencerro en el extremo para facilitar los avisos. Las demás confían en el potente silbido de pastora de Generosa, que se hace escuchar. Cuando le dan la noticia del nuevo embarazo, Marçal se pone más contento que nadie: “¡Otro farrerense!”.
Alendo está a diez minutos de aquí y administrativamente es un agregado de Farrera, una pequeña aldea con dos casas y una ermita que participa de pleno derecho de los vecinales del término. Por su parte, Burg, Mallolís y Montesclado, con la Glorieta como agregado, son núcleos con sus propios términos. Esto ha provocado unas dinámicas de amplia autonomía local dentro del propio municipio, donde cada pueblo obtiene de los bosques y pastos de su término unos recursos propios que administra a su manera. Alguien hace callar a Juanito quitándole el instrumento y entonces éste replica con otra letanía por todos conocida: “La chica ignorada de Portugal, la chica ignorada de Portugal”.

• Los “nuevos vecinos”. Desde las últimas elecciones se ha pactado el ingreso de uno de los jóvenes recién llegados en la lista única y abierta de 5 regidores, de los cuales el que obtiene más votos es nombrado alcalde. La reedición de la Fiesta Mayor desde el año 80 es el primer proyecto cultural común que promovieron los nuevos habitantes. Cada año se edita un cartel original. Todos tienen amigos que colaboran desde lejos para contactar con grupos de música, teatro o circo. De hecho, la procedencia de los asistentes a la reunión no puede ser más variopinta. Nunca se había visto nada semejante en un pequeño pueblo de montaña. Los vecinos de Farrera ya se han ido acostumbrando, pero aun así todavía se sobresaltan con la visita del amigo senegalés, negro como el carbón, o del punk londinense con la cresta bien erguida, amigo de un amigo, y recién llegado de la Fiesta del Trabajo de Barcelona.
Los nuevos vecinos han ido llegando escalonadamente desde el año 1975 y la mayoría no se conocen de nada, si bien los del área de Barcelona han ido descubriendo conocidos comunes. El resto procede de distintas áreas metropolitanas europeas como Londres, Amsterdam, París o Berlín. En muchos casos los intentos de establecerse en Farrera han fracasado, o bien, dicho de otra forma, han sido una experiencia personal más. Quienes hoy preparan la fiesta ya hace algunos años que llegaron, cuando la carretera aún era una pista de tierra. La mayoría viven en pareja y han comprado alguna casa o la tienen arrendada. La rehabilitación de las propias viviendas se ha convertido en la actividad principal durante estos años. Los ingresos proceden, en la mayoría de casas, de trabajos temporales en el bosque o de jornales pagados por el ayuntamiento en labores públicas. Tan sólo en un caso hay un contrato de trabajo estable en la función pública. Recientemente, un grupo de 4 casas ha constituido una cooperativa agroganadera con el objetivo de incrementar en número el ganado de ovejas de la única explotación existente entre los jóvenes. Tienen la idea de elaborar quesos del tipo “serrat d’ovella” y de complementar la explotación con algunas yeguas. A medio plazo les gustaría poder remunerar el trabajo para seis personas. La cooperativa se ha bautizado con un topónimo muy apropiado: Juberri, que es el nombre de una de las partidas más importantes de pastos de montaña del pueblo.
Entretanto, en el Estudio, la reunión sigue su curso, Generosa observa desde el huerto cómo Conxita baja de casa para llenar el cubo de agua en la artesa de Manresà. Bajo el soportal de la Era de les Egües, encogida justo en medio de la calle, Maria echa una siesta tardía. Desde el patio, Angeleta contempla las dos vacas que suben, solas, por el camino de la Cultia. Al no ver a la pastora, grita con estruendo: ¡Mariaaaa!
 

Entrevista a Martí Boada
Geógrafo y divulgador científico
“El incremento de superficie forestal reduce la biodiversidad"

Martí Boada i Juncà nació en Sant Celoni en el año 1949. Con estudios de doctorado en Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), también es licenciado en Estudios Catalanes por la Universidad de Perpiñán. Es autor de más de una cuarentena de libros de pensamiento y divulgación científica. Colabora en varios medios de comunicación sobre temas relacionados con la sociedad y el medio. Ha sido galardonado con el premio Global 500 de las Naciones Unidas, que le entregó Nelson Mandela, en reconocimiento a su trayectoria.
 

En una época de empobrecimiento del lenguaje, especialmente al describir el entorno, su forma de expresión es rica y singular…

Mi origen y la autoformación me han marcado mucho. Procedo de un auténtico proletariado forestal. Mis padres eran gente de bosque; un abuelo era carbonero y el otro estaba ligado al mundo forestal. El entorno me ha dado siempre un referente muy realista y, de hecho, una parte muy importante de mi formación se fundamenta en el conocimiento empírico del mundo forestal, de la montaña. Comencé a trabajar en el bosque cuando tan sólo tenía once años. Mi ecología forestal empieza con el hacha y termina intentando entender el funcionamiento de los ecosistemas, una combinación que abona una especie de realismo obligado. Mis expresiones y conocimientos beben de la tradición secular y, por supuesto, de mis padres. Por ejemplo, yo gastaré energía en subirme a una encina porque estoy seguro de que aquel nido está lleno. Además, conozco perfectamente si el paisaje está poblado por jabalíes o por zorros. Todo esto no se aprende en los libros.
Esta especie de realismo obligado me ha llevado a no explicar nunca nada que no sepa hacer y a un cierto sentido del compromiso. Este talante, en el momento en que entro en el mundo académico, sorprende.

Algunos pensadores plantean la sostenibilidad como la fusión del conocimiento científico y la sabiduría tradicional. ¿Está de acuerdo?

Precisamente en México, donde he pasado casi un año, el discurso más innovador de la sostenibilidad se plantea en estos términos. Lo llaman “diálogo de saberes”, que quiere decir acercarse al conocimiento empírico de los campesinos, escucharles y aprender de ellos. Ello significa que cuando el académico y el campesino hablan, el primero explica el método científico al otro y el segundo le transmite su conocimiento. En situación de igualdad, sin superioridad del uno o del otro.
Ciertamente no debe idealizarse este conocimiento empírico, pero tampoco hay que menospreciarlo, como se ha hecho. Hasta ahora, lo más interesante que hemos hecho ha sido documentarlo desde la antropología y abrir museos de herramientas. Si nuestros antepasados vieran que hemos dado categoría de fetiche a las hachas donde dejaron la osamenta y el sudor, no lo entenderían.

¿Cuándo se da cuenta de que quiere ir más allá del empirismo y buscar referentes teóricos?

Fue muy importante bajar a Barcelona. Vengo aquí como ornitólogo por mi relación con la Sociedad Española de Ornitología. A finales de los años sesenta, en el restaurante Núria, en la Rambla, se celebraban unas reuniones en las que participaba Salvador Maluquer. Yo conocía su obra. En aquellos encuentros parecía Manelic de Terra Baixa: ellos alucinaban conmigo y yo alucinaba con ellos. Contaba qué es lo que encontraba en el bosque y se quedaban embelesados. Ciertamente habría podido quedarme en el campo y convertirme en una especie de sherpa enciclopédico. Pero el contacto con este grupo de pensadores y la degradación del río Tordera me abrieron nuevos interrogantes.

¿Cómo vivió la degradación del Tordera?

Ver morir el río donde me había bañado, ver desaparecer las nutrias, me alarmó mucho. En un principio la llegada de las industrias hacia gracia, hasta ilusión. Los niños jugábamos con los residuos, como sucede hoy en los países africanos. Pero no tardamos en descubrir que las cosechas se morían si se regaba los huertos con aquellas aguas. No tardé mucho en entender que aquella situación era el resultado de un determinado modelo social. También aprendí a distinguir entre un naturalismo burgués y un naturalismo comprometido, que iba más allá de la simple visión romántica de la naturaleza.

¿Cómo se concretó esta evolución personal hacia el activismo social?

Mientras estudiaba maestrazgo químico, organicé grupos de obreros para ir los fines de semana a conocer el entorno. El paso siguiente fue estudiar sociología en el Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona. En esta escuela conocí a Jordi Solé Tura, Carles Comín, un conjunto de personas que me introdujeron en el mundo del análisis social. Entonces era activista en movimientos muy radicales. En cualquier caso, mi objetivo era que los obreros conocieran a fondo el medio y la naturaleza. Por otra parte, también trabajé en el Parque Zoológico –como cuidador– y en el Museo de Zoología. En estas instituciones acabé de confirmar que necesitaba una formación académica.

Usted se declara un hombre rousseaniano que ha ido evolucionando hacia planteamientos más realistas. Ha bebido de los clásicos –Hegel, Goethe, San Agustín– y sin embargo, es admirador de la escuela de Teilhard de Chardin. Actualmente, desde una perspectiva socioambiental, ¿qué autores cree que aportan las ideas más innovadoras?

Encuentro muy interesante el planteamiento de James Lovelock pese a las críticas que recibe desde el neodarwinismo. No hace falta decir que admiro la obra de Margalef, pero creo que un neodarwinismo estricto es insuficiente y, por lo tanto, me siento más cercano a las ideas de Lovelock.

¿Cómo valora los planteamientos del sociólogo californiano Fritjof Capra?

Las formulaciones de Capra resultan muy interesantes. Tengo grabada una frase de Nelson Mandela: “Martí Boada, no tengas ninguna duda de que la gran crisis de la humanidad es la crisis ambiental”. En este sentido, Capra aborda un problema clave al hablar de la necesidad de la alfabetización ambiental. Yo soy agnóstico pero creo que nos encontramos ante un fenómeno evangélico: enfrentados a una profunda crisis, debemos construir una torre que nos conduzca al cielo. Solución: una torre de Babel que agrupe la multitud de lenguajes para intentar construir una misma cosa.
A pesar de todo, el planteamiento alfabetizador de Capra resulta excesivamente neodeterminista. Tanto los neodarwinianos, que en nuestro país tienen a Margalef como representante destacado, como los neodeterministas explicitan que padecemos una crisis que nos lleva a una situación de colapso como especie. Dejan de lado los aspectos sociales, es una postura huérfana de compromiso social. Creo que la sociedad humana tiene un papel más importante que el que le conceden neodarwinistas y neodeterministas. En cualquier caso, Capra tiene una gran visión y realiza un planteamiento posteducativo y no preeducativo de este proceso de alfabetización.

Bajemos a la tierra y abordemos la crisis de las tierras del interior. ¿Qué causas explican la situación que en Cataluña padecen las zonas más allá del Eje Transversal?

La causa última es la globalización de la economía. Cuando hablamos de la crisis de las tierras del interior no estamos planteando un problema local. Es un problema que afecta a todos los países del planeta. El descenso de los sectores primarios se explica por la evolución social de la demanda y también de las formas de producción. Así, por ejemplo, compramos más baratas las manzanas que se envían desde Chile que las que producimos en Urgell. Una paradoja.

Y la Unión Europea pone mucho dinero para que no desaparezcan todos los campesinos en Europa...

Exactamente. Pero sin embargo, en un mercado cada vez más liberalizado, las políticas de la Unión Europea pierden peso. El descenso de los sectores primarios provoca el retroceso del interior del país y una creciente influencia política de las ciudades. En las urbes se concentran la mayoría de los votos y, por lo tanto, los equipos y los esfuerzos presupuestarios destinados a las estructuras urbanas son prioritarios. En este contexto, no hay recursos suficientes para apoyar las ideas innovadoras, que las hay, gestadas en las tierras del interior.
Por lo tanto, el fenómeno de la globalización explicaría el hundimiento de las economías de los sectores primarios clásicos. La consecuencia ha sido un éxodo inevitable, dado que no ha habido ninguna clase de planteamiento encaminado a detener este proceso. Ha faltado una estrategia política para fijar población.

En cambio, la población que se ha quedado, en parte gracias al turismo de fin de semana y a las segundas residencias, mantiene un buen nivel de vida. Incluso en algunas zonas se empieza a recuperar población…

Ciertamente, las tierras del interior no tienen graves problemas de subsistencia. Sí tiene unos tics de envejecimiento pese a que las últimas tendencias indican un proceso de recuperación del espacio rural. Este hecho lo hemos podido constatar en el Montseny, donde se están reabriendo escuelas que se cerraron hace veinte años. Tenemos un poco más de gente joven que ha venido por razones varias.

¿Qué nuevas actividades han surgido o se han recuperado?

Entre los años 50 y 70, en la zona del Montseny se cerraron alrededor de 700 masías. Pero desde los años 80 se ha producido un lento proceso de recuperación y reocupación de las masías. Entre 120 y 130 son ahora casas de comida¸ y unas 40 son escuelas de naturaleza que han traído a la comarca a unos 200 jóvenes, la mayoría parejas con formación de titulados medios y superiores. Viven en estos pueblos, en estas masías, y mantienen una relación con el medio distinta a la que tenían los antiguos pobladores. Incluso recuperan tradiciones que se habían derrumbado en el marco de las nuevas economías.
Por ejemplo, en Santa Marta (Viladrau), un grupo de gente ha recuperado la tradición cultural de la castaña. Actualmente, no hay turista que se vaya de Viladrau sin un cucurucho de castañas. Es una economía diseminada pero que empieza a tener su peso. Es una actividad que entronca con la voluntad por recuperar la tradición, las fiestas, los pequeños museos locales: generan atractivo y dan un toque de identidad y cultura a la localidad. Se trata de recuperar la herencia cultural positiva y de incentivar la autoestima de las poblaciones locales.

Son iniciativas positivas, pero ¿no se corre el peligro de convertir las tierras del interior en una especie de jardín de fin de semana?

Las tierras del interior se convierten en un jardín pero mantienen muchas más funciones, que resultan fundamentales para los centros urbanos. De fábrica de energía, por ejemplo. Sin ir más lejos, tenemos electricidad gracias a la inundación de valles como el de Camarassa. La ciudad tiene una huella ecológica que se expresa tanto en el marco global como territorial.
Es evidente que uno de los factores clave en la modificación del paisaje ha sido el cambio de demanda energética. Durante centurias hemos vivido del carbón y la leña; cuando se cambia a otros yacimientos energéticos los paisajes varían sustancialmente.
Por otra parte, las últimas investigaciones científicas demuestran que no podemos vivir con cuatro ideas-biscuter sobre el medio ambiente. Las cosas son complejas. Así, contrariamente a aquello que se creía, los bosques europeos y americanos absorben mucha más cantidad de carbono procedente de las emisiones que los bosques de la Amazonia.

Más allá de esta función ambiental, ciertamente muy importante, todo el mundo parece estar de acuerdo sobre el abandono que sufren los bosques catalanes…

Un abandono en la gestión que los conduce a una situación de ruina. Los bosques han aumentado muchísimo: muchos paisajes de montaña que en los años sesenta estaban ocupados por masías ahora son superficie boscosa. Además, si no se ponen en marcha planes de gestión para esclarecer los bosques, lo hará la propia naturaleza en un proceso lleno de interrogantes.

Pero gestionar los bosques cuesta dinero y la estructura de la propiedad en Cataluña dificulta las cosas…

La cuestión de la propiedad privada es un debate permanente. La situación es compleja. Las sociedades urbanas piden unos nuevos usos lúdicos y culturales en los bosques, pero la mayoría de propietarios no disponen de los recursos para gestionarlos. En ningún caso se puede criminalizar a los propietarios como se ha hecho hasta ahora. Yo, científico con tendencias políticas de progresistas, muchas veces me he convertido en defensor del mundo forestal, posición que me ha acarreado algunos problemas. Incluso una conocida revista naturalista ha llegado a acusarme de defender los intereses de las industrias madereras. Simplemente me he aproximado al mundo forestal y he intentado entender sus argumentos.
En el caso de Cataluña, las cifras son claras. El 90% del territorio es de propiedad privada y el 10% de titularidad pública. Esto no sucede en el resto de España.
El problema de la propiedad tiene sus orígenes en la época de Mendizábal. Lo que no me parece justo es que se criminalice a los propietarios. Al fin y al cabo los propietarios forestales arrastran un infortunio semántico. No hay ningún colectivo empresarial que se autoproclame propietario. Si se llamaran empresarios silvicultores en lugar de propietarios forestales no habría tantos problemas. Este posicionamiento no exonera a los propietarios malos gestores, que se arrogan un derecho de pernada sin limitaciones.

¿Qué superficie del territorio catalán ocupan los bosques?

En este momento, los bosques ocupan alrededor de un 60% del país. Y la cubierta forestal crece año tras año. El país se está convirtiendo en un almacén de celulosa. El peligro mayor es el riesgo de incendio. Si añadimos además que por primera vez en la historia se ha construido dentro del bosque, los riesgos se incrementan. Nunca ninguna forma civilizadora del país había construido dentro del bosque. Sólo con la excepción de los carboneros, que realizaban construcciones episódicas.

¿Qué clase de acción política propone? ¿O ya es un problema de Bruselas?

Yo creo que nuestra Administración tiene que entender que la gestión forestal es un tema prioritario. No puede dejarse únicamente en manos de los agentes directamente interesados: propietarios, ecologistas y urbanizadores. La cuestión va mucho más allá: alcanza el modelo de país que queremos. Es preciso aplicar políticas que favorezcan los planes de gestión y sufragar líneas de investigación para decidir qué hacemos de esta biomasa que se va acumulando. De hecho, contrariamente a lo que pensábamos desde las posturas conservacionistas, un incremento de superficie forestal no aumenta la biodiversidad, sino que por el contrario, la reduce. Hemos perdido hábitats y una gran cantidad de organismos vivos y, por lo tanto, el mito de la intocabilidad de los bosques no es deseable en el caso mediterráneo.

En el caso de Cataluña, ¿qué especies se adaptan mejor al nuevo escenario?

Aquéllas que tienen una situación de favorabilidad ecológica. Por ejemplo, se expanden las especies con una gran capacidad invasora, sobre todo algunas coníferas. Es el caso del pino carrasco, que coloniza muchas zonas quemadas y también aquéllas donde ha tenido lugar un proceso de abandono. El pino carrasco es un invasor muy eficiente. La encina común también está avanzando.
Ahora bien, no debe olvidarse que los paisajes forestales están absolutamente relacionados con la demanda del mercado. El alcornoque ha sido una especie exitosa a partir del s. XIX debido a la Revolución Industrial del corcho. La corteza de esta especie produce una gran cantidad de suberina, un compuesto muy preciado en las industrias como junta. Además, la suberina fue fundamental para posibilitar la colonización de los espacios fríos en Canadá y Escandinavia, ya que se utilizaba para aislar las casas. Incluso hoy todavía la NASA tiene una junta hecha con suberina, producto que no ha podido sustituir. En su momento, el sector del corcho hizo mucho dinero. Hasta los obreros formaban una especie de aristocracia obrera. También en el s. XVIII, cuando se abrió el comercio hacia ultramar, los castaños tenían un gran valor puesto que se utilizaban para construir las botas que transportaban los alimentos.

Sin embargo, la madera de los bosques catalanes ya no tiene el valor que tenía…

La función productiva del bosque ha caído en picado, lo cual ha abonado la desidia y el desinterés. También es cierto que la propiedad forestal ha cambiado de manos. No me gusta nada cómo las generaciones jóvenes del sector «pasan» de los bosques. Los jóvenes del sector silvícola son muy poco luchadores. Unos abandonan el sector y otros han apostado por los viveros, en general de jardinería. Estos últimos mantienen vínculos positivos con el sector.

Es cierto. Los viveros han proliferado a pie de carretera por toda Cataluña…

En el discurso de la obra pública es muy importante la introducción de planta autóctona y, por lo tanto, cualquier obra pública debe ir acompañada por un plan de restauración. Esta tendencia explica la enorme oferta existente.

En la actualidad, el discurso de las tierras del interior es ir a buscar el turismo. Cree que es una buena alternativa para generar riqueza y fijar población?

Depende del modelo turístico elegido. Existe un turismo de impacto y agresivo como por ejemplo los campos de golf, que son una excusa para crear infraestructuras urbanísticas. Tampoco veo bien las iniciativas que quieren colonizar espacios de alta montaña, ya sea para deportes de aventura, ya sea para estaciones de esquí. Estas ideas suelen carecer de cualquier planteamiento sostenible. Debemos estar muy atentos y ser muy críticos para que se incorporen estudios de impacto.

¿Y el ecoturismo?

En cambio, la terciarización del mundo rural a partir del agroturismo o el turismo cultural son vías esperanzadoras. En estas iniciativas resulta fundamental plantear formas de participación. Hay que escuchar a los pobladores y tener en cuenta sus propuestas. Creo que nuestra sociedad, obsesionada por acumular y acumular, debe apostar por vías alternativas. Por ejemplo, los oficios artesanales, que tienen las materias primas cercanas y que utilizan tecnologías muy especializadas. Son los yacimientos de artesanos, de gastronomía de alta calidad… La recuperación de la arquitectura popular, la arqueología, los puentes, grandes y pequeños, todo debe contribuir a desarrollar estrategias participativas inspiradas en la Agenda 21 y adaptadas a un territorio específico. También es muy importante la promoción de la agricultura sostenible y ecológica. Es duro decirlo, pero cada joven que fijamos en las tierras del interior es un funcionario que nos ahorramos.

Recuperar población en las tierras del interior significa una migración, diríamos que muy cualificada, del entorno urbano al rural. Es una decisión realmente difícil, ¿no cree?

Ciertamente es difícil, pero algunas de las tendencias más innovadoras del interior del país han sido impulsadas por gente que viene de la ciudad. Desde neorrurales que viven en el Pallars, hasta gente procedente del movimiento obrero de Badalona o del Baix Llobregat que se dedican a la agricultura ecológica o trabajan en escuelas de naturaleza. Entre los jóvenes de los 60-70 había muchos románticos, pero también los había pragmáticos.
¿Cree que el nuevo sector de las industrias de la información puede tener un papel en la fijación de población en zonas rurales?

Ya se da un tímido crecimiento exponencial de este proceso. Hay mucha gente que trabaja conectada y que vive en masías, en pequeños pueblos rurales. Este fenómeno ayudará a desacralizar la masía. Estos entornos, de gran calidad paisajística, son ideales para ser convertidos en centros generadores de conocimiento. Ciertos espacios rurales se están recolonizando, y no precisamente por hippies. Son emprendedores digitales y que deben desempeñar un papel importante en la recuperación de las tierras del interior •

Lluís Reales
 

Normativa ambiental
Normativa: los árboles que no  dejan ver el Bosque
Ignasi Doñate i Sanglas

1. Un país detrás del bosque

1.1. El factor territorial de los montes
Según datos del Plan General de Política Forestal, el 61,1% del territorio de Cataluña está cubierto por bosque. Este índice es muy superior al de la Unión Europea, que tiene 130 millones de hectáreas forestales, cifra que representa el 36% de su superficie. Por este motivo, cuando hablamos de los terrenos forestales en Cataluña estamos hablando del sector territorialmente más representativo del país. Detrás de la gestión territorial de los bosques se encuentra realmente la gestión territorial de Cataluña, por lo que la gestión de los bosques es un elemento estratégico de la gestión natural, de territorio y de población de Cataluña.
El bosque de Cataluña es rico por su diversidad pero es también un bosque joven, un bosque denso de árboles pequeños. Por una serie de factores, la superficie arbolada de Cataluña está aumentando, siguiendo la pauta general en el Mediterráneo. Según el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca (DARP), la superficie arbolada de Cataluña aumentó un 19,8% entre los años 1970 y 1990. La despoblación y el abandono de los cultivos son los elementos clave de este aumento espontáneo de las superficies arboladas, frenado únicamente por los graves incendios de los últimos años.

1.2. La baja producción del sector
Aunque el territorio forestal raya la mayoría absoluta territorial, las masas forestales de Cataluña únicamente aportan el 1,9% de la producción agraria. Los productos forestales de Cataluña generaron en 1996 un total de 10.030 millones de pesetas, de los cuales un 70% corresponde a madera, corcho y leña, y el resto, a setas, pastos, trufas y otros. Estos 10.030 millones representan el 1,9% de la producción agraria de Cataluña, es decir, el 0,08% del producto interior bruto (A. Cerrillo. La Vanguardia, 7/4/97).
Los bosques catalanes presentan una diversidad ecológica destacable, pero son poco productivos y, por lo tanto, poco competitivos, ya sea porque son zonas de grandes pendientes, o porque se trata de bosque mediterráneo típicamente frágil y poco productivo. La falta de productividad es el factor principal del abandono de la actividad y, en consecuencia, de la despoblación del mundo rural. Si bien el aislamiento, la altitud, la sequía y las nevadas son factores que van asociados, el consenso general nos indica que la despoblación se deriva de la falta de productividad del sector primario.
Fruto de esta despoblación tenemos a una población rural marginada en su gran mayoría y obligada a asumir unas funciones territoriales y ambientales que no compensan. No podemos tener a la Cataluña rural convertida en un espacio de ocio para las poblaciones urbanas, y que esta ocupación se convierta en una descapitalización en lugar de prever la correspondiente y justa contraprestación. A cada día que pasa el bosque se trabaja menos y, en cambio, se visita más. Tan sólo veinte años atrás, el bosque hacía funciones de reserva agrícola, de producción de maderas y leñas, de reserva de pastos, de reserva de capital, etc., por lo que puede decirse que desempeñaba un papel fundamental. Actualmente se ha dejado de trabajar el bosque.

1.3. El bajo precio de los altos rendimientos ambientales y sociales de los bosques
El rendimiento de los bosques catalanes no puede buscarse en su vertiente productiva, los rendimientos forestales no se derivan sólo de la producción. El rendimiento del bosque lo encontraremos mayoritariamente no en la producción, sino en los beneficios ambientales que genera indiscriminadamente para la población: calidad y cantidad de agua, calidad del aire, calidad del paisaje, mantenimiento del suelo contra la erosión, etc. Su aspecto productivo representa asumir en el coste de mantenimiento de los bosques los beneficios que genera: calidad/cantidad del agua, del aire y del suelo, del paisaje, conservación de la naturaleza, espacios para el ocio, etc.
Estos rendimientos forestales, atribuibles al trabajo efectivo y real de los campesinos, ni se valoran adecuadamente ni son objeto de una contrapartida por parte de la población en general que se beneficia de ellos. En este sentido, bajo el concepto de "ayudas" se esconde una falta de valoración del trabajo y de la función de los propietarios forestales. Como diría el Dr. Ramon Folch, "el precio bajo de un valor alto".
Es así también como hay que entender la denuncia de la Unió de Pagesos: "Los campesinos, en general, son los principales conservadores de la naturaleza, gestionan el medio rural con sus decisiones profesionales, agrícolas, ganaderas y forestales, esculpen y crean el paisaje [...] La desaparición de campesinos provoca efectos muy negativos en el territorio: desaparición y deterioro de los caminos rurales y forestales que conlleva dificultades para acceder a los fuegos forestales e imposibilita la actuación inmediata contra el fuego; falta de vigilancia sobre el territorio; ausencia de puntos de agua; desaparición de cortafuegos naturales que representan las zonas de cultivo; desaparición de los cultivos sociales, más intensivos y verdes durante el verano, viñas, olivos, almendros, avellanos, teca, etc.; falta de conducción de aguas; incremento de la erosión de los terrenos; crecimiento de malas hierbas, brozas y zarzas por ausencia de pastos; aumento y conexión de las superficies forestales que determinan los grandes incendios.”. (Joan Casajoana i Vives, Unió de Pagesos del Bages.)
En la actualidad los costes repercuten básicamente en los propietarios, sin que reciban la contrapartida por unos rendimientos que dan.

1.4. La propiedad privada de los bosques
Uno de los retos de la gestión de las masas forestales estriba en compatibilizar los rendimientos ambientales y los usos públicos que genera con la propiedad privada de los bosques. El territorio forestal catalán, compuesto por 49.567 fincas forestales, es en un 77% propiedad privada. Un 65% de este territorio corresponde a fincas de más de 25 ha que son propiedad de 8.542 personas, y el 35% restante corresponde a pequeñas parcelas de 41.115 propietarios. La responsabilidad de la gestión forestal recae en primer lugar sobre los propietarios.
En este sentido se manifiesta el Consorcio Forestal de Cataluña: "En un país con unos bosques mayoritariamente en propiedad familiar y un sistema de economía abierta sin discusión, el reto que debe resolverse no está en aspectos técnicos (p. e. la detección o extinción de los fuegos) o biológicos (descripción de nuestros ecosistemas), como hemos hecho dispersando nuestros limitados recursos en los pasados años, sino en los aspectos sociopolíticos.". (E. Rojas. ‘El Temps Ambiental’, nº 16.)
La evolución de la normativa forestal de Cataluña representa, entre otros factores, este trabajo para encontrar la mejor fórmula de colaboración entre la propiedad pública y las instituciones públicas, la compatibilización entre la gestión privada y la supervisión pública, la optimización de beneficios de producción sin minimización de los rendimientos sociales y ambientales de las masas boscosas, la búsqueda conjunta para lograr simultánea y equilibradamente las tres funciones que deben tener los bosques: productiva, ambiental y social, etc.

2. La alternativa de una gestión integral necesariamente a largo plazo

2.1. La alternativa de la "gestión integral"
La gestión de los bosques nos presenta una alternativa: sistema del bosque como sistema de producción de madera (rendimiento económico de la explotación), o el bosque como ecosistema complejo con múltiples funciones ecológicas y económicas (mantenimiento de un hábitat ecológicamente valioso). Algunos autores hablan de la segunda opción como una "política forestal integral" caracterizada por su multifuncionalidad: la adopción de unas medidas que conduzcan a "unas estructuras sociales biológicamente estables que tengan un coste social mínimo, equilibrado y equitativamente distribuido que optimice la oferta de bienes y servicios demandados por la sociedad a los bosques de forma permanente". (Rojas, E. 1995)
En otros términos, la alternativa sería un bosque correctamente gestionado, lo cual equivale a un bosque que conserve y mejore la "calidad forestal", identificada por C. Ibero y N. Dudley (1995) por los signos de la autenticidad del bosque, su estado de salud, la producción de beneficios ambientales (reserva genética, que sirva para conservar y formar suelo, que proteja de la erosión...) y de bienes socioeconómicos (otros usos: cinegética, ocio, científicos o educativos). La línea de gestión que se plantea no va encaminada a aumentar la zona boscosa, que por sí sola no es índice de calidad ambiental.
Por otra parte, lograr un bosque adulto supone una labor de gestión de 200 años. Esta realidad ineludible provoca que la gestión forestal tenga que ser necesariamente sostenible, encaminada a poder extraer de un territorio forestal concreto la misma cantidad y calidad de madera un año tras otro.
Esta gestión a largo plazo hace aún más necesaria la evaluación de los rendimientos ambientales y sociales del bosque y que su pago suponga una capitalización a corto y medio plazo de las explotaciones forestales.

2.2. ¿Alternativas de usos como alternativa?
La administración y los propietarios le buscan nuevas rentabilidades al bosque, especialmente tratando de asegurar una mejor penetración social de la madera y del resto de productos forestales, sobre todo en un marco altamente competitivo por la entrada de productos del norte de Europa. Con esta finalidad se constituyó y trabaja el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, radicado en Solsona.
Por otra parte, la compatibilización del medio natural con las actividades turísticas y de ocio, si bien puede ser una ayuda para la capitalización del mundo rural y supone una valoración de los espacios naturales, en ningún caso es ni puede ser considerada una alternativa a la problemática forestal. Además, antes de emprender iniciativas de esta clase es preciso asesorar a la población rural, hacer un estudio de cada zona, tipificarla adecuadamente según su uso y regularlo. De no ser así, la utilización de las zonas naturales para el ocio al aire libre y el turismo se convierte en una actividad indiscriminada, lo cual conlleva que en ciertas áreas se produzca un exceso que disminuye el rendimiento de la inversión y causa la degradación de la zona.

3. El marco legislativo del bosque

El marco legislativo actual está determinado por la Ley 6/1988 forestal de Cataluña como punto de partida. Esta ley, que ejerce las competencias de la Generalitat en materia de bosques, sustituyó a la española Ley de montes de 8 de junio de 1957 y a todo el resto de normativa forestal estatal, la cual sólo sigue aplicándose como normativa básica que, como tal, no puede ser contradicha por la normativa catalana.
Ahora bien, a la normativa específica de bosques hay que añadirle, para completar el marco legislativo, la normativa sectorial que regula los espacios naturales, la normativa territorial y urbanística, la de caza y pesca, la de aguas, y otras. Sin embargo, la consideración sistemática de esta normativa con la legislación forestal se convierte en una tarea muy difícil dada la diversidad de enfoques y de medidas que unas y otras normativas aplican.
El marco legislativo aparece configurado como un paquete de normativas sectoriales carentes de la concepción unitaria de un conjunto normativo elaborado sistemáticamente. En esta labor de sistematización, el Plan Territorial General de Cataluña, aprobado por la Ley 1/1995 de 16 de marzo, ha sido, en lo que respecta al mundo rural, una ocasión perdida para equilibrar la gestión y los usos del territorio. Como recoge un Dictamen sobre el Plan, emitido por el Consejo de Protección de la Natura, "se produce un agravio para el medio natural y rural por el trato diferencial que hace el PTG con la definición de los usos del territorio". El dictamen recoge que "la actividad agraria tendría que merecer un apartado específico, ya que a pesar de tener una función estructuradora del territorio, de vínculo entre varios espacios protegidos, de calidad ambiental [...], no puede olvidarse el aspecto productivo-económico que es el principio y fin de la actividad agraria". En este sentido cabe concluir que el PTG no ha aportado las herramientas adecuadas de sistematización del marco legislativo del país. El tratamiento que hace del medio rural es prácticamente inexistente y la referencia al medio forestal es casi anecdótica cuando recoge que "las agresiones al medio forestal no provienen de las actividades agrarias, sino de la excesiva frecuentación y de los efectos secundarios de la contaminación atmosférica". Ninguna referencia a la falta de rentabilidad del sector ni al equilibrio de las funciones productiva, social y ambiental de nuestros bosques.

 3.1. La Ley 6/1988 forestal de Cataluña
La ley forestal de Cataluña de 19 de octubre de 1988 fue promulgada con una finalidad muy amplia, recogida en el artículo primero: "establecer el ordenamiento de los terrenos forestales de Cataluña para asegurar su conservación y garantizar la producción de materias primas, aprovechar adecuadamente los recursos naturales renovables y mantener las condiciones que permiten un uso recreativo y cultural de estos terrenos".
Ahora bien, esta finalidad, a pesar de la inclusión de parámetros de sostenibilidad en la Ley, recibe un tratamiento desde un claro perfil “productivista” al marcar los objetivos de la Ley: "Promover y mejorar de forma sostenida la función socioeconómica de las masas forestales [...] Promover una silvicultura adecuada y las actividades de primera transformación de los productos del bosque [...] Mejorar la rentabilidad de las masas boscosas...". Pese a este carácter, vemos cómo la orientación “productivista” no ha conseguido enderezar por sí sola la falta de rentabilidad de los bosques catalanes, lo cual ha fomentado su abandono, simultáneo al abandono de una serie de actividades agrícolas. ¿A qué hay que atribuir esta disfunción de la normativa? La Ley ya prevé unos objetivos que suponen una racionalización de la producción forestal, como la lucha contra la disminución de la superficie forestal existente, el fomento de la colaboración de las administraciones locales, el fomento del asociacionismo y la colaboración entre los sectores implicados en el sector económico forestal, la promoción de la investigación, la experimentación y la formación de los productores o gestores de actividades forestales. Estos objetivos, positivos y necesarios indiscutiblemente, carecen sin embargo de medios efectivos para alcanzar metas a corto, medio y largo plazo, así como de instrumentos de aplicación.
Ahora bien, ha sido sobre todo la falta de asunción clara de las funciones ambientales del bosque y la falta de ordenación de su función social lo que ha posibilitado la actual unanimidad social y gubernativa en cuanto a la insuficiencia de medidas públicas y privadas para evitar el grave abandono del sector forestal como actividad. En el marco español, la preparación de una nueva ley de montes parte de la premisa de la necesidad de una transformación radical del marco normativo de los bosques.
La Ley estableció un concepto de monte que ha sido considerado demasiado amplio en cuanto a su función. Este concepto, si bien ha permitido aplicar la ley forestal a una diversidad de suelos rústicos, no es el más adecuado desde una perspectiva de clasificación y determinación de usos, lo cual ha llevado a una modificación técnica en el proceso de elaboración del Inventario Forestal de Cataluña.
Siguiendo la línea de la ley forestal del año 1932, los aprovechamientos forestales están sometidos por la ley forestal a una licencia previa de aprovechamiento, de la que están exceptuados los terrenos que dispongan de Proyectos de Ordenación o de Planes Técnicos aprobados. Están también exceptuados de licencia, de acuerdo con la Orden de 16 de julio de 1991, los aprovechamientos forestales para el uso doméstico.
La ley forestal prácticamente no ha sufrido ninguna modificación en estos más de diez años de vigencia, con excepción de la adecuación a las exigencias de la Ley 30/92 de procedimiento administrativo, realizada mediante Decreto legislativo 10/1994 de 26 de julio.

3.2. Los instrumentos públicos de gestión forestal

3.2.1. La planificación forestal
La Ley situó como instrumento básico de gestión los Planes de Desarrollo Forestal y situó en el más alto nivel el Plan General de Política Forestal, encaminado a ejercitar una política forestal integral mediante la clasificación de los terrenos forestales y la determinación de su uso.
El Plan General de Política Forestal de Cataluña, aprobado en 1994, tiene la función –de acuerdo con la Ley forestal 6/1988– de ordenar los terrenos forestales y hacer compatible la conservación del medio natural con el uso múltiple de los montes. El plan debe servir para calificar los terrenos forestales y determinar sus usos. Sin embargo, la sola lectura del índice del Plan nos muestra que básicamente sólo se consideran funciones del bosque la producción directa y el fomento de las industrias derivadas de los recursos forestales y de la actividad silvícola. En este sentido se echa de menos, una vez más, la función integradora del Plan, que no hace ninguna referencia sustancial a las funciones ambientales y sociales de los montes, que parecen reservarse para la legislación genérica del Plan de Espacios de Interés Natural, el cual, si bien podría desempeñar esta función, carece de una aplicación territorial general.
El Plan General prevé la redacción de los Planes de Producción Forestal, que afectan a diferentes unidades territoriales resultantes de dividir el territorio en ocho grandes ámbitos territoriales que en algunos casos presentan subdivisiones. En total están previstos 16 Planes de Producción Forestal, según los cuales deben redactarse los Proyectos de Ordenación y los Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestales, que tienen la consideración de preceptivos para los terrenos forestales de utilidad pública o protectores.
La ordenación de la política forestal tiene su expresión planificadora más concreta en los Proyectos de Ordenación y en los Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal (PTGMF). Las instrucciones generales para la redacción, la aprobación y la revisión de los PTGMF que deben aplicarse en los terrenos forestales de propiedad privada de Cataluña se recogen en la Orden de 10 de junio de 1991 del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca (DARP) y en la Orden de 20 de julio de 1994.
La actividad planificadora, fundamental en todo desarrollo de políticas, que ha ejercido el sector privado ha apuntado en el caso de los bosques catalanes hacia una concepción marcadamente productiva a corto plazo, sin tener en cuenta la pluralidad real de funciones del bosque y la problemática específica de un marco forestal mediterráneo de baja productividad y extremada fragilidad.
El Plan Forestal General de Cataluña prevé destinar 2.000 millones de pesetas anuales a subvenciones. De esta cifra, la mayor parte (1.600 millones) se destinará a incentivar las repoblaciones forestales en campos de cultivo abandonados, siguiendo las indicaciones comunitarias. Para la limpieza y repoblación de las zonas quemadas se destinan tan sólo 400 millones. Sin embargo, hay que atender la opinión de los expertos que previene sobre la idoneidad de la "limpieza" de los bosques, ya que si la "limpieza" consiste en retirar el sotobosque se causa una auténtica agresión al bosque. Por este motivo las actividades de limpieza deberían limitarse a retirar los elementos ajenos al bosque.

3.2.2. El Inventario Forestal de Cataluña
En virtud del precepto de la misma Ley forestal, por encargo del DARP y del Departamento de Medio Ambiente, el Centro de Investigación Ecológica y de Actividades Forestales ha finalizado la elaboración del Inventario Forestal de Cataluña. Este inventario no sólo integra medidas dasonómicas sino que entiende el bosque como un ecosistema, lo cual permite proyectar el crecimiento del bosque a medio plazo, por un período de 20 o 30 años. El inventario debería haber sido la base del Plan General de Política Forestal de Cataluña, pero la complejidad de los datos que debían incorporarse y la necesidad sin falta de un Plan General que orientase la elaboración de planes de gestión y producción hicieron que el Plan General de Política Forestal se aprobara mucho antes de que finalizara la redacción del inventario. A diferencia del inventario español, el inventario catalán cuando habla de superficie forestal hace referencia explícita a la existencia de árboles. Con este criterio, el inventario llega a la conclusión de que la superficie forestal de Cataluña se mantiene estable si se tiene en cuenta la contrapartida de la pérdida de suelo forestal por los incendios y la ganancia por el abandono de los cultivos. En cambio, según el inventario español el bosque crece en Cataluña y se concentra en la cantidad y diámetro de los árboles y en la cantidad de madera.

3.2.3. El Centro de Propiedad Forestal
En el marco de la gestión de los terrenos forestales de propiedad privada, se creó por ley el Centro de Propiedad Forestal, que tiene como objetivo ordenar la producción forestal y promover la conservación y la mejora de los bosques y de los pastos de propiedad privada. La delimitación de las funciones del Centro de Propiedad Forestal se trató en el Decreto 358/1989 de 19 de diciembre.
Actualmente, el Centro, después del pliego de medidas derivadas de los graves incendios forestales del año 1998 y con la necesidad de fomentar una mayor participación del sector privado, tiene la intención de convertirse en una "agencia de bosques privados" según un proyecto de Decreto en proceso de tramitación. Esta disposición lo configura como un organismo autónomo de carácter administrativo capacitado para ordenar la producción forestal de los bosques privados, representar a los propietarios ante la administración, propiciar la elaboración de los planes de producción forestal y formular propuestas y orientaciones en materia forestal. En el marco del Centro está prevista la creación de un Consejo Forestal Asesor, así como un Fondo Forestal de los Bosques Privados de Cataluña sustentado básicamente a través de las tasas y las sanciones por infracciones que afecten a los bosques de titularidad privada.

3.2.4. La unidad mínima forestal
La unidad mínima forestal, como medida fijada en la Ley forestal, fue determinada mediante Decreto 35/1990 de 23 de enero en la extensión de 25 ha. De acuerdo con este criterio las fincas inferiores a esta extensión son indivisibles y en función de ésta se podrán autorizar o no edificaciones vinculadas a usos agrarios.

3.2.5. Los catálogos
Tal y como prevé la misma Ley forestal, los terrenos forestales de utilidad pública deben inscribirse en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública que, de acuerdo con la Orden del DARP de 26 de noviembre de 1993, consta de un archivo cartográfico y fotográfico y de un libro de registro.

3.2.6. Las ayudas
Las ayudas a la actividad forestal en ningún caso tienen el mismo peso específico que las ayudas a la agricultura. Su instrumentalización es cada día más contestada cuando desde el sector privado se exige no el fomento de una "actividad forestal subvencionada", sino el establecimiento de retribuciones objetivas a las funciones sociales y ambientales que efectivamente el bosque supone para el país.
La política de ayudas es, sin embargo, la política básica seguida por la Unión Europea como medida complementaria a la PAC. Promueve la repoblación forestal de tierras agrarias como medida para evitar la erosión y mejorar la función hidrológica de los bosques. Últimamente, los programas de repoblación se han visto afectados por problemas de financiación de la Unión Europea, surgidos en forma de exigencia de más condiciones comunitarias de acceso a los programas de financiación.
Las ayudas existentes actualmente tienen por objeto:
3.2.6.1 El fomento de la gestión planificada de los montes de titularidad privada, previsto por la Orden de 31 de julio de 1990, que establece la concesión de subvenciones, el acceso preferente a préstamos del Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) y la fijación de tipos de interés nominal más favorables.
3.2.6.2 El fomento de las inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales, previsto en la Orden de 29 de junio de 1993, modificada posteriormente por la Orden de 14 de mayo del 1996, del DARP. Según esta disposición fue de aplicación el Decreto español 378/1993 de 12 de marzo, que desarrolla la normativa comunitaria que establecía un régimen comunitario de ayudas a las medidas forestales en la agricultura, de acuerdo con el Programa quinquenal (1993-1997) para Cataluña. Sin embargo, en virtud de la Orden de 6 de febrero de 1998, el plazo para presentar solicitudes se cerró el día 24 de febrero del presente año 1999, fecha de publicación de la Orden en el DOGC.
3.2.6.3 Las tareas de conservación y regeneración de alcornocales y la protección del corcho, previstas en el Decreto 42/1989 de 22 de marzo, que consisten en la concesión de una subvención de los intereses derivados de préstamos con entidades financieras.

3.2.7. Medidas contra las plagas forestales
La prevención de las plagas forestales y la lucha contra éstas se entiende legalmente como la aplicación de medidas de carácter silvícola encaminadas a prevenir y combatir las plagas y recogidas en el Decreto 21/1991 de 22 de enero, el cual también determina una serie de medidas contra el uso de plaguicidas.

3.2.8. Los fondos forestales
3.2.8.1 El Fondo Forestal de Cataluña, definido en la Ley forestal y regulado por el Decreto 357/1989 de 19 de diciembre, se integra dentro del conjunto de medidas de prevención de los incendios forestales y de reforestación de los terrenos afectados por el fuego.
3.2.8.2 El fondo forestal de mejoras. La gestión de los Fondos de mejoras para la conservación y el mantenimiento de los bosques de utilidad pública propiedad de las entidades locales se regula en virtud del art. 55 de la Ley forestal y mediante el Decreto 377/1996 de 2 de diciembre. Las entidades públicas propietarias están obligadas a invertir el 15% de los beneficios obtenidos con los aprovechamientos en la ordenación y mejora de sus masas forestales. En este sentido cabe considerar beneficios los ingresos generados por las concesiones de ocupaciones, autorizaciones de uso y permisos en general que afecten a los montes de utilidad pública. La destinación del Fondo es la financiación del Programa anual de mejoras de los montes.

4. La normativa de prevención y extinción de incendios forestales

4.1. Hablamos de los bosques cuando se queman
La sucesión demasiado frecuente de incendios forestales de gran alcance hace imposible la regeneración natural y está causando pérdidas irreversibles. La previsión para este año 1999 no parece nada optimista, ya sea por la sequía, por la falta de reservas de agua o por las predicciones mundiales, que advierten de la repetición este año de 8 a 10 grandes fenómenos meteorológicos que traerán desgracias a los países carentes de las mínimas infraestructuras para soportar los grandes fenómenos climáticos. Hablamos del clima. También hablamos de los bosques, pero sólo cuando se queman.
El 90% de los incendios forestales son debidos, intencionadamente o no, a la actividad humana. Por este motivo hace falta una gran campaña de valoración pública de los bosques, una campaña de educación ambiental de gran alcance. Esta valoración social de los bosques se halla en la base de la asignación importante de recursos públicos para mantener y mejorar las masas boscosas. Así, la medida de cerrar los bosques o de prohibir el acceso al medio natural no es una medida positiva debido a su carácter antisocial y, en cualquier caso, acentuaría aún más el abandono del bosque. Ciertamente se debe ordenar el acceso, pero nunca, y en ningún caso, prohibirlo.

4.2. El marco de la prevención y extinción de incendios forestales
El marco legal de la prevención de incendios forestales está determinado básicamente por el Decreto 64/1995 del DARP, que recoge las prescripciones de la normativa española de incendios forestales –Ley 81/68, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales y su Reglamento, aprobado por Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre–, por la Ley 6/88 forestal de Cataluña y por el Plan de Protección Civil de Emergencias para incendios forestales de Cataluña (INFOCAT), aprobado por acuerdo del Gobierno de 29 de septiembre de 1994.
En el marco de la ley forestal se regularon las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) como entidades con personalidad jurídica, formadas por propietarios forestales, ayuntamientos y asociaciones, que tienen la finalidad de proteger la naturaleza y las organizaciones profesionales agrarias. Las ADF convenientemente registradas pueden solicitar ayudas al DARP consistentes en la concesión de subvenciones para las actuaciones de las ADF, la cobertura de una seguro que cubra los riesgos personales y la posibilidad en caso de actuaciones especiales de formalizar convenios con el DARP.
El Decreto 64/1995 de 7 de marzo prevé "zonas de seguridad" –franjas de terreno libre de toda vegetación arbolada o arbustiva susceptible de propagar el fuego– y "zonas de protección" –franjas de terreno sin vegetación arbustiva y masa forestal arbolada esclarecida–, así como medidas especiales en cuanto a los factores relacionados con los incendios: urbanizaciones, viviendas y explotaciones agrarias, instalaciones de carácter industrial y de servicio, líneas eléctricas, vías de comunicación, vertederos, áreas recreativas, actuaciones forestales, quemas controladas, etc. El Decreto dispone de normas específicas en función del período del año, con prohibiciones y autorizaciones especiales. Todas las actuaciones con fuego requieren autorización y están expresamente prohibidas del 15 de marzo al 15 de octubre. Finalmente, el Decreto 64/1995 pretende implantar una serie de medidas de autoprotección de las distintas edificaciones en terrenos forestales.
En cuanto a las medidas de tala periódica y selectiva de vegetación en la zona de influencia de las líneas aéreas de conducción eléctrica para la prevención de incendios forestales, el Decreto 268/1996 de 23 de julio estableció los parámetros básicos de las talas y los conceptos precisos que hay que tener en cuenta.
Finalmente, deben considerarse el establecimiento de planes de prevención de incendios en los espacios naturales de protección especial previsto por el Decreto 378/1986 de 18 de diciembre y las medidas específicas de prevención que se puedan adoptar en cada temporada de acuerdo con la ley forestal.
Como consecuencia de los incendios forestales del año 1998, se establecieron unas ayudas puntuales encaminadas a la regeneración de los bosques afectados y se subvencionaron las talas de vegetación muerta, la redacción de PTGMF y la reposición de bienes de las ADF. Con estas ayudas se pretendía hacer frente al desánimo del mundo rural ante unos desastres que evidenciaban el abandono del sector forestal y la ausencia de alternativas para hacer viable la vida en el mundo rural. Asimismo, se establecieron subvenciones específicas del ICCA, dirigidas a la reposición y/o reconstrucción de los elementos de las explotaciones agrarias afectados o destruidos por los incendios declarados en julio de 1998. Las medidas legislativas eran:
• a) El plan de ocupación para la limpieza y adecuación de las zonas afectadas por el fuego (DOGC 2628 del 24/4/98).
• b) La Orden de 15 de abril por la cual se establecían ayudas para la adquisición de máquinas y equipos agrícolas, así como para la incorporación de nuevas tecnologías. Las ayudas fueron del 15 al 40% según si la zona se consideraba desfavorecida o particularmente afectada por los incendios (DOGC 2629 del 29/4/98).
• c) La Orden de 22/9/98, publicada en el DOGC nº 2729, por la que se establecía una línea de ayudas extraordinarias para la regeneración de los bosques afectados, consistente en la tala de la vegetación muerta aprovechando los árboles y amontonando los restos no comercializables con la formación de cinturones distribuidos homogéneamente en las vertientes de las fincas afectadas. Las subvenciones podían ir de las 40.000 ptas./ha hasta las 108.000 ptas./ha, según el trabajo que se realizara. El solicitante podía pedir un préstamo hasta el 50% de la subvención al ICCA. También se subvencionaron las revisiones de los planes técnicos desde las 1.500 hasta las 3.500 ptas., según las zonas. La subvención por compra de material de reposición del afectado por los fuegos a las ADF fue del 100%.

4.3. Los servicios de prevención y extinción de incendios
La regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios corresponde a la Ley 5/1994 de 4 de mayo. En esta ley general se regulan los aspectos más relevantes de las acciones y medidas para la prevención y extinción de los incendios. En este sentido los municipios de más de 20.000 habitantes deben tener un servicio para evitar y apagar los incendios. La Generalitat puede prestar este servicio si el municipio no puede, con la consiguiente aportación económica del municipio; la ley crea una contribución especial para las empresas de seguros que contraten pólizas que cubran riesgos de incendios y se regulan los bomberos voluntarios como adscritos al Departamento de Gobernación a efectos de su operatividad.

5. Nuevos instrumentos de gestión para un bosque valorado

Una nueva gestión forestal dirigida a la calidad es uno de los objetivos inevitables. Una valoración social del bosque como un espacio frágil y valioso que pide un tratamiento global, fruto de la concertación social basada en los rendimientos ambientales que nos aporta. Todo el mundo apuesta por un paisaje tipo mosaico que combine masas forestales discontinuas con campos de cultivo y pastos. Todo el mundo se pone de acuerdo en la necesidad de fijar la población en las zonas rurales. Todo el mundo quiere una política de prevención de incendios. Estos objetivos no pueden lograrse sin una gestión forestal de calidad, pero también hay consenso sobre el hecho de que una adecuada gestión forestal es insuficiente para evitar la despoblación y para prevenir los incendios forestales.
No es solamente un problema de gestión. Existe un consenso, y por lo tanto no digo nada nuevo, sobre la necesidad de una política de alcance más amplio que la actual, con una intervención de más amplio espectro, una política que incorpore estrategias para alcanzar un mejor equilibrio territorial y ambiental. Muchos de los problemas del bosque se derivan de factores ajenos al bosque: vertederos, líneas eléctricas, infraestructuras...
Se precisa la asunción de una gestión forestal responsable por parte de los propietarios forestales y una política forestal mucho más amplia que de un modo específico incida en una fiscalidad verde que pueda compensar los beneficios ambientales derivados de una correcta gestión forestal. Las contrapartidas públicas a la gestión privada y una fiscalidad favorable son los instrumentos con los que cuenta el poder público para reconocer la función social y ambiental de los gestores forestales. Unas contrapartidas no en función de la producción de bienes, sino de la productividad ambiental y social, muchas veces inversamente proporcional a la capacidad de producción de maderas, leñas y otros productos silvícolas.
Los sindicatos agrarios también lo recuerdan cuando nos dicen que la política agraria y forestal necesita más "sentido común payés": mejorar las medidas de acompañamiento de la PAC, aplicar una política adecuada de estructuras, favorecer las políticas regionales sobre zonas homogéneas, dar prioridad a las explotaciones familiares y, por último, abandonar del perfil de una actividad mal subvencionada para ir hacia una actividad debidamente valorada por los beneficios ambientales y sociales que genera •

Actualidad
Jornada por la mobilidad sostenible
Johanna Cáceres Terán

“Jornada de Auto-reflexión” es el eslogan de la primera jornada en favor de la movilidad sostenible que se celebra en Cataluña. El día 29 de abril, un jueves laborable, los catalanes tendrán que sustituir el vehículo privado por formas alternativas de transporte para acceder a los lugares de trabajo, estudio o recreo, ya que la circulación estará restringida en los centros de las ciudades y pueblos. Los organizadores de la jornada pretenden que esta restricción, lejos de convertirse en una anécdota más bien enojosa, sea el primer paso hacia el logro de un modo más racional de utilizar el coche: hacia un modelo de movilidad más sostenible.
Por otro lado, y al sacar coches de la calzada, la jornada permitirá liberar espacio para que la calle pueda acoger otros usos aparte de servir como pista para el tráfico rodado. Por esta razón, la jornada también se impone el objetivo de que el ciudadano redescubra la calle como lugar de encuentro, de intercambio y de juegos. Que sea el ciudadano, en definitiva, quien ocupe su ciudad.
Pocas son ya las voces que ponen en duda los efectos negativos –ambientales y sanitarios– del tráfico en las grandes ciudades. Entre los primeros destacan la contaminación atmosférica y acústica, y entre los segundos las afecciones respiratorias y el estrés. Aparte de esto, cabe mencionar también los atascos y la falta de aparcamiento, las congestiones circulatorias, los accidentes automovilísticos y el enorme impacto ambiental de las infraestructuras viarias. El resultado es un empeoramiento considerable de la calidad de vida tanto de los residentes en los núcleos urbanos como de las personas que trabajan en ellos.
De todo ello se desprende la necesidad de impulsar un cambio en el actual patrón de movilidad, un cambio que ya se ha iniciado en varias ciudades europeas y que, en Cataluña, ha ido tomando forma a partir de iniciativas procedentes de distintas entidades y plataformas cívicas por un lado, y de instancias de la administración por el otro (por ejemplo, ya hace tres años que la asociación de vecinos del centro de Badalona organiza un día sin coches). Esta sensibilidad respecto a la problemática se hizo evidente cuando la Associació per la Promoció del Transport Públic, Amics de la Bici, Barcelona Camina y asociaciones vecinales y sindicales propusieron el noviembre pasado la organización de un día de movilidad restringida en Cataluña, y la respuesta institucional no se hizo esperar: la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat decidió dar el apoyo logístico necesario y el Departament de Medi Ambient enseguida hizo suya la iniciativa.

Coches sí, pero con sensatez”

El actual problema del tráfico no es culpa del coche en sí mismo, sino del patrón de movilidad. Por esta razón, la iniciativa aboga por la movilidad sostenible, y no por una jornada sin coches. En efecto, el vehículo privado tiene una función como medio de transporte; es una opción más. Pero no puede ser, como sucede ahora, la que más espacio ocupe, más ruido genere y más contamine a pesar de servir únicamente para desplazar a un tercio de la población. El problema del tráfico viene, pues, del uso indiscriminado del vehículo privado, y lo que se pretende con la jornada es promover un uso más racional de éste: utilizar el transporte colectivo, la bicicleta o el ir a pie siempre que sea posible. ¿Qué se ganaría con esto?
En primer lugar, se lograría un gran ahorro energético: un trayecto en coche consume cuatro veces más energía que uno en transporte colectivo. Por lo tanto, reducir los desplazamientos en vehículo reduciría notablemente la contribución de Cataluña a las emisiones de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, mejoraría la movilidad: en París, por ejemplo, la velocidad media del tráfico en los años 70 era de 25-30 km/h, mientras que actualmente es de 10 km/h. Es decir, a mayor número de vehículos en circulación, menor fluidez en la movilidad. En tercer lugar, el disfrute del espacio urbano sería más equitativo: en Barcelona sólo el 25% de los desplazamientos se hacen en vehículo privado, por lo que el coche dista de ser el medio de transporte por excelencia. A pesar de ello, esta minoría ocupa el 65% del espacio público.
De hecho, cada coche dispone en Barcelona de 10,5 m2 de calzada, mientras que un peatón dispone de tan sólo 3,5 m2 de acera. Corregir este desequilibrio en la ocupación del espacio público y sustituir el protagonismo del automóvil en la ciudad por el protagonismo del peatón constituye uno de los principales objetivos de la jornada. No se trata, pues, de penalizar el coche, sino de devolver la ciudad al peatón. Como se afirma en el libro Eines per a una gestió municipal cap a la sostenibilitat, editado por la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: “El espacio urbano no es una calzada destinada a absorber una ola de coches, ni es exclusivamente un lugar de paso. Lo que caracteriza el espacio urbano es su complejidad y su función de acogida de múltiples actividades (es lugar de encuentro, de juegos, de compras, de paseo y de circulación, y es elemento de identificación del barrio para sus habitantes).”.

Un lugar para vivir, no una red viaria

La sensación de que el ritmo de la ciudad está regido por el tráfico, y que su intensificación causa un empeoramiento de la calidad de vida, es compartida por la mayoría de los habitantes urbanos. Por ejemplo, según una encuesta realizada el año pasado por el Ayuntamiento de Barcelona, el 61% de los barceloneses piensa que se da prioridad al coche privado por encima de las personas, y los tres problemas de la ciudad que perciben como más importantes son de tipo ambiental y están relacionados con el automóvil: circulación/aparcamiento, limpieza y contaminación/ruido.
Este “descontento” ha quedado reflejado en experiencias similares realizadas en Francia e Italia, donde en un referéndum celebrado en la ciudad de Bolonia en 1984, el 70% de los votantes se mostraron partidarios de reducir el tráfico en el centro urbano. Las medidas tomadas desde entonces han hecho que el tráfico se redujera en un 60%, y Bolonia se ha convertido en paradigma de buenas prácticas en el marco europeo. También en otras ciudades italianas hace años que se han instalado zonas de circulación restringida en los núcleos históricos: Siena, Florencia, Roma, Milán...
En cuanto a Francia, la ministra de Medio Ambiente anunció el año pasado la celebración de la primera jornada sin coches (“¿En la ciudad sin mi coche?”). El acontecimiento tuvo lugar el 22 de septiembre y contó con la adhesión de 34 municipios, entre ellos París. La valoración de los ciudadanos fue muy positiva: el 85% defendieron la jornada como una buena idea y el 56% estaba de acuerdo con repetirla como mínimo una vez a la semana. Hay que decir que el cambio en la calidad ambiental de las ciudades y pueblos fue más que notable: en los perímetros con circulación restringida las emisiones contaminantes se redujeron a la mitad, y los niveles de ruido descendieron entre el 50% y el 75%. El éxito de esta iniciativa ha hecho que se vuelva a convocar este año con la propuesta de institucionalizar una jornada europea a partir del año 2000.
Al igual que en estos casos, la jornada catalana no se plantea como un experimento, sino como una prueba piloto, una especie de ensayo sobre lo que podría hacerse en términos de mejora de la movilidad urbana. No está concebida, pues, como una actividad puntual y anecdótica, sino como un primer paso hacia la realización de iniciativas duraderas que permitan, de forma real y efectiva, dejar el coche en casa hoy, mañana, y pasado mañana, y el otro...•
 

Ecología del ocio

Vuelve “Tots. Quaderns d’Educació Ambiental”,
ahora en soporte informático

Hace unos años el Centre de la Unesco de Cataluña inició la publicación de una revista de educación ambiental editada en cuatro versiones: catalán, castellano, francés e inglés. Los títulos respectivos de las versiones eran “Tots”, “Todos”, “Tous” y “All of Us”. Su objetivo era conformar una colección de cuadernos de educación ambiental donde se trataran temas básicos, con una exposición general de la problemática, los comportamientos positivos y nuevas experiencias en distintos lugares del mundo.
Después de un período sin aparecer, en 1998 se volvieron a publicar los cuadernos, pero esta vez aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías. Ahora “Tots” puede encontrarse en Internet, si bien, de momento, sólo está disponible en las versiones catalana e inglesa. En principio, la revista parte de la misma estructura que la versión en papel, aunque se pretende que poco a poco vaya adquiriendo un diseño y unos contenidos más acordes con el medio de difusión. En cualquier caso, la red telemática ha facilitado que la publicación reapareciese, ya que el sistema electrónico elimina el coste de impresión y el importante presupuesto que habría que dedicar al envío por correo.
“Tots”, con periodicidad bimestral, va dirigida a todos aquéllos que se sientan interesados por la educación ambiental, pero pretende ser útil, principalmente, en los países donde se padece más estos problemas y donde es muy importante difundir herramientas educativas y nuevas experiencias. Es cierto que en muchos de estos países las redes telemáticas están poco extendidas. Pero desde el Centre Unesco de Catalunya se trabaja para poder hacer llegar la revista a personas que puedan aplicar lo que en ella se expone o que después la puedan difundir por otros medios al máximo de gente posible. También está previsto, cuando sea posible, reanudar las versiones en castellano y francés.
Los números de “Tots” en edición electrónica tratan los siguientes temas: Contaminación atmosférica (16), Las islas (17), Comercio, (18), Ecodiseño (19), Economía ambiental (20) e Indicadores de sostenibilidad (21). Las dos versiones de la revista pueden consultarse en http://www.tots.net y http://www.allofus.net. •

X.D.
 

Objectiu: l’Antàrtida.
Diari de bord d’una campanya oceanogràfica
Joandomènec Ros
Empúries, Barcelona, 1998, 293 pág.
La Antártida desempeña un papel importante en el mundo de la investigación. Investigadores de distintos campos realizan campañas anuales para estudiar tanto las características propias del sexto continente como todo aquello que pueda darnos pistas sobre hechos que afectan a todo el planeta.
Además de los investigadores habituales en estas campañas, hay algunos que de vez en cuando tienen el privilegio de viajar hasta la Antártida en una investigación concreta. Y de éstos, hay algunos –afortunadamente– que tienen el afán de divulgar sus trabajos. Éste ha sido el caso de Joandomènec Ros, catedrático de Ecología de la Universitat de Barcelona, que además de su dilatada trayectoria científica y docente ha mantenido una activa dedicación a la divulgación científica.
El libro que nos llega muestra las impresiones de un investigador que por primera vez tiene, como él dice, el placer y el privilegio de pisar el continente blanco: las características de la campaña científica, la convivencia en unas condiciones duras, todo lo que nos enseñan estudios y otras consideraciones más generales sobre la investigación, la sociedad y el medio ambiente. Varios gráficos y fotografías completan un libro que por su interés y temática ha despertado ya mucha expectación entre el público general •

X.D.

Medi ambient:  una crisi civilitzadora
Martí Boada y Anna Zahonero
La Magrana, Barcelona, 1998, 247 pág.
Libros sobre el medio ambiente hay muchos y de temática y nivel muy variados. Pero siempre se requieren algunos que traten clara y concisamente los principales retos que tenemos planteados hoy, la manera de afrontarlos y de qué forma las consideraciones ambientales ayudan a cambiar la sociedad. Todo esto es lo que exponen los autores en esta obra, que si bien va dirigida básicamente al mundo educativo, posee unos contenidos que no deben limitarse a los jóvenes o a los profesores, dado que son atractivos e interesantes para el público general.
Los autores tratan distintos problemas, desde la perspectiva catalana o planetaria: los residuos, los recursos, el papel de la empresa, el medio urbano, la biodiversidad, la transformación del paisaje, la historia ambiental, etc. Los autores terminan la obra con una serie de reflexiones sobre el pensamiento ambiental y la educación ambiental, que ellos consideran una herramienta de cambio social. El libro se completa con una bibliografía comentada –lo cual proporciona una ayuda que va más allá de la simple referencia de la obra-– y una lista de direcciones de interés, que incluye centros de investigación, grupos ecologistas, ONG y varias entidades o empresas relacionadas con el medio y la educación ambiental. Los dos apéndices, pues, aumentan la utilidad de esta obra. •

X.D.
 
 

Fer-se humà. La singularitat de
l’home i l’evolució
Ian Tattersall.
Edicions 62, Barcelona, 1998, 286 pág.
Aunque a mucha gente le cueste aceptarlo, la especie humana es una más entre las distintas especies animales. Está claro que tiene unas características muy especiales y que ha alcanzado un desarrollo extraordinario. Pero a la hora de estudiar por qué nuestra especie tiene estas características no podemos pensar que surgió de golpe y de forma distinta a las otras: todas las especies proceden de un proceso evolutivo.
El autor nos explica en este libro fascinante de qué modo pueden haber surgido los rasgos que más nos separan del resto de especies, incluidas las más cercanas. ¿Cómo adquirimos las características que nos han hecho humanos? El estudio de los fósiles, la comparación entre primates y homínidos, la observación atenta del arte rupestre, los datos de la genética, los estudios antropológicos, todo relacionado, permiten hacernos una composición de lugar del proceso que ha conducido a la aparición de esta especie. La única, precisamente, que puede escribir libros sobre cómo ha aparecido y evolucionado. La obra de Tattersall es uno de los libros de divulgación científica más interesantes que han aparecido en los últimos años y fascinará a todos aquéllos que estén interesados en los misterios de la evolución biológica y cultural •

X.D.
 

Medi ambient i tecnologia.
Guia ambiental de la UPC
Diversos autors.
Edicions Universitat Politècnica de Catalunya, 1998, 304 pág.
La UPC fue la primera universidad catalana en ”ambientalizarse” de forma completa. Ello significaba no tan sólo introducir los conceptos ambientales en todas las actividades –tratamiento de residuos, diseño de edificios, ahorro energético–, sino también incluir el tema ambiental en todas las actividades y promover la investigación ambiental interdisciplinar. Lo mismo daba que alguien estudiara ingeniería de la construcción que informática o automoción. Era preciso que terminase los estudios entendiendo el papel que desempeña en su actividad el medio ambiente.
Ahora aparece este libro que a pesar del subtítulo es mucho más que una guía e interesa a un sector mucho más amplio que profesores y estudiantes de la UPC. La obra recoge, en 23 ámbitos temáticos que cubren todos los estudios politécnicos, los temas que afectan a cada disciplina desde el punto de vista ambiental. Los distintos capítulos ofrecen visiones globales, temas concretos –aguas, residuos, agricultura– y visiones ambientales de las diferentes especialidades –navegación, automoción, microelectrónica, minería, materiales, informática, etc. Un libro muy completo que sin duda alguna será una obra de referencia •
X.D.

Mind over matter: recasting the
role of materials in our lives
Gary Gardner y Payal Sampat
Worldwarch Institute, Washington, 1998, 60 pág.
Cada vez se emplean más aparatos y dispositivos, y esto implica la utilización de muchos materiales con características varias. Imaginemos un camión que cada mañana depositara en nuestra casa todos los materiales que utilizaremos, salvo comida y combustible. Esto es lo que empieza diciendo este libro. Una perspectiva que a todos nos haría muy poca gracia, pero que permitiría que nos diésemos cuenta de la cantidad y el tipo de materiales que gastamos cada día en la vida moderna.
Esta obra, que es el número 144 de los Worldwatch Papers, ofrece una exposición breve pero amplia del impacto de los materiales en el medio y realiza distintas propuestas para hacer un uso más racional de ellos. No se trata de renunciar a las comodidades del progreso, sino de intentar que este progreso tenga unas condiciones negativas mínimas sobre el medio. Y tanto el uso de materias primas como la destrucción de los materiales en desuso son dos problemas muy importantes hoy en día. La obra contiene numerosas referencias bibliográficas y una serie de tablas sobre consumo de materiales actualmente –sobre todo en los Estados Unidos–, proyecciones futuras y nuevas propuestas para reducir su uso •

X.D.

Foro de debate	Dános tu opinión	Ver otras opiniones	Número 23 - abril 1999

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