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La sociedad del riesgo |
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| Foro de debate | Nº 24 - octubre 1999 | ||
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Sumario
La importancia
del riesgo en la sociedad moderna
Narcís Mir
Politica ambiental
en situaciones de complejidad
S. Funtowicz i J. Ravetz
Ulrich Beck y las dimensiones
sociales del riesgo
Josep Espluga
El seguro del riesgo ambiental
José Luis de las
Heras
Entrevista a Salvador
Giner
Lluís Reales
La
normativa ambiental
Ignasi Doñate
Actualidad
Johanna Cáceres
Conspiración contra el riesgo
El riesgo es consustancial a la vida. A
pesar de esta evidencia, desde los inicios de la sociedad industrial dedicamos
esfuerzos y más esfuerzos a conspirar contra el riesgo. Desearíamos
eliminarlo de nuestras vidas; vivir seguros. Batalla perdida.
De hecho, esta conspiración empezó
hace siglos. En Cataluña inventamos la Taula de Canvi (Mesa de Cambios),
precedente local de las modernas compañías de seguros. Estas
organizaciones, según afirma el sociólogo Salvador Giner
en la entrevista de este número de Medi Ambient. Tecnologia i Cultura,
son las más representativas de la modernidad. No le falta razón.
Más tarde - acabada la Segunda Guerra Mundial - Europa, con el permiso
de Estados Unidos, diseñó el Estado de bienestar. Los americanos
temían al comunismo. Ahora, dicen, se tiene que replantear. Ya no
se aguanta económicamente.
Seguros -los últimos son los que
cubren los daños ambientales-, coches más seguros, trabajos
para toda la vida, planes de jubilación, seguridad social... La
conspiración continúa. Gran paradoja: queremos eliminar el
riesgo y, en cambio, crece día a día. Y es que el riesgo
es un concepto complejo. Como afirma el sociólogo de la Universitat
Autònoma de Bellatera, Josep Espluga, «Las consecuencias reales
de los riesgos vienen dadas siempre a través de interpretaciones
sociales, y están siempre ligadas a valores e intereses de grupo».
En las sociedades pobres, en las que se pasa hambre, la percepción
del riesgo es radicalmente diferente a la percepción de las sociedades
que tienen las necesidades básicas cubiertas.
La percepción del riesgo crece a
pasos agigantados en las sociedades ricas. Accidentes de tráfico
-con un gran número de muertos, sobre todo los fines de semana-,
alimentos transgénicos, crisis ecológicas globales... Hemos
querido dedicar este número de la revista Medi Ambient. Tecnologia
i Cultura a analizar, desde una perspectiva crítica, la sociedad
del riesgo.
Narcís Mir, ingeniero industrial
y economista, dibuja los perfiles de la sociedad del riesgo y argumenta
su creciente importancia. Josep Espluga, profesor de sociología
ambiental en la Universitat Autònoma de Barcelona, aborda las diferentes
aproximaciones al concepto de riesgo y aporta una visión crítica.
Funtowicz y Ravetz profundizan en el concepto de complejidad y argumentan
que la ciencia hegemónica necesita a la ciencia posnormal
para reflexionar sobre los retos ambientales de hoy en día. José
Luis de las Heras, responsable del Pool de Riesgos Ambientales, ofrece
la perspectiva de las compañías de seguros. Una entrevista
con Salvador Giner y las secciones habituales de normativa, escrita por
Ignasi Doñate, y actualidad completan este número. Un conjunto
de artículos que ayudan a comprender que hay que aceptar un cierto
riesgo. Porque la vida es riesgo e incertidumbre. Hoy más que nunca
Lluís Reales
Director de Medi Ambient. Tecnologia i
cultura
La importancia
del riesgo en la sociedad moderna: la sociedad del riesgo
Narcís Mir Soler
Ingeniero industrial y economista. Miembro
del patronato del Instituto de Estudios de la Seguridad (IDES)
La denominada «sociedad del riesgo» es un nuevo paradigma social, fruto de la modernización de la sociedad industrial, que se caracteriza porque la lógica de la producción de riesgos domina a la lógica de la producción de riqueza. Para demostrar la importancia creciente del riesgo en la sociedad contemporánea, el autor formula una ley estructural del riesgo y contrasta su validez.
¿Es el riesgo un factor importante
en la actual fase de desarrollo de la sociedad industrial? ¿Y, si
es importante, esta importancia es coyuntural o quizás pueda considerarse
el riesgo un factor estructural del proceso de modernización? ¿Es
temerario hablar de la aparición de una nueva figura social -la
sociedad del riesgo- originada como consecuencia del proceso de modernización
de la sociedad industrial?
Todas estas preguntas -y otras- forman
parte del vivo debate que tiene lugar hoy en día sobre la trascendencia
de la producción de riesgos en las sociedades industriales desarrolladas.
Los partidarios de la aparición de una nueva forma social -la sociedad
del riesgo- defienden que, mientras que en la sociedad industrial la lógica
de la producción de riqueza domina a la lógica de la producción
de riesgos, el propio desarrollo de este modelo de sociedad está
provocando una inversión de esta dominante; y que este cambio de
lógica tiene repercusiones sociales. Pero esto no es todo. La sociedad
del riesgo implica también otros cambios sociales originados por
el proceso de pérdida de tradiciones en las formas de vida surgidas
con la sociedad industrial: trabajo, familia, estratificación social,
etc.
He de advertir, ante todo, que el objetivo
de este artículo no es, ni mucho menos, dar respuesta a todas estas
preguntas. Me limitaré a apuntar, para empezar, unas pinceladas
sobre las características de la sociedad del riesgo, y después
me centraré en un análisis mucho más concreto del
riesgo en la sociedad moderna.
Los perfiles de la sociedad del riesgo
La sociedad del riesgo es una nueva forma
social que surge como consecuencia de la modernización de la sociedad
industrial. De acuerdo con este paradigma, el nacimiento de esta nueva
forma social no se produce por un estallido político, sino como
consecuencia de la propia modernización de la sociedad industrial.
Tal como afirma Beck, «la sociedad industrial se despide del escenario
de la historia mundial por la puerta de atrás de los efectos secundarios».
La sociedad del riesgo tiene dos caras.
En la primera cara, encontramos la pérdida de la inocencia de las
fuerzas productivas. La industrialización representó una
materialización del pensamiento ilustrado. El hombre creyó
que con la razón dominaría la naturaleza y la transformaría,
sometiéndola para satisfacer sus necesidades. Y este proceso sería
lineal, es decir, sin límites. Hoy en día vemos que la producción
de riqueza va acompañada de la producción de riesgo. Aquello
que en un principio podría verse como efectos secundarios del desarrollo,
en la actualidad reclama un estatuto de igualdad con los efectos positivos,
es decir, reclama convertirse en variables endógenas del modelo
de desarrollo.
La segunda cara de la sociedad del riesgo
está relacionada con el hundimiento de las coordenadas sociales
de la sociedad industrial, tanto en lo referente a la pérdida de
las tradiciones de sus formas de vida como en la relación entre
ciencia y sociedad, y política y sociedad.
En la pérdida de las tradiciones
en las formas de vida de la sociedad industrial encontramos la pérdida
de peso de la segmentación de la sociedad en clases como categoría
útil
para explicar los cambios sociales; la crisis del modelo de familia (manifestada
en la incorporación de la mujer al trabajo, el aumento generalizado
de la tasa divorcios y el incremento de las familias monoparentales); la
desestandarización del trabajo productivo y su individualización,
etc. Vemos, en definitiva, un proceso de individualización de la
desigualdad social.
En este artículo me limitaré
a la primera dimensión de la sociedad del riesgo. Empezaré
por señalar las características básicas de este paradigma.
1. Se origina por causas modernas
No cabe duda de que los riesgos no son
un invento de la Edad Moderna. No obstante, no estaban ligados al propio
desarrollo, mientras que ahora se ven originados por el propio proceso
de desarrollo. De este modo, tanto los procesos de producción como
los bienes producidos no sólo aportan utilidad, sino, a su vez,
riesgo. Pensemos en la fisión nuclear, el almacenamiento de residuos
nucleares, la contaminación ambiental, el riesgo de determinadas
industrias, los vehículos automóviles. Estos efectos secundarios
colaterales son no deseados, pero acompañan sistemáticamente
a la producción de riqueza (y de utilidad) y adquieren un papel
cada vez más relevante. Tanto es así que hoy en día
ya nadie habla del desarrollo, sino del desarrollo sostenible, haciendo
hincapié, en el terreno simbólico, en la importancia de los
efectos colaterales. En definitiva, el proceso de modernización
se vuelve reflexivo, en el sentido de que se toma a sí mismo como
objeto y problema.
2. Globalización del riesgo
Esta globalización tiene dos vertientes.
Por una parte, los efectos son transnacionales: el caso Chernóbil,
el efecto invernadero, el efecto sobre la capa de ozono, a la contaminación
transfronteriza, etc. Por otra parte, la globalización económica
implica un proceso de transferencia de las fuentes de peligro: la carne
de las «vacas locas», la fuga de cesio-137 de la planta de
Acerinox, en Cádiz, que nos ha alertado sobre los peligros de los
flujos internacionales de chatarra; etc.
3. Componente de futuro del riesgo
«Frente a la evidencia palpable
de las riquezas, los riesgos presentan cierto aspecto incorpóreo...
Por una parte, muchos peligros y destrucciones ya son reales: aguas contaminadas
o moribundas, la destrucción del bosque, nuevas enfermedades, etc.
Por la otra, la verdadera pujanza social del argumento del riesgo radica
en la proyección de amenazas para el futuro». (1)
Así pues, los riesgos tienen un
clarísimo componente probabilístico. Lo que sucede es que
las consecuencias y los daños que se han manifestado nos permiten
acotar el componente probabilístico y hacer mejores predicciones.
4. Percepción del riesgo
Mientras que gran parte de los bienes
que consumimos los percibimos directamente, no ocurre así con los
nuevos riesgos, que quedan fuera de la percepción humana inmediata.
Basta con fijarse en los efectos nucleares, los efectos de la contaminación,
de la reducción de la capa de ozono, el efecto invernadero, las
sustancias nocivas en los alimentos, etc., para darse cuenta de que hay
que utilizar la ciencia para hacer visibles estos riesgos y poder interpretarlos
como peligros. Para obtener un buen conocimiento de estos riesgos, la ciencia
utiliza sus herramientas habituales: realiza experimentos, utiliza instrumentos
de medida y elabora teorías. Esto lleva a concluir que la ciencia
fija los riesgos y que la población percibe los riesgos. Sin embargo,
las teorías obtenidas presentan un elevado grado de incertidumbre,
es decir, además del componente determinista existe un elevado componente
estocástico o probabilístico, elemento que permite la intervención
de un elevado número de presiones sociales y políticas, y
que otorga una gran importancia al papel de los medios de comunicación
en la adquisición de la conciencia de riesgo. En definitiva, el
riesgo podrá verse reducido, incrementado o eliminado de la conciencia.
Todo esto implica que la sociedad del
riesgo se instala en un entorno de especulación. Supongamos que
la sociedad vive tranquila. En un determinado momento, un estudio científico
pone de manifiesto los efectos perniciosos de, por ejemplo, la reducción
de la capa de ozono, del efecto invernadero, de la explosión demográfica
o de cualquier otra cuestión. De inmediato se alzan voces que se
oponen o ponen en duda los resultados de este estudio: o bien por las hipótesis
de partida, o bien por el desconocimiento que se tiene sobre los efectos
que puede provocar un determinado factor, o por la metodología del
estudio, etc. Los medios de comunicación intervienen para incidir
en este debate y aparecen dos fuerzas contrapuestas: por una parte, la
de la mala noticia, que siempre es de impacto, y que se ve apoyada por
el estudio científico y por la opinión favorable de grupos
sociales que quieren informar a la sociedad sobre la gravedad de la situación;
y por la otra, la de la presión de otros grupos sociales que pueden
verse perjudicados por las medidas que deberían adoptarse como consecuencia
de la aceptación del estudio original y que aportan otro u otros
estudios científicos que neutralizan o matizan sensiblemente el
primero.
Dado que los riesgos se consideran reales
cuando la población los vive como tales, todo dependerá de
la capacidad de influir de las diferentes fuerzas y de las circunstancias
de las personas. No hemos de olvidar que la miseria es actual y se experimenta
directamente y que el riesgo es invisible y futuro. Por este motivo, la
percepción del riesgo sólo se puede producir en sociedades
desarrolladas. Como consecuencia del conjunto de informaciones, la sociedad
puede adquirir conciencia del riesgo. Si es así, de repente el problema
pasa a formar parte de las agendas políticas y se desarrolla una
pudiente dinámica política. Cuando requiere una actuación
programada y continua, se incorpora a los programas de los partidos políticos
y se la menciona, con solemnidad, incidiendo en la sensibilidad por el
problema. Sólo así puede el partido político captar
adhesiones en el mercado de los votos. Ni tan sólo aquellos partidos
que no aprecian la importancia del problema pueden permitirse el lujo de
excluirlo de la agenda, a menos que deseen verse tildados de irresponsables.
La percepción del riesgo es, por lo tanto, una característica
importante de la sociedad del riesgo, y le confiere un importante carácter
político.
5. Una dialéctica naturaleza-sociedad
La sociedad del riesgo supone el final
de la contraposición entre naturaleza y sociedad. Mientras que la
modernidad y su manifestación en el proceso de industrialización
consideraban la naturaleza como algo dado que tenía que someterse,
el propio proceso de industrialización ha destruido la idea de la
naturaleza como algo no social. En la actualidad, nos encontramos en todas
partes con una naturaleza artificial, en el sentido de que no se deja abandonada
a su suerte.
Por lo tanto, los problemas del medio
ambiente no pueden considerarse como problemas del entorno, sino como problemas
sociales, es decir, como problemas del ser humano que tienen repercusiones
en sus condiciones económicas, culturales y políticas. En
definitiva, la sociedad ya no puede entenderse de una manera autónoma
respecto a la naturaleza.
6. Estado de excepción
El control del riesgo puede suponer unas
mayores posibilidades de intervención del estado. Tal como afirma
Ulrich Beck... «es más probable que bajo la presión
del peligro inminente se definan las responsabilidades, se centralicen
las competencias de actuación y se fijen todos los detalles del
proceso de modernización con controles y planificaciones burocráticas...
La sociedad del riesgo no es una sociedad revolucionaria, sino más
bien una sociedad de las catástrofes. En ella, el estado de excepción
amenaza con convertirse en el estado normal.
La gravedad de los peligros ambientales
descritos para la vida de las plantas, de los animales y de los seres humanos
legitima de algún modo a los autores con la buena conciencia de
la moral ecológica y les permite emplear un lenguaje en el que hay
bastantes expresiones como control, autorización oficial y supervisión
oficial. Resulta revelador que con el argumento de la gravedad de los daños
al medio ambiente se exijan posibilidades y derechos más o menos
amplios de intervención, planificación y gestión.
En pocas palabras, se dibuja el panorama
de un autoritarismo científico-burocrático.» (2)
En definitiva, se observa que para impedir
los «efectos secundarios civilizadores» se pueden producir
unos «efectos secundarios políticos» que amenazan el
ejercicio de la democracia.
Hasta ahora me he referido a los postulados
que definen los contornos de la sociedad del riesgo. El análisis
que voy a hacer a partir de ahora tiene un carácter más microeconómico,
en un intento de explorar la importancia relativa del riesgo en el proceso
de modernización de la sociedad industrial. Por este motivo, voy
a utilizar un concepto operativo del riesgo y a formular una ley de comportamiento
del riesgo. Más adelante presentaré indicios que permiten
considerar plausible la ley formulada. Finalmente, identificaré
criterios para la creación de valor en seguridad.
La importancia creciente del riesgo en la sociedad moderna
Para poder obtener proposiciones mensurables
en relación con el riesgo, conviene definirlo primero de un modo
operativo(3). La palabra riesgo se utiliza con diversas acepciones: contingencia
desfavorable a la que está expuesto alguien o alguna cosa, incertidumbre
derivada del ejercicio de una actividad empresarial, peligro incierto,
etc. Yo voy a utilizar, en este artículo, el concepto matemático-estadístico
del riesgo, que no es otra cosa sino la esperanza matemática de
la pérdida.
Si consideramos un suceso al que se puede
asociar un valor de probabilidad (P) y un daño o efecto (S = Severity),
el riesgo (R) estará definido por el producto de esta probabilidad
por el valor del efecto, es decir:
R = P · S
Donde
0 ? P ? 1
Estos efectos se pueden medir de diferentes formas: en términos económicos, en número de siniestros, en pérdidas de vidas humanas, en lesiones personales, etc. De este modo, si un accidente se produce con una frecuencia de una vez cada diez años y provoca veinte muertos, el riesgo será:
R = 1/10 x 20 = 2 muertos /año
Si por este mismo accidente se evalúan las pérdidas en 1.500 millones de pesetas, el riesgo será:
R = 1/10 x 1.500 = 150 millones de pesetas /año
En definitiva utilizaremos como valor de
riesgo la esperanza matemática de la pérdida, que no es sino
el valor de las pérdidas que podemos esperar a largo plazo.
Cuando las fuentes de peligro son diversas
y los efectos de un suceso también lo son (lesiones, pérdidas
patrimoniales, etc.) se hace necesaria la utilización de una unidad
común de medida. En este caso, las pérdidas se expresan en
unidades monetarias, para poder agregarlas.
A menudo me referiré, de un modo
genérico, a los objetos de riesgo. Entendemos por objeto de riesgo
o fuente de peligro cualquier elemento cuyo uso o presencia implique un
riesgo. Es decir, el uso del objeto o la presencia del objeto lleva asociada
la probabilidad de que se produzca un suceso que entrañe daños
para las personas, los bienes o el medio. Por lo tanto, dentro del
concepto de objeto de riesgo, se pueden encontrar productos, equipamiento,
instalaciones, vehículos, etcétera.
La utilización de estos objetos
en la vida de las personas y en las organizaciones sociales responde al
hecho de que antes de ser productores de riesgo son productores de utilidades
-entendiendo el concepto de utilidad en un sentido amplio-, de ahí
que se incorporen a gran velocidad a la sociedad. El paradigma de la sociedad
del riesgo pone de relieve el papel de cada vez más importante que
adquieren los efectos secundarios en relación con las utilidades.
En este sentido, el riesgo no solo se asocia a un acontecimiento singular
(un accidente), sino también a los daños que de forma continua
se pueden producir sobre el entorno.
Ley del desbordamiento del riesgo
Una vez definido el riesgo, pasaré
a demostrar que en las sociedades modernas el riesgo adquiere una creciente
importancia relativa. Por este motivo, voy a analizar el crecimiento natural
del riesgo en relación con la renta y en relación con el
número de habitantes de un territorio. Hemos de entender por crecimiento
natural del riesgo el que se produciría si la sociedad no introdujese
nuevas medidas correctoras, sean de tipo tecnológico, organizativo
etc. con el objeto de neutralizarlo.
Así pues, considero que, en la
fase actual de desarrollo de la sociedad industrial, la tasa de crecimiento
natural del riesgo es superior a la tasa de crecimiento de la renta. A
raíz de ello, también se puede afirmar que en aquellas sociedades
que experimentan un crecimiento de la renta per cápita, la tasa
de crecimiento natural del riesgo será superior a la tasa de crecimiento
de la población y, por lo tanto, se incrementará el riesgo
por persona.
Cuando hay una relación lineal
entre objetos de riesgo y renta -hipótesis muy plausible- el crecimiento
natural del riesgo con la renta puede adoptar dos formas: o bien una función
lineal cuando no haya interrelación o sinergias (en relación
con el riesgo) entre las fuentes de peligro, o bien una función
aceleradamente creciente (con pendiente de reciente) cuando los objetos
de riesgo presenten interrelaciones.
Podemos aclarar la cuestión con
un ejemplo: la introducción de ascensores en un sistema social provoca
un crecimiento lineal del riesgo, es decir, cada uno de ellos incorpora
la misma cantidad de riesgo y no modifica los valores de riesgo de los
ya existentes (ya que no modifica ni su probabilidad de accidentes, ni
los efectos de los propios accidentes). En cambio no sucede lo mismo con
los vehículos automóviles. Diez vehículos iguales
conducidos por diez personas iguales en diez carreteras iguales provocan
un riesgo total diez veces superior al riesgo de un único vehículo.
No es así, en cambio, si consideramos estos diez vehículos
iguales con las diez personas iguales pero sólo en una carretera.
El riesgo total es superior al de diez veces el riesgo de un único
vehículo. Y, por lo tanto, el riesgo por vehículo ha aumentado.
Otro ejemplo sería la saturación del tráfico aéreo,
que provoca un crecimiento más que proporcional del riesgo.
Antes que nada, hemos de advertir que
esté es el crecimiento del riesgo -que hemos definido como natural-
que se observaría si la sociedad no reaccionase ante el fenómeno.
Como tendré ocasión de comentar más adelante, no ha
de ser así, sino que las sociedades, para que los riesgos no se
desborden, pueden asignar cada vez más recursos económicos
a la prevención y protección, tanto en forma de nuevas tecnologías
como de innovaciones organizativas.
Aparte de la interrelación de los
objetos de riesgo, hay otros factores que refuerzan este crecimiento acelerado.
Se trata de los siguientes:
1. La introducción de fuentes de
peligro que proporcionan más utilidades, pero a la vez, más
riesgo. Por ejemplo, en la actualidad, los automóviles se fabrican
para circular a velocidades mucho más elevadas, hecho que implica
un mayor riesgo.
2. Un uso más intensivo de los
objetos de riesgo. No es lo mismo tomar un avión una vez al año
que viajar en él cada semana. No es lo mismo hacer un viaje de mil
kilómetros que uno de diez mil. Aquí la variable que se modifica
es el tiempo de exposición a la fuente de peligro. De hecho, podemos
obviar esta consideración si cuando hablamos del uso de objetos
de riesgo nos referimos a los servicios de estos objetos (viajar en avión
diez horas en lugar de una significa que el número de unidades de
servicio en el primer caso es diez veces las unidades de servicio del segundo).
3. La localización del riesgo con
la modernidad. Esta globalización, tal como he mencionado, tiene
dos vertientes: por una parte, la globalización económica
comporta un fuerte incremento de los flujos internacionales de productos
y, por tanto, de fuentes de peligro concreto; y por la otra, los efectos
son cada vez más transnacionales y, en algunos casos, universales.
4. La conversión «de efectos
secundarios latentes» en «efectos secundarios visibles».
Sería el caso del efecto invernadero, de la reducción de
la capa de ozono, etcétera. La ciencia produce esta visibilidad
de los efectos, de la que antes no éramos conscientes.
Todo esto nos permite afirmar que el crecimiento
de la renta va acompañado de un crecimiento natural del riesgo que
es, ceteris paribus, claramente acelerado. En valores porcentuales, el
crecimiento porcentual del riesgo es superior al crecimiento porcentual
de la renta.
Si en lugar de referir el crecimiento
natural del turismo a la renta, lo referimos al número de habitantes,
observaremos un crecimiento natural todavía más acelerado,
si tenemos en cuenta que en los países desarrollados ha sido una
constante el crecimiento de la renta per cápita.
En definitiva, podemos afirmar que en
las sociedades industriales el crecimiento económico va acompañado
de un crecimiento del riesgo y si no se introducen permanentemente medidas
correctoras se desbordará dicho riesgo, tanto en relación
con la renta como en relación con el número de habitantes.
De hecho, esto es lo que intuye Jacques
Attali cuando afirma que «la emergencia de nuevos riesgos ligados
a la globalización no podrá gestionarse más que con
la asignación de un porcentaje creciente de la renta mundial a los
gastos en seguros». (4)
La observación de la realidad
Pero, en la realidad, ¿se observa
este crecimiento relativo del riesgo? No necesariamente, ya que los poderes
públicos destinan o inducen a que se destinen más recursos
económicos para frenar dicho crecimiento relativo del riesgo. Estos
recursos adoptan la forma de innovaciones tecnológicas, de actuaciones
administrativas, de actividades de revisión y mantenimiento obligatorias,
etcétera; todo esto con el objetivo de reducir el riesgo. Es decir,
son recursos destinados a disminuir la probabilidad de los sucesos no deseados
y los daños, en caso de que se produzcan. Tampoco es ajeno al objetivo
de reducir el nivel de riesgo la expulsión de determinadas actividades
de mayor riesgo hacia países con menores niveles de exigencia, que
suelen coincidir con países subdesarrollados. Recordemos que ante
la disyuntiva de miseria o riesgo siempre es preferible el riesgo.
Es decir, es posible que no se observe
este desbordamiento debido a las inversiones y gastos destinados a prevención
y protección. Sin embargo, sí deberíamos observar
algunos signos que nos permitieran inferir la existencia de fuerzas latentes
que empujan hacia un crecimiento relativo del riesgo.
A continuación, expondré
algunos indicadores que me permitan inferir, de manera tentativa, la existencia
de esas fuerzas latentes.
Accidentes graves
En primer lugar, disponemos de los datos
correspondientes a los cien accidentes más graves ocurridos entre
1957 y 1986. Su clasificación por décadas se puede ver en
el cuadro 1.
Estas cifras muestran que el número
de accidentes se ha duplicado, aproximadamente, cada 10 años. Esto
significa un crecimiento interanual del 6,8%, valor que está por
encima de las tasas de crecimiento económico global del conjunto
de las economías afectadas.
Es evidente que el número de accidentes,
desconociendo sus efectos, no es un indicador integral del riesgo. Sin
embargo, se puede afirmar que los efectos negativos han crecido en el transcurso
de estos años y, en consecuencia, los valores de los daños
manifestarían una tasa de crecimiento todavía superior.
Riesgo de accidentalidad en la circulación
de vehículos automóviles
Para el análisis utilizaré
los datos del cuadro 2, que corresponden a España.
En el apartado anterior hemos visto que
la ley de crecimiento natural del riesgo descansaba, en primera instancia,
en una buena correlación entre la renta y el número de objetos
riesgo. Pues bien, la correlación observada entre el parque de vehículos
y el PIB real, utilizando el periodo comprendido entre 1974 y 1996, es
de 0,9816. En consecuencia, podemos hablar de una excelente relación
lineal. El ajuste de una función lineal por mínimos cuadrados
ordinarios (MCO) proporciona una función lineal estadísticamente
significativa.
A continuación, analizaré
tres series: número de accidentes, número de siniestros y
coste de la siniestralidad.
Número de accidentes
Utilizo aquí el número de
accidentes (NA) con víctimas (muertos y heridos), registrados por
la Dirección General de Tráfico, como medida de riesgo. Su
evolución histórica se ve reflejada en la figura 1. Como
puede verse, su tendencia es creciente.
Distingo tres periodos:
Las primeras 18 observaciones, correspondientes
al período 1972-89 (18 años y, por tanto, un espacio muy
significativo de tiempo), definen un período tendencialmente creciente
con el punto más alto en el año 1989. El cambio de tendencia
coincide con la aprobación de la Ley de tráfico de vehículos
y seguridad vial. Sin embargo, durante todo este primer período
de crecimiento se aprobó un gran número de medidas de seguridad
vial. Entre otras, podemos mencionar:
Máximo porcentaje de alcohol
en conductores 0,8 g/l
Obligatoriedad del cinturón de
seguridad en carretera
Límites de velocidad en vías
urbanas e interurbanas
Primer plan de seguridad vial
Obligatoriedad del casco en motocicletas
por carretera
Luces de cruce obligatorias para motocicletas
Regulación sobre tiempo de conducción
y descanso
Regulación de la inspección
técnica de vehículos (se impone para los turismos en el año
1986, aunque los efectos no se manifestaron hasta más tarde, debido
al período transitorio y a la progresiva baja de vehículos
que no cumplían con las condiciones técnicas mínimas
exigibles)
El segundo período, que comprende
desde 1990 a 1994, está formado por 5 observaciones, con una reducción
del número de accidentes.
El tercer período lo forman los
años 1995-97 y muestra un repunte del aumento de accidentes con
unas pendientes parecidas a las más altas del primer período.
Número de siniestros
Si en lugar de referirnos al número
de accidentes registrados por la Dirección General de Tráfico
nos referimos al número de siniestros registrados por las compañías
aseguradoras (es un registro mucho menos selectivo, ya que contabiliza
cualquier suceso automovilístico con daños), obtenemos para
el período 1988-1997 la evolución histórica reflejada
en la figura 2.
La gráfica es contundente: no aparecen
los cambios estructurales que veíamos con el número de accidentes.
La evolución se ajusta a una recta monótonamente creciente.
Coste de la siniestralidad
Éste es un dato integrador que
recoge el coste económico, pagado por las compañías
aseguradoras, originado por la siniestralidad de los automóviles.
Su evolución histórica en el período 1988-1997 se
ve en la figura 3.
Es necesario recordar que dicho coste
de la siniestralidad (CS) está expresado en pesetas constantes referidas
al año 1986 (para que se puedan comparar con la serie del PIB en
pesetas constantes, con base 1986).
Se constatan dos períodos, con
una observación de transición: el primer período comprende
desde 1988 a 1991 y está caracterizado por un fuerte crecimiento;
y el segundo, que comprende desde 1993 a 1997, por una marcada estabilización.
En el medio aparece una observación de transición, que corresponde
al año 1992.
Con estas observaciones podemos construir
los cuadros 3 y 4.
En el cuadro 3 se pueden observar tres
períodos. En el primero (1972-89) la tasa de crecimiento del número
de accidentes es superior a la tasa de crecimiento del PIB y del número
de habitantes. En el segundo (1989-94) se produce una reducción
del número de accidentes, a pesar de seguir creciendo -aunque a
menor velocidad- el PIB y el número de habitantes. Finalmente, en
el tercer período (1994-96), la tasa de crecimiento del número
de accidentes vuelve a ser superior a la tasa de crecimiento del PIB y
del número de habitantes.
En consecuencia, parece observarse la
existencia de una fuerza latente que provoca periódicamente un crecimiento
del riesgo por encima del crecimiento del PIB y del número de habitantes.
El cuadro 4 es mucho más desolador,
ya que por todo el período se mide una tasa de crecimiento del número
de siniestros y del coste de la siniestralidad superior a la tasa de crecimiento
del PIB y del número de habitantes.
Sobre la creación de valor en la seguridad
Si hemos visto que el riesgo tiene una
importancia relativa creciente, y el riesgo es un daño, la primera
cuestión que nos planteamos es por qué los agentes decisorios
no destinan más recursos para reducir estos daños. De entre
el conjunto de respuestas, yo resaltaría tres:
En primer lugar, por qué entre
la miseria y el riesgo las personas escogen el riesgo. Sólo hace
falta ver cuál es el segmento de trabajadores que sufre más
accidentes laborales.
En segundo lugar, por qué el
agente decisorio muy probablemente tomará una decisión miope,
ya que los costes de reducción del riesgo son inmediatos y ciertos,
mientras que los daños esperados son futuros e inciertos.
Y, en tercer lugar, por las externalidades
negativas asociadas al riesgo. Es decir, los efectos negativos desbordan
al agente decisorio y pueden afectar a muchas otras personas y bienes,
tanto públicos como privados.
Por este tercer motivo, sobre todo, la
intervención de los poderes públicos es ineludible.
La segunda pregunta que nos hacemos es
cuál debe ser el criterio que oriente la intervención pública.
Para eso tenemos que suponer que la intervención pública
está orientada a la creación de valor en materia de riesgo.
Esta creación de valor queda especificada por la reducción
de riesgo. Pero, ¿hasta dónde se reduce? O bien, ¿cómo
se distribuye esta reducción entre diferentes poblaciones de fuentes
de peligro? Es decir, ¿cómo se diseñan políticas
públicas de seguridad efectivas?
Para analizar los diferentes tipos de
políticas públicas que pueden aplicarse en materia de seguridad
es necesario definir previamente, tal como he mencionado antes, cuáles
son los objetivos o finalidades sociales que se quieren conseguir. Una
vez definidos, se puede hacer un análisis de la política
pública aplicada para ver si nos acerca o no al objetivo social
que hemos fijado. Max Weber, al analizar el comportamiento social, distinguía
cuatro tipos de actuaciones: actuación racional respecto al objetivo
(sería, por ejemplo, una actuación bajo el principio de la
racionalidad económica); actuación racional respecto al valor
(sea de justicia, de ética, de igualdad, religioso, etc.); actuación
afectiva (determinada por impulsos, emociones o estados de ánimo);
y actuación tradicional (basándose en un hábito).
Aquí, al plantearnos la actividad
pública como un ejercicio de racionalidad, nos encontramos en la
primera tipología: racionalidad con relación a un objetivo.
Actuar racionalmente respecto al objetivo sugiere la idea de metodicidad
y neutralidad afectiva. No es posible analizar políticas públicas
si no tenemos definido antes el objetivo de la actuación. Yo realizaré
el análisis suponiendo que se persigue un objetivo de racionalidad
económica. Si se escoge otro, dicho análisis nos serviría
para saber la desviación que se provoca (en términos económicos)
sobre la optimización económica. Primero, he de definir el
concepto de riesgo óptimo. Suponemos que la reducción del
riesgo sigue una curva de costes marginales crecientes (figura 4). Es decir,
reducir las primeras unidades de riesgo es relativamente barato pero la
reducción de sucesivas unidades se realiza a costes cada vez mayores.
Por otra parte, al hacer un análisis económico, el riesgo
expresará los daños esperados valorados en términos
económicos.
Defino el riesgo óptimo como aquel
valor del riesgo que minimiza el valor económico total, que es la
suma del daño esperado más el coste destinado a la reducción
del riesgo. Un punto de equilibrio puede verse de una forma intuitiva:
las primeras unidades invertidas en la reducción del riesgo nos
producen una reducción de daños (en valores económicos)
superior a la inversión realizada; por tanto, esta operación
es rentable y conviene seguir destinando recursos a la reducción
del riesgo (ver figura 4).
Sin embargo, a partir de un punto (en
la figura es el punto A), el coste de la reducción del riesgo será
más elevado que la reducción de los daños esperados.
Éste es el punto óptimo y aquí nos debemos parar si
seguimos un principio de racionalidad económica, que aquí
se concreta en la minimización de los costes totales (minimización
del área a + b). El riesgo óptimo es R*.
La técnica de análisis de
proyectos para acercarnos al riesgo óptimo es el análisis
coste-beneficio. Si, en cambio, el problema que se plantea no es determinar
la inversión necesaria para llegar al riesgo óptimo, sino
que disponemos de una determinada cantidad de recursos y queremos reducir
lo máximo posible el riesgo, entonces estamos ante un problema de
coste-efectividad. Mientras que el análisis coste-beneficio busca
determinar el coste necesario para llegar a obtener el riesgo óptimo,
el análisis coste-efectividad parte de un presupuesto dado y busca
cómo asignarlo entre diferentes objetos de riesgo para reducir al
máximo el nivel de riesgo (máxima efectividad). O bien, a
partir de un objetivo determinado de reducción de riesgo, obtener
la distribución de costes para que el coste total sea mínimo.
Se puede demostrar que la solución
óptima, en este segundo caso, se consigue distribuyendo el presupuesto
de manera que, en el equilibrio, las variaciones marginales del riesgo
por unidad monetaria invertida sean iguales para todas las fuentes de peligro
(u objetos de riesgo). La solución encontrada es perfectamente racional.
Si no fuera así sería posible sacar una unidad monetaria
destinada a un objeto de riesgo y destinarla a otro que tuviera el valor
marginal de reducción más alto, con lo que conseguiríamos
una reducción total de riesgo superior. Seria beneficioso realizar
esta reasignación de recursos hasta que llegásemos a la igualdad
formulada antes.
Cuando lo que se pretende es la reducción
del riesgo y llegar al riesgo óptimo disponemos de un conjunto de
políticas públicas. No es objeto del presente artículo
realizar una descripción detallada y una evaluación de la
efectividad de estas políticas públicas. Me limitaré,
simplemente, a enumerarlas:
1. La regulación directa, fijando
unos estándares de seguridad.
2. Dar responsabilidad al particular acompañándolo
de la intervención de las compañías aseguradoras.
3. Impuestos al riesgo.
4. Subvenciones a la reducción
del riesgo.
Hay una quinta política pública,
en una situación todavía muy poco madura, que consiste en
delimitar un espacio o burbuja de riesgo, determinar unos derechos de propiedad
(permisos de riesgo transferibles), definir unas reglas de funcionamiento
del mercado y dejar que éste regule las transacciones de los permisos
de riesgo transferibles.
Como conclusión
En este artículo he pretendido justificar
la creciente importancia del riesgo en la sociedad moderna, formulando
una ley estructural del riesgo y observando si la realidad nos da pistas
que puedan confirmar su validez. Después he dado unos criterios
(el de coste-beneficio y el de coste-efectividad) que sean orientadores
de la intervención pública, cuando el principio que guía
su actuación es la creación de valor en seguridad y éste
se mide por el cumplimiento del objetivo de la eficiencia.
Cuando para una determinada población
de fuentes de peligro estamos por debajo del riesgo óptimo -lo que
es muy probable que suceda en buena parte de los casos- la simple reducción
del riesgo ya significa creación de valor.
Si de lo que se trata es de distribuir
un conjunto de recursos entre diversas fuentes de peligro, o entre diversas
poblaciones de fuentes de peligro, hemos visto que es el criterio del coste-efectividad
el que guía la decisión si se quiere alcanzar un objetivo
de eficiencia en el uso de los recursos. Sin embargo, también sería
posible utilizar otros criterios, como puede ser el de alcanzar una determinada
distribución de riesgos, personales o territoriales. Pensemos que
el origen de una actuación de esta naturaleza no necesariamente
se puede producir como consecuencia de la cesión a la presión
de determinados grupos de interés (stakeholders), sino que podría
ser para neutralizar no tanto el riesgo objetivo de una población
sino la «percepción del riesgo» de dicha población
para unas determinadas fuentes de peligro.
Todo este análisis tiene identidad
propia. Sin embargo, lo he considerado como un análisis parcial
que tiene como referente un constructo social conocido como la sociedad
del riesgo, si bien los parámetros que definen dicho constructo
tienen un abaste social mucho más amplio. Me sentiría plenamente
satisfecho si este análisis parcial sirviera para abrir un debate
sobre la importancia del riesgo en la sociedad moderna y, de aquí,
sobre si bajo el paraguas del riesgo hay una categoría teórica
fuerte que permite postular la emergencia de una nueva forma social: la
sociedad del riesgo.
Referències
(1) BECK, U. La sociedad del riesgo. Ediciones
Paidós Ibérica, 1998.
(2) BECK, U., op. cit.
(3) MIR, N. Una introducció a l'economia
del risc industrial. Edicions UPC, 1997.
(4) ATTALI, Jacques. «Geopolítica
de los riesgos en el siglo XXI». Gerencia de riesgos, nº 58.
Política
ambiental en situaciones de complejidad
S. Funtowicz
Joint Research Centre de la Comisión
Europea, Ispra (Italia)
J. Ravetz
RMC Ltd., Londres (Inglaterra)
Las políticas ambientales
deben gestionar una realidad a menudo definida en términos meramente
científicos, a pesar de que esa realidad se compone de incertidumbres
y valores humanos que el análisis científico no contempla.
La ciencia normal, por lo tanto, topa con serias dificultades para proponer
soluciones a los problemas a los que se enfrenta la política ambiental.
¿Es la ciencia inútil? No, es insuficiente, y lejos de renunciar
a la sistemática del estudio científico, la ciencia postnormal
supone una ayuda para dotar de un enfoque nuevo a las estrategias de resolución
de problemas.
El medio ambiente, en relación con
la política, es un campo especialmente estimulante. Existen innumerables
detalles que afectan a muchos problemas concretos y que requieren análisis
y gestiones diferenciadas. Además, no deben pasarse por alto las
amplias cuestiones estratégicas que deben servir de base al trabajo
normativo, como por ejemplo, los aspectos relacionados con la sostenibilidad.
Hay que recordar que nada se puede realizar con un total aislamiento, pues
las cuestiones están interrelacionadas, los problemas se extienden
a diferentes niveles de espacio y tiempo y las incertidumbres de cualquier
clase y de diferente grado de dificultad afectan tanto a los datos como
a las teorías.
Esta situación es nueva para los
legisladores. Por un lado, el medio ambiente se encuentra en el ámbito
de la ciencia: los fenómenos de interés pertenecen al mundo
de la naturaleza. Por otro lado, los métodos de investigación
son totalmente diferentes de aquellos concebidos para la ciencia occidental
tradicional, que tuvo que conquistar y controlar la naturaleza. Ahora tenemos
que gestionar nuestro entorno, adaptarnos a él y establecer algunas
correcciones. Sabemos que no somos -y que realmente nunca hemos sido- «los
amos y poseedores de la Naturaleza» que Descartes imaginaba cuando
describía nuestra función en el mundo (Descartes, 1638).
Para ocuparnos de estos nuevos objetivos
necesitamos nuevas herramientas intelectuales. Una imagen de la realidad
que reduce los fenómenos complejos a elementos sencillos y atómicos
puede ser muy efectiva para la experimentación controlada y la construcción
de la teoría abstracta, pero no es el enfoque más conveniente
para las tareas de la política medioambiental actual. El pensamiento
científico busca regularidad, simplicidad y certidumbre en los fenómenos
y en las intervenciones, pero estos factores pueden reprimir la comprensión
de los problemas y pueden dificultarnos la visión de los métodos
apropiados para solucionarlos. A continuación presentaremos
y explicaremos varios conceptos que pueden aportar elementos de un marco
que nos ayudará a entender los problemas medioambientales. Son conceptos
nuevos y todavía se están desarrollando. No existe ninguna
ortodoxia que afecte a su contenido o a las condiciones de su aplicación.
El primer concepto que trataremos será
el de complejidad, que es el concepto principal y que hace referencia a
la estructura y a las propiedades de los fenómenos y a los problemas
de la política medioambiental. Los sistemas complejos no sólo
son complicados; por su naturaleza, implican una pluralidad de perspectivas
legítimas y de muchos puntos que no son del todo verificables, con
lo cual se crean muchas incertidumbres. Por este motivo, las metodologías
de la ciencia tradicional, basadas en experimentos de laboratorio, son
poco adecuadas para este nuevo contexto.
La metodología más general
para solucionar problemas complejos relacionados con la ciencia es la ciencia
postnormal (Funtowicz y Ravetz 1993, 1997a), que se centra en unos aspectos
de la solución de problemas que no se acostumbran a tratar en la
práctica científica habitual: la incertidumbre y el exceso
de valores. Además, este tipo de ciencia aporta razones coherentes
sobre la necesidad de que se participe más en los procesos de la
política científica, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas
tareas de garantía de calidad en estas áreas problemáticas.
Complejidad
Es muy probable que cualquier persona que
intente comprender los problemas del medio ambiente quede desconcertada
al ver la cantidad de problemas existente, su variedad y su complicación.
La tentación natural es intentar reducir estos problemas, convertirlos
en elementos más sencillos y manejables, como si se tratara de modelos
matemáticos y simulaciones de ordenador. Al fin y al cabo, éste
ha sido el método más satisfactorio de la ciencia y la tecnología
occidental hasta nuestros días. Pero los problemas medioambientales
tienen unas características concretas, por lo que los métodos
reduccionistas no logran los éxitos deseados. Con el término
complejidad queremos hacer referencia a estos problemas.
La complejidad es una propiedad que tienen
ciertos tipos de sistemas; de hecho, se establece una distinción
entre sistemas simples y sistemas complejos. Los sistemas simples se pueden
observar (en la teoría o en la práctica) mediante un análisis
simple, lineal y determinista. Así son las explicaciones científicas
clásicas, sobre todo aquellas de los campos que disfrutan de un
gran prestigio, como la física matemática. A veces este tipo
de sistema necesita más variables para ser explicado o controlado
de las que, sencillamente, se pueden utilizar en la teoría. Cuando
esto ocurre, el cometido requiere otros métodos y el sistema se
complica. La distinción entre ciencia e ingeniería -ésta
última acaece cuando están en juego más de media docena
de variables- es un buen ejemplo de la distinción entre sistemas
simples y complejos.
Con la auténtica complejidad, debemos
afrontar distintos fenómenos. Hay muchas definiciones de complejidad
-todas con puntos en común- que derivan de las diversas áreas
de la práctica científica con sistemas ecológicos,
organismos, instituciones sociales o simulaciones artificiales de cualquiera
de estos ejemplos. En este artículo utilizamos una visión
más general de este concepto. En primer lugar, pensamos en un sistema
-conjunto de elementos y subsistemas- definido por sus relaciones dentro
de una especie de jerarquía o jerarquías. Esta jerarquía
puede ser de inclusión o de escala, como en el caso de un ecosistema
con (pongamos por caso) una laguna, un arroyo, la cuenca y la región,
a un nivel ascendente. O puede ser una jerarquía de función,
como en un organismo con diferentes órganos. Una especie y cada
uno de sus miembros forman un sistema con jerarquías de inclusión
y de función. Los sistemas medioambientales pueden incluir también
subsistemas humanos e institucionales, que a su vez son sistemas. Este
tipo de sistema es muy especial, se le denomina reflexivo. Además,
en estos sistemas, los elementos tienen fines propios, que pueden conseguir
de modo independiente o, incluso, oponiéndose a las funciones asignadas
por la jerarquía (Funtowicz y Ravetz 1997b).
En primer lugar un sistema es un constructo
intelectual que algunos humanos han impuesto a un conjunto de fenómenos
y a sus explicaciones. A veces es necesario dejar al observador fuera del
sistema, pero en los casos de sistemas con componentes humanos e institucionales,
esto es contraproducente. Así pues, en sistemas medioambientales,
el observador y el analista están arraigados en sus propios sistemas
sociales, geográficos y cognitivos. Desde un punto de vista político,
una de las propiedades más básicas de los sistemas complejos
analizados y observados se puede denominar «la teoría del
elefante», con lo que se quiere hacer referencia a la fábula
india que trata de cinco hombres ciegos que, tocando la pata de un elefante,
intentan adivinar de que objeto se trata. Cada uno de ellos concibe el
objeto según su propio proceso parcial de formación de imágenes.
Después se permite que un observador desconocido vea el todo, no
sólo una parte, y él es el único que ve que es un
elefante. Esta parábola nos recuerda que los observadores y analistas
de un sistema complejo operan con ciertos criterios de selección
de fenómenos, estableciendo unas prioridades, y con unos valores
y obligaciones intrínsecos. De hecho, esta selección en la
observación y el análisis no es puramente subjetiva o arbitraria,
pero lo que es obvio es que ninguno de los aspectos estudiados, individualmente,
puede englobar todo el sistema. Al observar el proceso como un todo, nos
podríamos preguntar si la conciencia de estas limitaciones existentes
es inherente a la comprensión personal sistemática o si está
excluida. De todos modos, en ausencia de esta conciencia, disponemos de
unos conocimientos técnicos un poco anticuados y cuando el análisis
se enriquece con estos conocimientos, obtenemos la ciencia postnormal.
Podemos explicar este concepto de un modo
más sistemático, basándonos en dos propiedades clave
de los sistemas complejos. Una de estas propiedades es la presencia de
incertidumbres importantes e irreductibles de varios tipos en los análisis.
La otra es la multiplicidad de perspectivas legítimas en cualquier
problema. Por lo que se refiere a la incertidumbre, tenemos una especie
de «efecto Heisenberg», donde los actos de observación
y de análisis forman parte de la actividad del sistema que se está
estudiando, y por tanto, lo influyen de varios modos. En sistemas sociales
reflexivos es muy conocido, se refiere al riesgo moral, a las profecías
autorrealizables y al pánico colectivo.
Pero existe otra causa de incertidumbre
muy característica de los sistemas complejos. Una causa que deriva
del hecho de que cualquier análisis (de hecho, cualquier observación)
tiene que tratar con un sistema artificial, normalmente truncado. Los conceptos
que engloban la información existente sólo coincidirán
accidentalmente con los límites y estructuras que son importantes
para un problema político dado. Por eso las estadísticas
sociales y medioambientales están disponibles normalmente (si existen)
en agregados creados por los gobiernos, que tienen otras cosas en la cabeza.
Los datos se han de someter a una interpretación, a una manipulación
para que sean pertinentes para el problema que tienen entre manos. Además
de las obvias y técnicas incertidumbres que comporta la recogida
de datos, la información presentará unas incertidumbres estructurales
aún más profundas, unas incertidumbres que no se podrán
confrontar con el análisis cuantitativo, que de hecho puede ser
decisivo para la calidad de la información presentada.
Un análisis similar nos lleva a
la conclusión de que no existe una única perspectiva privilegiada
de un sistema. Los criterios de selección de datos, un truncamiento
de los modelos y la formación de conceptos teóricos están
cargados de valores y los valores son aquellos insertados en el sistema
societal o institucional en el que se ha desarrollado la ciencia. No se
trata de proclamar el relativismo o la anarquía. Más bien
se quiere recordar que el proceso de decisión sobre políticas
medioambientales tiene que incluir el diálogo entre los que presentan
un interés por el problema y los que se comprometen a solucionarlo.
También se sugiere que el proceso hacia una decisión puede
ser tan importante como los detalles de la decisión que finalmente
se toma.
Como ejemplo de esta pluralidad de perspectivas,
podemos imaginar a un grupo de personas mirando la ladera de una montaña.
Una de estas personas ve un tipo concreto de bosque; otra se fija en una
excavación arqueológica; otra, en un barrio periférico
en construcción y otra descubre un problema de urbanismo. Cada persona
utiliza su formación para evaluar lo que ve, en relación
con su trabajo. Sus percepciones están condicionadas por una variedad
de estructuras cognitivas e institucionales, con elementos explícitos
y tácitos. En un proceso político, sus diferentes visiones
podrían acabar en conflicto e, incluso, algunos interesados podrían
llegar a negar la legitimidad de los compromisos y la validez de la percepción
de los demás. Cada persona percibe su propio elefante, por así
decirlo. La responsabilidad del supervisor es ver los sistemas parciales
desde una perspectiva más amplia y encontrar alguna coincidencia
entre todos ellos, para que se produzca un acuerdo o como mínimo
una aquiescencia en una política. Para aquellos que tienen una tarea
integradora, es útil comprender que esta diversidad y los posibles
conflictos que surjan no son accidentes desafortunados que se puedan eliminar
con una ciencia natural o social mejorada: son unos rasgos inherentes al
carácter del sistema complejo, como la ladera de la montaña.
Estas dos propiedades clave de sistemas
complejos -la incertidumbre radical y la pluralidad de perspectivas legítimas-
ayudan a definir el programa. Demuestran por qué la política
medioambiental no se puede formar alrededor del camino lineal idealizado
de la acumulación de datos para después aplicarle el conocimiento
científico. En realidad, la formación política está
inmersa en un subsistema que a su vez forma parte de un sistema complejo
global del que el problema medioambiental es otra parte.
Ciencia postnormal como puente entre los sistemas complejos y la política ambiental
La idea de una ciencia que sea postnormal
comporta una cierta paradoja y posiblemente un aire de misterio. Por normalidad
entendemos dos cosas. Una es la idea de una ciencia de investigación
que consiste normalmente en resolver enigmas dentro de un paradigma incontestable
e indiscutible, ésta es la teoría de T.S. Kuhn (Kuhn 1962).
La otra es la presunción de que la política medioambiental
todavía es normal, de modo que la rutina de los expertos para resolver
problemas proporciona una base adecuada de conocimiento para las decisiones
políticas. Obviamente, los investigadores y los expertos tienen
que realizar una rutina de trabajo con problemas a pequeña escala;
la cuestión es cómo establecen el marco de estudio, quién
lo establece y con qué grado de conciencia del proceso. En una situación
normal, hablando de ciencia o política, el proceso se realiza en
gran parte de modo implícito y es aceptado inconscientemente por
aquellos que quieren formar parte de él. La gran lección
de los últimos años es que esto ya no es válido. Es
lo que se podría denominar «rechazo de la espléndida
narrativa» postmoderna o política verde, que nos parece bien
siempre que se haga fuera de nuestro ámbito. Sean cuales sean las
causas, no podemos continuar asumiendo la presencia de este tipo de normalidad
del proceso político, sobre todo en relación con el medio
ambiente.
Lo que nos lleva a la ciencia postnormal
es que en las ciencias que dependen de los resultados en relación
con los debates medioambientales, normalmente los hechos son inciertos,
los valores son discutibles, los intereses son importantes y las decisiones,
urgentes.
Alguien puede decir que estos aspectos
no se tendrían que englobar bajo el paraguas de la ciencia, pero
la respuesta podría ser que estos problemas están en todas
partes y que cuando se hace referencia a la ciencia (como tiene que ser),
las condiciones son todo menos normales. La distinción de hechos
científicos objetivos duros y juicios valorizadores subjetivos suaves
se ha invertido. Muy a menudo tenemos que tomar decisiones políticas
duras cuando las aportaciones científicas con las que contamos son
irremediablemente sencillas.
La diferencia entre las antiguas y las
nuevas condiciones se puede observar en las dificultades actuales de la
aproximación económica clásica a la política
medioambiental. Tradicionalmente, la economía intentaba mostrar
cómo los objetivos sociales se podían alcanzar mejor mediante
mecanismos que funcionaban automáticamente en un sistema esencialmente
sencillo. La metáfora de la «mano invisible» de Adam
Smith comportaba la idea de que la interferencia de la conciencia en los
trabajos del sistema económico no haría ningún bien,
sino todo lo contrario, mucho daño; y esta visión se ha mantenido
hasta nuestros días. Ahora bien, para alcanzar la sostenibilidad,
los mecanismos automáticos son claramente insuficientes. Incluso
cuando se utilizan más los mecanismos de fijación de precios
que el control para poner en práctica las políticas económicas,
los precios los tiene que fijar, conscientemente, una agencia, que se convierte
en una mano controladora sumamente visible. Si los hechos externos son
inciertos e irreversibles, no pueden haber precios ecológicamente
correctos en los mercados actuales (con estructuras de derechos de propiedad
adecuadas) o en los mercados ficticios (mediante una valoración
de contingentes o de otras técnicas económicas). En el mejor
de los casos un sistema de toma de decisiones puede establecer los precios
ecológicamente corregidos. Así pues, están en juego
las hipótesis, las teorías, las visiones y los prejuicios
de los agentes que fijan las políticas, y a veces todo ello es bastante
visible de cara al público. Y el público también se
da cuenta de las visiones opuestas y contrastadas en el terreno político,
todas ellas plausibles y que no admiten refutación. He aquí
un sistema social y teniendo presente los términos mencionados anteriormente,
es realmente un sistema complejo, reflexivamente complejo.
El principio de calidad
En estos contextos de complejidad, existe
un nuevo papel para la ciencia natural. Los hechos que se enseñan
en los libros de texto continúan siendo necesarios, pero ya no son
suficientes porque hacen referencia a una versión estandarizada
del mundo natural, una visión a menudo relacionada con las condiciones
artificialmente puras y estables de un experimento de laboratorio. El mundo
real, con la interacción que mantenemos para obtener la sostenibilidad,
no se parece demasiado a la situación del laboratorio. Aquellos
que se han convertido en expertos acreditados por medio de unos estudios
académicos tienen un conocimiento muy valioso de estos problemas
prácticos. Pero posiblemente también se tendrán que
recuperarse de los prejuicios adquiridos inconscientemente durante su aprendizaje.
Al contrario de la impresión transmitida por los libros de texto,
en la práctica muchos problemas tienen más de una respuesta
plausible y muchos no tienen ninguna.
Además, en el mundo artificial
de la formación académica, es completamente inconcebible
que los problemas se puedan abordar y solucionar de un modo que no sea
mediante los conocimientos acreditados de los expertos. Generalmente, los
sistemas de gestión de problemas medioambientales que no se estudian
desde el punto de vista científico y que no se pueden explicar con
principios científicos son descartados como producto de la tradición
ciega o de la causalidad. Y cuando personas sin titulación académica
intentan participar en los procesos de innovación, evaluación
o decisión, sus esfuerzos son vistos con menosprecio o desconfianza.
Estas actitudes no surgen de la malevolencia; son el resultado inevitable
de una formación científica que presupone y adoctrina sobre
la presunción de que todos los problemas son sencillos y científicos
y que se tienen que resolver con la analogía del libro de texto.
Pero cuando la analogía del libro
de texto falla, la ciencia -en el contexto de la política- debe
convertirse en ciencia postnormal. Cuando los hechos son inciertos, los
valores discutibles, los intereses fuertes y las decisiones urgentes, el
principio orientativo tradicional de la ciencia de investigación
y el principio de consecución de la verdad o, como mínimo,
del conocimiento objetivo se han de modificar sustancialmente. En las condiciones
postnormales, estos conceptos pueden ser un lujo, incluso una irrelevancia.
En la Ciencia postnormal el principio orientativo es mucho más fuerte:
el principio de calidad.
Se podría argumentar que la calidad
siempre ha sido el principio efectivo en la ciencia de investigación
práctica, pero en realidad, la filosofía e ideología
dominante de la ciencia a menudo la han olvidado. Para la ciencia postnormal,
la calidad es crucial y hace más referencia al proceso que al producto.
Los círculos políticos se percatan cada vez más de
que en problemas medioambientales complejos donde faltan buenas soluciones
y se necesita el soporte de todos los interesados, la calidad del proceso
de toma de decisiones es absolutamente crítica para que la decisión
obtenga buenos resultados. Este nuevo modo de ver las cosas se refiere
tanto al aspecto científico de la toma de decisiones como a cualquier
otro aspecto que resulte procedente.
Ciencia con valores
La ciencia postnormal se puede relacionar
con las estrategias complementarias más tradicionales mediante un
diagrama (ver figura 1). En este diagrama se pueden observar dos ejes:
incertidumbres de los sistemas e intereses de la decisión. Cuando
su importancia es mínima, nos encontramos en el terreno de la ciencia
segura y normal, donde la competencia es completamente efectiva. Cuando
aumenta la importancia de uno de esos ejes, la aplicación de las
técnicas rutinarias ya no es suficiente; en dichos casos, se necesita
habilidad, criterio y, a veces, valentía. Hoy en día esto
se denomina asesoramiento profesional, teniendo presente los ejemplos del
cirujano o del ingeniero superior. La sociedad moderna ha dependido de
los ejércitos de científicos aplicados, que han hecho avanzar
las fronteras del conocimiento y de la técnica; los profesionales,
por su parte, han representado un papel aristocrático, como innovadores
o como guardianes.
Siempre ha habido problemas que la ciencia
no ha podido resolver. De hecho, el gran hito alcanzado por nuestra civilización
ha sido domesticar la naturaleza de muchos modos diferentes. Gracias a
esto, para un sinnúmero de personas la vida es más segura,
más útil y más cómoda de lo que se podía
haber imaginado en los primeros tiempos. Pero ahora nos damos cuenta de
que la conquista de la naturaleza no ha acabado. Al enfrentarnos con la
naturaleza en su estado reactivo, encontramos incertidumbres extremas en
nuestra comprensión de sus sistemas complejos, unas incertidumbres
que no se solventarán con el mero desarrollo de las bases de datos
o con la potencia informática. Y teniendo en cuenta que estamos
todos implicados en la gestión de los recursos del mundo natural
para nuestro provecho personal y social, cualquier política de cambio
está obligada a afectar a nuestros intereses. Por ese motivo, en
cualquier estrategia de resolución de problemas, los intereses de
la decisión de los diversos interesados también se deben
tener en cuenta.
Ésa es la razón por la que
el diagrama tiene dos dimensiones y esto es una innovación para
las descripciones de ciencia, asumida tradicionalmente por estar exenta
de valores. Pero en cualquier problema real de gestión del medio
ambiente, ambas dimensiones son inseparables. Si las conclusiones no están
totalmente determinadas por los hechos científicos, los valores
del agente condicionan las interferencias (naturalmente y legítimamente).
Ésta es una parte necesaria de la práctica de la investigación;
todas las pruebas estadísticas tienen valores incorporados, y esto
se observa, por ejemplo, en la elección de límites confidenciales
numéricos y la gestión de datos aislados que exigen unos
juicios que a veces se pueden aproximar a la ciencia postnormal en su complejidad.
Si los intereses son muy altos (como cuando una institución es amenazada
seriamente por una política), entonces una política defensiva
exigirá desafiar cada paso del argumento científico, aunque
las incertidumbres de los sistemas sean realmente poco importantes.
Estas tácticas son sólo
incorrectas cuando las llevan a cabo, en secreto, científicos que
se presentan como jueces imparciales cuando de hecho son abogados comprometidos
con una causa. Ahora hay muchas iniciativas -que no dejan de aumentar en
número y en importancia- para incluir círculos más
amplios de personas en la toma de decisiones y en la ejecución de
los problemas medioambientales.
Con la contribución de todos los
interesados en casos de ciencia postnormal no es que se persiga únicamente
una más amplia participación democrática. En este
caso los problemas son muy diferentes de los de la ciencia de investigación,
la práctica profesional o el desarrollo industrial. Cada uno de
ellos tiene sus propios sistemas para asegurar la calidad de los productos
de su trabajo, ya sean los colegas del ámbito, las asociaciones
profesionales de evaluación o el mercado. Para estos nuevos problemas,
la calidad depende del diálogo abierto entre todas las partes afectadas.
Esto es lo que se denomina comunidad del ámbito, que no sólo
se compone de personas con acreditación institucional, sino de todas
aquellas con deseo de participar en la resolución del problema.
Fuera de contexto, dicha propuesta puede parecer que implica una dilución
de la autoridad de la ciencia y que nos lleva al terreno de la política.
Pero no estamos aquí para hablar de las áreas tradicionales
de investigación y del desarrollo industrial, sino para hablar de
aquellas áreas donde los problemas de calidad son cruciales y los
mecanismos tradicionales de garantía de calidad son claramente inadecuados.
Como este contexto de ciencia tiene relación con la política,
en el hecho de que se amplíe el ámbito de debate fuera de
los círculos tradicionales -en la extensión de dicha comunidad
del ámbito- se puede observar cierta analogía con tiempos
pasados, cuando se hicieron concesiones en otros terrenos; cuando se permitió,
por ejemplo, que los trabajadores formaran sindicatos y cuando las mujeres
pudieron votar. En todos estos casos, había profecías negativas
que no se cumplieron.
En lo relativo a la formación de
una política medioambiental en condiciones de complejidad, es difícil
imaginar una alternativa viable a la extensión de los miembros de
las comunidades del ámbito. Ya se están creando agrupaciones
de este tipo, cada vez más, y esto ocurre cuando las autoridades
no ven otra salida o cuando saben que ninguna política puede triunfar
sin una amplia base de consenso. Entre estos grupos se encuentran los jurados
populares, los grupos de atención, las conferencias de consenso
o cualquier otro grupo con otro de los muchos nombres que se les ha dado.
Tanto la denominación como la forma y las competencias son extremadamente
variadas. Pero todos tienen un elemento importante en común: garantizan
la calidad de las propuestas políticas, incluyendo un elemento científico,
basándose en cualquier ciencia que puedan dominar durante el periodo
de preparación, y todos sus veredictos tienen un grado de fuerza
moral y por tanto, de influencia política.
Soluciones reales a problemas reales
Juntamente con esta función evaluadora
y reguladora de las comunidades del ámbito, está surgiendo
otra función, una función más profundamente involucrada
en el proceso político. Especialmente a nivel local, se ha visto,
reiteradamente, que la gente, con la práctica, no sólo se
ocupa del medio ambiente sino que encuentra modos ingeniosos y creativos
-parcialmente tecnológicos- para su mejora. La calidad no radica
únicamente en la verificación sino también en la creación,
porque la gente puede imaginar soluciones y reformular problemas con métodos
que los expertos acreditados, con la mejor intención del mundo,
no encuentran normales.
Nadie puede garantizar que el restablecimiento
de la calidad dentro de las comunidades del ámbito se realizará
fácilmente y sin errores. Pero en el proceso de extensión
de las comunidades del ámbito por medio del enfoque de la ciencia
postnormal, podemos observar una vía abierta, tanto para la ciencia
como para los problemas complejos del medio ambiente.
La Comisión real sobre contaminación
del medio ambiente del Reino Unido ha creado recientemente una especie
de manual para la práctica de la ciencia postnormal. En el informe
21, sobre el establecimiento de normas medioambientales, se realizan unas
observaciones y recomendaciones que reflejan un nuevo punto de vista. Así
pues, sobre la incertidumbre, se dice:
9.49: No se ha concebido ningún
método satisfactorio para medir el riesgo para el medio natural,
ni tan siquiera un principio, y aún menos se ha definido la escala
de riesgos que se podría considerar tolerable.
En lo referente a los valores, tenemos
lo siguiente:
9.74: Cuando las normas medioambientales
están fijadas o se han emitido juicios sobre los problemas medioambientales,
las decisiones tienen que comportar la comprensión de los valores
de las personas [...];
En cuanto a la extensión de las
comunidades de pares:
9.74 (continuación): Las formas
tradicionales de consulta, aunque han proporcionado puntos de vista útiles,
no son un método adecuado para articular los valores;
Y para la pluralidad de perspectivas legítimas:
9.76: Una exploración más
rigurosa y más amplia de los valores de las personas requiere una
discusión y un debate para permitir que se considere una variedad
de puntos de vista y de perspectivas y que se desarrollen valores individuales.
[(Comisión Real sobre Contaminación
Ambiental del Reino Unido 1998) Capítulo 9 - Conclusiones].
Conclusión
La inadecuación del enfoque tradicional
de la ciencia normal se ha mostrado reveladora en la dramática claridad
del episodio de las vacas locas. Durante años los investigadores
y asesores acreditados aseguraron al gobierno británico que el riesgo
de transmisión infecciosa a los humanos era casi inexistente. No
dieron importancia a los intereses implicados en la política oficial,
para la cual la alarma pública y los gastos del gobierno eran los
aspectos prioritarios. Después se confirmó la existencia
de enfermos infectados y durante un breve periodo de tiempo el gobierno
admitió que una epidemia de enfermedad degenerativa era un riesgo
no cuantificable. La situación se descontroló y el rechazo
de los consumidores no sólo amenazó la carne de vaca británica
sino seguramente toda la industria cárnica europea. Teniendo en
cuenta la situación, se tuvo que tomar una dura decisión
sobre el ganado que se tenía que sacrificar. Pero se partía
de una base muy frágil: simples estimaciones sobre el número
de cabezas de ganado que se tenían que sacrificar para tranquilizar
a los consumidores de carne. A su vez, los detractores independientes -a
los que se había tratado con bastante dureza- fueron admitidos en
el debate. Sin desear de ningún modo unas consecuencias como estas,
el Ministerio Británico de Agricultura, Ganadería y Pesca
creó una situación de extrema incertidumbre, en la que se
desconocían los intereses reinantes y en la que se legitimaba la
ampliación de la comunidad con derecho a opinar.
El enfoque de la ciencia postnormal no
se ha de entender como un ataque a los expertos acreditados sino más
bien como una ayuda. El mundo de la ciencia normal en el que fueron formados,
tiene su lugar dentro de un estudio científico del medio ambiente,
pero es necesario que se complemente con una conciencia de la naturaleza
postnormal de los problemas con los que nos enfrentamos. La gestión
de sistemas naturales complejos como si fueran meros ejercicios científicos
nos ha llevado a la actual situación, donde se combinan triunfos
y peligros. Estamos presenciando la emergencia de un nuevo enfoque en lo
referente a las estrategias de resolución de problemas. En
este enfoque la función de la ciencia continúa siendo fundamental,
pero entra dentro de un contexto que tiene en cuenta las incertidumbres
de los sistemas naturales y la relevancia de los valores humanos.
Bibliografía
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VI. 1638.
FUNTOWICZ, S. O.; RAVETZ, J. R. «Science
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9: «Conclusions» [http://www.rcep.org.uk/].
Ulrich Beck y las
dimensiones sociales del riesgo
Josep Espluga
Sociólogo, profesor de sociología
ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona
El sociólogo alemán
Ulrich Beck es el formulador del concepto de risk society (sociedad del
riesgo) que intenta describir la nueva modernidad, es decir, la estructura
social en transformación que caracteriza al capitlismo tardío.
En esta «modernidad reflexiva» el riesgo es un constructo social
no una probabilidad claramente objetivable. A pesar de la potencialidad
de muchas de sus ideas, la univeralidad que Beck asocia a muchos de los
riesgos contemporáneos refleja el etnocentrismo de su propuesta.
En algunos pasajes de su curiosa etnografía titulada El antropólogo inocente, Nigel Barley hace referencia a las relaciones que los dowaios -una pequeña tribu del Camerún- mantienen con el medio ambiente en el que viven y del que extraen sus recursos básicos. Uno de los fragmentos más chocantes desde la óptica de un occidental medianamente ilustrado es el siguiente:
En lo tocante a «vivir en armonía con la naturaleza», los dowaios tenían mucho camino por delante. Con frecuencia me reprochaban que no me hubiese llevado una ametralladora de la tierra de los blancos para poder erradicar de este modo los patéticos rebaños de antílopes que todavía existían en su territorio. Cuando los dowaios empezaron a cultivar algodón para el monopolio estatal, se les entregaron grandes cantidades de pesticidas, que ellos aplicaron inmediatamente a la pesca. Lanzaban el producto a los ríos para recoger después los peces envenenados que flotaban en la superficie. Este veneno sustituyó rápidamente a la corteza del árbol que habían utilizado tradicionalmente para ahogar a los peces. «Es fantástico -explicaban-. Lo echas en el agua y lo mata todo, peces pequeños y peces grandes, en muchos kilómetros». (Barley, 1996: 122).
Se ha de añadir que, evidentemente, los peces muertos eran objeto posteriormente de un tratamiento culinario y su destino era el de ser comidos por los miembros del poblado, y que diversos expertos ya les habían advertido del riesgo que suponía comer peces envenenados, pero los dowaios hacían caso omiso de esa información, que en su sistema social y cultural es poco significativa. Una actitud similar se encuentra entre los habitantes de Bielorrusia, que cada otoño salen masivamente a recoger setas en los bosques gravemente afectados por la radioactividad de Chernóbil, aunque saben muy bien (han sido objeto de intensas campañas informativas) que precisamente las setas acumulan dosis importantes de contaminación radiactiva. Desde la racionalidad y la escala de valores occidentales se podría pensar que los dowaios del profesor Barley están poniendo en práctica un comportamiento altamente perjudicial para su salud y para el medio ambiente en el que viven. Pero parece que lo hacen sin demasiadas precauciones ni remordimientos, ni sentido alguno de la responsabilidad, lo cual lleva a pensar un poco en el concepto de riesgo. ¿Acaso no ven el peligro los dowaios? ¿Quizás sean unos irracionales? ¿Es sólo una cuestión de ignorancia por su parte? ¿Un científico europeo tiene más garantías de comportarse de manera saludable que un dowaio? ¿Se pueden controlar todos los riesgos que afectan a la salud? ¿Quién es responsable de los riesgos? ¿Estamos dispuestos a tomar algún tipo de medidas para evitar riesgos?
El riesgo como concepto emergente
El incremento y la difusión de la
conciencia de riesgo en nuestra sociedad son, en cierta manera, paradójicos,
si se considera que al mismo tiempo que aumenta el desarrollo tecnológico
y disminuyen las probabilidades objetivas de muerte (o daño), aumentan
los miedos, los temores y las ansiedades de muchos sectores ciudadanos.
No deja de resultar sorprendente el incremento de la conciencia de riesgo
difuso, por la cual en el ambiente en el que vivimos, en la comida que
comemos, en los instrumentos que utilizamos, en los espacios que atravesamos,
etcétera, se identifican cada vez más numerosos factores
de riesgo. La explicación de esta aparente paradoja presenta múltiples
caras. Entre los principales aspectos se pueden citar las incertidumbres
con las que se encuentra la ciencia para controlar los efectos de ciertas
tecnologías (genéticas, químicas, nucleares, etcétera);
la mayor sensibilidad al riesgo por parte de la población gracias
a la mayor presencia social de información sobre los riesgos (se
ha de destacar el papel tematizador de la información en una sociedad
mediática como la actual); o la evidencia cada vez más extendida
socialmente de los efectos colaterales del proceso de modernización
(que se configuran como riesgos que no se encuentran distribuidos de manera
socialmente homogénea, sino de manera desigual, tanto sincrónica
como diacrónicamente entre las generaciones futuras).
Todo ello configura una forma de nueva
e insurgente cultura del riesgo que dificulta la sesión del riesgo
y su uso político en el marco de las instituciones clásicas
de la sociedad industrial, con el agravante de la introducción de
las generaciones futuras como sujetos de referencia. ¿Cuáles
son los criterios apropiados para identificar y definir los riesgos? ¿Qué
nivel de seguridad se puede considerar suficientemente seguro? ¿Se
ha de adoptar un grupo de criterios uniformes para gestionar todo tipo
de riesgos? ¿Quién ha de designar dicho criterio? ¿A
quién corresponde la responsabilidad si el criterio se manifiesta
inadecuado? Estas otras cuestiones del mismo tipo constituyen el punto
esencial del debate sobre el riesgo, y permiten sospechar que no existe
el riesgo obvio, ni su distribución es homogénea, por lo
cual, cuestiones tan reiteradas como la de «¿Quién
lo paga?» se vuelven muy problemáticas e incluso dejan de
ser útiles para la gestión del riesgo.
Diversas aproximaciones al concepto de riesgo
A pesar de la utilidad y de la centralidad
del concepto de riesgo, su uso normalmente se acompaña de una considerable
imprecisión en la definición y en el concepto en muchas de
las disciplinas que lo utilizan (aunque matemáticos y economistas
lo usan con bastante definición, la mayoría de las ciencias
sociales no lo hacen). Se pueden individualizar dos grandes líneas
epistemológicas en lo tocante a la conceptualización del
riesgo tecnológico, desde posturas más realistas hasta las
más hermenéuticas:
Por una parte, existen las definiciones
estadístico-probabilísticas basadas en criterios científico-técnicos
en el sentido positivista, de carácter cuantitativo, donde el riesgo
es una propiedad objetiva de un acontecimiento o de una actividad, y se
pueden medir probabilísticamente para calcular sus efectos adversos.
El origen de esta definición se puede encontrar en la ingeniería,
la estadística, la física o la química. Desde este
enfoque el riesgo tiene su referente entre los daños por las pérdidas
esperadas y se puede reducir a un valor numérico. En lo que respecta
a sus consecuencias se caracteriza por ser un concepto unidimensional,
es decir, que sólo contempla una única dimensión de
consecuencias: Los daños físicos/biológicos. Esta
única dimensión, además, se considera universal, es
decir, relevante en cualquier lugar y momento histórico (de aquí
su utilidad práctica). Mediante un cálculo de probabilidades
de magnitudes de los daños se puede realizar una estimación
numérica promediada sobre el tiempo y/o espacio, susceptible de
ser comparada con criterios de valoración preestablecidos, y que
permite la toma de decisiones. Todos los estudios toxicológicos,
epidemiológicos, probabilísticos, de árboles de fallo
de sistemas, etc. usan esta perspectiva de análisis del riesgo.
La economía y las teorías de decisión racional también
participan en parte de esta perspectiva, con una concepción de riesgo
unidimensional pero basada en pérdidas esperadas, en lugar de daños
físicos, dentro de una operación coste-beneficio.
Por otra parte, además de las definiciones
más estrictas (y restrictivas) realizadas desde las ciencias naturales
y alguna ciencia social positiva como la economía, el riesgo se
considera también, desde ciertas perspectivas de las ciencias sociales,
como un producto sociocultural, de tal manera que la definición
misma del riesgo se considera histórica y culturalmente variable
y se fundamenta en convenciones sociales. En este sentido, la definición
del riesgo se puede abordar desde una perspectiva más hermenéutica
o interpretativa, haciendo referencia a aquello que está más
vinculado a su significado, a los aspectos personales, sociales y culturales.
De un modo general, el riesgo se puede entender como la evaluación
de la posibilidad de un efecto adverso como consecuencia de un peligro
(Puy). Se insiste en el carácter multidimensional del riesgo, en
el sentido de que, además de la dimensión numérica
de probabilidades y pérdidas cuantificables, comporta otra serie
de aspectos cualitativos que las personas tienen en cuenta a la hora de
juzgar o evaluar un riesgo: tales como el grado de voluntariedad en la
exposición al mismo, la inmediatez o la demora de sus efectos, la
credibilidad de las instituciones que lo gestionan, etcétera. Desde
las ciencias sociales no resulta fácil contemplar el riesgo como
un concepto objetivo y unidimensional, ya que un mismo riesgo se llena
de significados distintos en función de las personas o contextos
y los diferentes momentos. Desde esta perspectiva, el riesgo es más
bien una construcción social. Casos como las amenazas a la salud,
las desigualdades, los sentimientos de injusticia, el control coercitivo,
y otros factores que no pueden ser determinados por los análisis
científicos objetivos, se reconstruyen a través de las creencias
y pensamientos racionales de los diversos agentes sociales. En la definición
y construcción de un riesgo se ven reflejados los intereses y los
valores de cada grupo o institución implicados en el proceso. Desde
esta perspectiva, las políticas de riesgo nacen de una lucha constante
de todos los actores participantes para incluir su significado del riesgo
en la agenda pública e imponerlo a otros.
En este sentido, los análisis técnicos
del riesgo no son necesariamente superiores a otras construcciones del
riesgo, ya que también están basados en convenciones de grupos
(de expertos), intereses específicos de elites y valores y juicios
implícitos. Las consecuencias reales de los riesgos vienen dadas
siempre a través de interpretaciones sociales, y están siempre
ligadas a valores e intereses de grupo.
Los dowaios de Barley pueden ilustrar
casos en los que la identificación e interpretación de algunos
factores de riesgo dependen de creencias propias de cada grupo social,
que las asocian a la posibilidad de que ocurran determinados daños
de mayor o menor magnitud. Por ejemplo, en palabras del Barley:
A los dowaios les extrañaba que las serpientes y los escorpiones me diesen tanto miedo y que, en cambio, evitase atropellar a la más horripilante de las aves, el búho. Una vez me vieron recoger un camaleón, cuya picadura consideraban mortal, después de que unos niños lo hubiesen estado torturando, para dejarlo en un árbol. Para ellos aquello era una locura. Pero la más útil de mis locuras era estar dispuesto a tocar las garras de un oso hormiguero; los dowaios no las tocan jamás de la vida, por miedo a que sus penes queden permanentemente flácidos. Si se clavan las garras en el fruto del baobab y se pronuncia el nombre de la víctima, las garras se pueden utilizar para matar a un hombre. Así, al caer el fruto, la persona morirá. Los dowaios que habían matado un oso hormiguero me requerían públicamente y me ofrecían las garras como muestra de sus buenas intenciones respecto a sus vecinos. Entonces yo tenía que llevarlas al campo y enterrarlas lejos de los lugares frecuentados. Esta tarea de controlador de la contaminación cosmológica que yo desarrollaba era muy apreciada. (Barley,1996:165)
En nuestra sociedad, las instituciones encargadas de gestionar los riesgos realizan a menudo análisis técnicos objetivos, pero sólo esto no garantiza el control de la respuesta social, con lo cual la gestión del riesgo se puede ver enormemente dificultada.
Elementos comunes a las diferentes perspectivas
Las distintas concepciones del riesgo
comparten, al menos, tres consideraciones:
1) La distinción entre realidad
y posibilidad. Si el futuro se considerase o bien predeterminado o bien
independiente de las actividades humanas del presente, el término
riesgo no tendría sentido (Renn). Si el destino de una persona estuviese
predeterminado, no habría necesidad de anticipar resultados futuros,
más allá de la simple curiosidad, ya que en definitiva las
consecuencias no podrían ser evitadas. Si se acepta la distinción
entre realidad y posibilidad, el término riesgo denota la posibilidad
de que un estado de realidad no deseado pueda suceder como resultado de
acontecimientos naturales o de actividades humanas. De acuerdo con este
planteamiento, el riesgo es un concepto descriptivo y, a la vez, normativo,
ya que permite establecer un modelo en el cual los seres humanos pueden
hacer conexiones más o menos casuales entre unas acciones y sus
efectos, y, además, obliga a suponer que los efectos no deseables
(daños) pueden eliminarse o mitigarse si los acontecimientos o acciones
causantes se evitan o se modifican. Pensar en aquello que constituye un
riesgo y en cuáles pueden ser sus consecuencias lleva a identificar
unos factores, unos peligros, una población expuesta, unas instituciones
responsables de garantizar una seguridad, y, además, a establecer
unos parámetros que establezcan lo que se ha de hacer (o, más
a menudo, aquello que no se ha de hacer). Normalmente, considerar la posibilidad
de un riesgo en una población implica la exigencia de reducirlo
o eliminarlo. De este modo, alrededor del riesgo se organiza un proceso
decisorio (político) con, como mínimo, tres clases de sujetos:
los responsables de la generación del riesgo, los administradores
públicos y los ciudadanos.
2) La otra idea subyacente a todas las
perspectivas de estudio es que la presencia del riesgo comporta la posibilidad
de pérdidas o daños. Se considera que las pérdidas
(o daños) son las consecuencias del riesgo. Para definir o evaluar
un riesgo, lo primero que tendría que hacerse es determinar cuáles
son los posibles ámbitos de consecuencias que se van a considerar.
Como ya se ha comentado, diferentes tipos de estudios han identificado
diversas dimensiones tales como el daño físico y el biológico,
el bienestar psicológico de los individuos, el impacto sobre el
medio ambiente, el impacto económico, etc. El riesgo no es una única
magnitud, sino que cada una de estas dimensiones suponen unas consecuencias
distintas, a menudo difícilmente conmensurables y agregables entre
sí.
Por otra parte, es obvio que no
todos los individuos perciben la realidad del mismo modo, y que hay diferencias
sustanciales entre el significado que adquieren las cosas para unas personas
y para otras, en función de sus características individuales,
de sus experiencias, del entorno social en el que viven y del contexto
local de interacción en el que tiene lugar la percepción
o la acción, entre otros posibles factores. Las diferencias más
notables, o que han recibido una mayor atención por parte de los
estudiosos en lo relacionado con el tema que nos ocupa, son las diferencias
entre expertos y profanos (Wynne). Los criterios utilizados por el público
para estimar la gravedad o significación de una posible pérdida
no sólo tienen que ver con las dimensiones biológicas (tales
como mortalidad o morbilidad), sino también con otras dimensiones
psicológicas, sociales y culturales, algunas de las cuales están
muy relacionadas con sus convicciones éticas y morales sobre la
justicia y sobre el tipo de sociedades en las que desean vivir (Douglas).
Así, es posible que el horror de una catástrofe no dependa
sólo del número de víctimas (que es el indicador tradicionalmente
más utilizado), sino también de la violación de algún
sentimiento de justicia que las personas comparten (aspecto de naturaleza
intangible y variable en el tiempo), etc. Además, se ha de tener
en cuenta que distintos grupos sociales afectados e implicados de manera
desigual por el riesgo pueden evaluar su significación de distinta
forma, y es una cuestión política el decidir a qué
grupo se atiende con preferencia.
3) Además, las diferentes perspectivas
sobre el riesgo se ven afectadas por una incertidumbre intrínseca
en su esencia (Puy), hasta el punto de que el propio concepto de riesgo
llega a equipararse con el de incertidumbre. Esta incertidumbre surgió
al intentar determinar, por ejemplo, en qué medida las personas
prefieren o rechazan el riesgo frente a la seguridad. Además, aparece
una incertidumbre respecto a los posibles ámbitos o dimensiones
en los que pueden presentarse las pérdidas, lo que permite suponer
que cuanto mayor sea esta incertidumbre mayor será el riesgo (esta
incertidumbre afecta tanto a los análisis de profanos como a los
de expertos). También se puede hablar de incertidumbres para referirse
al nivel (magnitud) de las pérdidas que pueden ocurrir, ya
que incluso cuando se llegan a conocer los ámbitos que podrían
verse afectados, se mantiene la incertidumbre sobre la probabilidad de
que tales pérdidas se produzcan o no (a mayor probabilidad mayor
es el riesgo).
Muchos de los estudios sobre riesgos,
especialmente desde la perspectiva estadístico-probabilística,
sólo contemplan la incertidumbre en el sentido de probabilidad de
pérdidas físico-biológicas, pero no los demás
aspectos mencionados (percepción del riesgo, bienestar psicológico
de los individuos, costes y beneficios económicos, desconocimiento
y temor, sentimiento de injusticia, etc.). Algunas experiencias de desastres
demuestran que, en realidad, la escala de los daños es mucho más
amplia, y que provoca repercusiones que los análisis pretendidamente
realistas u objetivos no pueden recoger. Con gran sensatez, pero de una
manera muy ilustrativa, V. Amato (1995) exponía las consecuencias
de un riesgo con el efecto de las ondas producidas por una piedra lanzada
a un estanque, que en su expansión afectan en primer lugar a las
víctimas directamente implicadas, después a la empresa responsable,
y a continuación se verán afectadas otras empresas y posteriormente
otros sectores industriales. Aquí se podrían añadir
los daños a la imagen de estas empresas, los daños al sistema
político que había garantizado unos derechos a sus ciudadanos,
etc. Un caso real ampliamente documentado es el del incidente ocurrido
en 1979 en la central nuclear de Three Mile Island, donde se demostró
que el número de muertos, heridos y daños a la propiedad
sólo son una pequeña parte del conjunto de las pérdidas
generales. En este caso no se produjeron ni muertes ni excesivas preocupaciones
por posibles enfermedades posteriores pero se ocasionaron importantes daños
sociales: la empresa gestora de la instalación se fue a pique, y
se impusieron enormes costes a la industria nuclear y a la sociedad en
general a través de una mayor reglamentación del sector,
se redujo la operatividad de los reactores a escala mundial, y se generó
una fortísima oposición de la opinión pública
internacional a la energía nuclear. En la actualidad, esta oposición
se ha extendido incluso a otras tecnologías, como las de la industria
química o de la ingeniería genética, que generan desconfianza
y poca credibilidad entre ciertos sectores sociales.
Si se acepta que el riesgo es multidimensional,
la pretensión de captar su idea global mediante un número
no permite dar una explicación satisfactoria sobre las acciones
sociales, individuales o colectivas, relacionadas con éste. Desde
este punto de vista, el análisis cuantificador resulta excesivamente
rígido y reduccionista para dar cuenta de los fenómenos sociales
que rodean a las vivencias del riesgo.
Algunas notas sobre el análisis de la sociedad contemporánea
Se podría pensar que vivimos en
una época curiosa o especial en la que las cosas cambian con mucha
rapidez, y que quizá nos encontremos en un momento histórico
de transición. Pero, probablemente, la historia de la humanidad
nunca ha sido nada más que un proceso de transición, de cambios
continuos y azarosos, por lo que nuestra época tampoco tendría
por qué ser distinta a otras épocas anteriores o posteriores.
Sin embargo, nosotros en la actualidad vivimos y experimentamos con más
o menos preocupación, y tenemos, a menudo, la necesidad de dibujar
un esquema que nos permita situarnos y explicar ciertos fenómenos
que nos afectan o que nos hacen titubear, que erosionan nuestras convicciones,
la confianza o nuestra manera de ser y estar en el mundo. Normalmente,
los investigadores sociales aceptan la hipótesis de que la manía
moderna de querer explicar la sociedad procede de la época de la
industrialización en la Europa del siglo XIX, una época en
la que se hacen patentes los cambios drásticos en las formas de
vida, en las instituciones, en los sistemas políticos, en los valores
sociales y culturales. La sociedad industrial conlleva toda una serie de
problemas sociales (aumento de las desigualdades, concentración
urbana con pobres condiciones de salubridad, desarraigo, siniestralidad
laboral, etc.), pero al mismo tiempo también la posibilidad de emancipación,
de generar acciones colectivas encaminadas a disputar el poder a los grupos
tradicionalmente poderosos para poder conseguir una nueva sociedad. Así
pues, el siglo XIX vio aparecer cierto número de utopías
apoyadas en el progreso técnico y científico, que proponían
un mundo racionalmente mejor como alternativa a la sociedad industrial
burguesa. En aquel contexto todo parecía indicar que la razón
científica constituía la base adecuada para generar conocimientos
válidos sobre la realidad, y para fundamentar la toma decisiones
sobre los asuntos que afectan al conjunto de la sociedad. El conocimiento
técnico permitiría dominar las condiciones que rigen la vida
humana, y nos liberaría de las constricciones tradicionales de la
naturaleza. Durante muchas décadas ésta ha sido la imagen
social de la ciencia y de la técnica, como a instancias legitimadoras
de una idea de progreso ilimitado y de control y dominio sobre todo tipo
de recursos.
A finales del siglo XX, algunas de estas
premisas ya no son tan evidentes. Cada vez es mayor el número de
conflictos sociales relacionados con problemas derivados del propio desarrollo
tecnológico y de la impredictibilidad de muchos de los fenómenos
complejos que afectan al actual orden social. El esquema que rendía
pleitesía a la sociedad industrial comienza a no ser todo lo válido
que sería necesario, de tal modo que aparecen nuevas formas de análisis
y de explicación de la sociedad. Precisamente, es en este punto
en el que puede situarse la obra de Ulrich Beck, como uno de los estudiosos
que propone un sugerente marco de análisis a través de lo
que se ha dado en llamar la sociedad del riesgo.
Hacia la sociedad del riesgo
Ulrich Beck comparte la hipótesis
de que el proceso de modernización está erosionando seriamente
la sociedad industrial y parece dar paso a nuevas configuraciones sociales
(incorporadas, a pesar de todo, a un sistema capitalista en transformación).
Beck observa una serie de indicadores de estos cambios: la creciente importancia
de nuevas relaciones sociales que van más allá de la estricta
sociedad de clases, tales como los nuevos movimientos ciudadanos (comunismo,
pacifismo, feminismo, etc.), la nueva pobreza, los nacionalismos, los fundamentalismos,
etc.; también observa la redefinición del papel de la familia
nuclear; la modificación de los límites entre el ámbito
del trabajo y el no trabajo, las nuevas relaciones entre productores y
consumidores, la consolidación de una bolsa de paro estructural;
de igual modo, se detecta también que la ciencia pierde su imagen
de neutralidad y se enfrenta a una duda metódica, tanto en lo relacionado
con el objeto de estudio como con los efectos sociales de su aplicación;
y, en definitiva, se acaban constatando graves dificultades para poder
satisfacer ciertas promesas importantes del proyecto moderno (libertad,
democracia no formal, etc.).
En este contexto, Beck postula el concepto
de sociedad del riesgo, definida como un estadio de la sociedad moderna
en el que la producción de riesgos políticos, ecológicos
e individuales está -cada vez más- fuera del control de las
instituciones encargadas de garantizar la seguridad de la sociedad. Desde
las instituciones de decisión política aún se continúa
dando por supuesto que la realidad natural y social se puede dominar y
controlar tecnológicamente, al tiempo que se considera permitido
el tolerar unos niveles residuales, más o menos provisionales, de
riesgo. Pero cada vez resulta más evidente que la ciudadanía
empieza a formarse una imagen diferente de los riesgos a los que se ve
expuesta, y todo ello da lugar a la pérdida de legitimidad de las
instituciones encargadas de controlarlos. Desde diversos focos ciudadanos
y de opinión pública se expresa la preocupación creciente
y la desconfianza respecto a las instituciones, ya que se percibe que se
convierten en focos de producción y de legitimación de peligros
incontrolables, sobre la base de unas rígidas relaciones de propiedad
y de poder. Esta fase de advenimiento de la sociedad del riesgo surge de
manera visible en los países occidentales a partir de mediados de
los años ochenta del siglo XX. En la sociedad del riesgo, los objetivos
ya no son tanto el dominar la naturaleza o liberar a los seres humanos
de las constricciones tradicionales sino, además (en cambio), hacer
frente a los problemas resultantes del propio desarrollo tecno-económico.
En este sentido, se introducen elementos decisivos, se habla de modernización
reflexiva. Beck entiende la modernización reflexiva como una transformación
de la sociedad industrial, que se produce sin planificación y de
manera latente en el transcurso normal y autónomo de la modernización,
y que supone una radicalización de la modernidad, que desvincula
la sociedad industrial de sus perfiles y premisas. Si la modernización
simple supuso una disolución y sustitución de las formas
de la sociedad tradicional por las industriales (a través de la
racionalidad teleológica), la modernización reflexiva, conceptualizada
por Beck, supone la disolución y sustitución de las formas
de la sociedad industrial por otros tipos de formas sociales. Pero, según
Beck, esta modernización reflexiva no ha de tender necesariamente
hacia la autodestrucción, sino a la autotransformación y,
por lo tanto, puede conllevar un potencial positivo para el futuro de la
sociedad.
Reflexividad crítica
El proceso de modernización que
tuvo lugar en la sociedad industrial se pensó y se justificó
en términos de globalización, de expansión permanente,
y el hecho de que el progreso pudiese volverse contra sí mismo,
hasta el punto de autosuprimirse, no dejaba de verse como algo inaceptable,
sencillamente no era pertinente. Pero la expansión y difusión
masiva del conocimiento científico y tecnológico ha propiciado
en esta sociedad la capacidad de autoconfrontación y reflexión
crítica respecto a las consecuencias y riesgos que comporta el proceso
de modernización. Se da la paradoja de que el agotamiento de los
recursos y de los fundamentos de la modernización industrial no
es imputable a enemigos externos al sistema contra los que movilizarse
y subrayar una identidad común, sino que ha de atribuirse a agentes
internos, al propio proceso de modernización industrial. En definitiva,
se constata que en la sociedad moderna, los mismos indicadores que pueden
servir para explicar el bienestar, también pueden servir para explicar
las pérdidas y daños (o consecuencias del riesgo) hecho que
genera, entre el público, inseguridad, angustia y cierta conciencia
de riesgo difuso permanente. Se ha de añadir que, para Beck, en
la sociedad del riesgo, la distribución de beneficios y la distribución
de riesgos no es equitativa, sino que siempre hay grupos sociales que reciben
más beneficios y otros más daños. Pero los riesgos
derivados de los efectos colaterales del desarrollo tienen una naturaleza
tal que sus efectos alcanzan a toda la población en mayor o menor
medida, por lo cual, en palabras de Beck, todos nos vemos expuestos, incluso
los miembros de las generaciones futuras.
La sociedad del riesgo se origina allí
donde los sistemas de normas y las instituciones sociales fracasan a la
hora de conseguir la seguridad prometida frente a los peligros desencadenados
por la toma decisiones. Para defenderse y relativizar esta afirmación,
los responsables de la toma de decisiones acostumbran a señalar
que la inseguridad y las amenazas no son un problema específico
de la sociedad actual, sino que ya se ha observado en todas las culturas
y épocas. En opinión de Beck, en esta nueva modernidad hay
un rasgo específico determinante: los peligros y los riesgos se
producen a raíz de decisiones sociales. Es decir, los peligros y
los riesgos no son atribuibles a la naturaleza, a los dioses, a los demonios
ni a otras instancias metafísicas, sino que dependen de decisiones
adoptadas desde diversas instituciones sociales (públicas o privadas).
El hecho de que las decisiones generen peligros duraderos (y que generen
también beneficios económicos) tiene un destacable significado
político: las garantías de protección -seguridad-
son refutadas públicamente, con lo cual, a menudo, queda en entredicho
la legitimidad de quienes deciden. Las decisiones se argumentan con promesas
de utilidad económica, técnica o social, y se ven sometidas
a unas normas que han de garantizar su control. A menudo, se constata que
los sistemas normativos establecidos no cumplen sus exigencias de control,
y, además, estos aspectos acostumbran a quedar al margen de los
debates públicos. Se observa también que existen diversas
y diferentes percepciones sobre las consecuencias y los peligros. De este
modo, se ve muy dificultado el intento de organizar y establecer prioridades.
La contradicción entre promesas de racionalidad y control y la aparición
de los efectos nocivos, impulsa las demandas ciudadanas (reclamaciones,
movimientos civiles, etc., contra las coaliciones de intereses y burocracias
institucionalizadas, a menudo con capacidad represora).
Para huir de este aluvión de dudas,
las instituciones encargadas de garantizar la seguridad (que necesitan
para legitimarse en su papel) buscan con fruición la manera de encontrar
criterios objetivos de referencia que puedan generar consenso entre los
diversos agentes sociales. Se ha de señalar que, para conseguirlo,
los discursos científicos pasan a ser instrumentos privilegiados,
en especial los conocimientos obtenidos a partir de las disciplinas más
positivistas. Las metodologías de análisis de riesgos se
convierten en instrumentos imprescindibles para gestionar los conflictos
sociales derivados de instalaciones tecnológicas percibidas como
generadoras de riesgos. Pero tal y como se ha expuesto anteriormente, no
resulta suficiente la evaluación de las probabilidades y magnitudes
de los daños físicos o biológicos, sino que se han
de conocer otras dimensiones de naturaleza psicosocial y cultural.
Algunas valoraciones críticas al planteamiento de Beck
Beck otorga gran importancia a la distinción
entre los riesgos de la sociedad industrial y los riesgos de la nueva sociedad
reflexiva (riesgos ecológicos, riesgos derivados de las tecnologías
punta, etc., que preocupan de manera especial a la gente hoy en día),
y supone que las diferencias más relevantes son, por un lado, que
estos últimos no están vinculados únicamente con su
lugar de origen, y que tienen unas repercusiones globales, y por lo tanto
se viven con una gran carga de angustia, y por otro lado, que son el resultado
de decisiones sociales.
En primer lugar, tendría que discutirse
hasta qué punto está tan claro que los riesgos actuales tienen
unas repercusiones globales y producen una precariedad universal, o, al
menos, que dicha precariedad o exposición a riesgos sea percibida
como tal de forma universal. Es decir, si aceptamos que la respuesta social
al riesgo depende de múltiples dimensiones difícilmente cuantificables
y no agregables entre sí, que dependen de factores personales, sociales
y culturales diferentes en cada caso, no está tan claro que aquello
que unos grupos perciben como un riesgo evidente sea compartido por otros
grupos sociales o culturales. Si continuamos con el caso de los conocidos
dowaios, es evidente que ellos identifican unos riesgos allí donde
nosotros no lo haríamos, y viceversa. Considerar que los riesgos
que nosotros percibimos afectan a todos supone olvidar o menospreciar las
dimensiones psicológicas, sociales y culturales que conforman el
concepto de riesgo.
En este sentido resulta interesante la
crítica de M. Rustin, que supone que los intelectuales de la parte
rica del mundo, como Beck, han concentrado sus pensamientos en la universalidad
de los riesgos porque se encuentran a sí mismos excesivamente incluidos
en sus campos de acción. Y se podría añadir que el
intento de aplicar la escala de valores propia a todo tipo de grupos sociales
no deja de ser una forma de etnocentrismo.
En la obra de Beck, los riesgos se presentan
como una cosa objetiva, como instancias que el autor supone que deberían
de preocupar a todo el mundo, porque, aún cuando uno no se dé
cuenta, se está expuesto de un modo real. La risk society de Beck
no parece darle demasiada importancia a la tesis (apuntada por el propio
Beck) de que la propia existencia de los riesgos depende del conocimiento
que se tenga de ellos, es decir, de la naturaleza construida de los mismos
(en el sentido de Douglas y Wildawsky). Desde esta óptica, el que
un determinado riesgo sea provocado o no por decisiones humanas se relativiza,
ya que la propia significación del riesgo, su percepción
e interpretación, como realidad social construida que es, no es
unívoca. Un riesgo que los expertos científicos consideran
objetivamente producto de la naturaleza, otros individuos pueden verlo
relacionado con decisiones humanas, y viceversa.
Acentuar el énfasis en la dimensión
social y cultural del riesgo evita caer en el etnocentrismo de pensar que
los riesgos generados por el desarrollo de la sociedad moderna han de ser
vividos como tales por todo el mundo y en todos los lugares. De este modo,
no podemos tildar de arriesgados los comportamientos o actitudes de gente
que no comparte el conocimiento o la estructura de valores y símbolos
asociados a un determinado riesgo. Las acciones sociales que pondrán
en práctica los diferentes agentes sociales ante los riesgos van
a depender de cómo se han categorizado y de qué significados
culturales y sociales se les otorga por parte de aquellos grupos. En este
sentido, es perfectamente explicable que los búhos sean un enorme
factor de riesgo para los dowaios, mientras que para nosotros no dejan
de ser más que unas aves inocentes, incluso bastante simpáticas.
Lo mismo, pero en sentido inverso, podría decirse de los pesticidas.
En resumen, la teoría de la sociedad
del riesgo viene a dejar constancia del cambio de agendas político-sociales
que se han producido en la sociedad tardo-capitalista, pero no parece ir
mucho más allá de los supuestos de las teorías del
postindustrialismo de los años setenta. En general, se trata de
un modelo que quiere explicar las transformaciones de la sociedad industrial
a través de factores de cambio que no se habían planificado,
factores que generan problemas importantes (externalidades y efectos colaterales)
que acabarán transformando la estructura social. Aun así,
los pensadores de la sociedad capitalista industrial clásica ya
habían tenido en cuenta los riesgos y efectos indeseables que genera
el sistema capitalista (Marx, Weber, etc.).
Desde el punto de vista que aquí
se defiende, se argumenta que, en la sociedad contemporánea, el
carácter industrial ha adoptado nuevas formas a causa del desarrollo
tecnológico, pero las relaciones de explotación entre poseedores
y desposeídos se mantienen de cierta manera, y los mecanismos de
funcionamiento del capitalismo no han dejado de actuar en un mundo colonizado
por el mercado. Sin embargo, lo que puede haber cambiado de manera sustancial
es la vivencia de estas desigualdades, que en la sociedad contemporánea
ya no determinan de manera tan clara la construcción de las entidades
sociales de las personas, tal como, supuestamente, lo hacían en
la sociedad capitalista clásica. Beck se refiere a este fenómeno
en términos de individualización de las desigualdades.
De manera general, la idea de Beck de
la sociedad del riesgo y de la modernización reflexiva aporta un
modelo sugerente de organización social, un proyecto de práctica
democrática más profunda, antes que una descripción
estricta de la sociedad actual. Sus planteamientos suponen una acusada
democratización de las instituciones, incluso de la ciencia (cuya
autoridad se había dado por descontada hasta ahora). Este proyecto
exige una reconstrucción de las instituciones y de sus culturas,
ya que para gestionar el riesgo antes se ha de reconstruir la confianza.
Pero, posiblemente, el mérito más destacable de la obra de
Beck consiste en que representa una llamada de atención ante el
panorama que se nos presenta en un horizonte cercano: algo parecido a un
autoritarismo científico-burocrático.
«Con el crecimiento de los peligros,
surgen en la sociedad del riesgo desafíos completamente nuevos para
la democracia. La sociedad del riesgo contiene una tendencia a un totalitarismo
legítimo en la defensa contra los peligros, con el pretexto de impedir
sus hipotéticos daños. Los efectos secundarios políticos
de los efectos secundarios civilizadores amenazan el sistema político-democrático
en su esencia, sistema que cae de este modo en el dilema de o bien fracasar
ante los peligros producidos sistemáticamente, o bien derogar los
principios básicos mediante normas autoritarias, propias de un estado
autocrático. Acabar con este dilema es una de las tareas esenciales
del pensamiento y de la actuación democráticos en el futuro
inmediato de la sociedad del riesgo.» (Beck,1998: 88)
Sólo hay que añadir que
la incorporación de las dimensiones sociales al análisis
y evaluación de los riesgos tecnológicos y ambientales es
un paso importante para caminar en esta dirección
Bibliografía
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e territorio. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1995.
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Golding, D. (ed.), Westport; Londres: Praeger, 1992.
RUSTIN, M. Risk and Trust: the significance
of May 1st 1997, presentado en la XXV Conferencia de aniversario de la
Escuela de Ciencias Sociales, Institute of Advanced Study, Princeton, NJ,
9-10 de mayo de 1997.
Asegurar el daño
ambiental
José Luis de las Heras
Gerente del Pool de Riesgo Medioambiental
La conservación del medio es un derecho de la colectividad y genera por tanto la obligación común de preservarlo. Esta idea está profundamente implantada en la sociedad, con lo que cabe concluir que el deterioro ambiental genera responsabilidades en la persona que lo causa. En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente trabaja en la elaboración de una Ley de responsabilidad civil por daños debidos a actividades con incidencias sobre el medio ambiente. El autor analiza esta norma desde el punto de vista de los seguros.
El deterioro ambiental genera responsabilidades
para quien lo causa: «El que contamina, paga».
Los legisladores, tanto en España
como en otros países, tienen la misión de incorporar en normas
concretas la aplicación práctica de este principio y al hacerlo
se enfrentan con dificultades que se derivan de la especial naturaleza
del medio ambiente como objeto de protección, y de la gran sensibilidad
que hoy día genera en la sociedad todo lo relacionado con el medio
ambiente.
Por otra parte, dado que toda actividad
y en particular toda industria genera un riesgo medioambiental, existe
una amplia coincidencia por parte de los empresarios y de la opinión
pública en la idea de que el seguro es un instrumento que puede
garantizar que las actividades con potencial de contaminar aporten a la
sociedad una confianza que compense el riesgo que crean.
Al ser el seguro un mecanismo que se basa
en la posibilidad de previsión de los riesgos mediante su evaluación,
es imprescindible para su buen funcionamiento que las «reglas de
juego», en este caso, las normas que rigen la responsabilidad civil
por daños al medio ambiente, sean claras y de consecuencias previsibles,
lo que por otra parte, constituye una aspiración común de
los titulares de industrias con potencial incidencia medioambiental -los
que pueden ser reclamados- y los interesados en la conservación,
y en su caso restauración, del medio ambiente, es decir, de toda
la sociedad.
En este artículo vamos a intentar
reflejar el punto de vista del seguro, con un enfoque práctico y
constructivo, de los problemas y posibles soluciones relacionados con la
responsabilidad civil por daños al medio ambiente y su aseguramiento.
Conceptos básicos sobre responsabilidades
Como punto de partida para los comentarios
posteriores, es interesante recordar los siguientes principios:
La responsabilidad es la carga que nace
para el que incumple una obligación; puede consistir en
a) Una sanción.- Impuesta por la
Autoridad competente, con el fin de que el responsable no vuelva a incumplir
la Ley; la sanción puede ser
Penal.- Cuando se impone por incumplir
la ley penal, es decir, por cometer un delito o falta. Sólo lo pueden
dictaminar los tribunales penales.
Administrativa.- Cuando se impone por
el incumplimiento de otras leyes o reglamentos que llevan aparejadas sanciones
administrativas (multas, suspensión de actividad, etc.)
b) Una indemnización u obligación
de reparar.- Que será exigida por la persona o entidad que resulte
perjudicada o dañada.
Es interesante hacer notar que la Responsabilidad
Penal o la Administrativa se imponen normalmente por el incumplimiento
en sí mismo y no tienen como fin resarcir el daño, aunque
la sanción sea económica (multas), mientras que la Responsabilidad
Civil se contrae por el daño o perjuicio causado, independientemente
de que se haya infringido o no una norma.
Para mayor claridad, el campo de actuación
de cada tipo de responsabilidad en dicho esquema puede resumirse gráficamente
(ver taula 1)
En consecuencia, pueden darse las situaciones
que se representan en el siguiente cuadro (ver taula 2):
¿Cuándo existe responsabilidad civil?
Se impone una tendencia cada vez más
generalizada, sobre todo en el ámbito de las responsabilidades empresariales,
a aplicar criterios objetivos, es decir, se entenderá que una empresa
es responsable civil de un daño causado cuando se den las siguientes
circunstancias:
Se ha causado un daño o perjuicio
a un tercero.
El daño es injusto, es decir,
la empresa no tiene derecho a causarlo.
Existe una relación de causa-efecto
entre dicho daño y un hecho atribuible a la empresa considerada.
Para evitar incurrir en responsabilidad
civil no es suficiente cumplir con la normativa que rige la actividad;
hay que evitar en lo posible situaciones de riesgo, por leve que éste
sea, extremando la prevención, porque el profesional o empresario
que causa un daño suele ser declarado responsable.
La regulación de las responsabilidades
ambientales
Responsabilidad administrativa y
penal. En la legislación española, estatal y autonómica,
es muy abundante el establecimiento de obligaciones y responsabilidades
administrativas dirigidas a la protección del medio ambiente; en
todas ellas se imponen deberes de prevención, organización,
información o limitaciones de las actividades contaminantes y las
correspondientes sanciones en caso de incumplimiento.
Por otra parte, las últimas revisiones
del Código Penal incorporan disposiciones concretas para los llamados
delitos ecológicos; se describe una serie de comportamientos delictivos
y se establecen las correspondientes penas para dichos comportamientos.
Responsabilidad civil. Podemos
definirla como la carga que nace para el que ha causado un daño
a otro, consistente en la reparación de los daños y perjuicios
originados. Los daños se pueden causar sin infracción de
una norma concreta o como consecuencia de un comportamiento ilegal, por
ello, tanto en las leyes administrativas como en el Código Penal
se establece que, si el infractor ha causado un daño con su comportamiento
estará sujeto, aparte de la sanción correspondiente, a responsabilidad
civil, es decir, a la obligación de reparar el daño causado.
Dicha responsabilidad civil, sin embargo,
no tiene una regulación específica para los daños
al medio ambiente, quedando sujeta a las normas generales del Código
Civil y, en su caso, las normas de responsabilidad Civil por delito incorporadas
en el Código Penal.
¿Es necesaria una regulación específica de responsabilidad civil por daño al medio ambiente?
A juzgar por la actividad normativa que, en estos últimos años, están llevando a cabo los legisladores de varios países europeos y de la propia Unión Europea, la respuesta es afirmativa.
Por otra parte, todos ellos están
de acuerdo en que este instrumento legal es muy útil; en una comunicación
dirigida a la Comisión Europea, con motivo de la presentación
del proyecto del llamado «Libro Blanco» en enero de 1997,
la Comisaria de Medio Ambiente presentaba los siguientes argumentos a favor
de la responsabilidad civil como mecanismo de protección del medio
ambiente:
Permite implantar eficazmente el principio
«Quien contamina, paga».
Impulsa el cumplimiento de la legislación
medioambiental.
Estimula el autocontrol de los agentes
económicos, lo que redunda en una mejor gestión medioambiental
y previsión de los daños.
La Comisaria defiende asimismo que dicho
régimen sea armonizado en el ámbito de la Unión porque:
Actualmente existen suficientes diferencias
entre los regímenes nacionales de responsabilidad civil medioambiental
para crear distorsiones en la competencia.
Un régimen armonizado puede ayudar
a reducir estas diferencias y por tanto las distorsiones consecuentes.
¿En qué medida la legislación
actual en España es insuficiente para resolver con eficacia los
problemas que plantea el daño al medio ambiente como objeto de responsabilidad
civil?
Requisitos para que pueda exigirse
con éxito la responsabilidad civil, en el Derecho Común
a) Producción de un daño
o perjuicio, que debe ser cuantificable o estimable por algún medio.
b) Atribución del daño a
una actuación -o falta de actuación- de un sujeto responsable
(legitimación pasiva); dicha actuación, según el Código
Civil, deberá ser negligente.
c) Derecho del que reclama (legitimación
activa).
d) Reclamar dentro del plazo para ello.
e) Capacidad del responsable para reparar
el daño (solvencia).
Para aplicar estos requisitos al campo
del medio ambiente, nos encontramos con los siguientes inconvenientes:
a) Gran parte de los daños medioambientales
no pueden ser valorados económicamente, por no ser reemplazables
y no ser objeto de apropiación.
b) Con frecuencia, el deterioro ambiental
es el resultado del cúmulo de actuaciones de una pluralidad de sujetos,
por lo que la atribución individual de responsabilidades es problemática.
La obligación del reclamante de demostrar que el que ha causado
la contaminación lo ha hecho por negligencia es otro obstáculo
a menudo insuperable.
c) El medio ambiente en sí mismo
no es propiedad de nadie, aunque las consecuencias de su deterioro sí
pueden sufrirlas personas o entidades concretas, en su salud o en su patrimonio.
Podemos hablar, por tanto, de un daño primario o directo (la contaminación
del agua del río) y de uno indirecto o consecuencial (La pérdida
de la cosecha que se regaba con el agua ahora contaminada). El derecho
a reclamar de los perjudicados se limita a los daños a sus personas
o a los bienes de los que son titulares, por lo que la restauración
de los bienes que no tienen propietario (res nullius) no podría
ser exigida por nadie.
d) El plazo para el ejercicio de las acciones
por responsabilidad civil extracontractual (plazo de prescripción)
es, en el Derecho Español, de un año a contar desde que el
perjudicado tuvo conocimiento del daño y pudo reclamar ; teniendo
en cuenta la lenta evolución que en ocasiones tienen las consecuencias
de los daños medioambientales, parece que este plazo puede resultar
excesivamente corto.
e) La reparación de ciertos elementos
naturales a veces no es técnicamente posible; y a menudo tampoco
lo es reemplazarlos por otros equivalentes.
Por otra parte, para aquellos daños
que aún no hayan sido descubiertos, el plazo de prescripción
no comienza a transcurrir, por lo que el causante de un daño todavía
latente, podría seguir siendo responsable por un plazo indeterminado,
ya que no existe plazo regulado para la caducidad de su responsabilidad
.
En consecuencia, parece justificado el
esfuerzo de los legisladores por encontrar fórmulas específicas
en esta área. En España, como es sabido, el Ministerio del
Medio Ambiente está trabajando desde hace más de dos años
en un proyecto de norma denominada «Ley de Responsabilidad Civil
por Daños Causados por Actividades con Incidencia Medioambiental";
analizaremos a continuación, desde un punto de vista asegurador,
en que medida y con qué acierto resuelve este anteproyecto las carencias
de la legislación común y que problemas suscitará
previsiblemente su aplicación, intercalando además algunas
sugerencias en aquellos aspectos que consideramos mejorables.
En estos comentarios no se hacen consideraciones
de oportunidad política o económica, limitándonos
a valorar la norma en cuanto a las soluciones que ofrece a los problemas
antes enumerados y a la previsible eficacia y seguridad de su funcionamiento.
El proyecto de ley
Como se ha dicho, la ley de responsabilidad
civil por actividades con incidencia ambiental puede considerarse necesaria
y positiva en la medida en que se dirija a llenar lagunas existentes en
la aplicabilidad de las actuales normas a esta materia.
Los cambios substanciales que introduce,
en relación con leyes anteriores son, a grandes rasgos, los siguientes:
1. Impone la responsabilidad expresa por
el deterioro del medio ambiente y la consiguiente obligación de
restaurarlo, aún cuando los elementos naturales dañados no
sean propiedad de titulares concretos (art. 1.2 c y d).
2. La responsabilidad es objetiva, (art.
3.1), es decir, el perjudicado no necesita demostrar que el comportamiento
del causante del daño ha sido negligente.
3. El contaminador puede ser declarado
responsable del daño incluso cuando la contaminación emitida
(humos, vertidos, etc.) está por debajo de los máximos autorizados
por la Administración, (art. 4.3).
4. Cuando sean varios los que han contribuido
a un mismo daño, la responsabilidad será solidaria (art.
3.2).
5. Las asociaciones para la protección
del medio ambiente y las Administraciones públicas están
legitimadas para exigir la restauración del medio dañado
(art. 5.2 b)
6. Las actividades sujetas a la regulación
están obligadas a ofrecer garantías de resarcimiento para
ejercer actividades reguladas (art. 14)
Los elementos nuevos enumerados inciden
en cada uno de los inconvenientes que se han señalado en el apartado
anterior, creando posibilidades de reclamación que hasta ahora no
estaban expresamente reguladas y que se refieren a los conceptos por los
que se puede reclamar, las personas que pueden reclamar y las condiciones
para hacer la reclamación.
No obstante, en consideración a
las enormes repercusiones económicas que pueden acarrear las reclamaciones
basadas en esta ley, es deseable que su redacción sea clara y sus
mecanismos eficaces y equitativos al atribuir responsabilidades sin lo
cual corre el peligro de constituir una fuente de conflictos que gravarán
inútilmente la gestión de muchas actividades económicas,
no redundando en una mejor protección del entorno.
La experiencia de otros países,
en los que dos terceras partes de los recursos financieros destinados originalmente
a la restauración del medio ambiente se han consumido en litigios
y peritaciones, debería servir de estímulo para hacer un
especial esfuerzo de creatividad al regular esta materia.
Los comentarios que se formulan a continuación
en relación con cada uno de los puntos señalados tienen como
único fin contribuir en este sentido
Responsabilidad por el deterioro
del medio ambiente
El daño necesario para que se produzca
la responsabilidad regulada en esta ley se divide en dos conceptos diferentes;
el daño y el deterioro del medio ambiente; para que el primero quede
comprendido en el ámbito de la ley, debe haberse producido «...
a través de un elemento del medio ambiente, actuando éste
como transmisor de los efectos de la acción dañosa».
El concepto de medio ambiente puede decirse,
por tanto, que es la piedra clave de esta ley, ya que es la que delimita
su ámbito de actuación, evitando que invada áreas
ya contempladas por otras, o ya suficientemente reguladas o no adecuadas
a los planteamientos que aquí rigen.
Indirectamente, la ley define medio ambiente
(art. 1.2c) sumando una serie de conceptos, cuando define deterioro del
medio ambiente como «toda degradación del medio ambiente que...sea...ocasionada
por una modificación de las condiciones físicas, químicas
o biológicas sobre la fauna, la flora, la gea, el suelo, el aire,
el agua, el paisaje, el patrimonio histórico artístico y
la estructura y funcionamiento de los ecosistemas presentes o relacionados
con el área afectada».
No existiendo conceptualmente nada que
objetar a esta definición, sin embargo debemos ser conscientes de
que multitud de actividades humanas (particulares, industriales o de otro
tipo) causan exactamente estos efectos, de forma más o menos acusada,
efectos que están previstos y consentidos y reciben la autorización
de las Administraciones competentes. Pensemos por ejemplo en la incidencia
sobre el medio ambiente que tiene una autopista o la que se puede producir
en la propia construcción de una planta industrial, la misma posiblemente
que, en su fase de funcionamiento va a estar sometida a esta ley.
Resulta necesario distinguir por tanto
los casos de deterioro del medio ambiente que generarán responsabilidad
civil de aquellos que la sociedad todavía asume como inevitables
o que considera que son compensados por otros factores de bienestar para
cuya implantación se causan aquéllos. Para ello consideramos
necesario describir con mayor precisión los diferentes «daños
o deterioros» que generarían responsabilidad en base a esta
ley.
Por otra parte, algunos conceptos que
se citan en la definición como elementos integrantes del medio ambiente,
no tienen, en la práctica, posibilidad de ser incluidos como objeto
directo de actuación para el resarcimiento por el daño causado;
éstos son, «el paisaje» y «la estructura y funcionamiento
de los ecosistemas presentes o relacionados con el área afectada».
Restaurar el paisaje o los ecosistemas pasa necesariamente, de ser esto
posible, por reponer a su estado anterior la flora, la tierra, el
agua o el patrimonio histórico artístico que los componían
hasta el momento de su destrucción o deterioro.
A continuación se hace una propuesta
de definición en sustitución de los apartados b y c del artículo
1º, propuesta que concuerda con las diferentes soluciones para la
reparación, que se comentarán en el siguiente apartado.
A efectos de esta Ley se distinguen dos
clases de daños:
a) Deterioro de los elementos naturales:
destrucción o pérdida de calidad o de utilidad causados a
la tierra, el agua o el aire.
b) Daños que sean consecuencia
del deterioro definido en el apartado a. Se dividen en tres tipos:
b.1) Daño personal: Lesión
corporal, enfermedad, muerte, sufrimiento físico, psíquico
o moral, causados a personas físicas.
b.2) Daño material: destrucción,
desgaste, rotura o perdida de valor o de utilidad de cosas, y lesión,
enfermedad o muerte causados a animales que pertenezcan a personas.
b.3) Daños a flora o fauna: Lesión,
deterioro, enfermedad o muerte de animales o plantas que no pertenezcan
a personas, así como deterioro o destrucción de sus hábitats
o de las condiciones necesarias para su reproducción.
Perjuicio: la pérdida económica,
consistente en gastos sobrevenidos o en ingresos no obtenidos.
Estas observaciones están directamente
relacionadas con el contenido del Artículo 1 apartado d del Proyecto,
en le que se regula la Reparación en especie. En dicho apartado
se establecen tres tipos de acciones alternativas, siendo la segunda y
la tercera supletorias respectivamente de la anterior:
a) Reposición de los bienes a su
estado anterior.
b) Si no es posible, establecimiento de
medidas compensatorias equivalentes.
c) Si tampoco es posible, indemnización
económica que «en el caso de deterioro del medio ambiente,
se destinará a la realización de actuaciones ambientales
de compensación y mejora del medio deteriorado».
Observaciones a este sistema
En el caso de daños, (daños
personales o patrimoniales) o perjuicios, de los regulados en el apartado
b), que no pueden ser reparados (muerte o secuelas físicas, por
ejemplo), dar prioridad a las medidas compensatorias sobre la indemnización
rompe con la práctica actual y complica innecesariamente la resolución
de conflictos. A este respecto y para los daños personales,
sería muy aconsejable la referencia a las cuantías de indemnización
que se fijan en el llamado baremo para accidentes de la circulación
En el caso de deterioro del medio ambiente,
nos encontramos con la dificultad de valorar los bienes que, no pudiendo
ser restaurados, no son propiedad de nadie y están fuera del mercado;
independientemente de los diversos sistemas de valoración ensayados
en el mundo, hay que reconocer que las decisiones tomadas al respecto tienen
un componente muy subjetivo y nada consensuado y son una importante fuente
de inseguridad jurídica.
En este sentido, exigir, como solución
b, medidas compensatorias «equivalentes» mantiene la incertidumbre
y la inseguridad.
Por otra parte, la alternativa c consideramos
que es un rodeo para llegar de nuevo al mismo sitio, es decir, la «realización
de actuaciones ambientales de compensación y mejora del medio deteriorado»,
con lo que el problema continúa sin resolver.
Propuesta
Al regular las obligaciones de restauración,
debemos pensar que hay alteraciones como la de la capa de ozono, el cambio
climático, la erosión progresiva del suelo, para las que
no existen técnicas desarrolladas de restauración o valoración
económica y no se ajustan bien a un sistema de responsabilidad civil.
Hay que reconocer que este instrumento
legal, aún siendo muy eficaz, no puede abarcar todos los aspectos
de la restauración del daño al medio ambiente, debiendo ser
complementado por actuaciones de la Administración que tienen más
encaje en ámbitos de derecho público. Las obligaciones de
resarcimiento para la aplicación individual del principio «el
que contamina paga» deberían limitarse a aquellos aspectos
en los que es posible evaluar objetivamente el daño o llevar a cabo
las acciones de restauración. A continuación se da una propuesta
alternativa que, en sustitución del apartado 2.d serviría
para delimitar las obligaciones del responsable con arreglo a esta ley:
El responsable estará obligado
a la reparación de los bienes dañados y a la indemnización
por aquellos que no puedan ser reparados y por los perjuicios causados
y en concreto a:
La reparación por cuenta propia
o el abono a los terceros que estén legitimados para reclamar o
a sus derechohabientes, de las indemnizaciones a que diera lugar la responsabilidad
civil por los daños, deterioro y perjuicios causados, según
las siguientes normas:
a) En el caso de deterioro de los elementos
naturales, hará frente al costo de su limpieza o de su retirada
y sustitución, en la medida de lo posible, por el procedimiento
más viable en términos de relación costo-eficacia,
hasta devolverlos al estado en que se encontraban antes de la causación
del daño. En caso de no ser posible su restauración, indemnizará
por la pérdida de utilidad económica o del valor de mercado
de dichos bienes.
b) En el caso de daños causados
a consecuencia del deterioro de los elementos naturales, estará
sujeto respectivamente a las siguientes obligaciones:
b.1) Por los daños personales,
indemnización por el costo del tratamiento para la curación
de las lesiones y/o la que corresponda por muerte o lesiones que no puedan
curarse y por periodos de incapacidad y otros conceptos, conforme a los
baremos establecidos en el «Sistema para la Valoración de
Daños y Perjuicios Causados a las Personas en Accidentes de Circulación»,
incluido en la Ley de Uso y Circulación de Vehículos a Motor.
b.2) Por los daños materiales,
el costo de reposición y/o el tratamiento para la curación
de los animales dañados y el costo de reparación o reposición
de las cosas dañadas.
b.3) Por los daños a flora o fauna,
el costo de curación o reposición de especies y el restablecimiento
de las condiciones necesarias para su vida y reproducción, en la
medida de lo posible por el procedimiento más viable en términos
de relación costo-eficacia, hasta devolverlos al estado en que se
encontraban antes de la causación del daño. Si no es posible,
en todo o en parte, la curación, reposición o reparación
de las plantas o animales dañados o de sus condiciones de vida,
se indemnizará por la pérdida de utilidad económica
o de valor de mercado de dichos bienes.
c) En el caso de perjuicios, indemnizará
aquellos que queden justificados.
En lo que se refiere a la valoración
de elementos naturales, a efectos de indemnización cuando no es
posible su restauración después de un daño, quedaría
muy justificado emprender trabajos de valoración y baremización
que aporten fórmulas objetivas, aunque sean parciales, para algunas
de las áreas para las que hoy no existen criterios.
1. Responsabilidad objetiva, (art. 3.1),
es decir, el perjudicado no necesita demostrar que el comportamiento del
causante del daño ha sido negligente.
Los criterios de responsabilidad civil
objetiva están ampliamente implantados en la práctica para
los daños causados con motivo de actividades peligrosas o en ámbitos
de actuación profesionales o empresariales, por lo que parece lógico
aplicarlo al regulado por esta ley y por tanto, no merece objeción
alguna.
2. Responsabilidad solidaria cuando sean
varios los que han contribuido a un mismo daño (art. 3.2). Este
sistema facilita la reclamación al perjudicado, lo que puede considerarse
positivo, pero no favorece el principio de «el que contamina paga»,
la experiencia enseña que la aplicación estricta de la solidaridad
tiene como consecuencia que quien finalmente paga la contaminación
no es el que más ha contribuido al daño ni el que mayor riesgo
genera de volver a contaminar, sino el que cuenta con mayor solvencia y
cobertura de sus riesgos, aunque haya producido una contaminación
menor y la relación de ésta con el daño causado sea
menos evidente.
Por otra parte, sería deseable
encontrar una fórmula para evitar que recaiga exclusivamente sobre
los industriales la responsabilidad por los llamados «riesgos del
desarrollo», es decir, el riesgo de que, por la evolución
técnica o social, se descubran pasado el tiempo efectos negativos
de las actuaciones que, cuando se estaban llevando a cabo, se consideraban
beneficiosas o, al menos, inocuas. La Administración pública
ha sido eximida recientemente de esta responsabilidad , por lo que las
actividades de titularidad publica podrían causar daños de
este tipo sin generar responsabilidad para sus titulares, mientras que
las privadas sí la generarían.
3. El contaminador puede ser declarado
responsable del daño incluso cuando la contaminación emitida
(humos, vertidos, etc.) está por debajo de los máximos autorizados
por la Administración, (art. 4.3). La mayor parte de las industrias
(y de los particulares y actividades no industriales) necesitan producir
algo de contaminación en su actividad. Las Administraciones Públicas
autorizan esta «cuota de contaminación», que establecen
según sus estimaciones sobre las posibilidades de dilución
de los medios (los ríos, la atmósfera) a cambio de la autorización,
la Administración cobra a las industrias autorizadas un canon, que
debe utilizar en poner medios para que la contaminación autorizada
no provoque daños. Los empresarios ni tienen competencia ni posibilidad
alguna de control para evaluar los riesgos de dicha contaminación
cumulativa.
No parece equitativo que la responsabilidad
por los posibles daños que se causen con esa contaminación
autorizada por la Administración, asumible según sus estimaciones,
se exija a los que ya han pagado su canon; parece más adecuado que
sea la propia Administración la que afronte la responsabilidad por
las consecuencias de sus errores al calcular la capacidad del medio ambiente
de diluir la carga contaminante sin deterioro.
4. Derecho de asociaciones interesadas
en la protección del entorno a exigir la restauración del
medio dañado (art. 5.2 b). Es lógico que, siendo la conservación
del medio ambiente interés de toda la sociedad, sus representantes,
ya sean Administraciones públicas o entidades no gubernamentales,
deseen estar facultados para emprender acciones para la defensa de este
patrimonio común.
No obstante, no puede ignorarse que cualquier
actividad de las reguladas está expuesta a que personas o entidades
con intereses contrarios a la misma puedan utilizar la acción de
responsabilidad civil temerariamente, debiendo responder por ello, en caso
de demostrarse la temeridad. En consecuencia, sería conveniente
establecer requisitos adecuados para que la entidad colectiva reclamante
demuestre su interés en el objeto de la reclamación, así
como un mecanismo de exigencia de responsabilidad y de garantías
financieras similar al que se establece para los potenciales responsables
de los daños medioambientales.
Considérese por ejemplo la contestación
social que tiene, con mayor o menor fundamento, cualquier instalación
de tratamiento de residuos, hoy por hoy necesaria, por parte de los vecinos
de la zona y las posibilidades que esta ley pone en sus manos para influir
en su viabilidad futura .
5. Obligación de ofrecer garantías
de resarcimiento para ejercer actividades reguladas (art. 14). Ha de tenerse
en cuenta al regular las garantías obligatorias que las coberturas
de los seguros no pueden, por su propia naturaleza, abarcar todas las responsabilidades
reguladas en la ley.
En el siguiente apartado se explican las
aportaciones que el seguro puede hacer como mecanismo de prevención
y de garantía, así como las limitaciones de su ámbito
de actuación, haciendo también una serie de recomendaciones
para la mayor eficacia de un sistema de seguros obligatorios relacionados
con el riesgo medioambiental.
El seguro de responsabilidad civil ambiental
Las personas o entidades expuestas al riesgo
de Responsabilidad Civil tienen la aspiración lógica de protegerse
contra las consecuencias económicas de este riesgo; a la vez, las
autoridades competentes en materia de protección del medio ambiente,
procuran que los sujetos con potencial para causarle daños, cuenten
con suficiente respaldo financiero para hacer frente a sus eventuales responsabilidades.
Para garantizar dicho respaldo, se recurre a la obligatoriedad de contratar
determinadas garantías financieras, entre las que está el
seguro de Responsabilidad Civil.
El seguro tiene un papel relevante cuando
se trata de buscar protección o garantía del efectivo cumplimiento
de la obligación de indemnizar por daños al medio ambiente;
se le reconoce un triple efecto:
Cumple una función de redistribución
de riesgos que favorece el desarrollo de la economía, en la medida
en que facilita una previsibilidad y periodificación de determinados
costes sujetos a factores aleatorios.
Por los métodos de cálculo
de primas y condiciones en las que basa su actividad, favorece la equidad
distributiva de dichos costes, atribuyéndolos a los distintos asegurados
en proporción a la magnitud del riesgo creado por cada uno.
Por último, contribuye notablemente
a fomentar la prevención del industrial expuesto al riesgo, ya que
su control y reducción repercuten directamente en mayor probabilidad
de aceptación del riesgo y, en su caso, mejores condiciones de cobertura
y reducción de las primas. Esto concuerda con la finalidad de la
norma que, estableciendo mecanismos más eficaces para exigir responsabilidades,
contiene implícita una finalidad disuasoria, promoviendo una mayor
diligencia de los individuos o entidades expuestos a causar un daño.
Los aseguradores, por tanto, están
llamados a colaborar con las autoridades para ajustar en lo posible el
ámbito de cobertura a las responsabilidades establecidas, si bien,
existen áreas de responsabilidad que no pueden ser cubiertas por
el seguro, por la propia naturaleza de este contrato, o por limitaciones
técnicas.
Estos aspectos deberían tenerse
en cuenta por el legislador, para evitar promulgar disposiciones de aseguramiento
obligatorio que, por su carácter impreciso o excesivamente amplio,
generen inseguridad o imposibilidad de cumplimiento por falta de oferta
en el mercado de seguros.
Limitaciones de la cobertura del
seguro
- Limitaciones temporales.- Al ser el
seguro un contrato de carácter temporal para hechos futuros, debe
dejar fuera de la cobertura:
Contaminaciones que ya se han causado
al contratar el seguro.
Daños con periodos de latencia
muy prolongados desde que se anula la póliza.
En este sentido, la aplicación
de la norma a acciones u omisiones anteriores, que contempla la Disposición
Transitoria única del Anteproyecto, genera inseguridad y una importante
laguna para el campo de aplicación de la cobertura del seguro.
- Limitaciones por la forma de producirse el siniestro.- por el carácter aleatorio del contrato de seguro, quedan fuera de él:
Hechos intencionados del empresario (propietario
o director).
Hechos habituales o que se produzcan
por el simple funcionamiento normal de la actividad.
La responsabilidad que se atribuya automáticamente
a una industria por su participación en la contaminación,
independientemente del volumen de vertidos y su peligrosidad.
Contaminación por niveles tolerables
o tolerados legal o reglamentariamente.
- Limitaciones en el alcance de la cobertura.- Responsabilidades por daños o perdida de bienes que no sean susceptibles de valoración con parámetros objetivos, aunque sí podrán asegurarse en la medida que sea posible y técnicamente viable su reparación o reposición.
- Prohibición de asegurar sanciones.- Los daños mencionados se resarcirán en muchas ocasiones en forma de sanción ejemplarizante y no compensación por el costo concreto del bien dañado, que no suele ser evaluable de forma objetiva. Tienen por tanto una naturaleza común con las multas y sanciones, que son personales y, no transferibles al seguro . Asimismo cualquier otra responsabilidad que pueda ser exigida y, a la vez, determinada por la Administración, y no en un procedimiento Civil, plantea problemas para su cobertura, ya que es un fundamento básico del seguro de Responsabilidad Civil mantener la posibilidad de defensa del asegurado en condiciones de igualdad procesal con el reclamante.
- Evaluación y selección de riesgos.- Por otra parte, Es evidente que existen industrias que no se encuentran en condiciones medioambientales adecuadas. Estas, teóricamente no deberían recibir autorización para operar, pero debido a que la autoridad en esta materia recae sobre las Administraciones Autonómicas, las exigencias ambientales para la concesión de licencia pueden no coincidir entre sí y, a su vez, pueden ser distintas de los criterios de aceptabilidad de riesgos de los aseguradores, quienes llevan a cabo sistemáticamente un análisis previo de la industria a asegurar. Llegado el caso, puede ocurrir (ha ocurrido en ocasiones) que una industria con autorización provisional concedida por la Administración, no pueda obtener el seguro por no ser aceptable para el asegurador.
Este problema sólo puede resolverse mediante un trabajo previo de armonización de criterios de aceptabilidad, por parte de aseguradores, Administraciones y otros usuarios, como entidades financieras, etc.
1. El Libro Blanco sobre
la Responsabilidad Medioambiental es un documento en el que está
trabajando la Comisión Europea, con carácter de recomendación
a los Gobiernos de los países miembros, con el que se pretenden
sentar las bases de las legislaciones nacionales en esta materia. Dicho
documento recoge las conclusiones extraídas como consecuencia del
debate suscitado en su día por el llamado «Libro Verde de
la Comisión sobre la Restauración del Daño Ambiental»,
de mayo de 1993 y que, a su vez, era fruto de deliberaciones en el seno
de la Comisión que fueron iniciadas oficialmente en el año
1989, con el objetivo de promulgar una Directiva. Esto nos da idea de la
dificultad que está encontrando la Unión Europea para la
armonización de la regulación del daño medioambiental
2. Con excepción
del establecido para la responsabilidad civil por daños causados
por productos defectuosos(3 años), de la que no trataremos en este
artículo.
3. Salvo para la responsabilidad
del fabricante por daños causados por productos defectuosos (10
años).
4. El texto que se comenta
es el distribuido por el Ministerio con fecha 29 de marzo de 1999
5. Sistema para la Valoración
de los Daños y Perjuicios Causados a las Personas en Accidentes
de Circulación, que fue incorporado como anexo de la Ley de Uso
y Circulación de Vehículos a Motor, por la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros
Privados, en su disposición Adicional Octava; este baremo se ha
utilizado muy frecuentemente para la valoración económica
de daños personales en otros ámbitos ajenos al de la circulación
de vehículos y tiene como ventaja que da seguridad y uniformidad
en las pautas de valoración.
6. La Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su artículo 141, establece que «No serán
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias
que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los
conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento
de producción de aquéllos».
7. Ver también artículo
9 del Proyecto, sobre el establecimiento de medidas preventivas, en el
que se faculta al reclamante para exigir incluso la paralización
e incluso la clausura temporal total o parcial de la actividad.
8. La naturaleza confusa,
entre sanción y obligación civil se refleja en varias disposiciones
de derecho administrativo, en las que se impone al infractor la obligación
de restaurar el medio contaminado, contemplando como referencias para el
cálculo del valor de los elementos que no puedan restaurarse, el
ahorro o el beneficio obtenidos por el infractor; ver por ejemplo el artículo
57 del Dto. 833/88, de residuos peligrosos.
Entrevista con Salvador
Giner
Sociólogo
Salvador Giner nació en Barcelona en el año 1934. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, estudió sociología en las universidades de Colonia y Chicago. Catedrático en la Universidad de Barcelona, Giner ha impartido clases por medio mundo. Autor de numerosas obras y manuales de referencia, actualmente dirige el Insituto de Estudios Sociales Avanzados de Barcelona, que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este conocido sociólogo, además de sus tradicionales aportaciones teóricas, también trabaja actualmente en investigaciones relacionadas con temas ambientales y en lo que denomina sociedad de la incertidumbre. Asimismo, participa habitualmente en tertulias y programas televisivos y escribe artículos de opinión en periódicos de calidad.
"Queremos cuadricular el mundo pero cada vez es más incierto"
Siempre resulta clarificador que un sociólogo exprese sus puntos de partida teóricos. ¿Cuáles son los suyos?
He partido siempre de un enfoque conflictivista. Es decir, creo que nada explica mejor la realidad que el conflicto social. El conflicto es una lucha de diferentes grupos y personas por los recursos escasos. Desde este punto de vista se entiende mejor el mundo que desde la perspectiva funcionalista o armonicista. Asimismo, tengo una posición racionalista; no soy posmoderno, soy tradicionalista.
Es decir, hay que volver a plantear la modernidad.
La modernidad siempre se tiene que volver a plantear; este es, por definición, el trabajo de la ciencia social. Los sociólogos tenemos que explicar claramente lo que pensamos. Hay muchos profesionales que lo explican; en cambio, otros no lo hacen, como es el caso de los sociólogos que se dedican a hacer encuestas. Son ad hoquistas. Hacen estudios sociológicos cuando en realidad son informes que no parten de ningún posicionamiento teórico.
Pero, precisamente la estadística la inventó un sociólogo...
Ciertamente. Era un médico y sociólogo belga interesado en la problemática social. Observó, por ejemplo, que había más matrimonios durante el mes de mayo que en el mes de enero, lo que no es ningún descubrimiento especial. También reparó en que había más suicidios en verano que durante el invierno. Analizó estos datos de manera probabilística e inventó la estadística. Ésta es una herramienta muy útil pero la investigación sociológica va más allá. En mi libro Introducció a la sociologia explico claramente mi posicionamiento teórico. En física nuclear o bioquímica quizá no sea necesario que el investigador evidencie sus referencias ideológicas, pero en ciencias sociales hay que enseñar las cartas.
Y cuando las cartas están sobre la mesa, ¿Cuáles son sus líneas de investigación actuales?
Últimamente he trabajado a fondo en dos obras importantes: La societat catalana y el Diccionari de Sociologia, publicado por Alianza Editorial. Y ahora estoy escribiendo una historia del pensamiento sociológico. A pesar del trabajo que dan estos libros, también participo en dos investigaciones: el proyecto Ulysses y, junto a colegas de la Universidad de Bolonia, en Italia, en un proyecto sobre la incertidumbre. En términos sociológicos, no me gusta hablar de riesgo sino de incertidumbre y de márgenes de inseguridad.
Más adelante me gustaría que abordase en profundidad las diferencias que usted establece entre sociedad del riesgo y sociedad de la incertidumbre. Pero antes me gustaría que explicase qué es la investigación Ulysses.
Ulysses es uno de los proyectos que tenemos en el Institut d'Estudis Socials Avançats (IESA) del CSIC. Es un proyecto internacional donde participan diferentes personas del IESA, entre ellas David Tàbara. El objetivo es estudiar hasta qué punto la ciudadanía entiende la crisis ecológica, hasta qué punto la teoriza y la razona y qué medidas está dispuesta a tomar para controlar la situación.
O sea, un estudio sobre la percepción ciudadana de las crisis ecológicas globales.
No es exactamente la percepción. Esta palabra me da mucho miedo; la percepción siempre va acompañada de la construcción. El ser humano percibe, pero a continuación explica y generaliza. Pasa de lo descriptivo (la percepción) a lo prescriptivo (lo que hay que hacer)
¿Qué metodología han utilizado?
La metodología consiste en explicar detalladamente a grupos elegidos de ciudadanos la situación ambiental con objetividad. Por ejemplo, ponemos sobre la mesa los niveles de contaminación. El siguiente paso es recoger las discusiones. En lugar de realizar sondeos, reunimos a grupos de ciudadanos y recogemos sus opiniones concretas. El criterio de elección es el habitual de la sociología: una muestra estratificada. La gente viene con muy buena disposición y habla mucho porque siente que participa. Este análisis de cómo construyen los ciudadanos la crisis global se lleva a cabo en seis países europeos.
¿Se pueden anticipar resultados?
Una cosa está muy clara: la teoría de la masa estúpida y manipulada por la televisión no se aguanta por ningún lado. Cuando la gente tiene la oportunidad de hablar y expresarse, generalmente lo hace con mucha coherencia. Emiten opiniones juiciosas aunque en ocasiones haya cierta dispersión de ideas. Experiencias como Ulysses nos llevan a la necesidad de volver a plantear los mecanismos democráticos; hay que ir más allá del tema electoral. La nueva democracia se tiene que plantear y orientar hacia la consulta popular y los debates, hay que estimular la participación de la ciudadanía. Observemos, por ejemplo, el caso de las tertulias radiofónicas, a menudo criticadas.
¿Cómo se explica su éxito?
Cuando escuchamos a un grupo de personas debatiendo a través de las ondas, proyectamos y nos identificamos con la conversación. A los seres humanos les gusta el diálogo. El cierto éxito de las tertulias creo que se explica por las opiniones contrastadas y la sensación que tiene el oyente de estar en comunión con un grupo de personas.
En relación a la participación ciudadana, hoy en día se habla mucho de democracia electrónica. ¿Cree que la red puede impulsar nuevos escenarios de democracia más participativa?
En un mundo que se mundializa y desde el punto de vista de la gobernabilidad, el problema es hasta qué punto los ciudadanos pueden intervenir en la vida pública. Ciertamente, el flujo innovador tecnológico tiene unos efectos de gran alcance para la gobernabilidad. Soy bastante escéptico sobre los posibles efectos positivos para la democracia.
Por qué?
De hecho, la posibilidad que plantean las nuevas tecnologías de la información es el referéndum constante. Pero esto tiene inconvenientes. Por una parte, ¿qué porcentaje de ciudadanos está conectado a estas nuevas tecnologías? Por la otra, existe el problema de la manipulación. Por ejemplo, un grupo social muy activo pero poco representativo puede enviar miles de cartas al Senado. La militancia activa puede compensar la falta de representatividad. También son importantes los rasgos de desigualdad que caracterizan a la sociedad de la información. ¿Quién dispone de terminal? De los que tienen acceso, ¿qué porcentaje dispone del nivel de formación suficiente para utilizar adecuadamente la herramienta?
Pero esta desigualdad también tiene lugar en otros ámbitos. La realidad en la red deja de ser un reflejo de la sociedad...
Es cierto que hay elites de poder, de conocimiento, una clase media-alta que controla y una gran mayoría cuya opinión casi no cuenta. Pero buscar información útil en la red requiere tiempo. El análisis del tiempo es una cuestión muy importante, a la que se dedica poca atención; en cambio, en Italia hay destacados grupos de sociólogos que se dedican al estudio del tiempo.
En estos tiempos, al final del milenio, se está perfilando una nueva sociedad...
Desde el siglo XVIII.
El modelo de la sociedad industrial ha
entrado en crisis...
En absoluto. Ésta es una afirmación
de los posmodernos. Por ejemplo, Internet no es otra cosa que la prolongación
del telégrafo y de la radio, que sí rompieron los conceptos
de espacio y tiempo. Estamos en el paradigma de la modernidad, una modernidad
avanzada, pero modernidad al fin y al cabo. El caso más característico
de hoy es la mundialización del capitalismo. Empezó en el
siglo XVI -cuando Magallanes llegó a Manila- y se cierra con los
satélites que todavía evolucionarán durante 100 o
200 años más.
Ciertamente, el cambio es a veces más
acelerado. Pienso, por ejemplo, el caso de mi propio padre. Hijo de un
pueblo de Alicante, ha vivido la diligencia, el tren, el avión,
Internet. De hecho, desde el siglo XVIII construimos un discurso centrado
en el futuro. La gran paradoja de la modernidad es que estamos en una sociedad
dirigida hacia la prospectiva, el cálculo de probabilidades y el
fordismo. En nuestra cultura ha triunfado el pensamiento positivista de
Comte pero también Marx había diseñado un futuro muy
concreto. No olvidemos que los rusos hacían planes quinquenales.
Los hábitos familiares y laborales se están modificando muchísimo. También en el ámbito económico vivimos una transición de una economía basada en el átomo a una economía basada en lo intangible...
Efectivamente. Todo esto ya lo demostró Daniel Bell en el año 1962 en un libro excelente. De todas formas, es preocupante que tengamos que analizar la sociedad de la información a partir de libros que tienen más de treinta años.
¿ Y las aportaciones de Manuel Castells?
La obra importante es la de Bell, a mi parecer. No he leído todo el libro de Castells pero recuerdo un conjunto de reflexiones sobre los llamados «tigres asiáticos» que no se han cumplido. En cualquier caso, el trabajo de Castells ha sido considerable.
Las ideas de Castells son hoy objeto de debate y los medios de comunicación les prestan mucha atención...
Qué quiere que le diga. Estamos en una sociedad donde ha triunfado Walt Disney en lugar de Karl Marx. Es la cultura de la trivialización y el parque temático. Manda la mediatización. Estamos en un mundo de confusión y los medios comunicación no hacen que la situación mejore, sino al contrario, enredan, trivializan la situación y hacen que la gente crea de buena fe que la aportación de un determinado señor es original, cuando en realidad no lo es. En Cataluña, por ejemplo, consideramos como el gran filósofo local a una persona que en realidad es un pequeñajo de la filosofía catalana. Pasan cosas muy sorprendentes.
Volviendo al concepto de sociedad del riesgo, ¿ cree que es un punto de referencia para explicar la sociedad de hoy en día?
Creo que como modelo no sirve. Un paradigma es la interpretación de la sociedad moderna hecha por Karl Marx. Y no soy marxista, ni lo he sido nunca, pero reconozco la potencia del marxismo. También es un paradigma la interpretación liberal del mundo moderno hecha por Hayek. Pensadores de referencia para mí son Raymond Aron, Karl Marx y Daniel Bell.
Pero la seguridad y el riesgo son dos conceptos de la modernidad...
Hay un hecho indiscutible: el riesgo ha aumentado en todas aquellas sociedades que se han conjurado para eliminarlo. La modernidad es una gran conspiración para eliminar el riesgo. Sin ir más lejos, en Barcelona se inventó la Mesa de Cambios para hacer frente al riesgo. La Mesa de Cambios era una compañía de seguros que financiaba los barcos que no volvían de Oriente. La institución más significativa del mundo moderno son las compañías de seguros. Asimismo, el Estado benefactor es un tipo de compañía de seguros. Para disminuir el riesgo cobramos para la jubilación y queremos ser funcionarios. La paradoja es que vivimos en la sociedad antirriesgo y, a pesar de esta obsesión, cada día producimos más riesgo. Pensemos en los accidentes de tráfico, que aumentan en todo el mundo.
¿Cómo valora las aportaciones del sociólogo alemán Ulrick Beck, que ha desarrollado la idea de la sociedad del riesgo?
Creo que Beck no ha hecho grandes aportaciones pero ha tenido el mérito de concretar una idea potente. Beck ha expresado con precisión y contundencia una situación paradójica: nuestra sociedad conspira para alcanzar más seguridad y tranquilidad y, en cambio, produce más y más riesgo. Weber y Marx hicieron algunas aportaciones sobre estas cuestiones y Beck ha sido quien ha cohesionado y dado forma a las ideas. Comparto los planteamientos de Beck pero yo prefiero hablar de sociedad de la incertidumbre más que de sociedad del riesgo.
¿Qué caracteriza a esta sociedad de la incertidumbre?
Es una sociedad que conspira para controlar
y cuadricular el mundo; quiere tenerlo todo bajo control. Burócratas,
planes estratégicos, ministerios y consejerías a diestro
y siniestro. Tenemos la obsesión cartesiana de cuadricular el mundo.
La paradoja es que este mundo resulta cada vez más incierto. Nos
preocupa si nos podremos retirar, si los impuestos podrán financiar
nuestra jubilación. La contradicción es que los avances de
la medicina alargan la vida y no hay suficiente dinero para asegurar las
jubilaciones. La llamada sociedad del conocimiento es en realidad la sociedad
del desconocimiento. Por una parte, nos acompañan los grandes interrogantes
de siempre, las preguntas eternas. ¿Me quiere mi compañera?
¿Me querrá siempre?
Otro componente de mi teoría de
la incertidumbre es que nadie, ni el señor Beck , puede demostrar
que la sociedad es más insegura hoy que ayer. No hace ni cuatro
días, los seres humanos morían de una gripe o de un cólico.
Hoy ya nadie muere de un ataque de apendicitis, y si te pilla en lo alto
de una montaña incluso te envían un helicóptero para
rescatarte. Los planteamientos apocalípticos, que tanto gustan a
los medios de comunicación, son tramposos. No se puede olvidar que
en el siglo XIX la gente moría de una coz de caballo, de gripe y
que el mundo en la época de Roma era brutal. En definitiva, la sociedad
preindustrial tenía muchos más riesgos que la industrial.
Quizá la diferencia es que el ser humano ha desarrollado una serie de herramientas tecnológicas que pueden poner en peligro la existencia del hombre sobre la Tierra...
No niego que la bomba atómica tenga muchos peligros o que las crisis ecológicas globales planteen numerosos interrogantes sobre el futuro. No quiero trivializar las ideas de Beck pero creo que se tienen que matizar. El riesgo es consustancial a la condición humana.
Ciertamente, vivimos mejor que nuestros antepasados. También es cierto que hemos desarrollado herramientas tecnológicas que nos hacen creer que somos más poderosos que la naturaleza. Este es un cambio que nos puede llevar a la extinción de nuestra especie...
Yo no soy catastrofista, pero hay cifras objetivas que resultan preocupantes. Las tendencias demográficas obligan a encender todas las alarmas. En este sentido, creo más en la sociología prescriptiva que en la descriptiva. Más que analizar fríamente lo que pasa, se tiene que decir qué hay que hacer. Los sociólogos tenemos que aconsejar, no sólo describir lo que pasa en el mundo
¿Algún consejo?
Para mí hay una cosa muy clara. Tenemos que distinguir entre austeridad y pobreza. La sociedad del futuro tiene que ser más austera pero no necesariamente más pobre. No podemos continuar, por ejemplo, con la locura de los automóviles. Creo que sido un gran error construir aparcamientos en los centros de las ciudades. Por tanto, tenemos que atrevernos a eliminar aparcamientos y autopistas para disminuir el número de coches. Quiero un mundo austero con escuelas buenísimas, universidades excelentes, tranvías, metros ligeros, donde se proteja la naturaleza. Tenemos que ser más austeros, repartir la riqueza y reducir el riesgo hasta donde podamos. El hombre es un ser que piensa. Como decía Sócrates, una vida no examinada no vale la pena ser vivida. Un hombre que no piensa su condición, no es tal.
¿ Cree que vamos hacia el colapso?
Vamos directos hacia el colapso. El único
remedio posible es aplicar la razón. No soy catastrofista. Simplemente
afirmo que vamos directos a la catástrofe si no nos salva la razón.
La única esperanza es que se imponga el análisis racional
de la realidad
Normativa ambiental
De la reparación de los daños
a la gestión de los riesgos ambientales
Ignasi Doñate
1.- Introducción
Los desastres ecológicos causados
por accidentes en grandes instalaciones químicas, centrales nucleares
o los causados por vertidos de crudo en accidentes de grandes petroleros
generaron inevitablemente la conciencia de la gran capacidad de destrucción
ecológica de la que es capaz la intervención humana en la
segunda mitad del siglo XX. Las víctimas de estos desastres acudieron
en algunos casos ante los tribunales para exigir daños y perjuicios
personales. Así se desarrollaba la tradicional demanda de responsabilidad
civil por daños, pero aplicada al sector ambiental.
La responsabilidad civil aplicada al sector
ambiental puso de manifiesto las limitaciones de esta figura jurídica
como herramienta eficaz para reparar los daños y, sobre todo, para
prevenirlos. En este ámbito de la prevención ya en los años
60 se inició el proceso de identificación de las sustancias
más peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente. Posteriormente,
los grandes accidentes de Seveso, Bhopal... fueron el detonante para regular
el control de los riesgos que se derivaban de la propia existencia de las
grandes instalaciones industriales, preferentemente químicas.
Esta identificación de las sustancias
peligrosas y de las grandes instalaciones susceptibles de ser fuente de
graves perjuicios ambientales dio lugar a la necesidad de evaluar los riesgos
concretos que se derivaban. La necesidad de evaluar los riesgos era paralela
a la nueva noción de responsabilidad por los riesgos. Se viajaba
de la responsabilidad por daños a la responsabilidad por riesgos.
El aumento de los daños que se
iban derivando de la sucesión de grandes accidentes y la conciencia
de los riesgos que se derivan de la utilización de ciertos productos
y tecnologías nos ha llevado a la consideración del riesgo
ambiental como una calidad endógena de nuestra sociedad contemporánea.
En una sociedad donde el riesgo está por todas partes, con incidencia
grave o leve, la demanda de seguridad se ha ido valorizando dando lugar
al concepto de gestión del riesgo como sistema de gestión
encaminado a su minimización mediante una serie de controles y de
instrumentos.
Esta gestión de riesgo ha traspasado
la mera finalidad de prevención de desastres ambientales, para pasar
a introducirse en las estrategias de definición de la calidad los
productos, calidad que una vez homologada por una comunidad de estados
permite la libre circulación de los productos en dicho ámbito.
2.- La limitación de la responsabilidad civil (RC) ambiental
Un primer problema de la RC ambiental es
concretar qué entendemos por daños ambientales. Dada la diversidad
de daños en el tiempo, en la forma y en el espacio resulta muy difícil
acotar lo que es y lo que no es un daño ambiental.
A esta dificultad es necesario añadirle
la difícil determinación de quiénes son las personas
o entidades que tienen derecho en cada caso para reclamar la reparación
del daño. La titularidad de los recursos naturales, ¿a quién
corresponde? ¿Quién puede reclamar por la extinción
de una especie? A esta dificultad corresponde también la complejidad
de identificar cuál es la causa del daño y cómo actuar
cuando nos encontramos con una pluralidad de causas. La determinación
de la relación causa-efecto es uno de los aspectos técnicamente
y realmente más complejos en las reclamaciones por daños
ambientales. Así, las dificultades específicas se presentan
tanto con relación a la delimitación de daño, del
concepto de medio ambiente, del establecimiento de la causa-efecto, de
la determinación de los responsables y de los titulares que pueden
en cada caso tener derecho a demandar una reparación del daño...
Pero, fundamentalmente, la limitación
de la figura de la RC es que no tiene una función directamente preventiva,
sino que se aplica al tratamiento de daños ya aparecidos, independientemente
de su posibilidad de prevención futura.
3.- De la RC a la responsabilidad por riesgo
La necesidad de dar un carácter
preventivo a la RC, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología,
ha hecho surgir lo que se llama responsabilidad por riesgo, una responsabilidad
que se atribuye al titular de una fuente de peligro. En este sentido, la
Directiva 85/374/CEE, del Consejo, en materia de responsabilidad por los
daños causados por productos defectuosos, atribuyó al titular
mercantil la responsabilidad de los daños derivados del comercio
de sus productos.
La jurisprudencia, a pesar de estar dominada
por el principio de responsabilidad por culpa, atribuye progresivamente
responsabilidades, incluso si son de actos lícitos, cuando éstos
suponen unos daños para terceras personas. Así, de la culpa
derivada de la falta de respeto a las disposiciones reglamentarias, se
pasa a la aceptación de la culpa cuando se constata que no se ha
actuado con la diligencia posible y socialmente adecuada.
Actualmente, para evitar la RC es necesario
tener como norma «agotar la diligencia requerida por las circunstancias
concurrentes en cada caso». La demostración de que se ha actuado
con diligencia corresponde al propio comerciante , al que se le atribuye
la presunción iuris tantum de que es culpable si el mismo no demuestra
que ha actuado con toda la diligencia posible. Así es como en este
proceso, consagrando prácticamente el principio a favor del perjudicado
y en contra del comerciante, se propone como objetivo que todos los daños
y perjuicios deben dar lugar a un resarcimiento responsabilizando al fabricante
o comerciante que, a pesar de cumplir las leyes, no haya tenido una diligencia
necesaria y socialmente exigible en el proceso de poner un producto en
el mercado.
4.- La demanda de seguridad en la sociedad del riesgo
4.1.- La seguridad como formulación
positiva del riesgo
El riesgo se puede entender como la posibilidad
de que suceda un hecho perjudicial concreto. Por el contrario, la seguridad
es el resultado de una serie de condiciones o situaciones que tienden a
minimizar el riesgo. El concepto de seguridad no es asimilable a la exención
de riesgo sino a su minimización.
La seguridad no es tal, se convierte en
una tendencia más que en una realidad, en un objetivo imposible
de alcanzar al 100%, pero es posible acercarse a ella. Técnicamente,
las exigencias de seguridad son obligatorias y reciben el nombre de normas
o reglamentos técnicos. Así, el control de seguridad es obligatorio
y previo a introducir el producto en el mercado, aunque no hay que confundir
la seguridad con la idoneidad funcional del producto o de la instalación.
4.2.- La seguridad general de los productos
En este entorno conceptual, por producto
seguro hay que entender cualquier producto que, en condiciones normales
o razonablemente previsibles, incluyendo la duración, no represente
ningún riesgo o solamente riesgos mínimos, compatibles con
el uso del producto y considerados admisibles en el respeto a un nivel
elevado de protección de la salud y de la seguridad de las personas.
De acuerdo con la Directiva 92/59/CEE
del Consejo, relativa a la seguridad general de los productos, el criterio
de seguridad de los productos incorpora los siguientes elementos:
Las características del producto
y, entre ellas, su composición, embalaje, las instrucciones para
el montaje y para el mantenimiento.
El efecto del producto sobre otros,
cuando razonablemente se pueda prever un uso conjunto del primero con los
segundos.
La presentación del producto,
incluyendo desde el etiquetado, las posibles instrucciones de uso y de
eliminación, hasta cualquier otra indicación o información
que deba dar el fabricante.
Las categorías de consumidores
que estén en condiciones de mayor riesgo en el uso del producto,
especialmente los niños.
Desde un punto de vista normativo, la
posibilidad de alcanzar niveles superiores de seguridad respecto a otros
productos o el hecho de fabricar productos que presenten un riesgo menor
no es un criterio válido para considerar que un producto es inseguro
o peligroso.
Las obligaciones de seguridad afectan
no sólo al fabricante, sino que también pueden repercutir
sobre los distribuidores de los productos, independientemente de las medidas
de control de los productos, las regulaciones de conformidad y las obligaciones
de los estados a la hora de regular y difundir los criterios de seguridad
5.- El riesgo ambiental
5.1.- Concepto, magnitud y gravedad
del riesgo ambiental
El riesgo ambiental comporta que exista
un elemento de incertidumbre en el hecho de infligir daños importantes
al medio ambiente. El riesgo, a pesar de ser previsible por naturaleza,
reúne los componentes de inesperado, repentino y accidental.
La magnitud de un riesgo se determina
mediante dos factores globales: la probabilidad de que se produzca el siniestro
y la gravedad de sus consecuencias, o sea, que el riesgo (R) es igual a
la probabilidad (P) multiplicada por la gravedad (G).
Por su parte, la gravedad del siniestro
tiene como factores la importancia intrínseca del objeto material
del siniestro y el entorno donde se ha producido. Los daños y perjuicios
del accidente deberán ser reparados por sus causantes o responsables,
lo que hace que dicha reparación nos sitúe en el ámbito
de la responsabilidad empresarial, aunque no excluye que en algún
caso excepcional la responsabilidad de un accidente ambiental recaiga en
uno o varios particulares. Por este motivo, cuando se habla de riesgo ambiental
siempre hacemos referencia a personas o entidades que, por los productos
que utilizan o por las instalaciones que gestionan, son los causantes de
un riesgo al medio ambiente que, por su magnitud, puede comportar tener
que responsabilizarse de la reparación de unos daños demasiado
a menudo incalculables.
5.2.- Las normativas comunitarias de evaluación
En el 1.993 se dictaron las primeras disposiciones
de evaluación de riesgo para la salud humana y para el medio ambiente,
aplicada a las sustancias existentes en la Unión Europea. Así,
se introdujo un procedimiento de evaluación mediante el que se asignaba
a cada uno de los estados miembros de la Unión Europea la responsabilidad
de evaluar el riesgo ambiental de las sustancias contenidas en unas listas
prioritarias. De acuerdo con esta evaluación, el Estado ponente
en cada sustancia propondría a un Comité de representantes
de los propios estados una estrategia de prevención que podría
comprender las posibles medidas para limitar la comercialización
y el uso de aquellas sustancias según la Directiva 76/769/CEE.
Hasta el momento se han publicado tres
listas que contienen en total 110 sustancias declaradas prioritarias para
su evaluación por los estados miembros. Los principios de evaluación
de riesgo que tienen que tener en cuenta los estados miembros ponentes
en cada sustancia se recogieron posteriormente en el Reglamento (CE) nº
1488/94 de la Comisión.
Este Reglamento instituye que la evaluación
del riesgo comportará la determinación del peligro
-identificación de los efectos adversos que una sustancia puede
provocar-, la evaluación de la relación dosis (concentración)-respuesta
(efecto), la evaluación de la exposición y la caracterización
del riesgo, entendida como la estimación de la incidencia y gravedad
de los efectos adversos probables. La disposición recoge los criterios
técnicos específicos de los riesgos para la salud humana
y, por separado, los criterios de los riesgos para el medio ambiente.
Los mismos criterios adoptó la
Directiva 93/67/CEE de la Comisión, relativa a las sustancias peligrosas
reguladas en la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado
de dichas sustancias, instaurada como principios de evaluación.
6.- Los riesgos de accidentes graves: de las instalaciones industriales a las sustancias peligrosas
6.1.- Los accidentes graves en determinadas
instalaciones industriales
El accidente de Flixborough en 1973, el
de Beek en 1975 y el de Seveso en 1976 crearon la consciencia de la gravedad
de los peligros y del riesgo que comportaban determinadas instalaciones
industriales. Una aproximación al concepto de riesgo se realizó
con la Directiva 82/501/CEE, medida legislativa reactiva al accidente de
Seveso, dirigida a prever los accidentes graves que se podrían derivar
de determinadas actividades industriales catalogadas en 10 categorías
básicamente centradas en la industria química, petrolera
o del gas o bien que trabajasen con cantidades importantes de 10 sustancias
específicas recogidas en la Directiva.
Se trataba de una Directiva que afectaba
tanto a ciertos tipos de instalaciones en función de los procesos
industriales, como a las instalaciones que trabajasen con cantidades significativas
de ciertos productos. Una Directiva que no daba ninguna definición
de peligro, ni de riesgo pero que inició un proceso de armonización
necesario, dada la magnitud de los accidentes que tenían un
claro alcance internacional.
La limitación de la Directiva en
su concepción aplicativa sólo a los procesos industriales
que relacionaba, hizo que la catástrofe de Bhopal motivase la ampliación
de las actividades industriales afectadas y la reducción de los
valores límite fijados, a la vez que se aprobó la Directiva
87/216/CEE. Asimismo, el accidente de la empresa Sandoz en Basilea y la
correspondiente contaminación del Rhin motivó la nueva Directiva
88/610/CEE que introdujo las actividades de almacenaje de sustancias o
preparados peligrosos y mejoraba la información al público
sobre todos los elementos relativos a su seguridad.
En 1989, a la vista de los accidentes
de Bhopal y de Méjico que pusieron de manifiesto los riesgos que
planteaba la proximidad entre los asentamientos industriales y las zonas
residenciales, el Consejo planteó la necesidad de pedir la directiva
en materia de planificación de la ocupación del suelo en
el momento de autorizar nuevas instalaciones o cuando el desarrollo urbanístico
se hiciera alrededor de instalaciones industriales ya existentes.
Esta normativa sobre accidentes en las
instalaciones industriales también pedía una ampliación
de su ámbito de actuación y un mejor intercambio de información
entre los estados miembros. Muestra de esta preocupación es que
el quinto programa de actuación ambiental insistía en la
necesidad de una mejor gestión de los riesgos y de los accidentes.
La lista vigente entonces especificaba
determinados tipos de instalaciones y en cambio excluía otros que
presentaban idénticos riesgos, dando lugar a que se escapasen a
la normativa comunitaria posibles fuentes de accidentes graves. Esta constatación
llegó a la conclusión de que era necesario pasar de una lista
de instalaciones industriales concretas a una afectación de todo
tipo de instalaciones que utilizasen ciertas sustancias peligrosas en cantidades
suficientemente importantes como para poder originar un accidente grave.
6.2.- La Directiva 96/82/CE, del Consejo,
de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes
a los accidentes de graves en que intervengan sustancias peligrosas
Esta Directiva entró en vigor el
día 3 de febrero de 1997 y dejaba un plazo de 24 meses a los estados
para que dictasen las normas para su transposición interna. Así
pues, el día 3 de febrero de 1999 acabó dicho plazo y, en
consecuencia, todos los ciudadanos comunitarios podían invocar esta
nueva Directiva tanto si han dictado o no las normas internas de aplicación
a cada Estado miembro.
6.2.1.- Los puntos de partida de la Directiva
Los accidentes graves en instalaciones
industriales normalmente se han debido a defectos de gestión o de
organización. Por este motivo, era conveniente determinar a escala
comunitaria los principios básicos para los sistemas de gestión
que tienen que permitir prevenir y controlar el peligro de accidentes graves
como limitar sus consecuencias.
La Directiva unifica los criterios
con relación a la inspección de establecimientos por parte
de los estados, a fin de que no se deriven otros niveles diferentes de
protección.
La mejora de la protección ambiental
pide que los responsables de las instalaciones proporcionen a las autoridades
competentes la información adecuada en forma de un informe de seguridad
que contenga datos sobre el establecimiento, las sustancias peligrosas
existentes, la instalación o almacenamiento, los posibles accidentes
graves y las formas de gestión.
Se constata el efecto dominó en
establecimientos que por su localización o proximidad a núcleos
urbanos o a determinados ambientes pueden aumentar la probabilidad y la
posibilidad de agravar los accidentes, lo que reincide en la necesidad
de contar con una información más amplia, de un adecuado
intercambio de información y de una cooperación relativa
a la información del público.
Para situaciones límite, en dichos
establecimientos que trabajan con cantidades importantes de sustancias
peligrosas, es necesario implantar planes de emergencia externos e internos
y crear sistemas que garanticen que dichos planes se comprueben, revisen
y se apliquen. En este sentido, la directiva dispone que los planes internos
de emergencia se deben consultar con el personal, así como los planes
de emergencia externos se deben consultar con la población.
Para mejorar la protección ambiental,
los planes territoriales han de tener en cuenta la necesidad, a largo plazo,
de asegurar la separación adecuada entre zonas.
En el ámbito de la información
se constata que el público debe tener acceso a los informes de seguridad
elaborados por los industriales y que las personas afectadas por un accidente
grave deben disponer de elementos de información suficientes para
poder actuar correctamente en dichos casos. La Directiva prevé que
el industrial debe informar adecuadamente a las autoridades y proporcionarles
los datos necesarios para evaluar en cada caso las consecuencias del accidente.
Los estados deben informar no sólo de los incidentes, sino también
de los conatos de accidente que tenga un cierto interés.
6.2.2.- Definiciones
La Directiva es actualmente la disposición
legal comunitaria que afronta con más precisión la problemática
relativa a los riesgos ambientales y en dicho sentido recoge las definiciones
de los conceptos más relevantes:
Establecimiento, la totalidad de la
zona bajo control de un industrial en la que haya sustancias en una o varias
instalaciones o actividades comunes o conexas.
Instalación, comunidad técnica
de un establecimiento donde se producen, utilizan, manipulan o almacenan
sustancias peligrosas.
Substancias peligrosas, son las sustancias,
mezclas o preparados, enumerados en la parte 1 del anexo 1 de la Directiva
(que incluye 30 sustancias), o que cumplan los criterios establecidos en
las 10 categorías de sustancias y preparados recogidas en la parte
2 del anexo 1.
Accidente grave, un hecho, como
una emisión, incendio o explosión importantes, que resulte
de un proceso no controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento
al que se le aplique la Directiva, que suponga un peligro grave, ya sea
inmediato o diferido, para la salud humana o para el medio ambiente, dentro
o fuera del establecimiento y en el que intervengan una o varias sustancias
peligrosas.
Peligro, la capacidad intrínseca
de una sustancia física para ocasionar daños a la salud humana
o al medio ambiente.
Industrial, cualquier persona
física o jurídica que explote o posea el establecimiento
o la instalación o, si está previsto en la legislación
nacional, cualquier persona en la que se haya delegado, en relación
con el funcionamiento técnico, un determinado poder económico.
Riesgo, la probabilidad de que se produzca
un efecto específico en un periodo de tiempo determinado o en circunstancias
determinadas.
6.2.3.- Las actividades excluidas de la
Directiva
Sin embargo, la Directiva no se aplica
a los establecimientos militares, a los peligros creados por las radiaciones
ionizantes, a los transportes de sustancias peligrosas y a su almacenaje
temporal, a los transportes por canalizaciones, a las actividades de extracción
de minerales y a los vertederos de residuos.
6.3.- El transporte de mercancías
peligrosas
Las medidas que impone la Directiva relativas
al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas han de ser complementadas especialmente
por las legislaciones estatales que regulan el transporte de las
sustancias peligrosas. A escala comunitaria este transporte lo encontramos
afectado básicamente por las siguientes directivas:
6.3.1.- Directiva 93/75 de condiciones mínimas exigibles a los barcos, que posteriormente ha sido modificada en diversas ocasiones, siendo la última modificación la recogida en la Directiva 98/74.
6.3.2.- Directiva 94/55 de aproximación de las legislaciones de transporte por carretera, modificada posteriormente por la Directiva 96/86/CE.
6.3.3.- Directiva 96/49/CE de aproximación de las legislaciones de transporte por ferrocarril, adaptada posteriormente al progreso técnico por la Directiva 96/87/CE.
6.4.- Los residuos peligrosos
Finalmente, el resto de medidas importantes
aplicables a la prevención de riesgos son las previstas para los
residuos peligrosos y sus traslados transfronterizos.
6.4.1.- Los residuos peligrosos en la Unión
Europea
La Directiva marco de residuos (75/442/CEE,
modificada por la 91/156/CEE) cuando se trata de residuos peligrosos, debe
ser complementada por las normas específicas de la Directiva 91/689/CEE
que recoge expresamente la definición de residuo peligroso, y que
fue modificada posteriormente por la Directiva 94/31/CE del Consejo.
Los residuos a los que se aplica
esta normativa específica son los que contiene la Lista de Residuos
Peligrosos de la Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 1994,
a pesar de que existe la de carácter más general, recogida
en el Catálogo Europeo de Residuos.
La problemática específica
de incineración de los residuos peligrosos dio lugar a la aprobación
de la Decisión de la Comisión, de 21 de abril de 1997, sobre
métodos de medición armonizadora para determinar la concentración
en masa de dioxinas y furanos en las emisiones atmosféricas
6.4.2.- El Convenio de Basilea, para el
control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos
peligrosos.
El Convenio de Basilea, de 22 de marzo
de 1989, fue aprobado por la Comunidad Económica Europea con la
Decisión del Consejo de 1 de febrero de 1993 que recoge como anexo
el texto íntegro del Convenio.
Para incorporar de una manera ordenada
el Convenio de Basilea a la normativa comunitaria se aprobó el Reglamento
259/93, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos
en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea.
Dicho reglamento fue modificado parcialmente por el Reglamento (CE) núm.
120/1997 del Consejo, en el sentido de prohibir totalmente las exportaciones
de residuos peligrosos destinados a operaciones de reciclado o valorización
hacia países no miembros de la OCDE. Las progresivas limitaciones
a las exportaciones de desechos peligrosos a terceros países han
aumentado con la Decisión 97/640/CE del Consejo, por la que se aprueba
la enmienda del Convenio de Basilea.
6.4.3.- La normativa básica en España
y en Cataluña
Pese a la unificación de tratamiento
de los residuos a partir de la Ley 10/1998, sigue básicamente en
vigor el Reglamento de residuos tóxicos y peligrosos aprobado por
el Real Decreto 833/1998, modificado posteriormente por el Real Decreto
952/1997. Los objetivos de la Administración española en
el sector de residuos peligrosos para el periodo 1995-2000 se recogen en
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por
el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos (B.O.E nº
114 de 13/5/1995).
La regulación catalana aparece
en el Decreto legislativo 2/1991, por el que se aprueba la refundición
de los textos legales vigentes en materia de residuos industriales.
Así, en el ámbito de los
residuos industriales, se mantiene vigente una regulación específica
que consagra la competencia de la Generalitat de Cataluña para adoptar
las medidas necesarias para fomentar las actividades relacionadas con la
minimización, el tratamiento en origen y el aprovechamiento o eliminación
de los residuos industriales, asegurando que dichas actividades se efectúan
en las condiciones adecuadas para proteger el medio y el aprovechamiento
los recursos naturales.
La normativa actual regula los programas
de actuación de la Junta de Residuos, no sólo en lo relativo
a la minimización, reciclaje y tratamiento de residuos, sino también
en lo relativo a la restauración de áreas degradadas y a
la adopción de medidas urgentes para la gestión de residuos
industriales, desde la promoción de instalaciones de tratamiento
residuos hasta la ordenación de la actividad de gestión.
Se mantiene la categoría de residuos
industriales especiales, para los que existe un registro específico
y cuya gestión está sometida a una autorización específica
de la Junta de Residuos que regula también su recogida, transporte
y condiciones de gestión.
7.- Otras estrategias de seguridad aplicables a sustancias y preparados peligrosos
7.1.- Clasificación, envasado
y etiquetaje de las sustancias y preparados peligrosos.
La clasificación, envasado y etiquetaje
de las sustancias peligrosas fueron regulados específicamente por
la Directiva 67/548/CEE, del Consejo, una de las últimas adaptaciones
al progreso técnico ha sido el de la Directiva 98/98.
Los principios de evaluación del
riesgo para el ser humano y para el medio ambiente, tal como se ha mencionado,
se establecieron mediante la Directiva 93/67/CEE de la Comisión.
La lista actual de las sustancias peligrosas es la aprobada por la Directiva
93/90.
Complementando la anterior normativa,
la Directiva 88/379 instauró la clasificación, envasado y
etiquetaje de preparados, adaptada posteriormente al progreso técnico
mediante la Directiva 89/178.
7.2.- Limitación de la comercialización
y uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos
Esta limitación fue institucionalizada
por la Directiva 76/769, que ha sido modificada en 16 ocasiones, siendo
la última la realizada mediante la Directiva 96/56.
8.- La gestión del riesgo ambiental
Mediante la expresión gestión del riesgo se hace referencia al conjunto de estrategias y de instrumentos que permiten identificar el riesgo allí donde esté y evaluar su importancia en función de la instalación y de su entorno. De acuerdo con el diagnóstico y la evaluación del riesgo se deberá adoptar un programa de actuación ambiental.
8.1.- Identificación y diagnóstico
ambiental
El primer paso en el proceso de gestión
del riesgo pasa por la identificación de la actividad creadora del
riesgo y de su entorno, identificación fundamentada en la información
básica para situar todos sus parámetros. En el proceso de
identificación se buscan toda las situaciones de riesgo posibles.
El conocimiento de los accidentes ambientales habidos hasta momento y los
datos de los niveles de contaminación alcanzados en cada caso son
elementos importantes en esta fase de identificación de riesgos.
Aparte de la identificación de
los riesgos, será necesario verificar si el establecimiento cumple
la normativa ambiental en lo relativo a las emisiones, vertidos, residuos,
ruidos, vibraciones, radiaciones y cualquier tipo de parámetro ambiental
que se deba tener en cuenta.
En la misma fase de diagnóstico
ambiental será necesario entrar en los procesos de gestión
ambiental del establecimiento: grado de concienciación de la dirección,
grado de aplicación de las técnicas de control ambiental,
el organigrama de la empresa y los poderes de cada uno de los niveles de
mando, la formación del personal, los sistemas de alarma y control,
el mantenimiento de las instalaciones, la aplicabilidad de un plan de emergencia
y si existe o no una definición clara de la política ambiental
de la empresa.
8.2.- Evaluación
La evaluación empezará por
los riesgos de mayor provisionalidad, yendo a buscar las causas de los
riesgos, realizando una estimación de su gravedad y una aproximación
al nivel de probabilidad de que sucedan.
8.3.- Prevención
De acuerdo con la evaluación realizada
se creará un plan de gestión ambiental para prevenir los
riesgos, empezando por los más graves, los que puedan suponer el
cierre de la actividad o que puedan comportar una alta carga financiera,
hasta llegar a los más sencillos y de fácil prevención.
El plan debe definir una política ambiental y unos objetivos que
se tengan que alcanzar. Se creará un programa de actuaciones y un
procedimiento de seguimiento. Finalmente, se redactará un programa
de auditorías ambientales que evalúen de una manera sistemática,
documentada, periódica y objetiva el funcionamiento de la organización,
el sistema de gestión y el equipo dirigido a la protección
del medio ambiente.
8.4.- Financiación
Basados en los principios de «quien
contamina paga» y de la responsabilidad objetiva de los daños
ambientales y con una previsión de costes cada vez más altos,
se deberá realizar un plan de financiación asociado al nivel
de riesgo ambiental diagnosticado y evaluado. Dicha financiación
se hará normalmente con la creación de fondos internos o
externos suficientes, buscando las máximas ventajas fiscales. La
necesidad de este tipo de fondos específicos se deriva de la dificultad
de conseguir normalmente un aseguramiento externo del riesgo ambiental.
9.- Mecanismos de gestión de riesgo
Actualmente, la gestión del riesgo a escala comunitaria viene asociada a una diversidad de mecanismos, unos de carácter obligatorio y otros voluntarios.
9.1.- El control integrado de la contaminación
El proceso de autorización o licencia
de las actividades que puedan suponer un riesgo ambiental es el primer
control y evaluación que se realiza de dichos riesgos. La Directiva
96/61/CE del Consejo, fue la primera piedra de este nuevo sistema
de control de la contaminación. Esta Disposición parte de
que la plena coordinación del procedimiento y de las condiciones
de autorización de cualquier tipo de actividades contribuirá
a alcanzar el nivel máximo de protección del medio ambiente
en su conjunto.
La Directiva instaura un marco general
de prevención y control integrados de contaminación, disponiendo
de las medidas necesarias para una efectiva prevención y control
integrados de la contaminación favoreciendo un desarrollo sostenible.
La Directiva asume un concepto amplio de contaminación definiéndola
como la introducción directa o indirecta, mediante la actividad
humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera,
en el agua o en el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la
salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños
en los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otros
usos legítimos del medio ambiente.
En Cataluña, este control integral
fue introducido por la Ley 3/1998, de la intervención integral de
la Administración Ambiental. Con esta ley, que entró en vigor
el día 30 de junio de 1999, se declaró inaplicable el Reglamento
de actividades molestas. Finalmente, mediante el decreto 136/1999, de 18
de mayo, se ha aprobado que el Reglamento General de despliegue de la ley
3/1998 sobre la intervención integral de la administración
ambiental y se adapten sus anexos.
9.2.- La evaluación de impacto ambiental
Con la Directiva 85/337 se instituyó
por primera vez el sistema de evaluación de impacto ambiental de
ciertos proyectos, entendida como un procedimiento de intervención
administrativa de proyectos públicos o privados para prever sus
efectos directos o indirectos sobre el ser humano, la fauna y la flora,
el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, los bienes materiales
y el patrimonio cultural y la interacción entre todos estos factores.
Los planes comunitarios de la técnica
de evaluación de impacto ambiental son el principio de prevención,
la integración de la política ambiental en las diversas políticas
y el principio de respeto a las políticas nacionales sobre la protección
ambiental y sobre exportación de los recursos energéticos.
Sin embargo, la normativa de evaluación
de impacto ha estado marcada por la falta de un adecuado cumplimiento de
una parte de los estados miembros, lo que habría influido en una
falta de desarrollo reglamentario de dicha técnica de evaluación.
De acuerdo con la Directiva 97/11/CE,
los estados miembros pueden actualmente instaurar un procedimiento único
para cumplir los requisitos de la normativa de impacto y los requisitos
de la Directiva 96/61/CE del Consejo, relativa a la prevención y
al control integrados de la contaminación.
9.3.- El etiquetaje ecológico
La concesión de la etiqueta ecológica
a un producto constituye un proceso que obliga a realizar una cierta evaluación
del riesgo que puede comportar un producto en su conjunto. Por este motivo,
el sistema instaurado con el Reglamento 880/92 ha sido genéricamente
implantado entre los países de la Unión Europea y específicamente
a dado lugar al establecimiento de criterios para diversos productos (lavadoras,
lavavajillas, frigoríficos...). En España, la concesión
del etiquetaje ecológico fue regulada por el Real Decreto 589/94.
9.4.- La responsabilidad civil
La Unión Europea sigue teniendo
como uno de sus mecanismos de gestión de riesgos el de la RC por
daños ambientales, una RC cada vez más basada en la responsabilidad
objetiva que simplifica la reclamación de daños, incentiva
la prevención. Sería necesario definir a qué tipo
de actividades se aplicaría y establecer los instrumentos financieros
específicos de reparación de los daños. De la teoría
de la responsabilidad civil por daños ambientales se hizo eco la
Comisión Europea en su comunicado del año 1993 llamado Libro
Verde sobre la reparación del daño ecológico.
9.5.- La internalización de costes
La gestión de los riesgos que comporta
asumir internamente la totalidad de los costes ambientales generados en
un establecimiento o por el lanzamiento de algún producto. Por este
motivo, la Unión Europea promueve la internalización de los
costes como mecanismo imprescindible para realizar una gestión adecuada
de los riesgos, gestión que no excluya una parte de los costes reales
por medio de la externalización de los mismos.
9.6.- Las auditorías ambientales
El sistema voluntario de gestión
y auditoría ambientales, a pesar de no hablar específicamente
de riesgos, es otro instrumento de gestión de riesgo encaminado
a la mejora de la gestión ambiental y a la regulación de
los instrumentos adecuados para hacerlo.
El Reglamento 1836/93, del Consejo, por
el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y
auditoría ambientales (EMAS) se desarrolló en España
mediante el Real Decreto 85/96.
Posteriormente, con la Decisión
97/264 de la Comisión Europea se reconocieron los procedimientos
de certificación (EMAS) y con la Decisión 97/265, de 16 de
abril de 1997, sobre el reconocimiento de la norma internacional ISO 14001:1996
y de la norma europea EN ISO 14001:1996 se instauraron las nuevas especificaciones
para sistemas de gestión medioambiental, de conformidad con el artículo
12 del Reglamento.
10.- Epílogo
Así pues, la gestión del riesgo ambiental constituye en la actualidad un compendio de mecanismos encaminados a prevenir los peligros ambientales. Dicho objetivo cabalga por encima de los preexistentes mecanismos de RC o de los tratamientos específicos de sustancias peligrosas, lo que hace que constituya un complejo sistema normativo. Una complejidad evidente por la pluralidad disposiciones, pero también y sobre todo, por la cada día más difícil posibilidad de gestionar la seguridad en un marco de riesgo creciente y global. Gestionar el riesgo es actualmente el reto científico y tecnológico más paradigmático de las sociedades ricas, que pretenden hacer sostenible su excesivo y discriminatorio consumo de recursos.
Congreso de Riesgos Naturales
«El entorno natural ha dejado de
ser fuente de recursos y base de la propia existencia para convertirse
en espacio de ocio... Como consecuencia de estas actividades [de ocio]
se está produciendo un claro aumento de la accidentabilidad: deportes
de aventura practicados de forma incontrolada, intoxicaciones por setas,
picadas, acampadas en zonas de riesgo... «. Con estas palabras expresaban
los organizadores del 1º Congreso de Riesgos Naturales, celebrado
en mayo pasado en Sant Celoni, la necesidad de un encuentro donde se reflexionase
sobre el aumento de los riesgos (para las personas y para el entorno) que
se asocian a los nuevos usos de lo que se suele llamar el entorno natural.
La Universitat Autònoma de Barcelona,
a través del Centro de Estudios Ambientales, el Ayuntamiento de
Sant Celoni y el Hospital de Sant Celoni fueron los organizadores de dicho
encuentro, que se celebró los días 7 y 8 de mayo con el título
«Riesgos naturales. Gestión y prevención de las incidencias
ambientales sobre la salud y las actividades humanas». El congreso,
el primero dedicado específicamente a los riesgos naturales que
se celebra en nuestro país, estuvo dirigido por Teresa Romanillos
(Hospital de Sant Celoni) y Martí Boada (Universitat Autònoma
de Barcelona). Diversas entidades apoyaron la iniciativa: Generalitat de
Cataluña, Diputación de Barcelona, Consejo Comarcal del Vallès
Oriental, CESPA y laboratorios Almirall Prodesfarma.
Los nuevos retos de nuestro estilo de vida
El estilo de vida contemporáneo,
cuya actividad se concentra alrededor de los centros urbanos, comporta
una nueva relación entre el ser humano y lo que se identifica como
Naturaleza, que es el entorno poco artificializado. Dicho entorno natural
se define en contraposición al que constituye el medio cotidiano
-un ambiente urbano poco confortable- y se convierte en el destino de la
huida, de esa escapada necesaria de fin de semana o de vacaciones para
hacer más soportable la vida en el núcleo de la ciudad. Este
uso del entorno natural se basa en la implantación de una serie
de pautas de comportamiento de consumo que hasta ahora le eran ajenas como,
por ejemplo, la intensificación del turismo rural y el consiguiente
incremento de la frecuentación de los bosques.
Huelga decir que esta clase de invasión
urbanita y de revalorización del mundo rural ha tenido y tiene efectos
positivos claros en las economías locales, por lo general bastante
deprimidas. El peligro proviene del desequilibrio que se desprende de una
explotación demasiado intensiva, y que puede desembocar en la destrucción
del principal recurso que tienen estas comunidades: el paisaje y la tranquilidad.
De esta manera, y paradójicamente, las formas contemporáneas
de recuperar la naturaleza y aproximarse al conocimiento del entorno han
llegado acompañadas de un peligro real de degradación paisajística,
por una parte y, por la otra, de la acentuación de los riesgos que,
en lugar de afectar directamente al medio, afectan a los que disfrutan
de él: el número creciente de visitantes aumenta las probabilidades
de sufrir un accidente.
Por ejemplo, desde 1970 los accidentes
que podríamos denominar tradicionales han disminuido en la zona
del Montseny (accidentes en trabajos forestales y agrícolas o en
canteras), pero han aumentado los siniestros ligados al tráfico
rodado y los nuevos usos lúdicos de esta área montañosa.
Éstas son las principales conclusiones del estudio sobre riesgos
globales y mortalidad asociada al macizo del Montseny que el biólogo
Martí Boada presentó en el seno del Congreso de Riesgos Naturales.
Por otra parte, según los datos
aportados por el geógrafo David Saurí, los aludes de nieve
han causado unas 40 víctimas mortales en los Pirineos españoles
en la última década, mientras que hasta hace muy poco era
un riesgo ignorado a causa de la poca incidencia social que tenía.
¿Que significa esto? ¿Se han agravado cada vez más
los fenómenos naturales? La respuesta es un no contundente porque,
en palabras de Saurí, «todos los expertos coinciden en el
hecho de que lo que ha aumentado no es el factor peligrosidad, sino la
vulnerabilidad social y territorial», es decir, se han magnificado
tanto el número de gente que se encuentra expuesta a los efectos
de la catástrofe natural como las situaciones de riesgo (campos
de cultivo abandonados y ocupados por arbustos que facilitan la generación
y expansión de un incendio, construcciones en las zonas inundadas
de los ríos, contención de los caudales, frecuentación
de zonas sensibles a los desprendimientos de nieve, etc.).
Multidisciplinariedad y visión global
En definitiva, la transformación
que actualmente experimenta nuestro entorno natural exige un cambio en
el tipo de políticas dirigidas a su gestión que inevitablemente
se vuelve más compleja. Por tanto, concluye David Saurí,
es necesaria una política de escenificación de los riesgos
y planificación territorial que permita una gestión preventiva
eficaz.
Por otra parte, es necesario profundizar
en el logro de una multidisciplinariedad efectiva, requisito que configuró
uno de los ejes centrales del debate ocasionado en el congreso. La colaboración
entre profesionales de diversas disciplinas, que se presenta como requisito
fundamental para llevar a término una gestión territorial
integradora y eficaz, ya quedó esbozada en los perfiles de los ponentes:
médicos, geógrafos, gestores de la administración
pública, periodistas, abogados, filósofos, biólogos,
psicólogos, educadores ambientales... Sin embargo, a pesar de la
diversidad, es necesario que la conjunción de los trabajos realizados
desde diferentes campos de conocimiento sea real, es decir, que se organice
en un proyecto común. Sin la idea de empresa compartida, la riqueza
proporcionada por la diversidad formativa de los casi 50 ponentes que hablaron
en Sant Celoni, no sólo se pierde sino que su combinación
acaba siendo inoperante.
De todo esto se deriva, por tanto, que
la manera de plantear los objetivos y diseñar las estrategias de
esta acción política podría ser el tema central del
próximo congreso. Además, y dado que cualquier política
de prevención y gestión de riesgos naturales debería
enfocarse desde la multidisciplinariedad, la manera en que esta diversidad
disciplinar puede articularse sería, huelga decirlo, otro tema de
especial interés para el 2º Congreso de Riesgos Naturales...
¿O se debería decir Riesgos Sociales?
J.C.
Premios Medio Ambiente 1999
Con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente, celebrado el 5 de junio, el Departamento de Medio Ambiente de
la Generalitat de Catalunya otorgó, como cada año, los Premios
Medio Ambiente. En la convocatoria de 1999 la Institución Catalana
de Historia Natural y la empresa de fabricación de papel Paperera
Alier S.A. fueron las ganadoras.
El Departamento premió a la Institución
Catalana de Historia Natural (ICHN) por «la constante dedicación
al estudio, protección y formación para un mejor conocimiento
del medio». La concesión del Premio Medio Ambiente 1999 coincide
con el centenario de la entidad, fundada en 1899 y parte integrante del
Instituto de Estudios Catalanes desde 1917. La ICHN es la responsable de
trabajos fundamentales para el asentamiento y difusión del pensamiento
ambientalista en nuestro país como, por ejemplo, el Llibre blanc
de la natura, Els sistemes naturals del delta de l'Ebre y Els sistemes
naturals de les Illes Medes. Actualmente, trabaja en la redacción
de la Estrategia catalana para la conservación y uso sostenible
de la diversidad biológica.
En cuanto al otro galardonado con el Premio
Medio Ambiente 1999, la empresa Paperera Alier S.A., el Departamento le
reconoce una doble tarea en la conservación del entorno. Por un
lado, el apoyo a entidades y asociaciones que trabajan en esta línea.
Por el otro, la puesta en marcha de un Sistema de Gestión Medioambiental
que ha comportado una serie de mejoras en la factura ambiental de la papelera:
construcción de un vertedero propio para tratar correctamente los
residuos y elaboración de un Plan de Descontaminación Gradual
que ha conllevado la instalación de una depuradora biológica;
además, Paperera Alier S.A. fue la primera española que consiguió
la etiqueta ecológica «Ángel Azul», que concede
el ministerio de medio ambiente de Alemania
J.C.
Ecología del ocio
Història del pensament biològic
Josep Lluís Barona
Universitat de València, 1998,
234 págs.
Los antiguos tenían sus interpretaciones
de los fenómenos naturales, basadas sobre todo en mitos que intentaban
explicar lo que no lograban entender. Y hasta las sociedades prehistóricas
y primitivas se remonta en este libro el autor. Esta parte de la historia
del pensamiento común biológico, no siempre suficientemente
bien expuesta, es una excelente y atractiva introducción a la evolución,
ya más racional, de estas ideas. La biología clásica
griega, la Edad Media y el Renacimiento son los siguientes capítulos.
Pero, obviamente, son los apartados referidos a los siglos XVII y XVIII
y el desarrollo contemporáneo los más extensos.
Este libro ofrece una visión muy
completa del pensamiento biológico, y no sólo porque el autor
se refiere a épocas que, como hemos mencionado, a menudo quedan
un poco olvidadas, sino porque incide en todos los aspectos que han conformado
este pensamiento a lo largo de la historia. Esto significa dar su correspondiente
valor no sólo a los elementos científicos, sino también
a los factores culturales, religiosos, sociales y filosóficos que
han influido y conformado esta evolución. Por otra parte, Barona
ha descrito un amplio marco, y por esta razón presta atención
a temas más médicos -circulación de la sangre, estudios
anatómicos- y a disciplinas que desempeñan un papel importante
en el conocimiento de los seres vivos, como es la química fisiológica
y la bioquímica
X.D.
El significado de la evolución
Robert J. Richards
Alianza Editorial, Madrid, 1998, 230 págs.
(versión original: The Meaning of Evolution, University of Chicago,
1992)
Todavía hoy la evolución y su historia generan intensos debates, que engloban la génesis y desarrollo de estas ideas, las posibles derivaciones ideológicas de sus interpretaciones y los detalles más científicos de la teoría. El subtítulo de este libro no atraería a muchos lectores no especializados: La construcción morfológica y la reconstrucción ideológica de la teoría de Darwin. Y a pesar de que no es un texto dirigido a un público amplio, sí contiene suficientes elementos como para interesar a más personas además de los evolucionistas o historiadores de la biología. Richards explica el concepto de evolución y su variación a lo largo del tiempo, es decir, la evolución de la evolución. El autor desarrolla sobre todo la idea de la recapitulación, a la que dio forma teórica en primer lugar John Hunter en el siglo XVIII, pero que encuentra su gran defensor en Ernst Haeckel. Básicamente manifiesta que la ontogenia recapitula la filogenia, es decir, que el desarrollo del embrión resume las fases de evolución de la especie. El repaso a esta idea y a su influencia en el evolucionismo y en Darwin da mucho de sí y Richards le dedica la mayor parte del libro. Después, en el último capítulo critica la visión histórica que han defendido Stephen Jay Gould y Ernst Mayr. Es en esta parte donde observamos cómo el análisis de una idea científica favorece un debate ideológico bastante interesante. Y no es necesario mencionar que, por la talla de los implicados y la contundencia de algunas afirmaciones, bastante polémicos
X.D.
La biología del futuro. ¿Qué
es la vida? Cincuenta años después
Michael P. Murphy y Luke A.J. O'Neill
(editores)
Tusquets, Barcelona, 1999, 262 págs.
(versión original: What is life? The next fifty years. Speculations
on the Future of Biology, Cambridge University Press, 1995)
En 1943, el físico E Schrödinger,
uno de los padres de la mecánica cuántica, impartió
unas conferencias que significarían una de las aportaciones intelectualmente
más enriquecedoras de la historia reciente de la ciencia. La tesis
principal era que la nueva física podía explicar una cosa
tan compleja como la herencia y la termodinámica de los seres vivos.
La popularidad de los textos, que serían editados al año
siguiente, y su influencia en los debates científicos e intelectuales
siguen muy vivas, como nos lo demuestra este libro.
La obra reúne aportaciones de especialistas
de diversos campos que analizan no sólo las ideas del físico
austríaco -para quien el volumen es una forma de rendirle homenaje-
sino también aspectos muy diversos de la biología moderna
y de su incidencia social y humana. Así, investigadores de campos
tan diferentes como representan Stephen Jay Gould, Jared Diamond, Roger
Penrose o Christian de Duve tratan diversos aspectos sobre la vida, la
evolución, la cultura y el lenguaje. Un libro que, como suele ser
norma en esta colección «Metatemas», incita a la reflexión
y al debate
X.D.
Diccionario de Socioecología
Ramon Folch
Planeta, 1999, 325 págs.
Este es un diccionario atípico de una disciplina también atípica, como mínimo, por su nombre. La colección de los diccionarios de autor pretende que intelectuales de diversos campos expongan las ideas más importantes a través de entradas de términos concretos. Esto da pie a un diccionario que no puede ser de simples definiciones y a una elección que no intenta ser exhaustiva, sino contribuir a una exposición que trate una temática con detenimiento. El ecólogo Ramon Folch no se ha limitado a redactar un diccionario sobre su disciplina ni ha mantenido en el título el nombre que todo el mundo utiliza para denominar su especialidad. Al formar este neologismo, Folch ya demuestra sus intenciones: la ecología es una disciplina científica concreta, pero para entender los problemas ambientales actuales y estudiar sus soluciones es necesario incorporar los factores sociales, económicos y políticos. El libro, además de facilitar una lectura, ya sea seguida o por partes, ofrece una visión bastante amplia del pensamiento del autor. Muchas entradas pueden llamar la atención a más de uno: adversidad, antropocentrismo, arte y ciencia, cister, emoción, incertidumbre, internalización, multidisciplinar, pietismo, realismo mágico, rock duro, rurbano (sic)... No se trata de una dispersión de temas, sino de una lista que en la línea del autor intenta relacionar la ecología -es decir, el estudio de las relaciones de los seres vivos entre sí y con el entorno- con los diversos factores que la sociedad moderna hay ido introduciendo. Todo esto mostrando, en cada entrada, una gran sensibilidad y una gran preocupación por los desequilibrios y las injusticias
X.D.
Producción + Limpia
Miquel Rigola
Departament de Medi Ambient- Rubes Editorial,
Barcelona, 1998, 140 págs.
Es cierto que cualquier actividad industrial
produce residuos y contaminación. También es cierto que es
una simple cuestión de supervivencia reducir al mínimo estos
efectos. Este libro -editado en versiones catalana y castellana-
no nos habla de producción limpia, sino de producción más
limpia, según la expresión inglesa cleaner production.
No se trata de eliminar cualquier efecto ambiental, pero sí de intentar
que sea mínimo. Y esto viene forzado no sólo por la lógica
que obliga a cuidar el entorno, sino también -y suponemos que para
algunos, sobre todo- por una legislación ambiental cada vez
más estricta.
Este libro es eminentemente práctico
y útil. Si bien empieza con una exposición general sobre
que es la P+L y su evolución histórica, enseguida pasa a
explicar qué condicionantes y dificultades tiene su aplicación
y cómo afecta a los diversos procesos industriales. Los diversos
capítulos, claros y concisos, exponen la evaluación de tecnologías,
el diseño de productos y procesos, los sistemas de gestión
de agua y de energía y la forma de medir los progresos logrados.
El apéndice hace referencia a 23 sectores productivos concretos,
de los que ofrece las características principales y presenta bibliografía
específica. En definitiva, este libro sencillo es herramienta muy
bien estudiada y elaborada para que todos los profesionales puedan plantearse
los objetivos de reducir el impacto ambiental y, al mismo tiempo, gestionar
mejor su producción
X.D.
La tècnica contra la democràcia
Michel Claessens
La Campana, Barcelona, 1998, 243 págs.
(versión original: Ed. du Seuil, París, 1998)
Solemos pensar -y no sin razón- que el desarrollo científico y tecnológico favorece la libertad de la democracia. Pero cuando este desarrollo se basa más en la necesidad de incentivar el consumo por el consumo y no en satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población, nos podemos equivocar menos si decimos que la técnica va contra la democracia. Este ensayo, subtitulado La ruptura progresiva entre ciencia y sociedad, el autor, un periodista científico que trabaja en la DG XII de la Comisión Europa -Ciencia, Investigación y Desarrollo- y que, por tanto, conoce bien el tema, explica de qué forma el desarrollo tecnocientífico se ha apartado de los objetivos básicos y ha iniciado un camino divergente de la democracia participativa. Claessens aporta diversos ejemplos según los que parece que el ser humano se tenga que adaptar a los nuevos productos y crearse cada vez más necesidades para favorecer un desarrollo exagerado, acelerado y a menudo ilógico. También afirma que los medios de comunicación se han convertido en transmisores de una imagen triunfalista y a menudo callan los trabajos que no van en la línea más oficial. Claessens propone que los ciudadanos tengan más cultura científica y más información para poder participar más en las decisiones tecnocientíficas que les afectan. Sin embargo, esto no será fácil, mientras se reduzcan en diversos países las horas de clase de ciencia y tecnología en la enseñanza general y mientras los medios de comunicación no incorporen elementos claros para juzgar, sin partidismos, los beneficios y los riesgos de los avances tecnocientíficos
X.D.
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