Democracia ambiental

Foro de debate	Dános tu opinión	Ver otras opiniones	Número 26 - junio 2000

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Editorial

El fin de la tecnocracia

La máxima ilustrada “Todo por el pueblo pero sin el pueblo” —que la mayoría de tecnócratas suscribirían— está obsoleta en los albores de la sociedad de la información. La tecnocracia, ese sistema que otorga a los técnicos y los expertos un gran peso en la dirección política de un país o una comunidad, tiene hoy escasa credibilidad. También el sistema representativo característico de las democracias occidentales sufre una profunda crisis y pide a gritos mayúsculas dosis de creatividad para transformarlo. Es sin duda el mejor sistema que el hombre ha inventado pero no puede estancarse y debe evolucionar. La democracia, desde sus principios, ha mutado para adaptarse a las nuevas realidades sociales y económicas. En la actualidad, debe dar un paso adelante.
En el horizonte, y de la mano de una sociedad interconectada, aparece la idea de la democracia participativa. Esto es un sistema que prima la participación ciudadana en la toma de decisiones, que fomenta el debate y que contribuye a que aflore la creatividad social. Fácil de decir y muy difícil de implantar. ¿Por qué? Abunda la convicción de la pasividad de los ciudadanos, que les cuesta participar. Pero habría que preguntarse el porqué de esta actitud. Quien participa no sólo quiere ser escuchado, también quiere que sus opiniones se tengan en cuenta. Si no tiene la sensación de que pierde el tiempo. La realidad es que el chip tecnócrata aún abunda en nuestras administraciones. No se creen esto de la participación, en muchas comparan a los ciudadanos con iluminados que no saben lo que dicen.

Pero un análisis de la realidad, tal y como muestra este número de la revista Medio Ambiente. Tecnología y cultura, indica lo contrario. Hoy la creatividad social, las nuevas ideas no están en los despachos del poder ni en las generaciones que gobiernan;  están en la calle, en las organizaciones no gubernamentales, fluyen por las redes de telecomunicaciones…
El tema de la democracia participativa conecta radicalmente con la problemática ambiental de nuestro planeta. La experiencia certifica que sin consenso, diálogo y participación resulta casi imposible tomar decisiones en pos de la sostenibilidad y de la mejora ambiental. Este número de la revista cuenta con cinco artículos y una entrevista que aportan un marco de reflexión sobre el futuro de la democracia y más concretamente de la ambiental. Jordi Bigues –periodista y destacado ecologista–, Jordi Sánchez politólogo–, Pere Torres– biólogo y político–, Christian Morron –abogado–, Ramón Sitjà –maestro y ex alcalde de Manlleu– y Tomás Rodríguez Villasante –sociólogo, experto en movimientos sociales–, dibujan un variado mosaico para reflexionar sobre la democracia ambiental. No dejan lugar a dudas: “todo por el pueblo y con el pueblo”. •
 

Lluís Reales
Director de Medio Ambiente. Tecnología y cultura

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La  democracia ambiental: un camino complejo
Jordi Bigues
Periodista y ecologista. Dirige el Fondo de Documentación del Medio Ambiente y el Consumo de Barcelona y Democràcia Ambiental

La Constitución española no considera el derecho al medio ambiente como un derecho fundamental sino como un principio rector de la política social y económica. Diferentes movimientos sociales en España y en el mundo entero luchan por conseguirlo y también para profundizar en la democracia ambiental. Es decir, en el derecho a saber y a participar que poseen los ciudadanos. Un camino hacia una regulación concertada que democratice la toma de decisiones.

El 19 de mayo de 1999 el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad la Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente. Con esta ratificación, nuestro Parlamento es probablemente el primero del mundo que proclama el derecho humano universal a un medio ambiente seguro, saludable y en buenas condiciones ecológicas. Según el artículo 45 de la Constitución española, toda persona tiene derecho a disponer de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de sí mismo y tiene el deber de conservarlo.
El primer aspecto que llama la atención es la ubicación dentro de la norma fundamental del Estado español, o sea, la Constitución. El artículo 45 pertenece al primer título dedicado a los derechos y deberes fundamentales. Pero se incluye dentro del tercer capítulo  y bajo el título Principios rectores de la política social y económica. A lo largo del proceso de redacción constitucional, el artículo debía pasar de la posición 28 a la 38 para quedar, finalmente, en la 45. El artículo 53.2 nos saca de dudas: el derecho al medio ambiente no es un derecho fundamental en la Constitución, en sentido estricto, sino tan solo un principio rector de la política social y económica.
Con la aprobación de la Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente se ha emprendido la campaña para conseguir que el derecho a la protección y mejora del entorno sea un derecho fundamental, lo que comporta la consiguiente reforma de la Constitución que, a pesar de ser un texto reciente, nació oxidada en este aspecto. Paralelamente, en el País Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya aprobó una declaración institucional el 2 de junio de 1998 en la que proponía que el derecho a un medio ambiente sano sea considerado un derecho humano. Posteriormente, el 13 de febrero de 1999, se aprobó la Declaración de Vizcaya sobre el Derecho al Medio Ambiente, con el objetivo de que la UNESCO y las Naciones Unidas adopten este nuevo derecho.
La campaña para conseguir que el derecho a la protección y mejora del entorno se incorpore a la legislación internacional fue encabezada por abogados y activistas ecologistas de la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías de las Naciones Unidas. En 1989 una coalición liderada por un veterano grupo ecologista norteamericano, la Fundación de Defensa Legal de Sierra Club, convenció a la Subcomisión para que nombrara a Fatma Zohra Ksentini portavoz de un estudio internacional sobre la relación entre derechos humanos y cuestiones ambientales.
A finales de agosto de 1994 el informe final documentaba injusticias ecológicas en el mundo entero y señalaba la convergencia de las propuestas políticas de ecologistas y defensores de los derechos humanos. El 16 de mayo, meses antes, un grupo de expertos implicados en la campaña y reunidos en Ginebra presentaba la Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente. Estas dos iniciativas son, todavía actualmente, las herramientas más importantes para conseguir que la Asamblea General de las Naciones Unidas redacte un Pacto Internacional, similar al de Derechos Civiles y Políticos y al de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que proteja los derechos humanos ambientales.

Problemas de enfoque

Parte de la persistente indecisión que muestran los activistas en derechos humanos a la hora de abordar cuestiones de justicia ecológica procede de la escisión histórica dentro del mismo movimiento, tal como indicaba un informe sobre la justicia ecológica del Worldwatch Institute. Desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), se han dividido los derechos en dos categorías independientes: la de las libertades civiles individuales que incluyen desde la libertad de expresión  hasta la prohibición de la tortura; y la más amplia, el derecho a la salud, la alimentación, la vivienda y el trabajo. Los dos grupos de derechos entraron en vigor mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).  Los primeros son más sencillos de definir, de hacer cumplir o de señalar el incumplimiento. Por este motivo, temiendo que ampliar los derechos reconocidos pueda debilitar la efectividad del movimiento en su conjunto, existe un cierto rechazo a considerar el medio ambiente como un derecho humano, a pesar de que estos dos pactos incluyen aspectos ecológicos de un modo explícito.
Los derechos humanos dependen de la protección ambiental y, a su vez, la protección ambiental debe basarse, para ser eficaz, en el ejercicio de los derechos humanos, como el derecho a la información, a participar, a reclamar o a recibir indemnizaciones por los daños sufridos. Es preciso mencionarlo porque a menudo los medios de comunicación trasmiten la visión de que el ecologismo es un movimiento con tendencias autoritarias y fundamentalistas. En cambio, los ecologistas, consciente o inconscientemente, promueven una democracia participativa, que incluye los valores y los derechos de las mujeres y que promueve un pensamiento crítico, apartado por algunas anecdóticas e improvisadas ideas iluminadas. Podríamos decir que el ecologismo social necesita la democracia ambiental como el pez, el agua: es su entorno natural.
Por motivos históricos y temáticos se tiende a hablar de generaciones de derechos humanos. La primera se refiere a los derechos individuales, la segunda a los derechos culturales, económicos y sociales. La tercera generación es la de los derechos colectivos y de los pueblos, denominada también, de los derechos de solidaridad. Son derechos que se pueden invocar o reclamar, pero que, en cualquier caso, sólo se pueden conseguir mediante el esfuerzo concertado de todos los actores de la vida social, es decir, conjuntamente los estados y la ciudadanía, y las entidades públicas y las privadas. Incluso actualmente se habla de una cuarta generación de derechos de la naturaleza, la biosfera, la Tierra, las futuras generaciones o los animales (derechos con un fuerte contenido ambiental pero que quedan fuera del alcance del presente artículo).
Actualmente, cuando una parte sustancial de los poderes económicos multinacionales, productivos, financieros y comerciales pretende el total desmantelamiento de los mecanismos de regulación vigentes, tanto ambientales como sociales, que se tildan de excesivos e inoperantes, y existe una confrontación entre autorreguladores («nosotros hacemos lo que consideramos y lo expresamos debidamente») y regulación administrativa («el estado asistido por los organismos internacionales sometidos a los grandes estados»), deberíamos adoptar un tipo de regulación concertada; la democracia ambiental, un camino dinámico. Una propuesta para navegar en la era infolítica con cinturón de seguridad o una nueva lectura de pensar globalmente y actuar localmente.
Trabajar por el reconocimiento de un nuevo derecho colectivo, el de disfrutar de un entorno sano y saludable, el de la protección y mejora del medio ambiente no requiere necesariamente que el movimiento defensor de los derechos humanos abandone sus prioridades tradicionales. Las cuatro generaciones de derechos no son necesariamente una escalera de cuatro peldaños. De hecho, gran parte de los movimientos ecologistas reconocen, cada vez más, que una de las mejores formas de garantizar el goce de los derechos ambientales colectivos, consiste en defender los derechos políticos y civiles básicos individuales. La primera generación de derechos es, en gran medida, de procedimiento; los segundos, sustantivos: las personas pueden utilizar sus derechos individuales, como la libertad de expresión, para proteger sus derechos colectivos, comunitarios, relativos al medio. Tanto el movimiento ecologista como el de derechos humanos trabajan inevitablemente por ambos derechos simultáneamente.
Las que realmente deberían sentirse inquietas son las administraciones con estilos anticuados, puesto que la mayoría de los estados tiene graves problemas ambientales. Por ejemplo, en Europa el reconocimiento de este derecho como derecho fundamental podría suponer importantes demandas que comportarían un cambio en el sistema de administración, proporcionando voz a los sectores implicados. En otros casos se llegaría a una consideración penal de agravio para los responsables del deterioro ambiental o de cualquier delito ecológico. Contrariamente, el mantenimiento de la actual consideración, la sensación de impunidad, abre las puertas a la desesperación de los sectores más críticos, provoca la deriva ambiental y deslegitima las instituciones democráticas frenando un desarrollo sostenible.
A pesar de los recelos, la interacción de los dos movimientos ya está hilvanada y tiene sus precedentes. En 1992 la prestigiosa asociación Human Rights Watch y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) de Estados Unidos publicaron el informe Defender la Tierra: abusos de los derechos humanos y el medio ambiente, que documentaba algunos de los ataques más violentos contra activistas ecologistas. Posteriormente, Amnistía Internacional reconoció a Mordechai Vanunu, técnico nuclear secuestrado en Roma en 1986, como preso de consciencia, después de una larga polémica por haber sido acusado de revelar secretos de estado (acusación o condena que excluye la consideración de preso de consciencia) por el Mosad (servicio secreto israelí) y condenado a cadena perpetua por los tribunales del estado de Israel y todavía reconocido como preso aislado por revelar que la central nuclear de Dimona fabricaba armas nucleares.
A raíz del asesinato de Ken Saro Wiwa (1997), Amnistía Internacional y Sierra Club publicaban una condena conjunta sobre la relación existente entre los abusos de los derechos humanos y la degradación ambiental.
La consideración de víctimas individuales de injusticias ambientales se ha multiplicado. Chico Mendes; el capitán de fragata Grigori Paskü, acusado de informar de los vertidos de residuos radioactivos de la flota rusa en el Pacífico; o el capitán de barco Alexandr Nikitin, condenado por colaborar con un grupo ecologista denunciando el abandono de barcos nucleares de la flota rusa en el Ártico, son los ejemplos más conocidos. El asesinato de Erwin Aroldo Ochoa y Julio Armando, dos abogados guatemaltecos, el pasado mes de marzo por investigar las talas ilegales de bosques en la zona atlántica de Guatemala, es el ejemplo más reciente.
Proteger a estos activistas amenazados ha sido una de las preocupaciones crecientes del movimiento ecologista.  Por una parte mediante los sistemas convencionales, por otra remarcando el perfil de estos tipos de agresores y agredidos. Greenpeace ha publicado en Estados Unidos la Guía de las organizaciones antiambientales que reúne cinco tipos de entidades privadas: empresas de relaciones públicas, grupos corporativos, fundaciones legales, grupos de presión con apariencia caritativa y grupos violentos como Wise Us, a los que sería necesario añadir grupos paramilitares, policíacos y administraciones que no dudan en vulnerar los derechos humanos para desanimar y atemorizar a los activistas.
Otro modo de proteger a estos activistas es otorgarles un galardón que sirve para reconocer su ejemplo, dar a conocer sus causas y premiarlos con una distinción. Este es un ejemplo de los premios a las formas de vida ejemplar, nombrados premios Nobel Alternativos entregados en el Parlamento sueco un día antes de los oficiales, como respuesta al hecho de que la organización de los Nobel no quiere asumir la incorporación de un nuevo galardón. Cabe mencionar que dicha institución ha incorporado el Nobel de Economía posteriormente  a la creación de los prestigiosos premios. Otro galardón menos conocido en Europa es el de la Fundación Goldman que se otorga cada primavera directamente a activistas perseguidos.
Una razón más para que la justicia ecológica se exprese en el lenguaje de los derechos humanos es que el sistema internacional de derechos humanos resulta más accesible que la mayor parte de marcos legales internacionales. En 1987 los indios Cree del lago Lubicón del estado de Alberta, al norte de Canadá, consiguieron el apoyo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contra las prospecciones de gas y petróleo subvencionadas por el estado. Un Pacto Internacional, similar al de los Derechos Civiles y Políticos y al de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que proteja los derechos humanos ambientales iría más lejos. Es lógico, pues, que las inercias y los intereses creados impidan su aparición. Ojalá que no sean necesarias catástrofes para deshacer el embudo actual.
Pero la defensa de la naturaleza puede afectar también a los derechos humanos. Algunos proyectos de conservación ecológica mal planteados han vulnerado los derechos humanos básicos de las comunidades locales, lo que obliga a pensar que deben complementarse los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales.
De hecho en cualquier parte puede constatarse que la consciencia ambiental creciente regenera y crea un nuevo sentido de comunidad, más allá de las identidades nacionales y de las fronteras. Integra a su vez la democracia y la justicia como un modo de hacer, decidir, gozar y garantizar los derechos y los deberes humanos. El caso es que las obligaciones no siempre van unidas a los derechos, pero los derechos siempre van unidos a las obligaciones.
En este sentido y retomando la Agenda 21 adoptada en la Cumbre de Río de Janeiro (1992), hay trabajo para todos. Para las administraciones locales, regionales, estatales y continentales; también para los movimientos sociales, de carácter inicialmente reactivo, y las asociaciones ambientales, algunas de las cuales todavía tienen pendiente predicar con el ejemplo para afrontar la falta de democracia y transparencia.
En los primeros párrafos del presente escrito se han utilizado varios conceptos como justicia e injusticia ecológica, derechos ambientales o democracia ambiental. Son términos a los que no estamos acostumbrados, porque ni las administraciones ambientales ni los movimientos sociales, ni los juristas ni los medios de comunicación las utilizan en Cataluña para explicar los conflictos ambientales. La inexistencia de observatorios ambientales o la falta de interés de los que existen tampoco ayuda demasiado.
Así, por ejemplo, no existe un registro de activistas ambientales detenidos, procesados, reprimidos por defender el medio ambiente, ni se realiza un seguimiento público de las normativas del libre acceso a la información ambiental, a pesar de que los síndics de greuges [figura equiparable al Defensor del Pueblo] de la Comunidad Valenciana y de Cataluña constatan quejas sobre la vulneración del libre acceso a la información ambiental en sus informes anuales.
La Guardia Civil especializada en la vigilancia y la protección de la naturaleza (Seprona) detuvo a 491 personas, tramitó 106.896 denuncias y realizó 9.725 informes en 1998. Por lo que respecta a Cataluña, en 1999 se presentaron 3.099 denuncias por agresiones al medio ambiente. Los Mossos d’Esquadra disponen desde 1990 de una Unidad Central de Medio Ambiente que investiga los delitos cometidos contra el medio a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de los juzgados, por iniciativa propia o por instancia de los particulares. Se trata de una unidad de investigación que estudia las conductas delictivas en el área del medio industrial y natural. En 1999 se detuvo a 4 personas y se llevaron a cabo 93 investigaciones.

El abecé de la democracia ambiental

La presentación de la Declaración de Principios sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente en el Parlamento de Cataluña el 22 de diciembre de 1999, diez años después del asesinato de Chico Mendes, el líder de los caucheros y miembro del Partido Verde en Chapurí (Acre), la publicación de un boletín por parte del Centro de Estudios de Información Ambiental (CEIA) dedicado a derechos humanos y medio ambiente, coincidiendo con el 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  y un ciclo de conferencias celebradas en invierno de 1998 en EcoConcern, son los actos más destacados que se han llevado a cabo en Cataluña para dar vida a la democracia ambiental.
No obstante, podríamos introducir en esta tendencia muchos esfuerzos diseminados de los diferentes actores sociales que en el futuro deberán configurar esta conspiración civil, amable, destinada a conseguir una democracia enfrentada al reto de la crisis ambiental y la globalización. Para entendernos, la democracia ambiental es el cinturón de seguridad que necesitamos para emprender este viaje hacia la sostenibilidad con la garantía de que no nos estrellemos.
¿Qué es la democracia ambiental? Esta pregunta tiene una primera definición de catecismo. La escribió Susan Hazen, directora del Departamento de Asistencia Ambiental de la Agencia del Medio Ambiente de Estados Unidos. Decía así: «Del mismo modo que los consumidores piden la identificación clara de los alimentos que consumen y los medicamentos que toman, la gente expresa ahora su derecho a saber qué hay en el aire que respiran, en el agua que beben y en la tierra sobre la que viven y juegan.» También se indicaba que este concepto está en evolución permanente. Por lo tanto, podemos decir que como derecho de acceso a la información ambiental, debe entenderse por democracia ambiental el derecho a saber, el derecho a participar y el derecho a corresponsabilizarse.

El derecho a saber

Los derechos ambientales procesales son básicamente el derecho a participar en las decisiones ambientales y el derecho a acceder a la información ambiental, así como el derecho a recursos jurisdiccionales accesibles y efectivos. En el presente artículo no cabe el tratamiento de los mecanismos jurídicos por defender el medio ambiente, pero no puede evitar citar la primera afirmación de un artículo que publicó  la revista Integral sobre el derecho ambiental; artículo que, por cierto, fue el más valorado del año 1998 por los lectores consultados. Se tiene la sensación de que la justicia es como una tela de araña que atrapa a los mosquitos pero deja escapar a los gorriones.
El derecho de acceso a la información ambiental se basa en la Directiva europea de 7 de junio de 1990, relativa a la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente. Una directiva muy criticada por los ecologistas debido a que sus restricciones se multiplican en la transposición a las respectivas legislaciones de los estados comunitarios, salvo algunas excepciones. Es preciso advertir que el derecho a obtener información de las administraciones no es considerado por la Constitución española un derecho de los denominados fundamentales y que, por lo tanto, no tiene amparo constitucional directo.
La falta de interés de los gobiernos quedó manifiesta con el retraso de la transposición, fuera de plazo. La información no es únicamente los datos disponibles que pueden solicitarse, es mucho más. Aparte de la disponibilidad, es necesario el acceso directo, frágil, gratuito y a tiempo real, si es necesario, y la propia disposición de datos. Pongamos un ejemplo: la Red oficial de Vigilancia de la Radioactividad (Revira) recoge en tiempo real datos de la radioactividad presente en la atmósfera, centrándose en las de Madrid. Estos datos son retenidos para colgarlos con posterioridad en Internet. Es evidente que, en dicho caso, se destinan recursos públicos a congelar el acceso a la información ambiental en tiempo real. De este modo, un ciudadano con acceso a Internet puede saber, en tiempo real, qué grado de actividad existe alrededor de una central nuclear norteamericana pero no en Vandellós, Cofrents o Ascó.
Desde 1978 en Estados Unidos el programa Derecho a conocer aporta información clave sobre instalaciones y lugares específicos. La base de datos Inventario de las Emisiones Tóxicas (TRI) permite acceder a las emisiones a la atmósfera, al aire y al agua, a las cantidades transportadas fuera del lugar de origen para ser tratadas y a las cantidades gestionadas, recicladas, incineradas, etc. de seiscientas sustancias químicas tóxicas.
Existe un chiste en el que hay una persona que está mirando al suelo y otra le pregunta qué busca; la primera le responde lacónicamente que no lo sabe porque todavía no lo ha encontrado. El derecho a la información tiene relación con la pregunta sobre el qué. Si no se poseen unos indicadores consensuados, difícilmente los datos podrán tener mucha importancia, lleven muchos o pocos ceros. La cultura de los indicadores es realmente una expresión democrática importante. Los umbrales, los niveles de alarma, los mecanismos de información, la respuesta ciudadana a las alarmas constituyen instrumentos de una sociedad democrática. La ocultación, en cambio, es un ejemplo de la pervivencia del oscurantismo. De hecho lo que normalmente alarma es la propia ocultación, como recientemente ha ocurrido con la contaminación por nitratos del agua de beber en diferentes comarcas, o la famosa nube radioactiva procedente de Algeciras que se detectó en los Alpes.
La propia Agencia Europea para el Medio Ambiente reconoce que el derecho al medio ambiente pasa por la posibilidad de acceder a una información fiable y comparable. La información ambiental es necesaria en todos los niveles: local, regional, nacional, europeo y global. Conseguir que la información se recoja y fluya a través de todos los ámbitos sociopolíticos no es un trabajo sencillo y puesto que demuestra la experiencia europea, requiere de recursos importantes a todos los niveles. Como casi todas las cosas, es una cuestión, al menos en gran medida, de voluntad política.

El derecho a participar

Es preciso advertir que el derecho a obtener información de las administraciones no se considera por parte de la Constitución un derecho de los denominados fundamentales y que, por lo tanto, tampoco tiene amparo constitucional directo. A pesar de ello, puesto que la información y la participación ciudadana tienen una indudable relación, debe recordarse que la Constitución española (artículos 23.1 y 9.2) reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y la obligación de los poderes públicos de facilitar dicha participación.
No es casual que, por ejemplo, la ley estatal de asociaciones sea aún la franquista o que recientemente se haya reclamado el derecho al acceso de los grupos sociales a los medios de comunicación públicos anunciado en el artículo 20 de la Constitución española. La Plataforma por el Derecho al Acceso es un ejemplo de esta demanda creciente ante la falta del derecho constitucional y la necesidad de buscar mecanismos públicos que impidan que las energías de los movimientos ecologistas deban manifestarse únicamente en campañas que recurren a la confrontación o a la acción directa espectacular para alcanzar sus objetivos. En definitiva, tal como ocurre con algunos de los participantes de la polémica en torno al desarrollo de la energía eólica en Cataluña, no se trata de marcar un gol sino de saber qué partido estamos jugando.
A estas alturas queda pendiente una revisión de los mecanismos de participación en los ámbitos local, nacional, estatal y europeo. Las denominadas grandezas y miserias de los mecanismos de participación, de la democracia participativa. Escasos y formales la mayoría de veces, se combinan con experimentos aislados bastante aleccionadores. Una democracia avanzada tiene apellidos: municipalista, asociativa, laboral, territorial, consultiva, participativa, de género y sectorial. La democracia sanitaria es, por ejemplo, el conjunto de mecanismos de información, participación y corresponsabilidad necesarios para hacer efectivo el derecho a la salud. El adjetivo ambiental añadido a la democracia es, en mi opinión, algo más que el resultado de una consciencia creciente, imparable, de los límites ambientales, de la crisis y su carácter global visto desde un punto de vista constructivo: es la posibilidad de entrenarnos en un camino complejo, pero no necesariamente complicado, en las propuestas de la regulación concertada. •

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Miserias y grandezas de la participación
Jordi Sánchez
Politólogo. Director adjunto de la Fundación Bofill

Desde sus inicios, la democracia no ha parado de evolucionar. En un futuro no demasiado lejano, la democracia adoptará formas y mecanismos de participación que actualmente no podemos imaginar. Los sistemas políticos deberán disponer de canales de deliberación y participación –también en todo lo referente a las decisiones relacionadas con el medio ambiente– para mejorar el funcionamiento de la democracia.

La implantación de la democracia, tal como actualmente la conocemos, fue lenta en el tiempo y desigual en los territorios. La democracia de que actualmente disfrutamos no responde a un producto diseñado por algunos teóricos en ciertos libros y que varios políticos pusieron en práctica en un momento determinado de la historia. La democracia liberal y representativa de que actualmente disfrutamos es la suma de constantes modificaciones desde finales del siglo XVIII. Modificaciones, algunas de ellas tan profundas, que lo que hoy identificamos como democracia tiene poco que ver con lo que los impulsores de las teorías sobre democracia entendían que debía ser hace 150 años. En este sentido, por ejemplo, no es extraño que nos parezca paradójico el hecho de que los denominados padres de la democracia se manifestasen a mediados del siglo XIX en contra del sufragio universal o que incluso, años después, ya en la segunda mitad del siglo XX, los principales precursores del sufragio universal defendieran el llamado voto cualitativo, que no es nada más que la posibilidad de que el voto de algunas personas (aquellas que poseen estudios o propiedades) tuvieran un valor superior en dos, tres o cuatro veces, al voto del resto de población. Estos ejemplos sirven para reforzar la idea de que la transformación de la práctica democrática en nuestras sociedades ha sido, en sólo 150 años, muy profunda. Tanto que incluso determinadas propuestas, que ni los demócratas más radicales del siglo pasado defendían, hoy no se atreven a cuestionar los elementos más retrógrados de nuestra vida política.
He querido empezar el presente artículo con esta reflexión para predisponer al lector para la idea de que lo que actualmente es la práctica habitual de nuestras democracias no tiene porque serlo de aquí a unos años. Es razonable pensar que en un futuro no muy lejano la democracia adoptará formas y mecanismos de participación que ni siquiera los más osados actualmente pueden pensar. No solo por las consecuencias que la revolución digital tendrá sobre nosotros y sobre el funcionamiento de nuestras sociedades sino también porque nuestra sociedad es cada vez más madura y está más formada y más informada. Estas características implican que la exigencia ciudadana también haya incrementado en todo lo referente a la percepción y relación con las instituciones de gobierno. Mantener el juego democrático únicamente en un conjunto de normas y procedimientos con el objetivo de escoger las personas que nos deberán representar y gobernar, es menospreciar un potencial que podemos definir perfectamente como propio de nuestra civilización. La democracia, en el futuro inmediato, deberá estar preparada para dar respuesta a aquellas personas que ya no se conforman únicamente con la posibilidad de participar en la elección de los gobernantes. Las políticas del siglo XXI no se podrán pensar sino es a partir de una posibilidad real de participación de la ciudadanía en su diseño. Esta afirmación no nos debe inducir a pensar que la ciudadanía estará permanentemente activa en los procesos de deliberación política. Esta es una posibilidad que, sin lugar a dudas, se nos presenta como poco probable, pero no exime a los sistemas políticos democráticos de disponer de canales de deliberación y participación más numerosos y bien delimitados para que la ciudadanía los utilice fácilmente cuando lo crea oportuno. El futuro de la democracia en nuestras sociedades pasa por dar por concluida la etapa de la cultura del cheque en blanco, en que, de hecho, se convertía la participación electoral. Es preciso impulsar un modelo en que las posibilidades de participación sean mucho más variadas que las actuales, visibles y accesibles para la población en general.

1. La crisis de la participación

1.1 La participación electoral
Es un hecho que la demanda de una democracia más participativa choca, como mínimo aparentemente, con la realidad social y política. Ésta parece decantarse hacia una escasa participación e implicación de los individuos con todo lo referente a la cosa pública. Es un hecho constatable en todos los países que desde hace unas décadas la masa crítica social interesada e implicada en la actividad política se ha ido reduciendo. Existen diferentes variables que así nos lo indican. Uno de los datos más sorprendentes de esta tendencia lo tenemos en los indicadores de participación electoral. Como podemos observar en la Tabla 1, la participación electoral en Cataluña se ha ido reduciendo de forma progresiva desde 1977 y en general para todos los tipos de elecciones realizadas.
La tabla 2 pone de manifiesto el incremento producido en la abstención de las convocatorias electorales. Si establecemos dos períodos, el primero hasta 1998 y el segundo desde 1989 hasta el 2000, y comparamos las respectivas medias de abstención podremos constatar el descenso de participación. El incremento de la media de abstención es casi de 7 puntos, el nivel realmente relevante y que nos diagnostica un creciente desinterés y desencuentro entre la ciudadanía y la actividad política. Es cierto que algunos autores, especialmente norteamericanos, hacen una lectura de la abstención radicalmente opuesta, en el sentido de que la interpretan como una aceptación tácita del gobierno. Es decir, no votamos porque no hay motivo para ello ya que todo va bien. Sin embargo no es esta la interpretación más común que se hace sobre la abstención en el continente europeo. Mayoritariamente la abstención, como demuestran las valoraciones que se llevan a cabo inmediatamente después de la jornada electoral, se considera negativa porque expresa desinterés.

1.2 La participación cívica
Este desinterés también lo encontramos cuando analizamos otras formas de participación que no implican una asistencia a las urnas. La participación asociativa es, muy probablemente, el otro gran indicador utilizado para medir la vitalidad participativa de una comunidad, en el sentido de que las sociedades con mayor tejido asociativo cívico deben considerarse mucho más participativas. Cataluña ha sido considerada tradicionalmente una sociedad con un sector asociativo fuerte y dinámico. Esta afirmación era especialmente cierta cuando el punto de comparación era el resto de España, aunque una comparación con la mayoría de sociedades europeas, especialmente las de base cultural protestante, situaba a Cataluña muy por debajo en cuanto a densidad asociativa. Pero en los últimos años también se ha empezado a cuestionar la superioridad del capital social catalán relación al resto del Estado. Varios estudios se han encargado de mostrar otra versión según la cual la realidad asociativa en estos momentos en Cataluña no es tan rica como algunas voces podrían hacer creer, hasta el punto de que se empieza a hablar de un cierto estancamiento del asociacionismo en general.
En verdad existe un hecho incuestionable como es la baja penetración social de determinadas organizaciones, no solo las formaciones políticas y sindicales que disponen de niveles de afiliación muy inferiores a los que disponen organizaciones similares en el resto de Europa, sino que también el asociacionismo cívico no es especialmente elevado. «En Cataluña, la tasa de afiliación a asociaciones es similar a la del resto del Estado. Esto significa que no somos ni la zona que tiene menos afiliados a asociaciones ni la que tiene más. Si nos comparamos con Europa, nuestra realidad asociativa es baja y se asimila a la participación de Grecia e Italia, los países que tienen un índice de asociación más reducido.»1 Otro estudio impulsado por la Fundación Encuentro, esta vez centrado en el ámbito de todo el Estado, pone de manifiesto cómo Cataluña ha pasado de un porcentaje del 19,2 del asociacionismo existente en 1979, a disponer de un 15,4% en 1997. Por consiguiente, el escenario en torno a la participación en el tejido asociativo no es excesivamente esperanzador. De hecho si dispusiéramos de datos referentes al asociacionismo sociopolítico, el resultado sería, con toda seguridad, más negativo. El único indicador del que disponemos sobre ello son datos de opinión pública realizados por estudios encargados por varios organismos que evalúan las actitudes de la ciudadanía sobre la política con una cierta periodicidad. Existe una coincidencia entre todos estos estudios en el hecho de que entre un 70 y un 75% de los encuestados afirma que la política les interesa entre poco y nada, mientras que sólo un 5% manifiesta un interés elevado por la política2.
He indicado todos estos elementos porque a menudo son utilizados como argumentos para frenar posibles reformas de nuestro sistema democrático y hacerlo más participativo. Sin embargo, y sin negar consistencia a la afirmación que no se necesitan más espacios de participación sino se aprovechan los existentes, se puede argumentar en dirección contraria, es decir, que la participación política es baja y el desinterés elevado porque la sociedad ha ido perdiendo confianza en los actores políticos a causa de la gran distancia y la poca transparencia que éstos han establecido con la sociedad. El hecho es que la democracia, tal como actualmente la conocemos y la practicamos, no atrae a importantes sectores de la población. El sistema democrático actual no invita a participar, no cuenta con canales de participación más allá de la celebración casi litúrgica de las votaciones. Así, puede parecer evidente que una amplia representación de nuestra sociedad no se sienta invitada a participar en la democracia. En la medida en que pocas cosas invitan al ciudadano actual a sentirse actor en el proceso político, no debería extrañarnos el hecho de que el ciudadano mire la política desde una indiferencia notable. En este punto es preciso remarcar que esta tendencia a la despreocupación política no se puede confundir con un alejamiento de los principios democráticos más elementales por parte de la sociedad, principios que rigen la organización de nuestra sociedad.
Los valores democráticos son ampliamente compartidos. Lo que no se comparte es el funcionamiento del sistema, considerado excesivamente distante y muy poco atento con los nuevos estilos y con las nuevas demandas que se manifiestan especialmente entre la población joven. Nuestras sociedades evolucionan progresivamente hacia sistemas de valores y actitudes sensiblemente diferentes a los que se han dado durante buena parte del siglo XX. Algunos autores han descrito este proceso como una auténtica revolución silenciosa que, aunque aparentemente nada cambia (no son visibles los procesos de cambios radicales en los órdenes establecidos realizados en nuestras sociedades), se está produciendo una progresiva sustitución de valores y actitudes, hasta ahora claramente hegemónicos, por otros de nuevos. Estos cambios están protagonizados en buena parte por las nuevas generaciones en su proceso de incorporación a la vida adulta. Esta nueva forma de ver y concebir el mundo3 comporta, entre otros aspectos, cuestionar los funcionamientos de estructuras jerárquicas y aspirar a un mayor protagonismo y participación. Una muestra de ello la podríamos observar en la aparición de los nuevos movimientos sociales y en la expansión de las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG). Los más críticos y más inquietos de la sociedad (una minoría en su conjunto) son los que protagonizan la eclosión de nuevas formas organizativas; el resto, una clara mayoría, vive la política desde fuera y desde una actitud que considera que nada de lo que discuten, deciden y llevan a cabo las instituciones les afecta y, en consecuencia, no les interesa.
Probablemente este es el gran fracaso de nuestra democracia: el hecho de no haber alcanzado una complicidad entre gobernante y gobernado. Una complicidad que haga sentir al ciudadano cualquier tema colectivo como propio. Se ha perdido la batalla de la virtud cívica, aquella que se define por una preocupación compartida en torno al interés común. Recuperarla, es, probablemente, uno de los requisitos para poder conseguir una democracia renovada. Porque cuando afirmamos que la virtud cívica debe recuperarse nos referimos a encontrar instrumentos para fortalecer la democracia. Norberto Bobbio, el gran pensador y ensayista italiano, resumía a la perfección en una entrevista publicada hace unos años, la idea de que la democracia necesita una ciudadanía implicada en los asuntos colectivos cuando afirmaba que «una democracia es mucho más fuerte cuanto más se basa en ciudadanos activos, que se toman seriamente los problemas de la convivencia libre y pacífica. El aumento de ciudadanos pasivos en un estado democrático es señal de que aumenta la fractura entre gobernante y gobernado»4

2.- El debate sobre la participación: algunos elementos para la reflexión

La participación ciudadana, a pesar de lo que se puedapensar, no siempre goza de buena prensa. El funcionamiento de nuestras instituciones, por un lado, determina y condiciona las pautas de comportamiento –el peso de la tradición– y la complejidad de muchas de las decisiones políticas que estas instituciones deben tomar, por otro lado, justifican reducir el círculo del núcleo decisorio –el peso del tecnicismo. Ambos factores provocan que circulen ideas abiertamente contrarias o, como mínimo, escépticas a las posiciones reformistas que buscan nuevos espacios de participación ciudadana. Joan Subirats5, en un artículo publicado a principios de 1998, indicaba una serie de argumentaciones que previenen de la supuesta bondad de la participación o del acriticismo que a menudo acompaña las propuestas participativas. Las prevenciones remarcadas por Subirats se recogen en el cuadro1.

Cuadro 1. Algunos argumentos contra la participación

- La participación aumenta la lentitud en la toma de decisiones. El hecho de consultar más gente comporta, poco o mucho, tener que aceptar más puntos de vista, que no hacen más que alargar y complicar el proceso.
La participación aumenta los costes de las decisiones. La participación ciudadana comporta en todos los casos un aumento del tiempo invertido en el proceso y muchas veces la incorporación de nuevos puntos de vista obliga a modificar proyectos. Estos dos aspectos (tiempo y más recursos) implican un mayor gasto.
- La participación no incorpora un valor añadido a la decisión. El hecho de que los conocimientos de las personas no sean específicos de los temas sobre los que debe tomarse una decisión, comporta la inexistencia de un valor añadido en la participación y la no mejora técnica de la decisión a tomar.
- La participación provoca un exceso de particularismo. Abrir el proceso a la participación genera la aparición de visiones excesivamente particularistas de los participantes en el debate. La gente que participa tiende a dar prioridad a sus intereses en detrimento de los intereses generales. Sólo las instituciones y sus representantes pueden garantizar la defensa de los intereses generales de la sociedad en la toma de decisiones.
- La participación sólo tiene en cuenta el corto plazo. La inmediatez es lo que guía la defensa de los intereses particulares y esto sitúa cualquier discusión en un escenario de corto plazo, e impide otras posibilidades a medio o largo plazo que probablemente son mucho más beneficiosas para el interés general.
- La participación erosiona instituciones y partidos. Los procesos participativos al margen de los canales representativos alimentan la desconfianza en las instituciones tradicionales y los partidos presentes.

Es obvio que no faltan motivos para desestimar nuevos procesos de participación y también que la fuerza de la tradición nos empuja a proseguir con la plena vigencia de las vías representativas, sin necesidad de introducir nuevos procesos participativos. Pero el debate sobre la salud y el futuro de nuestras democracias está abierto y eso permite pensar que aparecerán propuestas enriquecedoras que complementarán los sistemas actualmente vigentes.

2.1 Algunos razonamientos a favor de la participación

A) El exceso de tutela de los gobernantes
La historia de la humanidad está llena de ejemplos en los que un grupo de personas considera que dispone de unos conocimientos y unas habilidades superiores a los del resto de mortales y que esto debería permitirles gozar sin demasiadas discusiones del gobierno de la comunidad desde donde podrán ejercer, gracias a sus conocimientos, con más precisión y acierto la función de gobernar. Es decir, en esta postura se expresa una negativa clara a que la mayoría de la población sea competente para gobernarse. Es curioso señalar cómo estos argumentos, utilizados históricamente para negar el derecho al sufragio universal, son hoy nuevamente utilizados para dificultar la abertura de procesos participativos. Los intentos actuales de tutela provienen de una parte de los integrantes de la clase política, que defienden encarnizadamente una posición personal desde la que se mueven con una cierta comodidad y que, en consecuencia, no quieren correr el riesgo de modificar. También proceden de otro sector, representante de un cuerpo de la administración, con una formación técnica cualificada y, sobre todo, con una capacidad de control sobre todos los procesos burocráticos al que otorgan un poder sobredimensionado y fuera, muchas veces, de cualquier tipo de control democrático. Aunque revestido de un discurso de apariencia democrática y de una pretendida solvencia profesional, la verdad es que muchas veces nos encontramos ante una resistencia al cambio en los procedimientos habituales de toma de decisión, lo que se explica por la adhesión a la tradición del funcionamiento de nuestras democracias representativas.
Las decisiones políticas no dependen sólo de conocimientos técnicos. Es evidente que los actos del gobierno y las decisiones políticas no son equivalentes a acciones de rigor científico. En intensidades diferentes, según la decisión, cualquier acto político comporta la priorización de unos valores frente a otros y de una posición donde los criterios científicos pueden tener un peso pero, en ningún caso, son los únicos que deben tenerse en cuenta.
Es preciso considerar a las personas adultas aptas para tomar decisiones. Si aceptamos que las decisiones políticas no dependen de criterios científicos ni técnicos y a su vez, aceptamos la existencia de un principio de igualdad como característica constitutiva de nuestras sociedades, deberemos asumir que, en principio, no existe persona o grupo de personas que disponga de una virtud especial que les permita aspirar a gobernar y a tomar decisiones sin el concurso de la ciudadanía.

B) El espejismo de la eficiencia
El discurso economicista domina buena parte de las actuaciones de nuestras instituciones. Entre los recursos más utilizados a la hora de justificar determinadas decisiones está el del principio de eficiencia. Es cierto que en igualdad de condiciones es preciso tender siempre a priorizar el camino que representa un coste económico inferior si también garantiza la consecución de los objetivos propuestos. Sin embargo, en política, muchas veces los costes se generan por una capacidad insuficiente de interpretar las demandas sociales sobre una cuestión determinada y también por la no construcción del consenso en el momento de buscar soluciones.
La eficiencia no está reñida con los procesos participativos. La posibilidad de vertebrar procesos deliberativos sobre cuestiones determinadas que requieren una decisión, hace posible construir colectivamente una visión del problema que debe permitir llegar más fácilmente  a compartir soluciones.
Una solución impuesta tiende a corto plazo a ser menos eficiente que una consensuada. Decisiones que sólo se basan en una visión del problema y no integran otros puntos de vista o que priorizan una respuesta tecnicista que ha menospreciado percepciones sociales sobre posibles alternativas, pueden generar reacciones que obliguen a afrontar costes desorbitados y que acaben convirtiendo la decisión tomada en una decisión plenamente ineficiente.

C) El error de la suficiencia
La democracia representativa funciona sobre mecanismos de delegación. En consecuencia las instituciones elegidas disponen de una legitimidad formal incuestionable para tomar todo tipo de decisiones sobre las que tengan competencia legal. En el juego político se tiende (cada vez menos, afortunadamente) a que las instituciones y sus representantes (que a su vez son los nuestros) actúen con un exceso de suficiencia que los lleva a negar la creación de espacios para el debate y la participación ciudadana. Entender que la participación ciudadana choca con los intereses de las instituciones democráticas y sus representantes es tanto como exigir al ciudadano que se limite a votar y a no interferir para nada en el proceso político.
La participación ciudadana puede ser un buen complemento para el funcionamiento de la democracia representativa. Los procesos de participación no tienen porque ser asimilados a un modelo de democracia directa que eluda la representatividad. No se cuestiona la existencia de instituciones de representación, sino el uso excluyente que se da al debate político.
Los partidos tienen una función central en el sistema político democrático, pero en ningún caso disponen de un monopolio en la acción política. Los partidos desempeñan una función muy importante puesto que canalizan las voluntades de representación ciudadana hacia las instituciones y tienen la responsabilidad de seleccionar gobernantes y presentar propuestas de gobierno. La rigidez con la que han actuado y la despreocupación por recoger las nuevas demandas sociales han originado, entre otros aspectos, que estas organizaciones entraran en crisis. La aparición de nuevas formas de organización social que tienen voluntad de incidencia política ha originado una cierta competencia. Al margen de otras consideraciones, pone en evidencia que en la acción política existen otros actores, a parte de los partidos, que también deben tenerse en cuenta.

3. Las bases para una democracia más participada: una apuesta por la deliberación

Pensar en una democracia más participada equivale a facilitar, de forma efectiva, más poder a los ciudadanos. No obstante, no se trata de dar más poder centrado exclusivamente en mecanismos de decisión (votación, referendos). Estos, obviamente, deberán estar presentes, pero la gran oportunidad de que disponemos actualmente y que no teníamos hace unas cuantas décadas, es la de construir una democracia donde el ciudadano disponga de más elementos de reflexión que le ayuden a formar su opinión.
La afirmación de que actualmente disponemos de unos canales para transmitir y acceder a todo tipo de información que abren grandes expectativas en muchos campos, entre ellos en el del debate político, puede parecer, en plena efervescencia de la sociedad de la información, una obviedad. También es cierto que, como ya he indicado anteriormente al inicio del presente escrito, nunca nuestras sociedades habían dispuesto de tanta gente tan instruida como disponemos en estos momentos. La capacidad de acceder a la información, procesarla y contrastarla de una parte importante de la población es muy grande. Y eso nos predispone a pensar en el gran potencial que esconde tras de sí para dar paso a nuevas experiencias de participación ciudadana.
A diferencia de hace 70 u 80 años, hoy en día el ahondamiento democrático ya no pasa por la consecución del sufragio universal. El sufragio está interiorizado en nuestra sociedad y forma parte de una práctica habitual y es normal, en consecuencia, que se planteen nuevos retos. Probablemente el más atractivo es convertir la democracia en un auténtico proceso deliberativo. Es cierto, como apunta Fishkin6, que uno de los grandes retos que afrontan actualmente nuestras democracias es el de combinar el ahondamiento de la igualdad política entre todos los ciudadanos con el fomento de los procesos deliberativos. Como mínimo, aparentemente, la potenciación de una opción parece ir en detrimento de la otra. Las exigencias de un tamaño reducido del demos para poder profundizar en aspectos deliberativos atenta directamente contra la igualdad política de la ciudadanía. Pero a su vez somos conscientes de que la complejidad que muchas veces se esconde detrás de las cuestiones planteadas a la ciudadanía o los problemas que se pueden plantear, requieren un proceso reflexivo para poder emitir una opinión sólida. Es evidente que una deliberación en masa del conjunto de la población es materialmente imposible con los recursos de que se dispone en estos momentos y muy difícilmente las nuevas tecnologías podrán resolver de un modo satisfactorio esta cuestión a corto o medio plazo. Aun así, existen propuestas elaboradas por eminentes profesores y estudiosos de la democracia que proponen la realización de procesos deliberativos multitudinarios interconectados a través de redes digitales a lo largo de un periodo importante (1 año)7. Otras propuestas, anteriores a las de Robert Dahl, han avanzado en la línea de concretar posibles asambleas municipales electrónicas considerando que las posiciones razonadas, informadas y ampliamente compartidas necesitan dialogar. El proyecto denominado Minerva, en una clara referencia a la diosa de la sabiduría política, es donde Etzioni desarrolla las especificaciones para estas asambleas8. En cualquier caso, la cuestión es cómo hacer compatible la igualdad política y la deliberación. Este no es, por cierto, un problema de nueva creación. En la democracia griega, la primera comunidad de la que tenemos conocimiento que utilizó la democracia, ya se plantearon problemas similares. En Grecia, contrariamente a lo que se acostumbra a pensar, la Asamblea no era el principal instrumento de gobierno. La tan mencionada democracia directa de Atenas supeditaba la propia Asamblea a las decisiones que podía establecer un grupo reducido de ciudadanos escogidos mediante sorteo, y que integraban a los denominados juristas. No eran tribunales en sentido moderno, sino cuerpos representativos del conjunto de la polis que introdujeron un proceso deliberativo, que nunca se hubiese dado en el marco de la Asamblea.
Incluir la deliberación como criterio en los procesos participativos, es, pues, una demanda que tiene amplios puntos de apoyo. En nuestro entorno más inmediato han empezado a darse experiencias en que se han impulsado mecanismos de participación que incorporan estos elementos. Los más importantes han sido los consejos ciudadanos, una variante de jurados ciudadanos, donde personas elegidas al azar entre la población son inmersas en una dinámica de información-reflexión-debate-opinión. La metodología responde claramente a una intencionalidad deliberativa, aunque al final del proceso también se busca que se dé la opinión. Esto tipo de experiencias se han realizado de forma limitada tanto en Cataluña como en otras sociedades del entorno. Alemania, Gran Bretaña y, con ciertas diferencias de objetivos y metodologías, Estados Unidos han vivido varias experiencias de participación bajo esta variante de jurados ciudadanos. Es cierto que se pueden percibir como excesivamente experimentales y en cierto modo artificiales dentro del conjunto de la actividad política democrática de una sociedad. Uno de los elementos que suscita discusiones en torno a los consejos ciudadanos o a cualquier otro mecanismo que metodológicamente descanse sobre el principio de una selección aleatoria de ciudadanos que serán sometidos a un proceso de información previo a la emisión de opinión, es hasta qué punto el veredicto resultante se puede considerar representativo de la población. En primer lugar porque estamos hablando de un número de personas participantes que es muy reducido con referencia al conjunto de la población. Este hecho ya nos conduce a negar a algunos que la propia muestra sea representativa. En segundo lugar porque el proceso mediante el cual llegan a emitir la opinión es tan poco habitual y comporta la asunción de tanta información previa que sitúa a los participantes en un nivel de conocimiento del tema que en ningún caso es equiparable al que tiene el resto de la población. Por lo tanto, el resultado no puede ser en ningún caso, afirman, representativo de la opinión de la totalidad de la ciudadanía.
Estas críticas son razonables, aunque a mi entender no deslegitiman estos procesos, ya que precisamente lo que buscan es disponer de  nuevos instrumentos que aporten un equilibrio al insatisfactorio funcionamiento del sistema. En defensa del modelo de los jurados de ciudadanos, cabe mencionar que en principio no buscan una representatividad del conjunto de la población, sino cómo hacer posible que grupos de ciudadanos no profesionalizados políticamente puedan implicarse en la discusión y resolución de cuestiones que afectan a la comunidad, y además realizarlo teniendo conocimientos suficientes para poder emitir una opinión razonada. Las experiencias realizadas hasta ahora en Cataluña (Rubí, 1997; St. Quirze del Vallès 1997; Calafell, 1998; Corbera, 1998; Montornès del Vallès, 1998 y 1999) se pueden considerar bastante positivas en la medida que tanto el proceso como la aceptación por parte del entorno en cada uno de los municipios mencionados, la capacidad de los participantes de implicarse y asumir responsable y satisfactoriamente la función para la que fueron escogidos, han sido satisfactorios.
Existen varios mecanismos de participación ciudadana9 y sería un error intentar reducir la participación a un único modelo. El propio sistema prevé algunas posibilidades como los referendos, la iniciativa legislativa popular, las comisiones asesoras y las audiencias públicas que pueden contrarrestar la tendencia del propio sistema a hacerse excesivamente distante y opaco a la ciudadanía. Es cierto que la gran diferencia entre los sistemas que hoy ya prevé la legalidad y las experiencias, que empiezan a impulsar algunas instituciones, básicamente locales, es que éstas incorporan procesos deliberativos. Permitir que estos se consoliden y que vayan ganando terreno puede ser una buena opción para mejorar el funcionamiento de nuestras democracias. •

 Notas

1 Fundación Ferrer i Guàrdia (1999) Joves i participació a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departamento de Cultura (pág. 157).
2 Se disponen de varios estudios sobre la cultura política donde se pueden consultar estos datos. Para todo el Estado, el CIS es quien dispone de una serie de datos donde se puede analizar la evolución de este y de otros indicadores (http:/www.cis.es). En Cataluña es el ICPS quien ha realizado con periodicidad estos estudios. Pueden consultarse en la colección Sondeig d’Opinió que publica anualmente el ICPS. Un análisis sobre estos datos se puede consultar en los siguientes artículos:    • Maestro, Jesús (1998). «La Cultura política dels catalans» En El sistema polític de Catalunya. M. Caminal y J. Matas (ed.), Barcelona,  Tecnos, Edicions UB y Servei Publicacions UAB. (pág. 79-101).  • Sánchez, Jordi (1998) «Identitats col·lectives i cultura cívica dels catalans» En La Societat Catalana, S. Giner (ed). Barcelona: Generalitat de Catalunya (pág. 1108-1121).
3  Estos valores han sido definidos como valores postmaterialistas. Un ahondamiento de esta teoría se puede encontrar en R. Inglehart (1991) La revolución silenciosa. El cambio en las sociedades postindustriales. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
4 Entrevista a Norberto Bobbio, publicada en el cuaderno Babelia- El País, el 11 de julio de 1998 (pág. 8-10).
5 Subirats, Joan (1998) «Nous mecanismes participatius i democràcia: promeses i amenaces». En revista Àmbits, enero 1998, Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología (pág. 20-24).
6 Fishkin, J. (1995) Democracia y deliberación. Nuevas perspectivas para la reforma democrática. Barcelona, Ed. Ariel.
7 Dahl, R. (1992) La democracia y sus críticos.  Barcelona: Ed. Paidós.
8 Etzioni, Amitai (1972) «Minerva: An electronic Town Hall» En Policy Sciences 3 (pág. 457-474).
9 Font, Núria (1998) Democràcia i participació ciutadana. Barcelona: Ed. Mediterrània, Fundación Jaume Bofill.

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La información ambiental en la sociedad democrática del conocimiento
Pere Torres
Biólogo. Director General de Promoción y Educación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya

“La administración no tiene nada que ver con adivinar sino con saber. Los que ocupan cargos de responsabilidad deben poseer la información que necesitan para tomar decisiones acertadas.” Al Gore

La democracia ambiental reclama una participación amplia y representativa de la estructura social. El artículo profundiza en el concepto de información y en la responsabilidad de cada uno de los agentes sociales a la hora de hacer accesible la información ambiental. Posibilitar un conocimiento suficiente y válido, con la contribución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es el modo de movilizar la sociedad hacia la sostenibilidad.

Afirmar que entramos en la sociedad de la información es, seguramente, una trivialidad. Como debe serlo decir que queremos avanzar hacia el desarrollo sostenible. Es una trivialidad porque no aportamos nada nuevo, ni en un caso ni en el otro. No anunciamos un concepto original –el término ya forma parte del lenguaje común de políticos, expertos, periodistas, líderes de opinión, técnicos, etc.– ni revelamos claramente el significado práctico. El momento actual obliga a ir más allá de las formulaciones conceptuales esenciales y a fijarnos más en la praxis. Repetir constantemente, siempre y por todos los canales, que llega la sociedad de la información no nos prepara necesariamente para comprender la profundidad de la transformación que vivirá el mundo que conocemos.
De hecho, a lo mejor no sabemos muy bien cuál es el sentido último de la información. El matemático Keith Devlin asegura que nuestra comprensión actual de la información es comparable a la que tenía del hierro el hombre de la edad del hierro1. El desconocimiento de qué era el hierro no impidió su uso práctico ni que se desarrollara una notoria tecnología basada en dicho metal. Es concebible, pues, que nos encontremos actualmente en una situación análoga; es decir, que nuestra capacidad de utilizar la información esté por delante del descubrimiento de su significado real2.
Por este motivo, parece lógica la sentencia de Kevin Kelly, editor ejecutivo de la revista Wired, según la cual el suceso central del siglo XXI será la demolición de la información. Él mismo lo reconoce parafraseando a George Gilder, un analista de tecnologías bastante peculiar dada su posición ultraconservadora3, que asegura que el acontecimiento central del siglo XX ha sido la demolición de la materia. Por lo tanto, para entender a Kelly, debemos entender a Gilder. Intentémoslo.
Este autor considera que, durante el siglo XX, se ha llegado a controlar la materia en el sentido de que ya no constituye una barrera para el progreso tecnológico. Es un salto que se había realizado anteriormente con la energía. Kelly cree que ahora se producirá lo mismo con la información4. Además de inevitable, es un salto necesario, porque circula más información de la aprehensible y, en consecuencia, existe el riesgo de que alcance un nivel desbordante, tóxico para el sistema.
Es una situación problemática en muchos aspectos, pero podemos destacar el educativo. Algunos pedagogos ya han advertido que los niños nunca habían recibido tanta información sin haberla filtrado antes los adultos cercanos (profesores o familiares). ¿Tendrá un efecto en el funcionamiento futuro de la sociedad? No lo sabemos porque es una experiencia nueva. Sin embargo, justifica que el gran esfuerzo del nuevo siglo sea domesticar la información del mismo modo que se ha domesticado la energía y la materia en el pasado.
En cualquier caso, debemos preguntarnos sobre las implicaciones que la sociedad de la información tendrá en la configuración del sistema democrático y, en especial, de lo que podríamos denominar la democracia ambiental, que es, en definitiva, un modo de concebir la implicación y la participación sociales en el conocimiento real del mundo y en la toma de decisiones desde este conocimiento. No es una idea nueva. Uno de los padres de la independencia americana, James Madison, decía: un gobierno del pueblo sin información para el pueblo o sin los medios de conseguirla no es sino un prólogo a la farsa o a la tragedia o a ambas cosas.
No se puede negar que, actualmente, disponemos de expertos y de políticos que son capaces de definir y aplicar estrategias de gobierno sobre la base del conocimiento y, específicamente, del conocimiento ambiental. Sin embargo no se puede ni se debe cambiar el paradigma social y el modelo de desarrollo desde la minoría, por selecta que sea.
Existe una distinción clásica entre el saber individual y el saber social, en el sentido de que los conocimientos de cada individuo son limitados pero, en cambio, los conocimientos del conjunto de la sociedad son extraordinariamente amplios5. Actualmente se toman las decisiones importantes basándose en el saber social, en manos de la elite científica y técnica. Es un paso hacia delante para gobernar con eficacia e, incluso, con sensibilidad, pero la democracia ambiental exige aproximar el saber individual al saber social en un abanico de temas esenciales, de modo que la comprensión de los problemas y la participación en las soluciones se produce en el centro de la sociedad y no solo en la periferia.
En la democracia ambiental, debe construirse una red espesa de interconexiones entre los gobiernos y los ciudadanos. No basta con que los gobiernos sean el fruto de elecciones libres periódicas. En muchos temas, la legitimidad para tomar decisiones que otorga la representatividad parlamentaria debe subordinarse al impulso de procesos de codecisión y de coejecución con la sociedad. Llevarlo a cabo no es necesariamente sencillo. Existen muchas minas ocultas que pueden provocar el fracaso. Mencionemos dos.
1. La participación debe ser real. Los procesos de codecisión experimentados suelen ser voluntarios y voluntaristas. Se apuntan los que tienen una actitud más prosocial, aquellos que ejercen militancia en algún ámbito y aquellos que quieren defender algún interés determinado. Cuantitativamente –y, en algunas ocasiones, cualitativamente– equivalen a una delgada franja de la sociedad. Que no se entienda este comentario como un menosprecio hacia las personas que se involucran en estos procesos. Al contrario, su compromiso y su disponibilidad son dignos de elogio, pero la democracia ambiental reclama una participación más amplia, más representativa de la estructura social.
Por lo tanto una primera mina es que la democracia ambiental se limite a los aspectos formales –aquellos que permiten la participación– en lugar de incidir en los estructurales –aquellos que estimulan y garantizan la participación real de la sociedad. Sin embargo, la reflexión sobre esta cuestión supera el propósito del presente artículo.
2. Otra mina es que el proceso no sea un proceso basado en la información (information-based process) sino en la intuición o el prejuicio. Éste será el problema que desarrollaremos a continuación. En primer lugar, analizaremos las características que debe tener la información ambiental.  Acto seguido nos preocuparemos del uso de la información por las organizaciones, esencialmente las empresas y las administraciones públicas.
Una observación introductoria más: en la formación de la sociedad del conocimiento, suele observarse una primera fase en la que se concentran los esfuerzos públicos y privados en la distribución del conocimiento, es decir, en la creación de algunas infraestructuras suficientes de comunicación que permitan el acceso libre e igualitario de los ciudadanos a la información. Es la fase en la que sobresalen las tecnologías y las redes. Es una etapa bastante atractiva porque sólo es necesaria una inversión en logística y, en cambio, los resultados son palpables. Evidentemente se presta mucha atención y se hace mucha publicidad. El mismo libro verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información, que ha elaborado la Comisión Europea6, después de realizar unas reflexiones generales sobre principios y derechos, se centra rápidamente en los aspectos funcionales.
En una segunda fase, sin embargo, la acción debe orientarse más hacia los contenidos, de modo que propicie un aprendizaje activo a lo largo de toda la vida, recurrente y flexible. La sociedad de la información debe ser, ante todo, una sociedad del aprendizaje, tanto en el ámbito profesional como en el cívico. La continua sorpresa que nos ofrecen las nuevas tecnologías no debería hacernos olvidar que sólo son herramientas. Pero su espectacularidad podría distraernos. Como se ha evidenciado, la metáfora no solo describe sino que da forma a nuestra relación con la tecnología7. Si observamos la tecnología como un sistema global, acabaremos atrapados en su interior. En cambio, si la observamos como una herramienta, la podremos controlar. Es un ejercicio más delicado porque una herramienta sólo tiene sentido y utilidad cuando se sabe cómo y, sobre todo, para qué sirve.

Breve análisis de la información

Es conveniente distinguir dos conceptos diferentes que a menudo se mezclan y se confunden en el lenguaje común: información y conocimiento. Distingámoslo a partir de definiciones de autoridad aportadas por Manuel Castells8:
1. Información son los datos que se han organizado y comunicado (Marc Porat).
2. Conocimiento es una serie de afirmaciones organizadas de hechos o ideas (de datos, pues) que presentan un juicio razonable o un resultado experimental, que se transmite a las demás personas a través de un medio de modo sistemático (Daniel Bell).
La base, pues, son los datos, que se organizan de un modo comunicable para convertirse en información. La interpretación de esta información para que se convierta en tesis, por humilde que sea, es el paso hacia el conocimiento, que es una actividad generadora de nuevos datos, de modo que se crea un ciclo autoalimentable, tal como muestra la figura 1.
En el presente artículo, nos centraremos en la información y no en el conocimiento, aunque el horizonte de cualquier política informativa debe ser el conocimiento. De hecho la pregunta que desearíamos responder es cómo debe ser la información ambiental para que posibilite el conocimiento necesario, suficiente y válido para que la sociedad en su conjunto reaccione de modo que sea más factible el desarrollo sostenible.
De este modo, en la difusión de la información conviene distinguir dos variables:
– cantidad de la información
– valor de la información
Pueden darse diferentes situaciones, tal como muestra la figura 2. La combinación más recomendable es aquella que proporciona información de mucha calidad, es decir, la de mayor valor con menos cantidad. En cambio, la información de menos calidad –porque es excesiva o de escaso valor– puede erosionar la participación abierta de los diversos grupos sociales y la cuestión sistemática del funcionamiento y de las futuras iniciativas del emisor.
Algunas de las características que determinan la calidad de la información son las siguientes:
1. Relevancia. Sólo es útil aquella información que aporta valor a la cuestión que quiere resolverse en cada momento. Si no se selecciona adecuadamente la información ambiental necesaria para cada decisión, la tendencia natural es dejarla de lado y se acaba adquiriendo el hábito de prescindir de ella.
2. Pluralidad. La pluralidad informativa es esencial para la democracia. Aunque corresponde a las autoridades públicas validar los datos ambientales, es imprescindible la existencia de fuentes de información variadas y diferentes. Estas autoridades ambientales deben estar interesadas en disponer de varias fuentes. Aunque con la pluralidad resulte inevitable que circule información de baja calidad, es preferible este riesgo –que, a la larga, debería repercutir negativamente en la fuente de la mencionada información– que la tentación del monopolio informativo.
3. Comprensibilidad. El lenguaje desempeña un papel importante. Por ejemplo, una experiencia piloto mostraba cómo la gente comprendía mejor la depuración de los gases cuando, en lugar de hablar de fregadores o lavadoras, se expresaba claramente que se extraían los contaminantes de los gases para transferirlos a un residuo sólido9. Si no se piensa en cada caso cuál es el bagaje de conocimientos o de intereses de los destinatarios de la información, el proceso informativo puede ser nulo o, incluso, contraproducente.
4. Representatividad. Ante la abundancia de datos, la información gana calidad cuando se escoge los representativos y, además, se especifica claramente si se trata de una información resultado de la medición o de la estimación. Es esencial evitar la negligencia aritmética, que es aquella actitud consistente en realizar afirmaciones sin aportar datos lo bastante consistentes o sin verificar que la afirmación se deduce necesariamente de los datos disponibles10.
5. Comparabilidad. En general, es muy difícil apreciar el valor absoluto de una información ambiental: se requiere una capacidad técnica o científica que no es propia ni de los ciudadanos ni de las personas que toman decisiones. El proceso de comprensión puede facilitarse si se asegura que la información es comparable –con la misma variable a lo largo del tiempo o con otras situaciones equiparables más próximas al conocimiento del destinatario.
6. Accesibilidad. El coste de la información es una medida de las dificultades para recopilar y analizar convenientemente los datos ambientales. La mayoría de regulaciones sobre la información ambiental parte de la idea de que los destinatarios estarán mejor informados cuanto más bajo sea el coste de la información y que, de este modo, existirá una mayor implicación o mejor relación con el emisor11.

La información debe ser relevante

La indigencia informativa ha sido una estrategia clásica de poder: se mantiene al ciudadano en la ignorancia, en la insuficiencia de información para evitar que pueda valorar cada situación y tomar decisiones autónomas. Actualmente, en cambio, vivimos un movimiento pendular de efectos similares. Se está pasando a la opulencia informativa, es decir, a una superabundancia de información que no es ni digerible ni verificable, que provoca mucho ruido de fondo y que acaba causando como reacción el desinterés general por la mayoría de cuestiones importantes12. Los estados de subinformación y de sobreinformación acaban teniendo el mismo resultado en la práctica.
Donald A. Norman nos explica un caso ilustrativo13. Los primeros aviones tenían, en la cabina, pocos dispositivos de control. A medida que la tecnología avanzaba, el número y la variedad de dispositivos se disparó hasta la saturación de todo el espacio disponible, como en el caso del Concorde. En cambio los aviones más modernos han suprimido una parte de los dispositivos porque tanta información era inútil para los pilotos, incapaces de asumirla toda.
En el campo ambiental se corre el mismo riesgo. A modo de ejemplo: la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica –que controla el estado de la calidad del aire en Cataluña– genera millones de datos anuales. Aunque sea fácilmente accesible y se presente de un modo comprensible, la enorme extensión de este tipo de información provoca que sea inviable su utilidad real más allá del círculo de especialistas.
La idea subyacente a estos ejemplos es, pues, la necesidad de eficiencia de información, hacia la que se avanza por un doble camino:
a) La mayor selectividad de la información. Del vasto conjunto de datos en bruto, debe saberse escoger los que pueden tener un significado real para la toma de decisiones –sea en la esfera institucional o corporativa, o en la esfera personal.
b) La creación de indicadores y  de índices que integren diferentes informaciones en unos valores que plasmen el estado y la tendencia de un tema a simple vista y que, además, encajen fácilmente en el esquema operativo de las personas que toman decisiones.
Se trata, en definitiva, de primar la relevancia. ¿Pero será posible disponer de la información relevante? Las nuevas tecnologías de telecomunicación tienen ventajas evidentes para la difusión de la información. Paradójicamente también son útiles para evadirla. Los gobiernos tendrán cada vez más dificultades para vigilar las actividades de las grandes organizaciones que deslocalicen sus centros productivos y las redes de comercialización14 y, en consecuencia, toda la información que se deriva y que es necesaria para muchas funciones públicas: desde la inspección ambiental a la fiscal, por poner dos ejemplos.
En el campo privado, por ejemplo, hace años que está cuajando el concepto de inteligencia competitiva, definida como un programa sistemático y ético para captar y analizar información sobre las actividades de los competidores y las tendencias generales del negocio con la finalidad de promover los objetivos propios de la empresa. No es un enfoque de espionaje industrial sino un esfuerzo organizado para procesar la información flotante existente para extraer conclusiones útiles en la toma de decisiones. Seguramente, las autoridades ambientales deberían empezar a impulsar programas de este estilo para poder disponer de la información relevante para sus decisiones estratégicas, porque es cada vez más evidente la insuficiencia que, para esta finalidad, padecen los datos obtenidos por los procedimientos administrativos.

La explanación ambiental

Por explanación ambiental15 se entiende el conjunto de explicaciones añadidas a una determinada información empresarial o institucional necesarias o útiles para su interpretación. Las explanaciones ambientales pueden resultar tanto de actos voluntarios como obligados. Así, en el año 1997 se inició un ambicioso proyecto en Estados Unidos Consumer Information Disclosure Project –para fomentar las explanaciones ambientales en las facturas de luz16. Se pretendía proteger al consumidor y hacer más eficiente el mercado electrónico. De este modo se llegó a la conclusión de que los dos factores esenciales para una buena factura de luz eran:
– que hubiera suficiente variedad de información para satisfacer los intereses básicos de los diferentes perfiles de consumidores
– que la información se presentara en un lenguaje fácil de entender para la mayoría de la población.
Como resultado del proceso, se recomendó el modelo de factura que presenta la figura 3.
Del mismo modo, se ha estudiado la naturaleza de las explanaciones ambientales que realiza la industria química americana17. Las principales características de la información son:
– carácter no técnico;
– cualitativa;
– con un acento especial en aspectos relacionados con la contaminación;
– sin referencia constante a la legalidad.

Las explanaciones ambientales no son inocuas. Un ejemplo claro se ha vivido en Cataluña: a partir del momento en que el recibo del agua, en lugar de ser una cifra a pagar, se desglosó en los diferentes conceptos que conforman el precio del agua, algunos sectores sociales lo interpretaron en el sentido de un excesivo peso de la fiscalidad e iniciaron un movimiento social de objeción fiscal.
De todos modos, ésta es una vía que debería explorarse con más intensidad porque ayuda a que los consumidores sean conscientes de los efectos de sus actos de compra y los faculta, al menos sobre el papel, para orientar la oferta de las empresas hacia productos o servicios con mayores exigencias ambientales.

La responsabilidad de los emisores

Si partimos de la premisa que la información de calidad es beneficiosa para el conjunto de la sociedad y que, en según qué aspectos, se ha convertido en un derecho colectivo, es evidente que la responsabilidad de hacerla circular recae principalmente en sus poseedores. La información ambiental está en manos, principalmente, de las empresas y de las administraciones públicas. Las analizaremos por separado aunque buena parte de la información de las segundas procede de las primeras.

La información ambiental de las empresas
En el caso del mundo de la empresa, existen cuatro actitudes básicas:
1 Pasiva, que corresponde a aquella que aplica la filosofía primaria de mañana será otro día.
2 Reactiva, protagonizada por el estado de permanente adecuación a la normativa manteniéndose justo al límite, tanto en lo concerniente a las exigencias como a los plazos para aplicarlas.
3 Activa, es decir, respetuosa y cumplidora con la norma, pero considerándola una obligación social insoslayable.
4 Proactiva, consciente de que el análisis ambiental de la empresa ofrece una nueva visión llena de oportunidades para adentrarse en un nuevo modelo de empresa, más productiva y más moderna.
Esta última actitud entiende la comunicación externa como valor esencial de la empresa. De hecho, se ha observado que la participación de las empresas en procesos voluntarios de mejora ambiental está normalmente incentivada por su posible repercusión sobre la opinión pública18. Aún son pocas las empresas que han incorporado la sostenibilidad como componente estratégico. De todos modos, existen suficientes indicios para alcanzarla.
Existe una correspondencia de las actitudes mencionadas con la generación y la difusión de información ambiental:
– las empresas pasivas tienden a ignorarla;
– las empresas reactivas ofrecen la información exigida por las regulaciones;
– las empresas activas empiezan a elaborar y divulgar informes sobre su comportamiento ambiental;
– las empresas proactivas convierten la información ambiental en una pieza clave para la toma de decisiones ordinarias, es decir, no solo ambientales.
Se han desarrollado varios sistemas para que aflore la información ambiental de las empresas:
1. Ecobalance. Muestra, para un período concreto, las entradas y salidas de la empresa, con todas las corrientes de energía y de materia necesarias en la fabricación de productos, además de los impactos ambientales de las diferentes fases del proceso productivo.
2. Ecoauditoría. Es un control sistemático periódico de la gestión de la empresa desde una perspectiva ambiental. Incluye, también, una valoración de cómo optimizar la gestión. Actualmente, la ecoauditoría ha quedado condicionada por el sistema propugnado por la Unión Europea conocido por las siglas EMAS (Environmental Management and Audit System).
3. Evaluación del ciclo de vida. En lugar de concentrarse, como los dos anteriores, en la empresa o en el proceso productivo, se centra en el producto, del que evalúa el impacto ambiental desde la extracción de sus materias primas hasta su uso por parte del consumidor y la gestión de los residuos subsiguientes.
4. Contabilidad ambiental. Transforma el comportamiento ambiental de la empresa en costes imputables a las diferentes partidas contables, de modo que la gestión ambiental se equipara con otras facetas de la actividad productiva.
Se podrían citar otros, como el ecocontrol, el análisis de riesgos, el balance de residuos, el análisis de línea de producto, etc., desarrollados por varios institutos e investigadores.
Existen, no obstante, planteamientos más osados que se inspiran en metodologías financieras consolidadas. Por ejemplo, en contabilidad se aplica el principio de acreditamiento: los efectos de las transacciones se reconocen contablemente cuando ocurren y no cuando se efectúa el pago material. El propósito de este principio es que los usuarios de los informes económicos y financieros puedan conocer las obligaciones futuras que son consecuencia de los actos pasados. Siguiendo esta filosofía, se ha propuesto que este principio se aplique para valorar el comportamiento ambiental de una empresa, especialmente cuando éste se expresa a través de la contabilidad ambiental. Esto significaría registrar el impacto ambiental de una actividad no cuando se produce físicamente sino en el momento en que tiene lugar la actividad que lo causará 19.
En definitiva es, por ahora, un ejercicio esencialmente académico, pero nos muestra las tendencias futuras. Hoy por hoy la fase predominante es la correspondiente a los informes ambientales, que proliferaron a partir de la segunda mitad de los años 80. A pesar del avance que representa, esta expresión de mayor compromiso ambiental no ha acabado de tener los efectos deseados. Los dos principales problemas observados con el creciente número de informes es la sobrecarga de datos y las inconsistencias en la información proporcionada, lo que puede comportar más confusión que aclaración20.
El acierto de un informe ambiental depende tanto de la comprensibilidad y la credibilidad de los datos aportados como del acierto en su selección, que se obtiene cuando satisface las expectativas de los copartícipes (stakeholders) a los que se destina. Por eso existen varios proyectos internacionales con el propósito de mejorar la eficacia de este instrumento de información ambiental ya consolidado.
La información ambiental también debe funcionar internamente dentro de la empresa. En este sentido es necesario que se pueda utilizar y comprender por parte de los trabajadores. Una política aprobada en este sentido por parte de la empresa puede ser enormemente positiva, pero también proporcionaría a los sindicatos un papel innovador en la defensa de una concepción moderna del trabajo, de la empresa... Ya se han formulado propuestas en este sentido21. No obstante seria un error creer que una mejor información interna sólo beneficiaría a los trabajadores. Se ha comprobado que los directivos de las empresas suelen tener información incompleta sobre la situación ambiental y sus consecuencias, además de períodos y atención limitados por esta cuestión22. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se realicen para aumentar la calidad de la información ambiental y su difusión interna en la empresa contribuirán tanto a tomar decisiones más fundamentadas como a capacitar mejor el conjunto del personal. Además servirá para perfeccionar los mecanismos de obtención de la información ambiental para el exterior. En realidad, la comunicación interna y externa basada en un buen sistema de información es uno de los elementos intrínsecos de la nueva empresa y, en consecuencia, comienza a afectar a su organización23.
Finalmente, cabe constatar que, si las empresas apuestan por la información ambiental, será inevitable la aparición de organismos independientes de valoración, tal como pasa con la información financiera. Asimismo, es de prever que se estipulen estándares al respecto, probablemente mediante regulaciones públicas.

La información ambiental de las administraciones públicas
La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos desarrolló a mediados de los años 90 un plan estratégico para la gestión de los recursos de información24. Se planteaban tres grandes objetivos que se desglosan en la figura_4. Eran, en síntesis:
a) Proporcionar un acceso completo a datos bien organizados. Entre los destinatarios se incluyen tanto las personas que toman las decisiones y los técnicos de la Agencia como el público en general.
b) Disponer de la información correcta. Éste era un objetivo crucial.
– Utilizar un sistema de gestión de información que sirviera para revisar las operaciones del sistema en un proceso de mejora continua.
Este plan estratégico había sido precedido un año antes25 por la definición del concepto de gestión de los recursos de información, que se basa en tres ideas:
– La EPA debe utilizar activamente la información para capacitar sobre los temas ambientales tanto al público en general como a todos aquellos sectores implicados en la implementación de las exigencias ambientales (poderes públicos, empresas, ONG...).
– La EPA debe establecer una infraestructura de información integrada que apoye una aproximación comprensiva de la protección ambiental, lo que significa desarrollar estándares para los datos, determinar las necesidades de datos y de herramientas de integración.
– La EPA debe establecer una organización más eficaz para la gestión de los recursos de información, mediante la creación de un responsable y de un comité director y la elaboración de un plan estratégico (comentado anteriormente).
Como puede deducirse, la principal agencia ambiental mundial –reconocida como referencia de calidad por casi todo el mundo– hace tiempo que adjudica a la información ambiental la máxima consideración política. Esto no significa que todas las iniciativas tengan éxito inmediatamente, y con su diseño original. Así, uno de los principales hitos históricos en el acceso a la información ambiental fue la creación del inventario de emisiones de sustancias tóxicas en Estados Unidos. Conocido por las siglas TRI (de Toxic Chemical Release Inventory) ha sido repetidamente elogiado y puesto como ejemplo. Sin negar el salto cualitativo que supuso en el año 1986, rápidamente se evidenciaron las dificultades como medio de difusión de la información26:
– los datos son predominantemente numéricos, mientras que la gente es más receptiva a textos, imágenes, mapas...;
– los datos se encuentran en bruto, sin herramientas interpretativas ni marcos de referencia;
– los datos no sirven, tal como se muestran, para dar respuesta sobre las causas y efectos, especialmente en la esfera de la salud personal.
A pesar de que estos análisis sirven para mejorar la información ambiental, también son indicativos de las dificultades reales de ofrecer unos productos informativos que sean válidos para la multiplicidad de usuarios que tienen acceso a dicha información. Por eso no es extraño que instituciones comunitarias como la Agencia Europea del Medio Ambiente encarguen estudios al respecto27. En cualquier caso, sea más fácil o más difícil, las administraciones públicas tienen la obligación de desarrollar unos mecanismos y unos contenidos de información ambiental que garanticen el derecho a disponer de ella y que las normas de muchos países reconocen a los ciudadanos28. En Cataluña esta tendencia ha quedado reflejada en la ley de intervención integral de la administración ambiental, lo que proporciona una importancia esencial a la disponibilidad de información válida y pública para la tramitación de proyectos con incidencia en el medio ambiente.
Existen dos modelos generales básicos para exponer la información ambiental. El modelo PSR29, desarrollado por la OCDE, se basa en tres informaciones básicas:
a) Presión. Los impactos que la actividad humana provoca en el medio, como emisión de contaminantes, alteración de paisajes, modificación de hábitats...
b) Estado. La calidad del medio, es decir, los valores de las variables que describen el aire, el agua, el suelo, el territorio…30
c) Respuesta. Los cambios de políticas públicas, de conductas empresariales o de actitudes individuales o colectivas para disminuir la presión sobre el medio.
La Agencia Europea del Medio Ambiente ha promovido un modelo más completo, el DPSIR, que tiene en cuenta cinco variables: motor (driver), presión, estado, impacto y respuesta. En realidad se trata de un desarrollo del modelo PSR a partir de la diferenciación de dos de sus componentes. Por un lado se diferencia entre los actores que causan una presión (motor) y el acto presionador (presión). Por el otro, se separa el efecto sobre la población (impacto) del efecto sobre el medio en sí (estado). Estos componentes se relacionan de un modo complejo, tal como muestra la figura 5.
Es posible alargarse en la explicación de estos modelos y profundizar extraordinariamente en criterios, metodologías y principios subyacentes. No es la finalidad del presente artículo. Ahora bien, una descripción superficial como la realizada puede servir para evidenciar que la información ambiental sólo tiene sentido si, más allá de una descripción objetiva, se ocupa de descubrir las causas positivas o negativas del estado actual y señala pautas de reacción. Además, los gestores de los recursos de información deben ser capaces de trabajar con marcos referenciales de este estilo si se quieren generar productos informativos útiles.
No obstante, este esfuerzo tiene, por decirlo de algún modo, un carácter interno. Cuando se trata de difundir la información ambiental en la sociedad, los dos aspectos principales que es necesario resolver son el contenido y el acceso. Veámoslo brevemente.
Contenido. Ya se ha indicado anteriormente la dificultad de comprensión y la limitación de atención que pueden tener buena parte de los posibles receptores de la información ambiental. En este sentido es preciso encontrar indicadores, es decir, medidas que indiquen el estado de una cuestión ambiental y su evolución. Existen varias experiencias históricas de creación de mecanismos de información continuada, integrada y comprensible para el conjunto de la población. Uno de los ámbitos donde más se ha trabajado es en la calidad del aire urbano. Dos ejemplos son el ATMO francés y el ICQA catalán. Actualmente proliferan los proyectos para definir y aplicar indicadores ambientales y de sostenibilidad. Seguramente se exagera un poco. Por lógica, si hay demasiados dejan de realizar la función que los justificaba. En cualquier caso,  esta es la vía más interesante y más fecundada para encontrar un modelo informativo que sea realmente comprensible para los ciudadanos e inteligible en sus esquemas vitales.
Acceso. Con el impulso de la Unión Europea, se ha optado por el establecimiento de normas que obliguen a proporcionar la información ambiental en manos de los poderes públicos a los ciudadanos y a las entidades que lo soliciten. Esta regulación no ha sido siempre bien recibida por parte de las diferentes administraciones públicas implicadas. Así, a pesar de mantener un esquema formal de accesibilidad, se introducen subterfugios que la limitan. Podemos poner algunos ejemplos31: se establecen exenciones para determinados casos de interpretación subjetiva, se fijan para la prestación del servicio público y se exime a las empresas públicas. Algunas desviaciones son de carácter reglamentario, pero existen otras que son fruto de inercias y de vicios administrativos. Estas últimas deberían ser las más fáciles de corregir mediante buenas prácticas estimuladas desde las direcciones de los organismos públicos32. De todos modos, el balance general es positivo y puede afirmarse sin dudas que la consciencia que se tiene de una responsabilidad informativa hacia la sociedad va calando en los responsables políticos y técnicos de las administraciones.

Algunas consideraciones finales

Del mismo modo que, en el pasado, la posesión de propiedades o de títulos era condición fundamental para participar en el gobierno de las ciudades, actualmente puede observarse un sentimiento latente en algunos ambientes ilustrados que piensan que la toma de decisiones en temas tan complejos como el ambiental debería dejarse a los expertos que dominan la información especializada33. Sin embargo, la tecnocracia ha demostrado históricamente sus limitaciones, tanto en lo referente al progreso de la sociedad como al respeto hacia las libertades y los derechos.
Esta tentación es posible por la enorme asimetría que puede darse entre los emisores y los receptores de la información ambiental. Estos últimos tienen pocos conocimientos técnicos y no disponen de criterio propio para juzgar la calidad de la información recibida... de modo que pueden sucumbir fácilmente ante liderazgos espontáneos cargados a menudo de demagogia.
Los grandes enemigos de la democracia ambiental son la pasividad y la credulidad. Conviene movilizar a la sociedad —el cuerpo central de la sociedad— para que se interese por los problemas y las soluciones ambientales y vea cómo, desde el ámbito personal de decisiones, puede contribuir a la sostenibilidad. Y, por otro lado, conviene generar la capacidad crítica para escuchar y valorar argumentos antes de tomar decisiones. La política que tiende a mejorar la información ambiental juega en este terreno, el de poner a disposición de los ciudadanos y de los gobernantes bases sólidas para las buenas decisiones. •

 Notas
1 A. Cornella (1999) «Informacionalmente, estamos en la edad del hierro, pero…» Extra!-Net. Revista de Infonomia, 460.
2 El desarrollo científico más extenso en este ámbito es la teoría de la información, pero cualquier persona que la conozca un poco llegará a la conclusión de que es una teoría sobre la cantidad de información y no sobre la información en sí misma. A lo mejor, el intento teórico más interesante y fecundo para comprender la información es la teoría memética iniciada por Richard Dawkins. Una introducción básica a la mencionada teoría puede encontrarse en: S. Blackmore (1999) «Meme, myself, I». New Scientist, 13 de marzo.
3 P. Bronson (1996) George Gilder. Wired, marzo: 122-125.
4 K. Kelly (1994) Out of control. Fourth Estate Ltd., Londres.
5 T. Sowell (1980) Knowledge and decision. Basic Books, Nova York.
6 Comisión Europea. La información del sector público: un recurso clave para Europa. Libro verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información. COM(1998)585.
7 B. Nardi & V. O’Day (1999) Information ecologies. The MIT Press, Cambridge.
8 M. Castells (1997) La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 1. La sociedad red. Alianza Editorial, Madrid.
9 S.C. Helms & A.L. White (1998) «Reinventing environmental reporting». Environmental perspectives, 12.
10 P. Krugman (1996) Pop internationalism. The MIT Press, Cambridge.
11 S. Schaltegger (1997) «Information costs, quality of information and stakeholder involvement –the necessity of international standards of ecological accounting». Eco-management and auditing, 4:87-97.
12 T. Maldonado (1997) Critica della ragione informatica. Feltrinelli Editore, Milán.
13 D.A. Norman (1998) Invisible computer. MIT Press, Cambridge.
14 I. Angell (2000) «Battle stations». New Scientist, 4 marzo 2000.
15 Hemos traducido de este modo el término inglés environmental disclosure. De hecho la traducción literal de disclosure sería revelación, pero esta palabra tiene una connotación exclusivamente grave en castellano. Por ello optamos por explanación, que es la acción de explicar una cosa poco clara para hacerla inteligible, exactamente la idea subyacente al concepto que consideramos.
16 National Council on Competition and the Electric Industry (1999) Information disclosure and labeling for electricity sales: summary for State legislatures.
17 S.D. Stanwick & P.A. Stanwick (1998) «A descriptive analysis of environmental disclosures: a study of the US chemical industry». Eco-management and auditing, 5:22-37.
18 S. Arora & T. Cason (1995) «An experiment in voluntary environmental regulation: participation in EPA’s 33/50 program». Journal of environmental economics and management, 8:271-286.
19 Véase Schaltegger (1997).
20 A.L. White (1998) Avoiding an age of disinformation: a vision of standardized reporting. Comunicación al Comité de Medición del Comportamiento Ambiental Industrial de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos.
21 V. Teichert (1996) «Internal ecological information systems in Germany and possibilities for employee representatives». Eco-management and auditing, 3:42-48.
22 M. Porter & C. van der Linde (1995) «Green and competitive: ending the stalemate». Harvard business review, septiembre: 127-132.
23 M.A. Gil Estallo (1999) Dirigir y organizar en la sociedad de la información. Ediciones Pirámide, Madrid.
24 Environmental Protection Agency (1995) Providing information to decision makers to protect human health and the environment.
25 Environmental Protection Agency (1994) Using information strategically to protect human health and the environment.
26 B.A. Goldman (1992) «Community right to know: environmental information for citizen participation». Environmental impact assessment review, 12:315-325.
27 Nos referimos al informe A new model of environmental communication for Europe: from consumption to use of information, elaborado por el Centro de Estudios de Información Ambiental en el año 1999 por encargo de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Aunque pone un énfasis especial en el papel de los medios de comunicación —aspecto esencial pero no abordado en el presente artículo—, muchas de sus reflexiones son igualmente válidas para cualquier tipo de difusión de la información ambiental.
28 No es el propósito del presente artículo repasar la regulación en materia de información ambiental. Por ello, sólo mencionamos que en la Unión Europea la Directiva 90/313/CEE  estableció el derecho de acceso a la información ambiental y que los estados miembros lo han transpuesto, con algunos matices, a su derecho interno. Del mismo modo, la Unión Europea ha querido destacar la importancia de la información ambiental creando un organismo autónomo, la Agencia Europea del Medio Ambiente, que es el encargado de promover que la información ambiental sea una realidad operativa en el conocimiento social y en la toma de decisiones. Finalmente queremos constatar que el esquema comunitario ha sido superado por el Convenio de Aarhus (1998), que propone un modelo de información ambiental más amplio y accesible a todos los ciudadanos europeos.
29 O, si se prefiere, PER.
30 En Cataluña, se publicó en 1999 un primer Informe sobre el estado del medio ambiente en Cataluña, elaborado por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat.
31 O. Tickell (1998) «Dirty secrets». New Scientist, 29 de agosto.
32 F. Sanchis-Moreno (1999) Good practices in access to environmental information. Terra, environmental policy center, Madrid.
33 S. Jasanoff (1999) «Knowledge élites and class war». Nature

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Medio ambiente, derechos humanos y participación
Christian Morrón Lingl
Abogado. Estudio Jurídico Ambiental

El autor propone una nueva concepción del derecho al ambiente que lo considere como un derecho humano. No obstante, su efectividad necesita de la participación popular. En este sentido, coexistirían los derechos subjetivos con otros que defienden unos ciertos ideales pretendidos por la sociedad, definidos a partir de mecanismos y vías de participación popular, y que orientarían la política de diferentes instituciones del Estado

El derecho al medio ambiente: su faceta individual y su entidad colectiva

Es casi un tópico mencionar las generaciones de derechos y repasar su formación y evolución. La última de estas generaciones cabe buscarla en los derechos de solidaridad, que han surgido en el contexto de la denominada era tecnológica y de algunas corrientes sociales como el ecologismo, el feminismo o los nacionalismos. En cualquier caso, uno de los derechos más emblemáticos de esta última generación de derechos de solidaridad es el medio ambiente.
Se podría intentar aportar una definición del derecho al medio ambiente. Pero resulta más pragmático profundizar en los mecanismos jurídicos para hacerlo más efectivo. Una definición única es muy dificultosa. Es más procedente admitir que se trata de una noción multifacética. Así, por ejemplo, el incendio provocado de un bosque afecta al interés de la comunidad, el pirómano demuestra una falta de solidaridad hacia la comunidad. En cambio, los residuos vertidos por una fábrica al lado de un domicilio particular suponen un atentado contra el derecho a una calidad de vida digna de la familia afectada y, por consiguiente, perjudica la vida privada y familiar de unas personas determinadas. Con esto se quiere evidenciar que las múltiples facetas del derecho al medio ambiente, aunque puede concebirse como un derecho autónomo, provocarán que a menudo se manifieste como un derecho conexo a otros. Del mismo modo, la política medioambiental puede adoptar un enfoque autónomo o, al contrario, presentarse como una política conexa o transversal, que impregne el conjunto del resto de políticas. Los poderes públicos siempre han tenido una política en esta materia, al menos como parte de su función de mantenimiento del orden público y una correlativa exigencia de comportamiento cívico hacia los ciudadanos. La mejor política pública es la preventiva, es decir, una política que promueva una sensibilización y un respeto espontáneo del entorno. Sólo cuando la prevención y la espontaneidad de las conductas fallan, se necesita pasar del terreno de la acción política al campo de las medidas legales. Es entonces cuando la simple voluntad política debe dar paso a la articulación jurídica de un derecho al entorno que asegure una reparación efectiva ante los tribunales de justicia.

El derecho al ambiente en el conjunto de los derechos humanos

Las relaciones que surgen entre el derecho a disfrutar de un ambiente sano y otros derechos de naturaleza básica para el hombre pueden tratarse desde diferentes perspectivas y posturas. De este modo, encontramos en la doctrina a aquellos que ven estas relaciones como una fuente de enriquecimiento para los derechos humanos, y también a aquellos otros que afirman que el reconocimiento del derecho a un entorno adecuado genera contradicciones en el grupo de los denominados derechos básicos.
Esta segunda postura parte de considerar que todo derecho nuevo aporta con su presencia no solo deberes, sino también restricciones en las esferas iniciales de actuación de otros derechos. Dentro del bloque de los derechos humanos puede, a su vez, considerarse que determinados derechos serán más sensibles que otros a la irrupción de un nuevo interés protegido. Así, parece que los derechos de carácter social, económico o cultural pueden resultar más “invadidos” por el derecho al entorno que los tradicionales derechos civiles y políticos. Una lista de derechos y libertades afectados en este sentido sería la siguiente:
• La libertad de movimiento, restringida en la medida que el acceso a determinadas áreas protegidas quede prohibido o sometido a autorización.
• La libertad de residencia, afectada por las diferentes normas, protectoras de espacios determinados.
• La libertad de reunión, limitada por las normas de protección contra el ruido.
• El derecho a la igualdad, dado que determinadas medidas de ordenación del territorio pueden introducir desigualdades entre zonas o discriminaciones entre particulares.
• El derecho a la familia, que podría verse condicionado con medidas de política demográfica en vistas de la protección del medio.
• El derecho al desarrollo, que está afectado por las limitaciones que suponen determinadas exigencias medioambientales al crecimiento económico.
• El derecho al trabajo, amenazado por medidas de política medioambiental o resoluciones judiciales que provocan el cierre o el traslado de determinadas instalaciones industriales.
• El derecho a la propiedad, afectado frecuentemente en sus facultades de uso y disposición por normas de inspiración ecológica.
Ahora bien, la perspectiva opuesta es también posible y, probablemente, más acertada. Resulta inevitable que en la compaginación entre los diferentes derechos de la persona y entre los derechos de las diferentes personas, surjan puntos de fricción que, lejos de limitar el alcance de los derechos reconocidos, ayudan a modularlos y orientarlos en un sentido más beneficioso para el conjunto de la colectividad. El hecho de que exista un número creciente de derechos reconocidos como humanos no implica que la libertad del hombre vaya limitándose progresivamente, sino más bien que van encontrándose valores y objetivos comunes a la humanidad, a los que deben acomodarse los viejos derechos, y que se expresan en el ordenamiento jurídico mediante estos nuevos intereses protegidos, como es el caso del derecho al medio ambiente. Recordamos en este punto que el derecho a disponer de un entorno adecuado ha sido definido como un derecho ideológico resaltándose de este modo su función orientadora.
En esta línea, resulta ilustrativa la evolución que ha experimentado el derecho de propiedad desde su concepción clásica liberal hasta la actual, que comprende su innegable función social. Entender esta evolución como un recorte de la libertad de los propietarios sería errar en el análisis, ya que al margen de las libertades que los derechos ofrecen al hombre, debe estudiarse desde una perspectiva de conjunto, y atender hoy en día los beneficios que, mediante nuevos derechos, se han canalizado gracias al reconocimiento de la función social del derecho de propiedad.
Por este motivo, es consecuente reclamar que el advenimiento de un derecho a disponer de un ambiente saludable ha supuesto un enriquecimiento en la concepción habitual de otros derechos de la persona. En este sentido, podemos configurar una lista de derechos en los que los efectos positivos de la protección del medio resultan más evidentes. En esta lista podrían estar incluidos los siguientes derechos:
• El derecho a la igualdad, reforzado considerablemente por la instauración de una ética ecológica que promueve un tratamiento general del problema medioambiental. Este derecho permite soluciones globales a los problemas e iguala las condiciones medioambientales de todos los seres del planeta.
• La libertad de movimiento, que puede verse favorecida por una política de desprivatización de determinadas zonas de interés natural, abiertas, por lo tanto, al acceso de todas las personas.
• El derecho al trabajo, favorecido por la aparición de nuevos puestos laborales en el campo del entorno, así como por la mejora de las condiciones medioambientales de trabajo.
• El derecho a la propiedad, que se beneficia de las normativas medioambientales que tienden a prevenir inmisiones molestas, insalubres o antiestéticas.
• El derecho a la salud, que indudablemente adquiere una mayor dosis de efectividad con el reconocimiento del derecho a disponer de un ambiente sano.
• La libertad de asociación, ampliada a colectivos con objetivos sobre temática medioambiental.
• El derecho a la participación en los asuntos públicos, que debe experimentar una conexión más estrecha con el derecho al ambiente para convertirlo en un derecho más efectivo y asegurar su cumplimiento.
• El derecho a la información, dotado en el medio ambiente de un campo adecuado para su expansión y para su coordinación con el derecho a la participación.
• El  derecho a la educación, de importancia vital para la propia subsistencia de la humanidad.
El reconocimiento por parte de la sociedad de la existencia de un derecho básico a disponer de un ambiente sano y adecuado es, en consecuencia, un dato positivo y un avance en la progresiva concretización de los valores que la humanidad se autoimpone como guía de su futuro. El paso inmediato y necesario consiste en la recepción, por los diferentes ordenamientos vigentes en el mundo, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de este derecho al mismo nivel que otros derechos humanos, y en la instauración de los mecanismos jurídicos precisos para asegurar su efectividad en función del contexto económico y social concreto en el que se aplique.
El derecho a la participación pública

La efectividad del derecho al medio ambiente que debe tener toda persona depende en gran medida del reconocimiento y puesta en práctica del denominado derecho a la participación pública.
El derecho a la participación pública suele vincularse a menudo con la publicidad de los datos medioambientales. Pero es de naturaleza diferente. La participación pública en los procedimientos decisivos sobre materias de repercusión medioambiental cuenta con los siguientes pilares:
• La exigencia democrática.
• El llamamiento a la aportación imaginativa de los grupos de interés.
• La vía de prevención de conflictos sociales.

El principio 10 de la Declaración de Río, sobre medio ambiente y desarrollo, constata:
«La mejor forma de tratar las cuestiones medioambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, al nivel que corresponda. A nivel nacional, toda persona deberá tener un acceso adecuado a toda aquella información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que suponen un peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sostenibilidad y la participación del público poniendo la información a disposición de todas las personas. Deberá proporcionarse el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre los que se encuentra el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.»
Tanto en la normativa europea como en la española, la denominada participación ciudadana en los procedimientos administrativos de repercusión medioambiental es una constante, si bien su ejercicio aún padece déficits.
¿Cuáles son los requisitos básicos para un derecho a la participación efectivo? El factor más destacado será la voluntad inequívoca de los poderes públicos de convertir la protección del entorno en una materia participada por la ciudadanía. Deben darse, además, otros elementos:
– Debe instaurarse una práctica informativa adecuada sobre la materia medioambiental dirigida al cuerpo social. La información fiable, completa y puntual es la mejor entrada para una participación fluida y eficaz. El problema se presenta con frecuencia no solo por la ausencia de información, sino también por la falta de una metodología adecuada para transmitir esta información a la ciudadanía, o para su manipulación, ya sea desde instancias públicas o desde otros sectores privados.
– Debe existir una legislación que prevea claramente la participación y, si es posible, la adecue a la materia medioambiental. Por el contrario, abrir el debate sin tener previsto el procedimiento, puede producir efectos más perjudiciales que su propia existencia.
Es fundamental el reconocimiento de una legitimación suficientemente efectiva tanto en la vía administrativa como en la jurisdiccional para la discusión de los problemas relativos al medio. En este sentido, se trata de reconocer que los intereses medioambientales colectivos se pueden afrontar desde instancias particulares y que su tutela no constituye un monopolio de los poderes públicos.
Tampoco debe olvidarse que la participación también plantea igualmente inconvenientes que pueden ser provocados por una mala concreción o para evidenciar determinadas carencias sociales. Si el modelo de democracia representativa se encuentra en crisis, no es menos cierto que también queda lejos la época de la euforia participativa. Ésta se ha visto últimamente cuestionada por el incremento de la distancia entre la Administración y el ciudadano, así como por las nuevas tendencias centralizadoras que afectan también a la materia medioambiental. Una muestra de esta crisis participativa también podríamos buscarla en el escaso desarrollo que ha experimentado el principio de participación proclamado en la Constitución. Por otro lado, el impuro funcionamiento del sistema, con la presencia de grupos de presión influyentes sobre altos intereses económicos o políticos, no genera sino la pérdida de confianza del ciudadano en sus propias posibilidades participativas.
Es preciso reconocer que, si bien es cierto que en muchas ocasiones los particulares no encuentran una respuesta a sus demandas de participación en los temas medioambientales, no es menos cierto que, a nivel general, la sociedad no acaba de vertebrarse con suficiente claridad alrededor de esta problemática, con la excepción de algunos casos que se mueven por intereses muy concretos. Efectivamente, la respuesta que los particulares han dado a posibilidades abiertas desde la Administración ha sido más bien irregular. De ahí la legitimidad de proclamar que la adecuación de un derecho, como es el de la participación, requiere no únicamente un esfuerzo de los poderes públicos para asumirlo como tal sino también un cambio de determinados comportamientos de una sociedad que se presenta todavía poco comprometida con los problemas públicos.

La participación ciudadana en las funciones medioambientales administrativas

La configuración del derecho al ambiente como un derecho de participación en las cuestiones públicas relacionadas con el entorno se proyecta con una especial intensidad en el ámbito de las tareas realizadas por la Administración. Es preferentemente en el campo de actuación de este poder público donde el derecho a disponer de un ambiente adecuado puede construirse como un derecho de participación ciudadana, siempre que se instauren unas normas y la práctica administrativa necesarias. En primer lugar esto deriva de las funciones cada vez más numerosas y trascendentes que, en relación con el entorno, está obligada a desarrollar la Administración. Por otro lado, no se puede negar que los entes públicos son el poder administrativo con los que el ciudadano mantiene una relación más estrecha y regular. No en vano, la fuente habitual de conflicto medioambiental entre particulares y sujetos públicos es la actuación, activa o pasiva, del poder ejecutivo y de las administraciones públicas.
La actuación ciudadana sobre las funciones administrativas se puede estructurar en tres niveles diferenciados. En primer lugar existe una participación de carácter orgánico cuando el ciudadano se incorpora a los órganos administrativos correspondientes y, por lo tanto, existe una incorporación plena del particular en la Administración. En segundo lugar, se habla de una actuación funcional cuando el particular se relaciona con la Administración desde su propia posición privada, sin producirse, por el contrario, una incorporación a ésta. Por último, nos encontramos ante una participación de tipo cooperativo cuando el ciudadano basa en su actuación privada el camino que la Administración propone para defender el interés general y, en consecuencia, se produce una cooperación voluntaria desde el ejercicio de funciones estrictamente privadas.
Recopilando las diversas manifestaciones de las técnicas de colaboración social hacia las funciones administrativas sobre medio ambiente, se puede configurar el siguiente listado:

Mecanismos de participación orgánica
• Participación en la composición de patronatos y juntas rectoras que colaboran en la gestión de espacios naturales protegidos. La legislación vigente prevé la constitución, como órganos de participación, de un patronato o junta rectora en cada espacio natural. En estos órganos administrativos se encuentran individuos y colectivos particulares afectados de algún modo por la creación de la respectiva zona protegida.
• Participación en la composición de los consejos sectoriales de Medio Ambiente que se pueden crear en los municipios. Así, cualquier ayuntamiento puede articular el establecimiento de consejos sectoriales con la misión de canalizar la participación del vecino y de las asociaciones vecinales en los asuntos municipales. En esta línea se pueden crear consejos sectoriales de Medio Ambiente que, a pesar de disponer únicamente de facultades informativas, pueden incorporar a los colectivos vecinales dedicados parcialmente o exclusivamente a los problemas medioambientales.

Mecanismos de participación funcional
• La información pública. Mediante este trámite, la Administración publica sus proyectos e invita a los ciudadanos a emitir su opinión sobre el tema estudiado. Se trata, probablemente, del mecanismo participativo más extendido y está presente tanto en la elaboración de planes y programas, como en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, o en las concesiones de licencias y autorizaciones. El principal problema de este trámite es conseguir que las propuestas presentadas por los ciudadanos sean contestadas de un modo razonable o con la exposición de motivos pertinente por parte de la Administración sobre la base de los aspectos medioambientales.
• Las peticiones. El ejercicio del derecho de petición también es posible ante el poder ejecutivo y la Administración, individual o colectivamente.
• Iniciativas y sugerencias de particulares, mediante el derecho a la audiencia en la elaboración de disposiciones normativas de carácter general.
• Actuación del ciudadano como coadyuvante de la Administración en los procesos contencioso-administrativos motivados por conflictos medioambientales.
• Denuncias. Su presentación es una vía de participación en relación con la función de policía medioambiental. La efectividad de este mecanismo depende en gran medida, por un lado, de la inactividad administrativa ante la presentación de la denuncia y, por otro lado, de la negativa de la Administración a informar al denunciante del estado de la instrucción y del expediente sancionador correspondiente.
• Encuestas. Mediante este trámite, la Administración recoge la opinión de determinados agentes sociales importantes ante la elaboración de un plan o programa medioambiental.

Mecanismos de participación cooperativa
• Los acuerdos medioambientales o, en otras palabras, el ejercicio consensuado entre la Administración y el ciudadano de potestades administrativas que recaen sobre temas relacionados con la protección del entorno.
• Elaboración de planes y programas medioambientales no vinculantes, sino meramente indicativos para el sector privado.
• El fomento de la Administración medioambiental a los particulares mediante estímulos e incentivos económicos.

La ausencia de restricciones interpretativas en el ejercicio del derecho a la participación y el incremento de los mecanismos participativos mencionados en las cuestiones administrativas relacionadas con el entorno son condiciones indispensables para ayudar a configurar el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y efectivo.

La participación ciudadana ante los tribunales

El tema de la participación ante el poder judicial se centra en la capacidad de los ciudadanos de acceder a los tribunales para que éstos atiendan sus demandas sobre conflictos medioambientales, o, en otras palabras, la legitimación activa del particular o de las asociaciones para defender sus intereses.
Nuestro ordenamiento jurídico reconoce legitimación tanto a los particulares como a las asociaciones y grupos de defensa de los intereses colectivos. Ahora bien, este reconocimiento no es absoluto, sino que está sujeto a una serie de limitaciones.

Ámbito penal
Todos —incluidos las asociaciones y grupos— tienen legitimación o capacidad para instar la persecución penal de los delitos contra el entorno, ya que en materia penal la acción es popular.

Ámbito contencioso-administrativo
Cualquier persona interesada, ya sea titular de derechos subjetivos que puedan resultar afectados por una decisión administrativa o aquella asociación que sea titular de intereses legítimos individuales o colectivos, es decir, que tenga un interés directo, puede solicitar la anulación de un acto administrativo (por ejemplo, el otorgamiento de una licencia, la resolución que determine la improcedencia de una sanción por infracción de normas medioambientales, o el acto que resuelve la reclamación de los afectados por inactividad de competencias públicas medioambientales), tanto en la vía administrativa, como en la vía contencioso-administrativa. Goza de dicho interés directo tanto la administración, que cuenta entre sus finalidades la protección del bien medioambiental afectado por el acto administrativo, como el particular que obtendrá un beneficio apropiable con su anulación, como, por ejemplo, disponer de agua no contaminada o evitar  más lesiones para su salud. Sin un interés apropiable, la mera condición de vecino no otorga ningún tipo de legitimación directa, sin perjuicio de la legitimación indirecta que la normativa de carácter local otorga a cualquier vecino. Como excepción a lo que se ha explicado, en materia de costes y de urbanismo, la acción para exigir el cumplimiento de la legalidad en la vía administrativa y ante los tribunales es pública, sin que se exija ningún interés  adicional.

Ámbito civil
En la vía civil, para solicitar la restauración del medio afectado y, en su caso una indemnización por los daños y perjuicios causados, los particulares deben demostrar la existencia de un daño sobre sus derechos. En cambio, las asociaciones sólo tienen legitimación para demandar por esta vía cuando se solicite el cese de una actividad o la introducción de medidas correctoras, y no pueden exigir indemnizaciones por daños privados ni a otros particulares, ni tampoco a la Administración, puesto que en estos supuestos no basta con ser titular de un interés colectivo, sino que se requiere la titularidad de un bien o derecho perjudicado. Sin embargo, las asociaciones y grupos tampoco pueden exigir indemnizaciones por daños a bienes medioambientales, pues las normas sectoriales actuales determinan que estas indemnizaciones corresponden a la Administración, y no puede entenderse que las asociaciones tengan legitimación para pretender su cobro. Por otro lado, las asociaciones tampoco pueden exigir el coste de la reposición del medio alterado o de prevención del daño.

Epílogo

A pesar del camino que todavía queda por recorrer, la asunción de una nueva concepción del derecho al ambiente en el sentido de considerarlo un derecho humano y que para ser efectivo necesita de la participación popular, constituye una alternativa interesante y necesaria a la situación actual. De este modo, junto con los derechos restantes más inmediatos y concebidos como derechos subjetivos típicos, coexistirían otra serie de intereses protegidos por el ordenamiento jurídico que, reflejando ciertos ideales pretendidos por la sociedad, intentan ser defendidos, especialmente, con mecanismos y vías de participación popular, que tienden tanto a evitar su vulneración como a orientar la política de los diferentes poderes del Estado. Este impulso a la participación social complementaría la legitimación tradicional de la democracia representativa y aportaría posiblemente, una salida a la crisis que, en su vertiente social, vive hoy en día el estado democrático de derecho. •

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La Plataforma Ciudad Global en Manlleu
Ramon Sitjà Domènech
Maestro. Profesor de la Universidad de Vic. Ex alcalde de Manlleu

El Ayuntamiento de Manlleu, gracias al apoyo del programa LIFE de la Comunidad Europea y el asesoramiento del Centro de Estudios de Información Ambiental (CEIA) ha iniciado un innovador programa de tratamiento de las bases de datos municipales. El objetivo es hacer accesible la información al ciudadano e incentivar los procesos de participación en la toma de decisiones del municipio. El ex alcalde de Manlleu, persona clave en el impulso de la iniciativa, explica la experiencia.

La dinámica de futuro en el tratamiento de la información municipal exige la implantación de procesos cada vez más integrados y exhaustivos. Integrar las bases de datos municipales sobre el territorio se está revelando como un modelo indispensable para conseguir la eficacia tanto en la acción administrativa como en el proceso de toma de decisiones.
Hasta el momento, y todavía ocurre en gran medida, cada departamento del Ayuntamiento tiene la información que corresponde a la distribución clásica de los diferentes servicios municipales. Cuando se necesita una determinada información debe solicitarse al departamento correspondiente, y en muchos casos, los técnicos de un área no conocen la existencia de la información de otra área. Cuando se plantea alguna acción sobre desarrollo sostenible que, evidentemente, afecta varias áreas, es difícil disponer de toda la información al mismo tiempo y en un mismo formato.
La propuesta que efectuó el Centro de Estudios de Información Ambiental (CEIA) al Ayuntamiento de Manlleu para la implantación de una experiencia piloto de tratamiento de bases de datos municipales, mediante un sistema de información geográfica, para relacionarlos con aspectos medioambientales en el camino de la sostenibilidad ha sido el resultado del nacimiento de la Plataforma Ciudad Global (PCG).
Con la PCG es posible integrar informaciones de diferentes áreas y servicios municipales de acuerdo con las necesidades del momento y presentarlas con un diseño personalizado. La PCG es fácil de utilizar, ya que funciona con un entorno Windows. Esto es importante, ya que los sistemas de información geográfica (SIG) normalmente son complejos de utilizar y se necesita una preparación técnica muy especializada. Cualquier persona del Ayuntamiento que habitualmente utilice el ordenador como herramienta de trabajo y posea una mínima formación práctica es capaz de utilizar la PCG sin muchas dificultades.
Por otro lado, el fenómeno de las redes ciudadanas ha llegado a Europa hace pocos años, unas iniciadas por universidades, otras por grupos de voluntarios o pequeñas empresas y finalmente también por ayuntamientos, todas con la voluntad de incorporar a los ciudadanos activamente en las funciones de su comunidad.
Las redes ciudadanas con la utilización de Internet permiten visualizar un modelo de sociedad de la información en la que las redes digitales, los contenidos locales, la participación ciudadana y la apertura al mundo son las características definitorias. Es preciso avanzar mucho más en este campo pero es obvio que son una oportunidad para las comunidades locales dentro del mundo digital. La PCG de Manlleu permite, también, funcionar como una red ciudadana local.

La PCG en Manlleu
La Plataforma Ciudad Global (PCG) es un sistema de información interactivo que recoge datos de la realidad y del funcionamiento del municipio en distintos ámbitos (base municipal, la comarca, el medio natural, el medio urbano, la realidad económica, la realidad social y las variables ambientales), los presenta en una base territorial y permite realizar análisis de los mismos. La primera implantación en Manlleu se ha desarrollado para dos tipos de usuarios: para el equipo municipal, técnicos y políticos, responsables de la toma de decisiones y para los ciudadanos en general.
El mismo nombre del sistema, Plataforma Ciudad Global, ya permite explicar su voluntad como plataforma para facilitar el acceso a la información sobre una ciudad o municipio con el objetivo de ofrecer una visión global del mismo, que incorpore todos los aspectos de la vida y la realidad locales.
La PCG es un sistema basado en las nuevas tecnologías de redes electrónicas y de los sistemas de información  geográfica (SIG). Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están poniendo al servicio de la sociedad un conjunto de herramientas, que empiezan a adivinar el potencial que tienen, para proporcionar apoyo a este complejo proceso de comprensión, gestión y dirección de la ciudad hacia modelos de desarrollo sostenibles.
Las nuevas tecnologías están revolucionando el modo de recoger la información, ordenarla, jerarquizarla, presentarla y transmitirla. Los SIG permiten representar la realidad, jugar con ella, diagnosticarla, simular escenarios, etc. Los sistemas de información geográfica facilitan la representación integrada y la comprensión global de la información y permiten detectar interrelaciones entre los sistemas de importancia vital para la gestión de una ciudad con criterios de sostenibilidad. Igualmente el acceso a la información y la participación pública son elementos importantes en este proceso.

Los antecedentes
El Ayuntamiento de Manlleu aprobó en la sesión plenaria de marzo de 1999 el documento Plan de acción local Manlleu Sostenible, denominado también Agenda 21. Con esta aprobación se complementaba toda una fase de estudios y reflexiones con la voluntad de mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de Manlleu siguiendo un modelo de desarrollo sostenible, es decir, aquel que permita desarrollar las capacidades económicas y sociales del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias capacidades.
Este Plan de acción local se basa en el consenso entre la mayor parte de la comunidad local para definir y llevar a cabo las acciones hacia la sostenibilidad –ambiental, social y económica– a largo plazo de Manlleu. A pesar de la aprobación por el Plenario municipal, su fuerza no se basa en la implementación legal, sino voluntaria de toda la comunidad, unida a un proceso de decisión y compromiso público.
El objetivo de la Estrategia Manlleu Sostenible era definir hacia dónde queremos que vaya nuestro municipio pensando en el futuro. Por este motivo, se siguió un proceso, que en Manlleu empezó en 1994, cuya cronología se concreta del siguiente modo:
• Realización de la auditoría ambiental (1994-1996)
• Adhesión a la Carta de Aalborg (mayo 1996)
• Asistencia a la Conferencia de Lisboa (octubre 1996)
• Constitución de la Comisión Agenda 21 Local
• Realización del Foro Ambiental (debate público a partir de la exposición de diferentes temas) (otoño-invierno 1997)
• Constitución de diferentes grupos de trabajo para profundizar en el análisis de cada uno de los temas planteados en el Foro (enero 1998)
• Redacción del borrador del Plan de acción local (Agenda 21) (febrero-junio 1998)
• Presentación pública del borrador del Plan de acción local (17 julio 1998)
• Recogida de enmiendas del PAL (agosto-noviembre 1998)
• Redacción definitiva del PAL (enero-febrero 1999)
• Aprobación definitiva (Pleno marzo 1999)
La auditoría ambiental fue encargada por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona en 1994 a la empresa Coopers & Lybrans. Aparte de los documentos de análisis y diagnósticos de los diferentes aspectos medioambientales, la auditoría planteaba cuatro líneas de trabajo con diferentes objetivos para cada una de ellas. Uno de los objetivos era realizar la Agenda 21 Local.
Simultáneamente el Ayuntamiento había iniciado los trámites para la revisión del Plan general de urbanismo y, creo que acertadamente, se pensó que debían aplazarse hasta la realización de la Agenda 21, ya que si es necesario que los aspectos que pueden motivar que la ciudad avance hacia modelos más sostenibles se concreten en alguna parte es, sin lugar a dudas, en el Plan general de ordenación urbana.
Por ese motivo se constituyó una Comisión para la Agenda 21 Local, presidida por el alcalde con representación de regidores de todos los grupos políticos, con técnicos de diferentes áreas, y con asesores externos: Vicenç Sureda del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona y Salvador Rueda en nombre de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat. La Comisión Agenda 21 era la encargada de diseñar y dirigir todo el proceso de discusión y realización que se denominó Estrategia Manlleu Sostenible. Se nombró a Pere Pous Serrat, director de La Vola, empresa de servicios ambientales sita en Manlleu, como presidente del Foro Manlleu Sostenible.
La realización del Foro Ambiental fue el primer contacto con los ciudadanos, ya que pudieron participar en éste activamente. En la globalidad de las conferencias y debates participaron unas 320 personas y en los 5 grupos de trabajo creados posteriormente, unas 55 personas. También se completó con la colaboración de más de 400 alumnos de las escuelas de Manlleu.
Los debates del Foro Ambiental se dividieron en nueve temas:
• Calidad de vida
• Crecimiento de la ciudad
• Servicios del Ayuntamiento
• Energía y recursos naturales
• Comercio y servicios
• Actividad industrial
• Actividad agrícola y ganadera
• Movilidad y circulación
• Patrimonio natural
Una vez analizados todos los ámbitos, un equipo redactor recogió la información de cada grupo y empezó a elaborar el borrador del Plan de acción local que se presentó públicamente para poder realizar enmiendas. Una vez recogidas éstas, el equipo redactor las presentó para su aprobación por parte del plenario del Ayuntamiento.
Paralelamente al proceso de discusión y redacción de la Agenda 21, se realizaron acciones dirigidas todas a intentar que los temas medioambientales estuvieran presentes en las decisiones políticas y técnicas del Ayuntamiento. Algunas de las más importantes son:
• Adhesión a la Red de Ciudades y Villas hacia la Sostenibilidad, en la que Manlleu tuvo la vicepresidencia en su primera etapa.
• Creación de una incipiente Unidad Técnica de Medio Ambiente, con asesoramiento de la empresa La Vola.
• Programa para acelerar la instalación de gas natural en la población, tal y como recomendaba la auditoría, a causa de los problemas de contaminación atmosférica.
• Campañas de información y divulgación sobre el ozono troposférico.
• Reordenación del modelo de jardinería y formación permanente de los trabajadores de este servicio.
• Nueva orientación al modelo de tratamiento de los márgenes del río Ter en el tramo más urbano.
• Construcción de una desechería y puesta en práctica del Plan piloto de recogida selectiva en el barrio de Vilamirosa, para implementarlo posteriormente en toda la población.
• Constitución del Consorcio Alba-Ter para la redacción de un Plan de ordenación integral en la cuenca del Ter.

El Proyecto de la Plataforma Ciudad Global
El Centro de Estudios de Información Ambiental (CEIA) disponía del proyecto de la PCG gracias al apoyo de un programa LIFE de la Unión Europea. Pensaron que Manlleu, tanto por el número de habitantes, como por la problemática medioambiental, pero sobre todo por las iniciativas llevadas a cabo y por el interés demostrado, podría ser un buen lugar para aplicar el proyecto en fase de prueba.
Fruto de este conjunto de acciones y casualidades se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Manlleu y el CEIA para desarrollar en Manlleu el proyecto piloto de Plataforma Ciudad Global, que con un sistema de información geográfica integrara en un único paquete informatizado una gran cantidad de información local a disposición de políticos y técnicos para una mejor planificación de la población, así como una versión más reducida para uso de todos los ciudadanos a través de Internet. En estos momentos se ha finalizado la primera fase y está en funcionamiento.
Disponer de un Plan de acción local (Agenda 21) en Manlleu, realizado con la participación de los diferentes sectores sociales, es un paso muy importante hacia el camino de la sostenibilidad pero la propuesta del CEIA nos pareció interesante en el sentido de poder disponer de una herramienta potente de planificación y gestión, ya que las administraciones locales nos debemos enfrentar, de un modo decidido, al reto de planificar e implantar políticas municipales que reorienten el desarrollo del municipio hacia la sostenibilidad.
A pesar del acuerdo en los objetivos generales por seguir en lo relativo al desarrollo sostenible, faltan definiciones precisas y cuantificadas del modelo de ciudad que queremos y deseamos.

La organización de la información
La PCG implantada en Manlleu goza en estos momentos de 153 formatos de informaciones sobre el municipio (mapas, tablas, documentos, etc.) organizados en siete ámbitos:
• Base municipal:  Cartografía diversa, callejero, divisiones administrativas, parcelario.
• La comarca: Límites administrativos, agua (red hidrológica, EDAR, calidad del agua, distribución de peces, etc.), climatología, población, relieve, socioeconomía (mercados, población activa), usos del suelo, vegetación y zonas de interés natural, red de comunicaciones y movilidad.
• Medio natural: Estructura y usos del suelo no urbano (parcelario, tipos de cultivos, ubicación de exploraciones ganaderas, cabezas de ganado, actividades extractivas), hábitats naturales y zonas protegidas, relieve, sistema hidrológico, vulnerabilidad del suelo.
• Medio urbano: Crecimiento de la ciudad, edificios, locales y viviendas, espacios públicos y mobiliario urbano, estructura del suelo urbano, movilidad (estudio y plan de movilidad), planificación urbanística, usos del suelo urbano, verde urbano, red viaria y red de instalaciones municipales.
• Realidad económica: Asociacionismo empresarial, características generales de la actividad económica, hábitos de compra, presupuesto municipal, sector primario, sector secundario, sector terciario, sistemas de calidad en la empresa.
• Realidad social: Asociaciones socioculturales, enseñanza, equipamientos y servicios, estructura demográfica y social, estructura socioprofesional, participación y respuesta social, salud y atención sociosanitaria, seguridad ciudadana y viaria.
• Variables ambientales: Acústica, climatología, energía, calidad atmosférica, recursos hídricos y aguas residuales, residuos, datos de la desechería municipal y recogida selectiva.
Con la PCG, los técnicos municipales y los responsables de la toma de decisiones disponen de una herramienta que les permite sobreponer capas de información diversa sobre el municipio (ambiental, social, urbanística, económica, del medio natural, etc.) y les ofrece herramientas de análisis para identificar relaciones de causalidad que de otro modo podrían pasar desapercibidas.
Con la PCG se pueden crear nuevos flujos de información entre los distintos servicios o unidades funcionales del Ayuntamiento y entre ellas y otros organismos externos, favoreciendo de este modo la integración de iniciativas y esfuerzos para la sostenibilidad.
La PCG traduce los conceptos teóricos del medio ambiente en situaciones concretas del entorno ciudadano. De este modo, los temas tratados se dotan, mediante las experiencias personales, de un significado más profundo; se favorece la comprensión del problema; se promueve el debate social, y se facilita su concreción en acciones sociales y el planteamiento de soluciones.
Uno de los aspectos considerados clave para el éxito de la implantación de la PCG en un municipio determinado es la adaptación de la información disponible en dicho municipio a los procedimientos de trabajo del equipo municipal y a las necesidades cambiantes de información.
La PCG no es una herramienta estática, sino que las capacidades van avanzando a medida que se resuelven las limitaciones teóricas y tecnológicas existentes en la actualidad. En este sentido, el despliegue del cable en Cataluña repercutirá muy positivamente en la mejora del acceso y la navegación por Internet, y el progreso de las tecnologías SIG permitirá potenciar la funcionalidad y capacidad analítica de la herramienta. Por otro lado se está trabajando desde diferentes instituciones y universidades en la definición de indicadores que permitan medir el progreso de nuestros municipios hacia la sostenibilidad.

La participación ciudadana
Conseguir que la información disponible en el municipio llegue a sus usuarios y se utilice para diseñar y llevar a cabo acciones que nos acerquen a la sostenibilidad es el objetivo que resume la voluntad comunicativa de la PCG.
Sabemos que la participación ciudadana en todo el proceso de definición de modelo de ciudad, objetivos que deben conseguirse y medidas que deben tomarse es de una importancia capital, puesto que  refuerza la corresponsabilización y el compromiso de los ciudadanos con las políticas municipales.
Ahora bien, para poder participar en ellas de un modo inteligente, constructivo y ágil, los ciudadanos deben tener a su alcance herramientas de información y educación que les permitan adquirir los conocimientos y criterios necesarios, así como espacios de discusión y debate en común de los temas propuestos. La PCG desarrollada en Manlleu es una herramienta que integra el potencial de los SIG y el de Internet y permite acercar la información a los ciudadanos creando espacios públicos de debate.
La Plataforma dispone de una versión más reducida a disposición de todos los ciudadanos mediante Internet (www.manlleu.org) o (www.ictnet.es/terrabit/catala/ciutat/ciutat.htm).
Dicha plataforma tiene un espíritu más divulgador y comunicativo y otorga especial importancia a los aspectos de interactividad y comprensión de la información. La PCG puede actuar como un gran sistema de comunicación entre el Ayuntamiento y los ciudadanos sobre cualquier información del estado del municipio y las acciones que se piensan llevar a cabo. Los ciudadanos pueden debatir estas cuestiones y enviar sus propuestas y opiniones al Ayuntamiento.
La PCG debe desempeñar un papel activo en la nueva sociedad de la información y el conocimiento y puede realizarlo en los siguientes aspectos:
• Información: manteniendo a los ciudadanos, en general, las escuelas y las autoridades al corriente de las oportunidades y los retos que ofrecen las nuevas tecnologías. Información permanente sobre el estado de la ciudad: proyectos, acciones, etc.
• Conocimiento: experimentando con programas educativos y telecomunicaciones para la búsqueda de trabajo.
• Educación: promocionando un uso innovador de las tecnologías de la educación en la escuela y fomentando el concepto del aprendizaje continuo involucrando a toda la ciudad.
• Uso: motivando y enseñando a profesores, administración local y ciudadanos y ciudadanas a utilizar las telecomunicaciones.
• La red ciudadana: un foro permanente para crear diálogo entre los ciudadanos y las autoridades, padres, madres y profesores y más allá, hacia el ciberespacio.
Creo que cuando los ciudadanos empiecen a utilizar la versión de Internet de la PCG y a medida que el Ayuntamiento vaya ampliando los datos que pone a disposición de todas las personas, la PCG servirá también para avanzar un poco más en el grado de democracia municipal. Ofrecer información a los ciudadanos es abrir el Ayuntamiento. A pesar de que alguien pueda pensar que existe una pérdida de poder de los altos cargos y de los políticos municipales, la verdad es que se gana en participación y, seguramente, en ciudadanía democrática.

Proceso de confección de la PCG
Cuando el CEIA planteó el proyecto a los responsables políticos y técnicos municipales poco después observamos que la PCG era mucho más que una herramienta informática. Implicaba una reorganización de la información del municipio y cambios en la forma de trabajar del equipo municipal.
Lo primero que necesitábamos era la instalación de un SIG y el personal necesario para trabajar en él. Esto comprende desde la compra de aparatos adecuados hasta la reorganización de un nuevo servicio, el Servicio de Información Territorial de Manlleu (SITM).
De todos modos es preciso aclarar que un SIG no se compra, sino que se construye. Toda la información que puede facilitar un SIG depende de la información que tenga, de las bases de datos disponibles que se puedan asociar, de la calidad de estas bases de datos y de su contenido.
Es importante reconocer que el esfuerzo e inversión necesarios para crear las bases de datos y tener un SIG funcional y eficiente no son pequeños pero tampoco se requieren inversiones millonarias en equipos sofisticados y programas espectaculares. Es un esfuerzo continuo para aumentar y mejorar los datos almacenados, es una búsqueda constante del modo más eficiente de convertir datos (digitalizar planos, etc.) bajo criterios de calidad y con una normativa estandarizada de los sistemas SIG. Al mismo tiempo requieren una formación constante de todo el personal involucrado, desde los administradores hasta los técnicos.
Una ventaja importante de la que disponían era que el Ayuntamiento de Manlleu, desde hacía unos años, había iniciado un proceso de informatización general. En el momento de iniciar la instalación del SIG ya disponíamos de algunas bases de datos actualizadas importantes: plan de la ciudad totalmente digitalizado, padrón de IBI, IAE y otras elaboradas con sistemas informatizados que permitían traspasarlas al SIG sin muchos problemas.
La introducción de la PCG necesitó, también, no solo la instalación de las herramientas SIG, sino la aceptación y colaboración por parte de los técnicos municipales (secretario, interventor, arquitectos e ingenieros, jefes de área, etc.) que mostraron, desde un principio, predisposición e interés.
La colaboración entre el equipo del CEIA y los técnicos municipales fue imprescindible para conseguir que el proyecto de la PCG se adaptara al territorio y a la información existente. En algunos casos fueron los mismos técnicos municipales los que, ante el potencial de la herramienta, propusieron mejorar algún aspecto de la información existente para poder representarla en forma de mapa y estudiarla conjuntamente con otras informaciones.
Es evidente que con la PCG y los sistemas de información territorial todos los departamentos del Ayuntamiento disponen de información sobre muchos de los aspectos del municipio, hecho que facilita una visión global y la posibilidad de una gestión integral de la población. La PCG permite estudiar conjuntamente datos de ámbitos diversos como el social, el urbanístico, el ambiental, el económico, etc. Este análisis global es muy importante para el estudio de las posibles causas de los problemas ambientales, los efectos de la implantación de las medidas y el diseño de políticas municipales en la línea de la sostenibilidad.
Se basa principalmente en la capacidad de la herramienta para representar la información en el territorio, sobreponer diversas capas de información y analizarlas conjuntamente.
Además de la capacidad de análisis, la PCG permite personalizar la información, editarla y exportarla a otros programas o documentos.
Una cuestión importante es que la PCG y el SIG no implican crear más departamentos en el Ayuntamiento. Ni que estos temas deban quedar circunscritos al área de medio ambiente.
El desarrollo sostenible afecta a todas las áreas municipales y debe ser un eje transversal que implique a la globalidad del Ayuntamiento. Los SIG y la PCG son unas herramientas más en el camino de la implantación de las Agendas 21 Locales. La sostenibilidad es un concepto muy teórico cuyas aplicaciones concretas son difíciles de ver en la práctica. En Manlleu nos pareció que la PCG podría ser una herramienta muy buena para aplicar los principios de sostenibilidad, entendida como proceso a través del cual avanza una ciudad.
Es preciso mencionar que, de todos modos, sin una voluntad política clara y decidida, costará que las inercias y hábitos creados cambien. Estamos en una administración, a la que, a pesar de irse renovando, le costará entrar en modelos de gestión más globales y con visiones de desarrollo sostenible. Se debería ir insistiendo, especialmente a los jefes de área y los técnicos de alto nivel que, con la utilización masiva de medios como la PCG, pueden mejorar mucho su gestión diaria y lo que es más importante, la trascendencia ciudadana en la toma de decisiones de la gestión de la ciudad.

Retos y posibilidades de futuro
Una vez finalizado el desarrollo de la PCG es necesario difundir su conocimiento y fomentar su uso mediante acciones concretas dirigidas a la ciudadanía y a los medios de comunicación.
Estas acciones de promoción y uso de la herramienta deben enmarcarse dentro de una política de comunicación más amplia que asocie la herramienta con los conceptos de innovación social y tecnológica del municipio y ponga de manifiesto la adaptación de la herramienta a las nuevas políticas de sostenibilidad municipal.
La política de comunicación municipal debe incluir medidas que estimulen el debate público, la participación activa y, en definitiva, la corresponsabilización de los ciudadanos en el diseño y la elaboración de políticas municipales orientadas a la sostenibilidad.
Se trata, en definitiva, de dar a conocer una nueva herramienta para una nueva sociedad: la sociedad de la información y la sostenibilidad.
Este conjunto de complejos conceptos que conforman el entorno conceptual de la herramienta debe transmitirse de un modo comprensible, divulgador y atractivo, para que su conocimiento vaya más allá del de un simple  «programa para dibujar mapas».
En este sentido, el Ayuntamiento deberá esforzarse por instalar terminales de Internet en diferentes puntos de la ciudad (edificios públicos, mercado municipal, bibliotecas, pabellones de deportes, piscina municipal, etc.) o incentivar para que desde otras iniciativas se ponga a disposición de la ciudadanía una conexión a la  Plataforma vía Internet (cajas y bancos, escuelas, bares y cafeterías, centros comerciales, etc.) para ir acostumbrando a los ciudadanos a utilizar estas herramientas que les permitan comunicarse con el Ayuntamiento y/o debatir entre todos las cuestiones que nos afecten directamente.
En definitiva, la PCG debe servir para dar apoyo al Ayuntamiento en el desarrollo y aplicación de la Agenda 21 Local y, en general, para diseñar y aplicar políticas orientadas a la sostenibilidad.

Algunas acciones de difusión:
• Implantación de la PCG en todos los servicios municipales, punto de información juvenil, bibliotecas, escuelas e institutos, medios de comunicación locales, centros de cultura, centros cívicos y centros para gente mayor.
• Sesiones de presentación y funcionamiento en todos los servicios, centros o asociaciones que tengan interés.
• Sesiones de información y difusión públicas.
• Organización de experiencias de debate público mediante Internet entre las escuelas.
• Diseño de puntos de información de la PCG situados en espacios públicos concurridos.
• Correo electrónico gratuito para todos los ciudadanos de Manlleu que lo deseen.

El mantenimiento de la Plataforma Ciudad Global:
La PCG dispone de una gran cantidad de información facilitada por fuentes muy diversas que debe ser periódicamente revisada, actualizada e introducida en el sistema.
Esta función de mantenimiento de la información de base es clave para garantizar la calidad de la información incluida en la Plataforma, y su consulta y aprovechamiento. El proceso de actualización y mantenimiento de la información de la base de datos se considera, por lo tanto, un factor determinante para el éxito de la herramienta y debe realizarse de forma continua e ininterrumpida.
El Ayuntamiento de Manlleu estableció un protocolo de la PCG en el que se nombraba al técnico responsable de la herramienta y de las modificaciones que deben instalarse en la base de datos general y también a los responsables de cada departamento del Ayuntamiento encargados de enviar al técnico responsable las modificaciones correspondientes.

El servicio técnico de seguimiento y mejora continua
El CEIA considera que, para garantizar la adecuación de la herramienta a las necesidades cambiantes del equipo municipal y de sus usuarios en general, es necesario realizar un seguimiento constante del uso de la PCG que permita identificar los componentes problemáticos (apartados que deben ampliarse, apartados poco utilizados, nuevas necesidades, etc.) y también iniciar un proceso de mejora continua dirigido a implementar las mejoras tecnológicas detectadas en el seguimiento.

La formación:
Aunque durante el proceso de implantación de la PCG se ha realizado un programa de cursos dirigidos a los miembros del equipo municipal, a los usuarios de la plataforma y a los técnicos responsables de la administración y mantenimiento de la herramienta, es necesario complementar esta formación inicial en el caso de los técnicos que la utilizarán con más asiduidad para mejorar el aprovechamiento de las capacidades de que dispone y los conocimientos teóricos y prácticos con relación a los sistemas de información geográfica, a Internet y a la sostenibilidad en general.

Una herramienta a disposición de todas las personas
La PCG ha sido pensada para que sea reproducible en cualquier municipio pequeño o mediano dentro del entorno europeo. Con este objetivo se ha diseñado una metodología de implantación que asegure la adaptación de la herramienta a la información disponible en cada caso, a los procedimientos de trabajo del equipo municipal y a las necesidades cambiantes de información del municipio.
En consecuencia, disponer de una información insuficiente, poco actualizada o en formatos no digitales, no es, en principio, un factor limitante para la implantación de la PCG. En estos casos, la PCG puede actuar como inductora de un proceso de mejora continua de la calidad y cantidad de la información, concentrando los esfuerzos y recursos en la mejora de aquella información más útil para la gestión del municipio y la toma de decisiones.
Si la sostenibilidad es un proceso inteligente y autoorganizativo que aprende, paso a paso, mientras se desarrolla, la Plataforma Ciudad Global puede ser una de las herramientas que posibilite este aprendizaje y ayude a desarrollar un futuro más sostenible de nuestro territorio. •

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Entrevista a Tomás Rodríguez Villasante
Experto en participación ciudadana y redes sociales. Universidad Complutense de Madrid

Tomás Rodríguez Villasante presume de ser gallego. De joven marchó a Madrid. Allí empezó estudios de Ciencias Físicas pero los avatares de la militancia política, en los bulliciosos años sesenta, le decantaron hacia la licenciatura de Ciencias Políticas. Optó por la sociología urbana y se especializó y participó activamente en los movimientos urbanos de los años sesenta y setenta. En la actualidad, Tomás Rodríguez Villasante compagina la actividad docente con el asesoramiento a distintos municipios en cuestiones relativas a participación ciudadana y metodologías de redes sociales. Autor de varios libros de investigación sobre democracia participativa, es asimismo un experto conocedor de la realidad social de América Latina.

“Las tecnologías, en la medida en que fomenten el debate, impulsarán la participación ciudadana”

- Usted es experto en movimientos sociales, ¿cuándo surgió su interés por el ecologismo?

A mediados de los ochenta coinciden dos fenómenos: por una parte, una cierta crisis de los movimientos sociales urbanos tal y como se habían entendido hasta entonces y, por otra parte, alumbran  una serie de reivindicaciones ecologistas,  por ejemplo, en contra de las centrales nucleares. En ese momento arranca mi interés por el movimiento ecologista. Incluso tomé la decisión de ir a vivir a la sierra de Madrid con mi compañera y mis hijas. Construímos una casa autosuficiente, de piedra, con paneles solares, con aerogenerador.
Recuerdo que por aquel entonces discutía mucho con Mario Gaviria y él siempre me decía: “Tomás, desengañate; los españoles se harán ecologistas por envidia. Si no vivimos muy bien, no se harán ecologistas”. Así que optamos por una vida sana, con energías alternativas pero de calidad. De hecho, mi ex compañera sigue en la sierra y ha convertido la casa al turismo ecológico de calidad. Los clientes son ejecutivos estresados de Madrid.

- Conocida su andadura vital, retomemos su faceta de investigador social. Una pregunta básica para centrarnos:  ¿en qué se diferencia la democracia participativa de la representativa?

La representativa se ejerce mediante el voto, por delegación, cada tres, cuatro o seis años,  según el lugar. ¿Cuáles son sus principales limitaciones? En primer lugar, que el ciudadano tiende a desresponsabilizarse. En segundo lugar, que acostumbra a entrar en conflicto con los movimientos sociales emergentes.
Por su parte, la democracia participativa sería un intento de poner en pie de igualdad la legitimidad de los votos con la legitimidad de las iniciativas sociales. Trata de que aquellos grupos que tienen iniciativas ciudadanas tengan sus canales, su ritos, sus formas de entrar en los procesos de forma normal y habitual.

- Sería, por ejemplo, el caso de la reciente recogida de firmas para pedir al Gobierno español la abolición de la deuda externa…

Así es. La instalación de urnas para pedir la abolición de la deuda externa  ha sido una iniciativa de más de 200 asociaciones del Estado español, que ha contado con unos 25.000 voluntarios y que en un día consiguió un millón de votos favorables. Es un caso ejemplar de participación. Otro sería la típica recogida de firmas o los debates en barrios o municipios para marcar las prioridades del presupuesto. Así como la democracia representativa se identifica con la votación mediante la urna, en la democracia participativa no está consolidado un único mecanismo.

- En la actualidad y en nuestro país, las experiencias de participación destacables son excepcionales. A los ciudadanos  les cuesta participar, acaso porque observan que sus opiniones no influyen realmente en los procesos de decisión. ¿Cree la clase política en la participación?

En nuestro país y durante la transición todo el mundo creía en la participación. Luego vino una etapa de primacía de la tecnocracia, legimitida por el sistema de democracia representativa. Pero se ha tocado techo. En la actualidad, acaso a nivel internacional más que a nivel local, la creencia en el valor de la tecnocracia está cambiando a toda velocidad. Y el cambio proviene de la empresa: de repente las grandes empresas se han dado cuenta de que la gente produce más cuando se siente partícipe. La pregunta que se plantean las organizaciones es qué hacer para motivar, implicar a los trabajadores.

- ¿Los políticos han reaccionado tarde?

La paradoja es que algunos investigadores sociales están teorizando desde la empresa un fenómeno que la empresa ha teorizado desde los movimientos sociales. Las organizaciones empresariales empezaron a trabajar en ello cuando había una huelga; hoy impulsan sistemas participativos de negociación con los sindicatos.
Los ayuntamientos han observado estas iniciativas de las empresas y deciden también hacerlo. Por ejemplo, los planes estratégicos de ciudad son una copia de los planes estratégicos de las empresas La pregunta es por qué en España las instituciones públicas no aprenden directamente de los movimientos sociales.  En el caso de algunos países de América Latina, las cosas son distintas:  los mismos movimientos sociales que engrosaron los procesos contra las dictaduras han pasado a formas muy directas de participación en los municipios, sin la ruptura que existió en España.

- Para las jóvenes generaciones de nuestro país, la lucha contra la dictadura suena a música celestial; entienden la participación de otra manera…

En la actualidad emerge una generación a la que le queda lejísimos la lucha  contra la dictadura y que entiende la participación de otra manera. Son los movimientos de solidaridad con el Tercer Mundo, los temas ecológicos, el feminismo, los okupas... Rondan la veintena y son los hijos de quienes lucharon contra la dictadura. Nada tienen que ver con la generación intermedia, aquellos que ya han superado la treintena.
La pregunta es cuánto tiempo va a tardar esta generación en madurar y construir su propia experiencia. Son los hijos de quienes en los años 70 armábamos broncas en las calles; ellos empezaron discutiendo con nosotros y después han salido a la calle. No hay que olvidar que es la última gran generación en número, después la curva demográfica desciende.

- Son la generación del teléfono móvil…

Todos con el móvil, todos conectados. Esta generación se caracteriza por tres cosas muy interesantes: dominan el inglés, dominan las nuevas tecnologías –el novio de mi hija es un físico que domina de forma sorprendente los ordenadores y participa en una organización no gubernamental-, y han viajado por todo el mundo. Cuentan con una  información detallada de lo que pasa en todo el mundo.  Nosotros eramos unos absolutos localistas, en buena parte porque no podías salir al extranjero: no había dinero, ni medios. En cambio, algunos de ellos han estado en Chiapas y tienen contactos en todo el mundo. Por supuesto, el retrato no es uniforme. En todas las generaciones hay jóvenes más progresistas y otros más conservadores.

- ¿Qué opción política apoyaron el millón y medio de nuevos votantes que se incorporaron en las últimas elecciones generales del mes de marzo?

Habría que analizarlo con detalle pero el PP se ha llevado algo así como medio millón; hay otro millón que habría que saber dónde ha ido. No creo que fuera a la izquierda. Algunos se han incorporado a la lucha por la abolición de la deuda externa, otros han votado al PP y muchos han optado por la abstención. En cualquier caso, sería muy interesante analizar y saber que está pensando esta generación.

- La abstención  -con matices y según el tipo de elecciones-  aumenta desde el año 1976...

Es así pero los fenómenos de abstención son complejos. Por ejemplo, en las elecciones generales del 1996, en las que votó tanta gente, todas las encuestas mostraban una gran falta de credibilidad de los políticos. Una consecuencia lógica hubiera sido una altísima abstención pero los ciudadanos acudieron a las urnas para dar un gran voto de castigo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Votaron a la contra. Es cierto, no obstante, que el desencanto hacia la política influye en los procesos de participación.

- Vista la situación en España, ¿Qué ejemplos de participación ciudadana destacaría en el mundo?

Destacaría tres. Villa El Salvador, una comunidad al sur de Lima (Perú) autogestionada desde el año 1970. Son nada menos que 300.000 personas. Empezaron construyendo chabolas y hoy viven muy dignamente. En la comunidad destaca un español, Mikel Azkueta,  que ha sido alcalde del lugar. Es un caso paradigmático para responder a la pregunta: ¿cómo salir de la pobreza en un país del Tercer Mundo? En Perú, la izquierda tradicional se ha hundido estrepitosamente pero los movimientos sociales urbanos tienen más peso que nunca.

- ¿El segundo caso?

Porto Alegre, un ejemplo para las economías medias. En esta ciudad brasileña,  el presupuesto municipal se discute por barrios. Existen asimismo cinco asambleas de la ciudad, organizadas por ejes temáticos. Los partidos políticos no pueden asistir; las prioridades las marcan los ciudadanos. La ciudad es una maravilla. Por ejemplo, todos los sábados  se celebra una feria de productos biológicos que reúne a agricultores, cooperativistas… Ocupan una rambla de más de doscientos metros.
La ciudad apuesta por una agricultura sostenible y la apoya con el presupuesto. Asimismo, tiene toda una política bien definida de cara a las transnacionales. En tanto que es una de las zonas más prósperas y que recauda más impuestos de Brasil, si una empresa transnacional quiere  instalarse se le dice: “un momento, ésta es la parte de Brasil que gobierna la izquierda. Aquí ponemos las condiciones nosotros”. Unas aceptan, otras no. Porto Alegre es uno de los laboratorios políticos de América Latina y el caso más interesante de democracia participativa.

- ¿De qué signo es el Gobierno?

Es el Partido de los Trabajadores, una amalgama de cristianos progresistas y algunos grupos marxistas en crisis. Agrupa desde troskistas hasta socialdemócratas. Lleva diez años al frente de Porto Alegre, una ciudad con 1,3 millones de habitantes,  y en cada elección aumenta el número de votos. El grupo que hace esto en lugar de perder, aumenta votos. También ha ganado las últimas elecciones del Estado, que tiene diez millones de habitantes.

- Otra experiencia conocida de Brasil es Curitiba…

Curitiba funciona muy bien como experiencia tecnocrática y además ha realizado muy buen marketing: “capital ecológica do Brasil”. Curitiba es un caso similar al de Barcelona. La ciudad está bien diseñada pero los ciudadanos no acaban de participar. En los últimos meses, varios concejales del Ayuntamiento de Barcelona y también la alcaldesa de Rubí han visitado Porto Alegre para conocer su experiencia. Es el lugar donde los movimientos sociales están más implicados con el presente y el futuro de la urbe.

- ¿Y el tercer caso?

Es un ejemplo para ricos: la ciudad estadounidense de Seattle y su Agenda 21. Cuenta con un Foro Cívico similar al de Barcelona. Es el modelo para las ciudades del mundo rico.

- Uno tiene la sensación de que para que acontezca un proceso de participación en determinado municipio han de darse una serie de coincidencias y un entorno muy favorable ¿Qué papel  tienen y pueden llegar a tener las tecnologías de la información, con Internet como punta de lanza, en la catalización de procesos de participación?

Por una parte,  observo muchas dificultades y, por otro, muchas oportunidades.  Hay trampas en las que se podría caer y cosas muy interesantes. Si se entiende que un referéndum permanente son consolas repartidas por las calles o las casas, llamadas telefónicas o sondeos rápidos, entonces  nada tiene que ver con la democracia directa y participativa. La democracia es debate, no consulta; la consulta es el último momento del debate. Una consulta muy rápida, sin debate, no es democracia.

- Pero un debate de calidad sólo es posible si todos los participantes disponen de información sustancial. Desde esta perspectiva estamos algo retrasados: resulta más fácil conocer la información ambiental de Estados Unidos que de España.

El acceso a la información es una mediación. Si sobre el tema de las centrales nucleares o sobre la pena de muerte hay un debate de cuatro listos y a la mañana siguiente preguntan, la consulta va a estar muy condicionada.  Por tanto, las tecnologías no han de ser tanto herramientas de consulta como catalizadoras del debate. En la medida que favorezcan el debate, Internet y las nuevas tecnologías van impulsar mucho la participación.
Algunos movimientos sociales han entendido muy bien las posibilidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar el intercambio de información. Cuando se ha celebrado una cumbre mundial, fuera de la Pekín sobre las mujeres o las de Estambul sobre asentamientos urbanos, estos movimientos han utilizado la red para organizar una cumbre paralela no oficial. Estos grupos ambientales están adquiriendo un gran protagonismo social. Quienes están contestando las políticas al Banco Mundial, a las grandes corporaciones son grupos ambientales de defensa de los árboles en India o grupos indígenas en América Latina. También destacan los grupos de jóvenes que, de un día para otro, crean una red a través de Internet para una reivindicación muy concreta, como ha sido el caso del movimiento por la condonación de la deuda externa. Estas son las experiencias positivas en el uso de las tecnologías de la información. La negativas serían la sobreconsulta, que puede llegar a cansar a la gente.

- ¿Cómo ve la evolución del movimiento ambiental en España?

Hay cuestiones generacionales importantes. Hay un grupo que ronda los 50 años que se ha dividido en dos. Aquellos que se han incorporado a la Administración y allí se han diluido o han progresado mucho. Otros se han reagrupado en torno a grupos como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra… En la actualidad acontece un cierto reagrupamiento  y han quedado atrás aquellas famosas polémicas entre los pajaritólogos y los ultrarradicales. Es una cambio sano y sensato. Hay más pragmatismo: podría decirse que los Verdes han madurado.
La generación siguiente, que tiene entre 30-40 años, está poco organizada, muy despistada. No olvidemos que ha tenido que lidiar con el PSOE. Han comprobado que hay una especie de “ecologismo light” que encarnan personas del Partido Popular como Ruíz Gallardón.  En esta generación el movimiento está fragmentado, sin estrategias claras y muy pendiente de la subvención.
Las siguiente generación se organiza en pequeños grupos de jóvenes que rondan los 20 años, y que están recuperando de nuevo experiencias y un espíritu alternativo. Deciden instalarse en zonas rurales, establecer cadenas de productos biológicos que distribuyen por canales informales. No quieren cambiar el mundo sino su mundo. Tienen unas buenas condiciones para atreverse a ello. Han crecido al amparo del Estado del Bienestar, saben que difícilmente tendrán un trabajo fijo pero subsisten con trabajos temporales. Saben que no les va a faltar nada básico y tienen seguridad y confianza para experimentar. Dominan Internet, viajan, saben que se hace en cualquier rincón del mundo. Una característica importante es que han reducido enormemente sus expectativas de consumo. Optan voluntariamente por una vida simple y son anticonsumistas militantes. No les interesa que pasó en la transición, para ellos es una batallita de sus padres. Piensan en su propia vida y en que va a pasar con los de 15 años, la generación que les sigue.

- ¿Tiene algo en común la diversidad de movimientos que agrupan a los jóvenes de esta generación?

Si uno sigue la pista de movimientos como el okupa –que por cierto no resulta nada fácil- y el 0,7% hay algunas pautas que son comunes. Defienden la recuperación de la vivienda, discuten de problemas globales como la huella ecológica o la deuda externa. No sé que dará de sí esta generación pero yo confío mucho en ellos. Funcionan con otras claves y con otro lenguaje. Tienen una gran frustación respecto al mercado laboral y sus  sistemas de participación están muy alejados de los hegemónicos.

- En varias localidades españolas hay en marcha procesos de participación. ¿No va a resultar muy difícil que se implique la generación de veinte años? ¿No lo ven como una historia de sus mayores?

Dependerá de cómo se haga. Hace unos días, un estudiante me preguntaba cuánto hay de artificial por parte de los políticos a la hora de impulsar estas prácticas, cuánto para frenar la abstención y cuánto de poder de decisión real de los ciudadanos. La pregunta es difícil pero una cosa está clara: el sistema actual ha tocado techo y estas prácticas, en un período más o menos largo,  van a consolidarse. La conclusión es que hay que participar.

- Las críticas a los procesos de participación son habituales. Se dice que hace muy lenta la toma de decisiones. ¿Está de acuerdo con la crítica?

Cuando hablamos de participación hay que matizar. Una cosa es intentar llegar a consensos y otra es recoger las iniciativas que existen. Si uno consigue recoger iniciativas creativas no pierde el tiempo. Si uno llega a consensos sin recoger iniciativas creativas, sin reflejar la diversidad, entonces se desemboca en la mediocridad. La clave está en la técnica que se utilice: si se hace desde arriba a abajo o se contacta realmente con los dirigentes sociales. Es una cuestión metodológica en la que precisamente estoy trabajando.

- ¿En qué consiste?

Se trata de hacer aflorar las ideas creativas. A los políticos tradicionales, les da más miedo el mitin que la creatividad. Por ello utilizamos metodologías en las que se trabaja con grupos reducidos, de tal manera que se evita la confrontación frontal y se recoje la mayor diversidad de opiniones posibles. Nos planteamos cómo hacer llegar las iniciativas de la gente que nunca habla en las asambleas. Queremos que hablen los jóvenes, que hablen las mujeres, que hablen aquellos que no saben hablar. Esto es la participación. Ahora estoy trabajando mucho con talleres para que aflore la creatividad social. Una línea es diseñar sociogramas, que son una especie de mapeo de las iniciativas sociales creativas. Permiten darse cuenta de la gran cantidad de grupos y grupúsculos que existen en una comunidad. Se inspira en la biología: así  como la biodiversidad es la fuente de la vida, la etnodiversidad es la fuente de la creatividad social. Queremos responder a preguntas como: ¿de dónde salen las ideas creativas socialmente hablando? ¿cómo se construyen? Los sectores progresistas tendríamos que estar levantando todo lo que hay, no preocuparnos tanto del líder sino de lo que está pasando por debajo.  Hay que lograr que emerja la creatividad social. •
 Normativa ambiental

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Normativa ambiental

La información ambiental: condición democrática
Ignasi Doñate Sanglas
Abogado experto en cuestiones ambientales

1. Introducción

El derecho a la información es un pilar fundamental de la cultura democrática, una cultura  que promueve por definición la participación del ciudadano en la gestión de los asuntos públicos y, a su vez, una participación que comporta el derecho del ciudadano a opinar y que se ejerce contribuyendo a la formulación de la decisión pública sobre los diferentes aspectos o realidades de la vida colectiva.

¿El derecho del ciudadano a la información o el deber de informar de la administración?  Lo cierto es que los textos legales adoptan preferentemente la formulación del derecho, e inciden más en el derecho que en el deber. Así pues, el artículo 105.b) de la Constitución española de 1978, al tratar en el Título IV del Gobierno y la administración, dispone que se regulará por ley «el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que...». Esta regulación por disposición constitucional no debería ser sencilla, ya que, de hecho, no llegó hasta 14 años más tarde con la Ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento común.  La libertad de información ambiental también se formuló como derecho, por primera vez, mediante la Directiva 90/313/CEE. También en este caso la administración española reaccionó lentamente puesto que cumplida la fecha límite de transposición de la Directiva -1 de enero de 1993- no se dictó la normativa correspondiente hasta el día 12 de diciembre del año 1995, con la Ley 38/1995 de derecho a la información en materia de medio ambiente.
Como recordaba Mahatma Ghandi,  aludiendo a su madre, «no existen derechos sin deberes».  Del mismo modo, al derecho a la información del ciudadano corresponde el deber de informar de los gestores públicos, institucionales y privados. El retraso en legislar el derecho a la información en España no aporta nada a favor de la voluntad de la administración de cumplir el derecho específico de informar, como tampoco aporta nada a favor del ejercicio activo por parte de la ciudadanía de su derecho a estar informada. Tanto el derecho de información como el derecho de informar son fórmulas complementarias que van estrechamente unidas.  La voluntad de ser informado va relacionada, a menudo y directamente, con la voluntad de informar, hecho que provoca que muchas veces es difícil saber a quién atribuir la responsabilidad de una situación de desinformación: ya sea al ciudadano o al que tiene el deber de informar. Aún así la mayor parte de la responsabilidad de una ciudadanía desinformada es lo poco que valoran las administraciones su deber de informar, y cargan al ciudadano con la responsabilidad de su desinformación alegando la falta del ejercicio del derecho a ser informado.
El derecho pasivo a ser informado y el derecho activo a estar informado. El derecho de informar que corresponde a la administración y a los entes privados que gestionan servicios de carácter público, mediante la publicación de los datos que obtienen y la transparencia de los expedientes que gestionan. Cuatro aspectos que se condicionan en un mismo proceso de información, cuatro realidades que deberían ir juntas mediante su fomento y desarrollo, unas desde el ámbito privado, otras desde los ámbitos públicos.

2. El derecho a la información, en general

El derecho a la información se sitúa en el primer plano de la configuración del modelo democrático. Sin un buen nivel de información de la ciudadanía, es impensable la mínima participación democrática. Una ciudadanía desinformada no es sino una ciudadanía sometida a la manipulación por parte de los propietarios de la información. Y al contrario, una ciudadanía objetivamente informada  es garantía de participación, de buen gobierno y de normalidad democrática. Por lo tanto, la promulgación del derecho a la información y su real implantación puede ser un termómetro fiable de la mucha, o la poca, fiebre democrática de cada una de las diferentes colectividades.
En España, después de la previsión constitucional, el derecho a la información en general inició el proceso de regulación mediante el artículo 37 de la Ley 30/92, que regula el derecho de acceso a archivos y registros, un derecho que tiene como objetivo permitir que el ciudadano acceda a registros y a expedientes administrativos acabados, pero limitando el acceso cuando la documentación contenga datos referentes a la intimidad de las personas o cuando, siendo nominativos, la persona demandante de información no acredite un interés legítimo y directo. En referencia a la intimidad y a la privacidad, debe mencionarse la Ley orgánica 15/1999, de 29 de octubre, de protección de datos de carácter personal que define el ámbito de los datos que deben considerarse personales. La innumerable casuística de los expedientes administrativos provoca que el derecho, tal como está reconocido, esté formulado con términos demasiado genéricos, lo que posibilita una denegación indebida de la información o la aplicación de un concepto muy estricto para los documentos que formen parte de un expediente.
No obstante, el derecho al acceso a los expedientes queda en entredicho en materias  que hagan referencia a las actuaciones de los gobiernos estatales o autonómicos, a la defensa o seguridad del Estado, a la investigación de delitos y cuando este derecho pueda poner en peligro los derechos y libertades de terceros, así como los que hacen referencia al secreto industrial o comercial y a la política monetaria.
En relación con la publicidad de los documentos que poseen las administraciones y que por su contenido pueden afectar a la colectividad en su conjunto o los que puedan ser objeto de consulta por parte de los particulares, el mismo apartado 9 del artículo 37 de la Ley 30/92 dispone que estos documentos serán objeto de publicación. A pesar de la necesaria generalidad de los términos utilizados, aparte de introducir una cierta obligación de publicar los documentos de interés general, es significativo remarcar la diferencia importante de matiz entre el derecho a acceder a los registros o la obligación de publicar datos de interés general. Como mencionaba en el apartado anterior, subordinar el ejercicio del derecho a la información a la voluntad individual de los ciudadanos a ser informados, es cargar la responsabilidad a los ciudadanos, inhibiéndose la administración pública de su derecho democrático a informar a la ciudadanía con el fin de que ésta pueda opinar y decidir en la medida de su participación en la toma de decisiones. En este sentido, el derecho a la información todavía tiene un largo camino por recorrer, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de reglamentar la obligación de las administraciones de publicar los datos que interesan y condicionan la vida de la colectividad.
El derecho a la información en general es la base jurídica del derecho más particular a la información ambiental. De este modo, aparecen menos conflictos en el momento de decidir cuándo es preceptivo ofrecer una información ambiental si previamente la legislación desarrolla, en consecuencia, el derecho a la información en general.

3. El derecho a la información ambiental

El derecho genérico a la información ambiental es compatible y acumulativo con los derechos específicos a obtener información en audiencias y entrevistas públicas como son las previstas en el proceso de Evaluación del Impacto Ambiental, en los Planes de Emergencia Exterior y en el caso de accidentes mayores (Directiva Seveso 82/501/CEE) o en el caso de las declaraciones que deben formularse con motivo de las ecoauditorías.

3.1. La primera formulación de la Directiva 30/313
Para dinamizar el derecho a la información de los ciudadanos europeos, el Consejo aprobó la Directiva 90/313 sobre el Derecho a la Información Medioambiental con el fin de que, en cada estado miembro de la UE, quedase garantizada la libertad de acceso a la información ambiental y la difusión de la información de que disponen las autoridades públicas.
De acuerdo con la Directiva, los estados miembros deben establecer las condiciones para acceder a dicha información, que podrá hacer referencia a cualquiera de los sectores ambientales:  las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora, las tierras y los espacios naturales, así como a las actividades y a las medidas que les afecten: las destinadas a su protección, las medidas administrativas y los programas de gestión del medio ambiente.
El ejercicio del derecho comporta la obligación de todas las autoridades a informar, con excepción de las que actúen en el estricto ejercicio de poderes judiciales o legislativos. La información debe proporcionarse sin que la persona que la solicita se vea obligada a justificar que tiene un interés específico o directo en aquella temática.
La Directiva permite que los estados miembros puedan establecer disposiciones que les permitan denegar esta información si ésta puede afectar a:
• la confidencialidad de las deliberaciones públicas, de las relaciones internacionales y de la defensa nacional.
• la seguridad pública.
• los asuntos sub iudice o que hayan sido o que puedan ser objeto de investigación.
• los secretos comerciales o industriales, incluida la propiedad intelectual.
• la confidencialidad de datos o expedientes personales.
• los datos proporcionados por un tercero sin que éste esté obligado a facilitarlos.
• los datos cuya divulgación pudiera perjudicar al medio ambiente afectado.
• y, en general, se podrá denegar información que comporte la presentación de documentos o datos inacabados, de comunicaciones internas o cuando la solicitud sea manifiestamente abusiva o esté formulada de forma demasiado general.
En los casos en los que se niegue una información ambiental, la Directiva dispone que las autoridades deben notificar la negativa en el plazo máximo de dos meses y deberán explicar los motivos que justifiquen la denegación. Así pues, estas negativas, en la medida en que son actos administrativos, deben poder ser reconocidas administrativamente.

3.2.- La transposición española del derecho a la información ambiental
El legislador español fue reticente a transponer la Directiva europea, argumentando los requisitos de la Comisión Europea que las garantías establecidas en la Ley 30/92 eran suficientes para satisfacer las directrices comunitarias de protección del derecho a la información ambiental. Esta justificación no fue admitida por las instancias europeas, lo que condujo a España a aprobar la Ley 38/95, de 12 de diciembre  (BOE nº 297, de 13/12/95),  modificada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre,  de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
El derecho a la información ambiental, reconocido con carácter general, se restringe legalmente a los ciudadanos del Espacio Económico Europeo y a los nacionales de los estados que reconozcan el mismo derecho a los ciudadanos españoles. Con todo, esta disposición no se aplica estrictamente porque no existen razones ambientales que justifiquen no proporcionar información ambiental a un transeúnte o a un mero turista, tal como se deduce de la interpretación de la Directiva.
Pero el derecho a la información se reconoce ante las administraciones pero no, en cambio, ante los entes privados, con excepción de los que ostentan responsabilidades de carácter público bajo el control de la autoridad competente. Esta limitación del derecho a la información crece día a día hasta llegar a hipotecar frontalmente el derecho. El proceso creciente de liberalización de los servicios y de las actividades públicas mediante su asunción por parte de las entidades privadas provoca que, progresivamente, buena parte de la información ambiental de las actividades relacionadas con el medio ambiente esté en poder de los entes privados a quienes se les ha adjudicado.  En este campo sería necesario garantizar que el ejercicio del derecho a la información fuera directo, de modo que el ciudadano se pudiera dirigir directamente al ente privado sin verse obligado a solicitar información a la administración, que a su vez deberá pedir información al ente privado, a pesar de las cláusulas administrativas que pueda haber suscrito, en el sentido de comprometerse a facilitar la información correspondiente a la administración.
Otra posible barrera en el derecho a la información ambiental es la exigencia no suficientemente concretada de un precio para obtenerla. La falta de regulación general del precio público que se puede cobrar por la información ambiental provoca que algunas administraciones autonómicas estipulen como límite el precio del soporte de la información. En este punto la Ley 55/99 ha modificado el apartado 2 del artículo 5 de la Ley 38/95, estableciendo que la aportación de la información ambiental dará lugar a contraprestaciones económicas que deben fijarse de acuerdo con la normativa sobre tasas y precios públicos, sin que puedan exceder un precio razonable.
A pesar de todo, es posible que la  conculcación más general del derecho a la información se deba a la simple falta de respuesta de la administración a las peticiones de información de los ciudadanos o, lo que es lo mismo, no contestar en el plazo adecuado o prescrito por la ley. De acuerdo con la Ley 38/95, la información ambiental debe facilitarse en el plazo máximo de dos meses tras haberse presentado la solicitud. En caso de denegarse la información, la administración deberá indicar los motivos y el administrado podrá interponer el recurso ordinario administrativo en el plazo de un mes. Aún así, el plazo de dos meses se considera excesivo; en otros países los plazos son más cortos y la tendencia es prescribir la necesidad de un plazo máximo más adecuado a las necesidades de una información operativa y práctica.

3.3.- En la perspectiva del Convenio de Aarhus
El Comisario Europeo para el Medio Ambiente participó en la 4ª Conferencia Ministerial del Proceso Medioambiental para Europa que se celebró en Aarhus (Dinamarca) entre el 23 y el 25 de junio de 1998. En la Conferencia estuvieron presentes representantes de 55 países, las organizaciones financieras internacionales más representativas, organizaciones no gubernamentales y otras entidades ambientales especialmente interesadas. Entre otros temas, en la Conferencia se trató la conveniencia de avanzar en el proceso de información de la ciudadanía mediante la firma del Convenio de la Comisión Económica para la Europa de las Naciones (CEPE/ONU) sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en temas ambientales, con la clara voluntad de proponer su firma a los ministros de los miembros de la Unión Europea.
El Proceso Medioambiental para Europa se encamina oficialmente a fomentar una creciente cooperación ambiental con los países del centro y del este de Europa, con la voluntad de llegar a constituir una plataforma para el desarrollo de procesos comunes para la gestión ambiental en el continente.
La Unión Europea ha ayudado a instaurar este proceso en el que ha sido un artífice clave en su evolución hasta este momento. En esta misma línea, la Agencia Ambiental Europea apoya el Proceso Medioambiental para Europa mediante la aportación de información ambiental y, en el marco de la conferencia, se presentó un informe en el que se defiende la necesidad de un refuerzo de la legislación ambiental y la conveniencia de mejorar la aplicación de esta legislación. O sea, la necesidad de que las medidas legislativas sean complementadas por la integración de las exigencias y de la consciencia ambiental en todas las áreas de decisiones políticas y financieras de los programas sectoriales tales como el transporte, la energía y la agricultura.
La Comisión Europea defiende actualmente que la Agencia Ambiental Europea tiene un papel trascendental en el proceso de recoger y analizar los datos ambientales. Los creadores de programas necesitan este servicio y la Agencia está en la mejor disposición para realizarlo. También conviene asegurar que los países europeos del Este se puedan beneficiar de dicho servicio de la Agencia. En este sentido, el Comisario Europeo solicitó a los países que desean ingresar en la Unión Europea que pidan expresamente su ingreso en la Agencia.
La Comisión Europea recibió positivamente el Convenio calificándolo como un paso positivo importante en el proceso para reforzar y mejorar los derechos ambientales de los ciudadanos. Por primera vez en un instrumento jurídico internacional, el Convenio incorporaba a las instituciones de la Unión Europea que se equiparan, en este sentido, a las autoridades estatales o locales.  Este hecho debe ser indudablemente reconocido como un mayor desarrollo político y legal que corresponde al papel desempeñado por las instituciones de la Unión Europea en el desarrollo del programa ambiental.
El Convenio, que todavía debe firmar la Comunidad Europea y que se elaboró a lo largo de los años 1996 y 1998 con la presencia de observadores de diferentes ONG, pretende sensibilizar a los ciudadanos ante los problemas ambientales, favoreciendo el acceso a la información y una mayor participación pública en el proceso de toma de decisiones. El proceso legislativo ambiental y el aumento de su eficacia, así como el reparto de responsabilidades entre los diferentes agentes implicados, comportan una mayor sensibilización de la opinión pública ante los problemas ambientales con la finalidad de contribuir  a la protección del derecho de todos los individuos de las generaciones actuales y futuras a vivir en un entorno adecuado para la salud y el bienestar.
Para alcanzar este objetivo, el Convenio dispone una intervención en tres direcciones:
a) desarrollar el acceso de los ciudadanos a las informaciones de que disponen las autoridades públicas.
b) favorecer la participación pública en la toma de decisiones que tengan repercusiones sobre el ambiente.
c) ampliar las condiciones de acceso a la justicia.
Las partes del Convenio acuerdan trabajar en estas direcciones y, como consecuencia, se comprometen a:
• adoptar las medidas legales, reglamentarias o las que sean necesarias;
• permitir que los funcionarios y las autoridades públicas ayuden a los ciudadanos en el proceso de facilitar información ambiental;
• fomentar la educación ecológica de los ciudadanos y sensibilizarlos en relación con los problemas relativos al medio ambiente;
• reconocer y apoyar a las asociaciones, grupos u organismos que tengan como objetivo la protección del medio.
El Convenio reúne derechos y obligaciones específicas relativos al plazo de transmisión de la información, que deberá ser de un mes. A su vez, se matizan los motivos que pueden alegar las autoridades públicas para denegar el acceso a determinadas informaciones y de ese modo restringir en la medida de lo posible esta práctica. La denegación de la información se admite, naturalmente,  cuando la autoridad no dispone de la información, pero también cuando la petición es claramente abusiva o se formula de un modo demasiado genérico o cuando la petición se refiere a documentos todavía en proceso de elaboración. La denegación de una solicitud también será admisible para proteger el secreto de las deliberaciones de las autoridades públicas, la defensa nacional, la seguridad pública, el correcto funcionamiento de la justicia, así como para respetar el secreto comercial o industrial, los derechos de propiedad intelectual o el carácter confidencial de la información. El objetivo del Convenio es que estos motivos de denegación deben interpretarse de un modo restrictivo y deben tener en cuenta el interés público que representa la difusión general de la información. En cualquier caso, la denegación debe ser motivada y debe indicar las vías de recurso de que dispone el solicitante.
Para la difusión de la información las autoridades públicas deben tener actualizadas las informaciones de que disponen. Con este objetivo deben crear listas, registros y ficheros accesibles para el público. En este sentido es preciso fomentar la utilización de bases de datos electrónicas que incluyan informes sobre la situación del medio ambiente, la legislación, los planes o programas nacionales y los convenios internacionales.
El Convenio destina una segunda parte a la participación pública en la adopción de decisiones. Es necesario garantizar esta participación en el procedimiento de autorización de determinadas actividades específicas que se enumeran en el Convenio, principalmente de carácter industrial. El resultado de esta participación debe tenerse en cuenta en la decisión final que se adopte.
En el proceso de toma de decisiones debe informarse a los ciudadanos de los siguientes elementos;
a) el asunto sobre el que hay que tomar la decisión;
b) la naturaleza de la decisión que debe adoptarse;
c) la autoridad competente y,
d) el procedimiento previsto. Los plazos previstos para el procedimiento deben ser razonables y permitir la participación efectiva de los ciudadanos.
El Convenio también prevé unos espacios especiales de participación en los procesos de elaboración de planes, programas y políticas ambientales. El Convenio recomienda también a las partes impulsar la participación pública para la elaboración de la reglamentación aplicable o de instrumentos jurídicos vinculantes de aplicación general que puedan tener un impacto significativo sobre el medio.
Finalmente, en relación con el acceso a la justicia, el Convenio dispone que los ciudadanos puedan recurrir a la justifica en condiciones adecuadas, dentro del marco de cada legislación nacional, cuando consideren que sus derechos en materia de acceso a la información se han violado. Es preciso garantizar el acceso a la justicia cuando se ignore alguna solicitud, cuando se rehuse abusivamente o cuando se proporcione de un modo insuficiente y, en todo caso, cuando se viole el proceso de participación previsto en el Convenio. Además, se dispone el acceso a la justicia en caso de litigios relacionados con actos u omisiones de particulares o de autoridades públicas que infrinjan las disposiciones del ordenamiento jurídico interno en materia ambiental.

4. Conclusiones
La firma del Convenio de Aarhus supondrá un instrumento importante de armonización europea en el ámbito del derecho a la información ambiental, a la educación y a la participación de la ciudadanía. El Convenio tendrá una significación especial en los países de poca tradición democrática o en aquellos en que las problemáticas ambientales sean objeto de debate.
Sin embargo, falta por resolver una regulación más precisa de la obligación de los entes privados a informar sobre los parámetros ambientales que afectan directamente a los ciudadanos.
También falta por resolver una necesidad de implicación más clara de la administración en el proceso de publicar, con medios adecuados para la ciudadanía, la información ambiental. Es preciso proclamar y fomentar el derecho de información ambiental. Es preciso proclamar, sin embargo, el derecho de informar, como una exigencia básica y fundamental, sin excepción. Todavía hoy en día, el ciudadano conoce mal y parcialmente los parámetros ambientales más básicos (calidad del aire, del agua, seguridad industrial, seguridad nuclear, calificación de los suelos, costes de las catástrofes ambientales, composición de los productos de consumo...), datos que a menudo aparecen desordenadamente en momentos de confusión colectiva derivada de una catástrofe, lo que permite centrar la atención en los efectos por encima de las causas.
La necesidad de una mejor información ambiental requiere básicamente un armamento logístico de la administración, un proceso que permita reunir la información con pautas europeas homologadas, darle un trato adecuado, ponerla a disposición de los ciudadanos sin excepción y, finalmente, sancionar de un modo efectivo a las administraciones y a los particulares que falseen u oculten información ambiental.
Finalmente, el control jurisdiccional de respeto al derecho a la información ambiental comportaría un desarrollo específico de la legislación procesal, especialmente en el ámbito de la jurisdicción contensioso-administrativa, el desarrollo de un proceso sumario que estuviera al alcance de los ciudadanos, como instrumento adecuado para promover una mejor justicia ambiental. Pero lo de la justicia ambiental es otro tema, condición también necesaria para poder hablar de democracia ambiental. •

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Actualidad

La globalidad de la acción local
Johanna Cáceres Terán

Las Agendas 21 y la importancia de las iniciativas promovidas localmente, tanto las de tipo civil como las gubernamentales, constituyen los ejes de tres acontecimientos internacionales de gran envergadura del primer semestre del 2000: la Tercera Conferencia Paneuropea de Ciudades Sostenibles, el Foro Mundial del Agua y la Exposición Universal que se inaugurará en el mes de junio en la ciudad alemana de Hannover.
Los municipios catalanes en particular, y los del resto de España en general, se sitúan en el primer vagón del tren europeo que avanza en el despliegue de políticas más sostenibles, de acuerdo con el compromiso adquirido en la Cumbre de la Tierra con la firma de la Agenda 21 (Río de Janeiro, Brasil, 1992). La Agenda 21 es, de hecho, uno de los documentos principales –firmados por los 172 gobiernos asistentes a la Cumbre– y su finalidad es traducir los principios generales del desarrollo sostenible en actuaciones concretas.
Hasta ahora, las Agendas 21 Locales –elaboradas desde los gobiernos municipales– son las más avanzadas mientras que, en muchos casos, las regionales y estatales ni tan sólo están hilvanadas. Por este motivo, la Tercera Conferencia Paneuropea de Ciudades Sostenibles, celebrada en Hannover entre los días 9 y 12 de febrero para evaluar los procesos de implantación de las Agendas 21 Locales en Europa, centró las discusiones en el medio urbano, que constituye el hábitat de la inmensa mayoría de la población europea.
En efecto, el lema del desarrollo sostenible Pensar globalmente, actuar localmente ha adquirido pleno sentido esta primavera.

Agendas 21: Cataluña, referente europeo

La Conferencia de Hannover ha sido organizada por la Campaña Europea de Ciudades Sostenibles, plataforma que lleva seis años en funcionamiento y que se fundamenta en la Carta de Aalborg (firmada por más de 500 ayuntamientos de 32 países europeos que se han comprometido, en consecuencia, con el diseño y desarrollo de la Agenda 21 en sus municipios).
Las autoridades locales y regionales de España representan el 45% de los miembros de la Campaña Europea de Ciudades Sostenibles, con lo que la presencia española en el diseño e implantación de políticas sostenibilistas en Europa es más que notable. En este sentido, los municipios catalanes tienen un cierto peso específico, ya que Igualada fue el primero en realizar, en 1994, una auditoría ambiental. Se le han añadido unos sesenta desde entonces. En este proceso ha sido capital la actuación de la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad, iniciativa impulsada por la Diputación de Barcelona y que ya reúne a los municipios en los que viven 4,5 millones de catalanes.
En efecto, en el caso de las Agendas 21 se ha desarrollado un modelo catalán, que se presentó en la Conferencia de Hannover y que se está imponiendo como uno de los referentes europeos. Dicho modelo consiste en un diseño de la Agenda 21 en dos tiempos. En primer lugar, un equipo multidisciplinar realiza una ecoauditoría, un análisis riguroso del territorio y del funcionamiento del sistema municipal. En segundo lugar, se formula un plan de acción sobre la base de unos objetivos estratégicos, es decir, se planifica el desarrollo: se gobierna. Los planes de actuación elaborados hasta ahora contienen entre 100 y 500 actuaciones concretas.
En este proceso de evaluación y auditoría resulta vital la participación ciudadana, un elemento que cada vez se considera más importante para garantizar el éxito de cualquier actuación política. Hoy en día el reto consiste en lograr que la implicación de los agentes de la sociedad civil no sea anecdótica y responda exclusivamente a una situación coyuntural, sino que se integre en la política municipal de forma rutinaria y efectiva. Por esta razón, uno de los aspectos que más se discutieron en la Conferencia fue la manera de encontrar nuevas formas de gestión –de gobierno– que promuevan la creación de alianzas entre la sociedad civil –organizaciones no gubernamentales y empresas– y los gobiernos locales.

Para más información: www.hannoverconference2000.de
 

Una Expo diferente: tecnología bien pensada

La Conferencia Paneuropea de Ciudades Sostenibles ha aportado un precedente único en el siglo y medio de historia de las exposiciones universales. La Expo 2000, que también se celebrará en Hannover, se desmarca de las realizadas hasta el momento porque, según sus organizadores, no se limitará a ser un gran escaparate de las innovaciones tecnológicas desarrolladas a lo largo de los últimos cuatro años en todo el mundo. Al contrario, intentará demostrar que el progreso basado en avances estrictamente tecnológicos no comporta, necesariamente, una mejor calidad de vida y, por lo tanto, no se puede hablar de desarrollo.
La superación de la visión tradicionalmente tecnocrática de estas ferias universales ha venido de la mano de un comité internacional de expertos liderado por Ricardo Díez Hochleitner, actual presidente del Club de Roma. Este comité se ha constituido para garantizar la presencia en la Expo de los países en desarrollo, es decir, de visiones alternativas y de necesidades que a menudo han sido obviadas.
Durante la Expo 2000, que tiene como lema Humanidad, naturaleza y tecnología, tendrán lugar los Diálogos globales, estructurados en diez temas calientes y fundamentales para el siglo XXI: la humanidad, la alimentación, la salud, el conocimiento, el futuro del trabajo, la movilidad, la energía, el medio ambiente (paisaje y clima) y las necesidades básicas. Entre junio y octubre, cada quince días se celebrará una discusión académica para tratar estos temas, que con frecuencia tendrán a la ciudad como referente. De hecho, la ciudad adquiere gran protagonismo a través del apartado El siglo XXI, que contará con una presencia importante de la planificación urbana y de la gestión municipal.
Por otro lado, la sección Proyectos de todo el mundo reunirá un centenar de iniciativas de desarrollo, algunas de las cuales son tecnológicamente poco espectaculares pero logran el objetivo para el que han sido pensadas. Y es que, al fin y al cabo, se trata de eso: de primar el pensamiento estratégico y la gestión por encima de la sofisticación tecnológica. •

Para más información: www.expo2000.de
 

Foro Mundial del Agua

Finalmente, la importancia de los agentes locales también se puso de manifiesto en el Segundo Foro Mundial del Agua, que se celebró del 17 al 22 de marzo en La Haya (Holanda) y al cual asistieron ministros de 110 países. Esta presencia política se explica porque paralelamente a la celebración del Foro tuvo lugar una Conferencia Ministerial. A pesar de ello, los verdaderos protagonistas del encuentro fueron las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las mujeres, que son las responsables de proveer de agua a sus familias y comunidades en muchos países en desarrollo.
La Conferencia Ministerial, iniciativa del gobierno holandés, se planteó como objetivo comprometer a una serie de países en la elaboración de un programa de acción dirigido a solucionar a medio plazo los problemas asociados a la falta de agua: hambre, guerras, epidemias, etc. La reunión ha dado como fruto un documento de consenso, Declaración ministerial de La Haya sobre seguridad del agua en el siglo XXI, que se ha impuesto como principal objetivo que en los próximos 25 años todas las personas tengan acceso a este recurso, es decir, que todo el mundo pueda disfrutar del agua en la cantidad y calidad necesarias.
Para que se logre el objetivo del 2025, los diferentes gobiernos firmantes de la Declaración, el español entre ellos, han acordado la revisión de los sistemas de cobro de agua, que en la actualidad no reflejan el costo real de este recurso. El documento también apuesta por la gestión hídrica integral, que contempla factores sociales, económicos y ambientales, se vincula a la política ambiental y a la gestión territorial, y agrupa las aguas subterráneas, superficiales, residuales y los ecosistemas por los que circulan. Todo ello gestionado desde la perspectiva de la oferta y no de la demanda, que es el modelo hoy en día vigente en nuestro país.
Para monitorizar los avances, la UNESCO elaborará un informe cada dos años sobre el estado del agua dulce en el mundo. El instituto para la Educación del Agua será el responsable de los informes, y tendrá su sede en el Instituto Internacional de Ingeniería de Infraestructuras Hidráulicas y Ambientales de Holanda (sito en la ciudad de Delft). •

Para más información: www.worldwaterforum.com

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Ecología del ocio

Libros

Diccionari de ciències ambientals
Josep Ramon Aragó i Gassiot
Edicions 62, Barcelona, 2000, 311 págs.

Muchos términos ambientales han pasado a ser familiares para la mayoría de las personas. Pero no siempre conocemos la definición exacta de un concepto. Este diccionario ofrece más de dos mil quinientas entradas que ayudarán a todas las personas interesadas en el medio ambiente a ampliar y utilizar con más precisión su vocabulario. Pero esta herramienta será también muy útil para todas aquellas personas que trabajan en el campo ambiental. Un campo muy amplio en el que deben utilizarse términos de disciplinas muy diferentes.
Así pues, la obra reúne entradas procedentes de la biología, pero también de la ingeniería, la economía o el derecho. De cada término se incluye una traducción al español y al inglés. Dos índices permiten localizar las palabras en estos idiomas. Una obra muy útil y práctica, de gran ayuda para estudiantes, profesores, investigadores, gestores ambientales y todas las personas que estén interesadas en el medio ambiente. •

X.D.
 

Introducció a l’economia ecològica
Joan Martínez Alier
Generalitat de Catalunya-Rubes Editorial, Barcelona, 1999, 142 págs.

No todos los economistas –nos atreveríamos a decir que sólo una minoría– han descubierto las importantes relaciones entre economía y ecología. Uno de los pioneros en el estudio de dichas relaciones en Cataluña es Joan Martínez Alier, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta obra nos introduce en la visión ecológica de las cuentas económicas. Se trata de una alternativa a la economía convencional –que todavía es la que domina en nuestra sociedad–. Martínez Alier nos habla de la necesidad y la forma de introducir los valores ambientales en las cuentas económicas. Critica el PIB como indicador de la salud económica y el bienestar, y ofrece algunas correcciones a esta medida. Después, pasa de la macroeconomía a la microeconomía y finalmente expone unos principios de la ecología política y enumera conflictos creados por los desequilibrios y por la degradación ambiental.
Con esta obra el lector tendrá a su alcance unos fundamentos de economía ecológica que serán muy necesarios también para los que analizan, desde la economía convencional, el estado de salud de nuestra sociedad. •

X.D.

Proposicions innovadores i insensates
Joandomènec Ros
Empúries, Barcelona, 1999, 300 págs.

No debería sorprender que hablar de ciencia proporcione la oportunidad de tratar temas tan variados como la política, el cine, la ética o la normalización lingüística. Joandomènec Ros, catedrático de Ecología de la Universidad de Barcelona, es uno de los más prolíficos analistas de temas cientificosociales en los medios de comunicación y en este libro recoge, como en otros casos, diferentes trabajos. No se trata de un libro básicamente sobre ecología, sino sobre ciencia, sociedad y cultura en general. La obra habla de la investigación, la universidad, la política científica, la divulgación... También ofrece una muestra de cómo la ciencia puede dar pie a interpretaciones y análisis interesantes y originales. ¿Por qué no, por ejemplo, estudiar los imperios y la uniformización a partir de lo que pasa en el mundo de los seres vivos? Esto no procede sólo de las opiniones repetitivas que aparecen en los medios de comunicación sino que ofrece una perspectiva interesante y diferente. Un conjunto de textos que son más reveladores que insensatos. •

X.D.

Antes de Lucy
Jordi Agustí (ed.)
El agujero negro de la evolución humana, Tusquets, Barcelona, 2000, 286 págs.

Planeta humà
Eudald Carbonell i Robert Sala
Empúries, Barcelona, 2000, 272 págs.

Sapiens. El llarg camí dels homínids cap a la intel·ligència
Josep Corbella, Eudald Carbonell, Salvador Moyà i Robert Sala
Edicions 62, Barcelona, 2000, 162 págs.

La evolución de los homínidos y la progresiva sofisticación de su intelecto son algunos de los temas científicos que despiertan más interés entre el público. Al mismo tiempo, en este campo se han producido hallazgos muy importantes en los últimos años. Estos tres libros son un perfecto compendio, muy actual, del proceso que siguieron los homínidos y cómo éstos se desarrollaron hasta llegar al hombre actual.
El primer volumen contiene varias contribuciones sobre la evolución de los antecesores inmediatos de los homínidos. Expertos de diferentes países –David Pibeam, Jordi Sabater Pi, Meike Kˆhler, Jordi Agustí, Peter Andrews, Salvador Moyà Solà y Robert D. Martin– exponen los rasgos evolutivos de los primates, desde hace 18 millones de años, para entender los condicionantes ambientales que dieron paso al bipedismo y el papel que tuvo en la evolución intelectual de los homínidos. También se exponen las modificaciones en la conducta de ciertos primates actuales según las presiones ambientales y los recursos disponibles. Esto ofrece una visión amplia que nos ayuda a deducir algunas características de nuestra propia historia evolutiva.
El libro de Carbonell y Sala expone el proceso de humanización, desde los cambios climáticos que conllevaron cambios evolutivos, el papel del bipedismo y de la progresiva sofisticación tecnológica, el descubrimiento del fuego, la aparición del lenguaje, los ritos funerarios y otros elementos que nos llevan hasta el hombre actual. Los autores describen los descubrimientos más recientes y muestran la decisiva influencia de la tecnología en la evolución de los homínidos.
Finalmente, el libro del periodista científico Josep Corbella tiene la forma de una entrevista con los otros tres protagonistas. Las diferentes entrevistas tratan temas puramente científicos sobre la evolución y, básicamente, sobre la evolución de los homínidos, pero también aprovechan algunos de estos temas para discutir cuestiones de cariz más filosófico. En el último capítulo los cuatro autores exponen conjuntamente el posible futuro de nuestra especie. •

X.D.
 

La dèria de mirar
Folch, Ramon
Planeta, Barcelona, 2000, 514 págs.

La trayectoria del ecólogo Ramon Folch tiene un gran interés desde el punto de vista científico. Pero las diferentes actividades que ha tenido que desarrollar y su capacidad de observación, junto con los muchos países que ha visitado, aportan a esta autobiografía, de título perfectamente explícito, una serie de intereses añadidos. De este modo conocemos algunos detalles de las miserias del franquismo, historias poco o nada explicadas de la transición o las dificultades de gestionar un centro como el Hospital Clínico.
A través de él también conocemos las impresiones de los viajes por tierra, mar y aire. Unos viajes que lo han conducido a las cinco partes del mundo, que él describe con sus grandes dotes de observación. Si además añadimos un estilo ágil y una ironía inteligente, no cuesta demasiado entender que sea un libro difícil de dejar una vez que se ha empezado. •

X.D.

Foro de debate	Dános tu opinión	Ver otras opiniones	Número 26 - junio 2000

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